El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA

Para las casi 12 millones y medio de hectáreas que abarcan los Parques Nacionales en sus áreas terrestres hay alrededor de 2.000 trabajadores que se ocupan de su conservación. Al día de hoy, la mitad de ellos permanecen trabajando sin contrato: se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos. Todos aportan desde sus especificidades a la tarea de conservación del patrimonio natural nacional de la Argentina. 

Incluso, en medio de los ya difundidos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajadores no solo colaboran desde la primera línea a combatir el fuego sino también desde la gestión de alimentos y carpas para los brigadistas. Además, trabajan en la elaboración de reportes con las condiciones climáticas, para que quienes combaten lo hagan de manera segura.

La última ola de despidos en el organismo se conoció el pasado 30 de diciembre: de las tres decenas de trabajadores a los que no se les renovó el contrato, solo algunos de ellos recibieron llamados de sus jefes, que les transmitieron, a modo de gesto, los argumentos de las desvinculaciones; en otros caso, ni siquiera eso.

Andrea Torres, comunicadora social, brigadista y trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares desde hace 13 años, recibió un llamado del intendente del organismo, Horacio Pelozo, para avisarle de la baja de su contrato. 

“Me llamó por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijo que desde la Presidencia le habían pedido recortar personal y que él me eligió a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'”, dijo la rescatista y agregó: “Tuve que chequear mis redes sociales para ver qué puse. Tenía un posteo de una campaña de prevención para no perderse en el parque o para prevenir incendios; además, tenía una nota que había hecho un científico que trabajó en Arsat acerca de qué implicaba la liberación de internet de Elon Musk y después tenía un recordatorio de cuando la fui a ver a Cristina [Fernández de Kirchner] en 2015 a la Plaza de Mayo, no era mucho”.

Me llamaron por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijeron que desde la Presidencia les habían pedido recortar personal y que me habían elegido a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'

Andrea Torres — rescatista despedida del Parque Nacional Los Glaciares, donde trabajaba desde hacía 13 años

Según contó, el intendente empezó a cobrar entrada en el parque Los Glaciares desde octubre del año pasado. “Pusieron una casilla literalmente en la montaña, en medio del bosque donde no tenés electricidad. Entonces compraron un generador eléctrico y tienen la antena de Starlink y con eso cobran en el acceso”. Su oposición al cobro de entrada habría sido uno de los motivos para desvincularla, aunque hubo cuatro despidos más y dos de ellos fueron de trabajadores que ayudaron a unificar los caminos para construir la casilla de cobro, según Torres, lo que le hace pensar que no hay una razón clara para todos los despidos.  

En diálogo con elDiarioAR, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) dio el mismo argumento que dan los funcionarios del gobierno de Javier Milei cada vez que son consultados por despidos en un área del Estado: que no son despidos sino que se trata de la no renovación de contratos. Además, indicó que las causas para determinar las desvinculaciones pueden ser por incumplimientos laborales.

“Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”. Además el funcionario agregó: “Tiene que ver con incumplimientos, con determinadas sanciones disciplinarias. Los intendentes de los parques nos pasan reportes de que el personal no cumple sus funciones o que no está a la altura de los desafíos. También hay casos de presentismo. Hemos administrado el caso por caso y obviamente ha sido una decisión que no ha sido general”, afirmó. 

Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas

Cristian Larsen — presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

Al preguntarle si los puestos se pensaban reponer debido a las causas de los despidos, el funcionario sostuvo: “Hay que revisar si se necesita o no cubrir esos lugares. En 2019 había unos 1.800 trabajadores, en 2023 y a principios de 2024 había más de 2.400; se han incorporado más de 600 trabajadores”. Y agregó: “Nosotros decimos que en muchos casos no ha sido incorporación de personal teniendo en cuenta las necesidades de parques sino que va más por un tema de militancia política. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar caso por caso: qué es lo que realmente Parques Nacionales necesita o no”.

Larsen agregó: “Si hay algo que creemos que es necesario es más presencia en territorio, más presencia de guardaparques y no tanto en los escritorios. O sea, no tanto en la parte de administración, hoy de las 2.200 personas que hay, sólo 550 son guardaparques”.

Luego del anuncio de los despidos, distintos gremios presentaron el reclamo de reincorporación de los trabajadores y se convocó a una mesa de diálogo de la que participó  ATE y miembros de Parques Nacionales. Según pudo conocer elDiarioAR de diversas fuentes, allí las autoridades de la APN hablaron de llevar el número de despidos a 600.

Marcelo Rojas, delegado de ATE-Bariloche, sostuvo en diálogo con este medio que el número de despidos anunciados se confirmó en aquel ámbito, que se suspendió por la salida de un nota de Página/12 acerca de los gastos por viáticos que presentó el presidente del organismo. Según Rojas: “En una especie de acto de infantilismo, levantaron la mesa de diálogo porque no les gustaba lo que se había difundido en una nota de un diario de tirada nacional respecto a los gastos del presidente”. 

El delegado gremial agregó: “Cabe aclarar que nosotros no hacemos operaciones políticas: estamos peleando por la recuperación de los trabajadores para que no haya más despidos y por las políticas de conservación, porque básicamente es nuestro trabajo”. Además, sostuvo: “Se nos acusa de manera falaz de algo y en represalia se levanta una mesa de diálogo que tenía como fin reincorporar a trabajadores que están despedidos. Y como para redoblar [la apuesta] dicen que quieren llegar a 600 despidos y que lo van a hacer junto con el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de [Federico] Sturzenegger”.

En diálogo con este medio, el presidente del organismo, Larsen, aclaró que las negociaciones no están finalizadas y que a fines de esta semana o principios de la próxima, se retomarán las conversaciones. 

