.Un nuevo ataque contra los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se llevó a cabo el lunes, luego de que las autoridades interventoras decidieran “echar de palabra” a Javier Ríos, empleado desde hace diez años en el sector de comunicación de la institución. “Fue una acción disciplinante para acallar la lucha que los trabajadores venimos impulsando desde el cuatro de octubre del año pasado”, explica Javier, quien no figuraba inicialmente en los 200 despidos que se llevaron a cabo durante el mes de enero, pero cuyo puesto no fue renovado por la nueva gestión a comienzo de esta semana. 

“Si bien todavía no recibí ninguna notificación oficial, mi jefa de área me confirmó que mi contrato no fue renovado”, agrega el ahora extrabajador del hospital, tras una década en la institución. Javier es un activista político conocido públicamente por su participación en las diferentes asambleas y comisiones de trabajo que se conformaron desde octubre, cuando comenzó el vaciamiento del Gobierno contra la institución. “Coordino la comisión de despedidos del hospital y, desde el lunes, formo parte”, bromea Javier, quien además es documentalista con dos películas producidas sobre el movimiento obrero. 

Junto a otros compañeros, además, Javier creó en octubre la cuenta de Instagram “En lucha el Bonaparte”, con más de 50 mil seguidores y en donde comunican todas las novedades sobre la lucha de los empleados despedidos y los recortes por parte del Gobierno. “Siempre me dediqué al registro audiovisual dentro del hospital en el área de comunicación y ahora colaboro también desde afuera, contando la destrucción del Gobierno a la salud pública”, señala el documentalista de 52 años. 

Otra empleada de la institución, con igual antigüedad en su puesto, también estaría “marcada” por las nuevas autoridades ante su participación política en diferentes asambleas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon que existe una “clara intencionalidad de persecución gremial sobre compañeros activos con participación activa en la lucha”.

“Te colgaron de la plaza pública para que lo veamos todos”, le dijo a Javier una compañera del Bonaparte, tras enterarse de su situación. “No lo tomó como un ataque personal, sino como un intento de disciplinamiento al colectivo de trabajadores que defiende públicamente al hospital”, asegura Javier. “Estamos frente a un gobierno que persigue todo lo que se resista”, apunta el reciente despedido, quien comenzará acciones legales contra las nuevas autoridades. Las jornadas de visualización del conflicto continúan en el edificio de Combate de Los Pozos 2133, en Parque Patricios, con diferentes actividades.

El 23 de enero, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Allí, tras despedir a 200 empleados que habrían ingresado en 2020 durante el gobierno anterior, les comunicó que su objetivo era volver a la institución “rentable”. Pirozzo, quien cumplió la misma función antes en el Hospital Nacional Baldomero Sommer ─en donde se despidieron a más de 120 trabajadores─, llegó a la institución de salud mental junto a la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de los recursos de la salud pública”. Según su cuenta de LinkedIn, sigue “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”.

El lunes, el mismo día en que despidieron a Javier, la justicia resolvió abrir la feria judicial para tratar la situación del hospital, luego de la intervención de la cartera de salud. La medida judicial se produce a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el CELS explicó “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el organismo de derechos humanos.

Una trabajadora del Bonaparte le aseguró a elDiarioAR que las autoridades ordenaron enviar mensajes a sus pacientes con suspensiones de turno y derivaciones a otras instituciones. “Buscan vaciar al hospital de pacientes para justificar los despidos”, señaló la empleada. 

FLD/MG

La justicia resolvio abrir la feria judicial para tratar la situacion del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, luego de que el Gobierno nacioal decidiera la intervencion del centro de salud. La intervencion judicial se produce a partir de una presentacion del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

Luego de que el pasado 16 de enero, el Ministerio de Salud comunicó los despidos a los trabajadores, el Cels presentó “una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios”.

 En un comunicado, el Ministerio había argumentado que la medida tenía como objetivo “garantizar su funcionamiento regular y asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”.  Y defendió la intervención afirmando que la medida “forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de los recursos en el sistema de salud y corregir irregularidades detectadas en la institución”.

Lo mismo aseguro el nuevo interventor, el neurocirujano Mariano Pirozzo, en una reunión que tuvo la semana pasada con varios jefes del Hospital, a los que les dijo que su misión allí era volver al hospital “rentable”, tal como informó elDiarioAR. Pirozzo ya estuvo a cargo de la intervencion de otro hospital, el Baldomero Sommer, en donde se despidieron a más de 120 empleados.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el Cels explico que “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el centro.

