Sobre el final de 2024 la Justicia penal de la provincia de Salta sobreseyó a Santos Clemente Vera en la causa conocida como la de la violación y el femicidio de las “turistas francesas”.

Clemente había sido absuelto en el juicio llevado a cabo en 2014 pero un tribunal de apelaciones cambió en 2016 esa decisión y —con las mismas pruebas y sin cumplir con la exigencia del código procesal penal salteño de realizar un nuevo juicio— lo condenó a prisión perpetua. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esta última decisión por considerarla arbitraria a fines de 2023. 

Fue entonces que recuperó su libertad y después de un año sin otras novedades relevantes, otro tribunal de la provincia de Salta dispuso el cierre de la causa por considerar que se ha excedido el tiempo razonable para el desarrollo de un proceso penal.

Esta decisión, de quedar firme, pondrá fin al proceso y a la pesadilla que ha vivido Clemente Vera desde 2011, tiempo en el que ha estado en prisión preventiva durante más de 10 años. 

Esta decisión abre severos interrogantes acerca de cuestiones tales como la necesaria reapertura de la investigación para evitar que un hecho de semejante gravedad quede parcialmente impune —ya que es improbable que haya sido cometido solo por el condenado Gustavo Lasi—, la reparación a la que Vera tiene derecho por el sufrimiento absurdo que se ocasionó a él y a su familia, o la responsabilidad de los agentes del sistema judicial de la provincia de Salta por graves falencias de su desempeño como las que puso de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación o sobre la demora que reconocen los propios jueces salteños en su reciente decisión.

La atención de los medios, sin embargo, se ha centrado en el abordaje del drama personal de Clemente Vera, su sufrimiento en la cárcel, la afectación de su vida familiar, sus anécdotas, el acompañamiento que tuvo por parte del padre de una de las víctimas, los motivos de su resiliencia y sus expectativas de cara al futuro.

Más allá de estas cuestiones humanas, que naturalmente generan la empatía de los destinatarios de la información, es necesario visibilizar los patrones del accionar judicial que trascienden el caso individual de Vera.

Las condenas erradas constituyen un fenómeno que no es excepcional sino connatural a una administración de justicia realizada por personas humanas, con todas sus limitaciones.

Esta decisión, de quedar firme, pondrá fin al proceso y a la pesadilla que ha vivido Clemente Vera desde 2011, tiempo en el que ha estado en prisión preventiva durante más de 10 años

Lo fuera de lo común es que este caso haya logrado llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obtenido una resolución favorable, ya que entre los tribunales superiores de las provincias y la Corte hay un verdadero abismo muy difícil de sortear por las personas con escasos recursos que suelen ser sometidas a enjuiciamiento penal. Esto también podría ser revelador de la existencia de muchos otros casos que no llegan a escalar tales instancias y terminan quedando firmes sin esperanzas para otras personas condenadas injustamente.

Casos como el de Clemente Vera deben servir para identificar los motivos por los que fiscales y jueces cometen errores y a partir de allí diseñar modificaciones que permitan evitar en el futuro casos similares y, por tanto, mejorar el modo en que se imparte justicia.

Lo vivido por Vera no es una casualidad sino la consecuencia de la coincidencia de múltiples factores que generan decisiones judiciales erradas.

Es necesario visibilizar los patrones del accionar judicial que trascienden el caso individual de Vera

En su caso, por ejemplo, pueden identificarse elementos como la urgencia que frecuentemente acompaña las investigaciones de casos graves, en este caso impulsada además por presiones políticas; la debilidad de la división de poderes que hace que muchas veces jueces y fiscales sean permeables a intereses diversos de la recta administración de justicia; la presencia de sesgos en la actuación de los investigadores; el modo incorrecto en que muchas veces los peritos presentan sus conclusiones; la falta de conocimiento adecuado de los operadores del sistema de justicia sobre cuestiones científicas relevantes; la actuación intencional o negligente de funcionarios que condujo a la desaparición de pruebas esenciales como los hisopados extraídos a las víctimas; la aplicación discriminatoria del derecho penal y la tortura sistemática que oprobiosamente se sigue aplicando en lugares del país, entre otros problemas que identifica la literatura científica que se ha dedicado en el mundo a estudiar las condenas erradas.

La atención que se está prestando al caso de Clemente Vera nos debería servir entonces para reflexionar sobre estos graves problemas y, en consecuencia, para mejorar la justicia que se aplica en la Argentina a todas las personas.

La agenda de reformas judiciales que hace años impregna el discurso de la política no incluye estas variables en sus planes legislativos y se reduce solo a endurecer el sistema, agravando injusticias como las sufridas por Clemente Vera, que invariablemente acaecerán si no se presta atención a esa dimensión de los problemas que exhibe nuestra administración de justicia.

*Presidente de Innocence Project Argentina, profesor universitario y presidente de Innocence Project Argentina.