Respecto de la posibilidad de continuar con la reducción de trabajadores, el funcionario de Milei sostuvo: “Vamos a ir viéndolo en el caso por caso, de acuerdo con el rediseño institucional y analizando si el desempeño de los trabajadores es correcto: si no pone palos en la rueda, si cumple básicamente su función, un trabajador no tiene por qué tener miedo”. Y concluyó: “Nosotros estamos creando un sistema de mérito: el que trabaja bien, va a tener su ascenso, el que trabaja mal, va a tener su sanción en el caso de planta permanente, y en el caso de quien esté bajo contrato, bueno, no se renovará su contrato de acuerdo al desempeño de cada trabajador”.

En juego, puestos de trabajo y una cosmovisión del rol de los Parques

Según Rojas, la medida de recorte, y el anuncio de trabajo en conjunto con el ministerio de desregulación del Estado busca flexibilizar la normativa para ampliar la explotación económica de los Parques Nacionales.

Para el delegado, la medida favorece el debilitamiento de la parte técnica de los parques, específicamente “de su análisis técnico para prevenir los impactos ambientales no deseados y para garantizar la conservación de las áreas protegidas, porque ellos entienden que la mayor generación de oportunidades de negocios mediante el uso público y la prestación de servicios es contraria a los análisis rigurosos técnico-ambientales”. Y aclaró: “Parques es un organismo de conservación, de uso sostenible y de aprovechamiento y disfrute sostenible. Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar los parques. No estamos en contra de los privados ni de los prestadores de servicio, lo que queremos es que todo sea con rigurosidad técnica, que haya un análisis previo pertinente”.

En su visión como presidente de Parques Nacionales, Larsen sostuvo: “Parques Nacionales es un organismo de conservación y de Turismo, yo lo vengo diciendo desde que asumí. Perito Moreno, el prócer de los parques nacionales y la persona que donó tierras para que se constituya el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, decía que los parques nacionales tienen que ser para conservar esas tierras para el uso y goce de las presentes y las futuras generaciones”.

Asímismo apuntó contra la visión conservacionista: “Si solamente tenemos personas cuya idea es la conservación estricta y para quienes mientras menos personas ingresen a los parques es mejor, es porque la forma de conservación que conocen es prohibir. Bueno, esa no es nuestra forma”.

El rol de trabajadores de Parques Nacionales en el incendio de Nahuel Huapi

Ariel Datoli trabaja desde hace 12 años en la dirección de Lucha contra Incendios Forestales, que forma parte de Parques Nacionales a nivel nacional. Si bien antes se desempeñaba como brigadista en el Parque Nacional Nahuel Huapi, actualmente se encarga de la logística de los operativos de combate de incendios, como el que sucede actualmente. “Hacemos viandas, compramos mercadería y las trasladamos a los campamentos que están a 50 o 60 km de Bariloche, porque el incendio está lejos de la ciudad, dentro del Parque Nacional”, describió.

Datoli sostuvo que las jornadas de sus compañeros brigadistas son extenuantes, de alrededor de 10 o 12 horas de trabajo combatiendo el fuego: “Si bien cada tres o cuatro días hay un recambio de personal, a un incendio se entra alrededor de las 5 o 6 de la mañana para poder atacar el el fuego cuando hay baja temperatura y buena humedad, y se vuelve a las 7 de la tarde. Por eso es que en varios incendios se decide armar campamentos cerca, para no sumar las horas de traslado: hoy mis compañeros están acampando allá, se levantan a las 5 de la mañana, desayunan y ya empiezan a combatir”. Y agregó: “son cuatro días que se quedan sin ver a su familia, con desgaste físico, desgaste psicológico y pensando que todavía no tienen contratos para este año, y que el sueldo por ahí no alcanza”.

La búsqueda por mejores condiciones laborales, una constante

La lucha por la profesionalización de los trabajadores de Parques Nacionales y por mejores condiciones laborales lleva años, y en su historia, se han logrado algunos avances, como los contratos anuales, que hoy vuelven a ser trimestrales.

Sandro Leo Manríquez es brigadista en Parque Nacional Lanín desde 1996 y recuerda que como trabajador de Parques ha pasado por todos los formatos de contratación, incluyendo uno de los más precarios durante la década del 90. “Desde ese momento hasta hoy hemos logrado, en 2019, un reconocimiento gracias al convenio colectivo: el Estado reconoce a los brigadistas como una profesión, como un trabajo, como parte del Estado, pero no nos da la planta permanente sino que nos reconoce solamente en el sistema”. Dijo que “el gobierno anterior (el de Alberto Fernández, del Frente de Todos) iba a implementar una planta permanente y la carrera de brigadista, que también veníamos armando” y que “el convenio colectivo y la carrera es obra pura y exclusiva de los trabajadores”.

La profesionalización de la carrera de brigadistas, contó Manríquez, hizo que se pudieran dar herramientas a los trabajadores principiantes y se los acompañara para adquirir experiencia en abordaje de incendios de manera paulatina, hasta llegar a mayores responsabilidades y roles de liderazgo, como puede ser el jefe de cuadrilla. 

Los avances se han hecho por iniciativa de los trabajadores, que remarcan, casi como un mantra, que el trabajo que hacen lo realizan con un profundo compromiso por su profesión. “Lo hacemos porque nos gusta”, dicen.

Este miércoles a las 11 se realizará una conferencia de prensa y sirenazo convocada por ATE Parques Nacionales en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, para informar “sobre la situación que atraviesa Parques Nacionales y sus trabajadores y trabajadoras”. Asímismo el sábado se realizará un abrazo simbólico al Parque Nacional Nahuel Huapi el sábado a las 19 en las letras de Bariloche, ubicadas frente al Centro Cívico en el puerto San Carlos. La convocatoria está abierta a toda la sociedad.

LG/JJD