El año pasado, el Gobierno ya había intentado el cierre del Hospital pero tuvo que dar marcha atrás a causa de la presión de los trabajadores y pacientes. Según el Cels, durante 2024, más de 100.000 consultas se atendieron en el centro de salud de manera ambulatoria. Cada mes, 1.500 pacientes acuden a sus consultas farmacológicas, a los que se suman 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También se atendieron 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. “Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental. El Bonaparte es el único hospital de esa especialidad en el AMBA”, detalló el Cels.

Además de la presentacion judicial, el Cels pidió la intervención a la CIDH y al Alto Comisionado y la Relatora de Salud de Naciones Unidas.

El jueves fue un buen día para Marta Ferraro, jubilada de 67 años y paciente del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”. Marta se había acercado ese día con cierto temor hasta la puerta del hospital de Parque Patricios: necesitaba saber si su psicólogo y psiquiatra, con quienes se atiende desde hace seis años, habían sido despedidos. La jubilada había visto la noche anterior las noticias en la televisión sobre los 200 trabajadores echados por el Gobierno ante una supuesta “sobredotación” de personal que afectaba el funcionamiento del centro de salud. En un comunicado, el ministerio de salud justificó los despidos señalando que 326 empleados habían ingresado “bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández”.  

Por eso ese jueves por la mañana, Marta, vecina del barrio de San Cristóbal, subió preocupada las escalinatas del hospital. “Soy jubilada con la mínima, apenas me alcanza para comer”, contó a elDiarioAR. “Si me sacan el tratamiento, me asesinan”. 

La jubilada se acercó hasta el hall de la entrada y preguntó por su psicólogo y psiquiatra. Ningun –por el momento– figuraba entre los 200 trabajadores despedidos. “Gracias a Dios”, dijo Marta, “por fin algo de suerte”.

Esa misma mañana del jueves, mientras Marta le agradecía al cielo la continuidad de sus dos especialistas, el neurocirujano y reciente interventor del hospital, Mariano Pirozzo, reunió a algunos jefes del Bonaparte para presentarse. Vestido con una camisa celeste, de gran porte, Pirozzo les dijo que su misión allí era volver al hospital “rentable”. Es probable que el neurocirujano egresado de la UBA repitiera el discurso que dio el 21 de mayo del 2024, cuando fue nombrado interventor del Hospital Nacional Baldomero Sommer, en donde se despidieron a más de 120 empleados. 

Pirozzo no llegó solo al Bonaparte. En la reunión del jueves, lo acompañó la directora del Comité de Control de Calidad del Ministerio de Salud, Gisela Bracco. La nefróloga y especialista en medicina estética asumió la dirección de ese organismo en septiembre del año pasado, cuyo fin es la “optimización de la atención en la salud pública”. Bracco, quien según su cuenta de LinkedIn está “abierta a nuevas posibilidades de trabajo”, participó con Pirozzo del equipo que volvió “rentable” al Hospital Sommer, tras echar a gran parte de su personal.

Un neurocirujano y una especialista en medicina estética hoy dirimen el futuro de una institución especializada en salud mental y adicciones.

Los empleados y despedidos del hospital desmienten los datos publicados por el Gobierno que afirman un mal manejo de sus recursos. “Nos dicen que sobra personal, pero en 2024 sufrimos una disminución del 20% de los trabajadores, tras los despidos que ocurrieron en agosto de ese año, además de las renuncias por malas condiciones y la precarización laboral, como los bajos salarios o los contratos cada tres meses”, explicaron los trabajadores en un comunicado.

Entre los servicios permanentes que hoy ofrece la institución, y que peligran su continuidad, se encuentran el jardín para empleados del Bonaparte y otros hospitales, el área de investigación, la atención de demanda espontánea que ofrece atención integral sin turno previo para adultos y niños, el abordaje territorial en villas porteñas y la línea 0800, que recibe unas 19 mil llamadas por año, según las estadísticas del centro de salud, entre otros. 

Tras las 200 bajas, la planta de empleados se redujo a un 40% respecto a 2024.  En esas condiciones –aseguraron desde el Bonaparte– el hospital queda inoperativo, “volviendo compleja la reorganización de sus servicios”. 

“Me matan si me sacan a mi psiquiatra”, repetía Marta ese jueves, mientras bajaba las escalinatas blancas del Bonaparte. 

La ronda de los jueves

Una ronda de cinco mujeres y una silla vacía para que fuesen seis. Paula, de 50 años, cruzó por primera vez la puerta del Hospital Bonaparte la tarde de un jueves del 2020, en plena pandemia, luego de que su obra social la dejara en banda con los turnos y ninguna otra institución de salud mental pública tuviera disponibilidad para atenderla. Paula, quien prefiere resguardar su apellido, sufría violencia de género por aquel entonces y necesitaba comenzar alguna terapia cuanto antes. Le habían hablado sobre un grupo de mujeres que habían pasado por lo mismo o llegaban con otros conflictos y hacían terapia grupal todos los jueves en el hospital. “Al principio me generaba cierta timidez porque nunca había hecho esa dinámica de terapia grupal”, recuerda Paula. Cinco mujeres y una silla vacía para que fuesen seis. Una oportunidad para empezar de nuevo.

“Me senté ese día con el grupo y fue una de las mejores decisiones de mi vida”, cuenta Paula. En el espacio, ella y otras mujeres encontraron un lugar donde “sentirse seguras” y donde aprenden a tener conciencia sobre las diferentes violencias que habitan en la sociedad. “Lo colectivo cumple un rol terapéutico. Creamos un lazo con mis compañeras que excede al espacio. Aprendimos a cuidarnos entre nosotras para luego cuidarnos individualmente”, describe la fotógrafa. Hoy, ese espacio, peligra como uno de los servicios recortados por el Gobierno.

Sofía Marino, psicóloga a cargo del grupo, fue una de las 200 despedidas. Entró a trabajar en 2020, cuando el hospital detectó que era necesario crear un nuevo espacio ante la cantidad de mujeres que llegaban por violencia de género en plena pandemia. “La violencia es una problemática de carácter social y conformar redes de contención entre mujeres es fundamental”, cuenta Marino. “Muchas de las pacientes que hoy asisten al grupo no tienen otro espacio de contención y desarmar de un día para el otro esos lazos es violento para ellas”, describe la psicóloga. “Notamos también un incremento de pacientes ante la suba de las prepagas privadas. Eso el Gobierno no lo dice”, destaca Marino. El puesto de una trabajadora social que forma parte de ese equipo terapéutico también peligra, tras no tener noticias sobre la renovación de su contrato. 

El jueves 16 de enero, luego del anuncio de los despedidos, el grupo de mujeres tuvo su sesión en las escalinatas del hospital, como forma de demostrar la unión de los pacientes y el apoyo a los trabajadores. “El Bonaparte me dio la posibilidad de posicionarme de manera diferente sobre la violencia. Me salvó de repetirlas y salir de un círculo vicioso con diferentes vínculos. Me enseñó también a registrar a mis ataques de ansiedad y a apoyarme en mis compañeras”, retoma Paula. El último jueves volvieron a juntarse fuera del hospital y tuvieron, otra vez, una sesión abierta. “Los jueves están siendo de resistencia últimamente”, bromea la fotógrafa.

La ronda de los jueves. Cinco mujeres y un espacio que ya no está vacío, sino defendido. “Ninguna autoridad se comunicó con nosotras para que nos indiquen cómo continuar nuestros tratamientos”, explica Paula. “Por ahora nos vamos a juntar todos los jueves afuera del hospital”, dice la paciente.

Laura Bonaparte, psicóloga social y una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo –por quien la institución cambió su nombre en 2013, año de su muerte– también asistía a una ronda todos los jueves, en Plaza de Mayo. Hoy su figura ilustra los guardapolvos de los trabajadores de la salud que luchan contra los recortes, a modo de homenaje y resistencia.

Otras áreas que peligran

El hospital no solo contiene y recibe a pacientes con determinadas patologías, sino que también impulsa áreas que contribuyen al funcionamiento y la mejora del hospital. En el equipo de investigaciones del Bonaparte, donde los especialistas indagan y generan conocimiento sobre diferentes problemáticas de salud mental, fueron despedidos cuatro trabajadores de los cinco que componían el equipo, incluida la bibliotecaria de la institución. Muchas de esas investigaciones fueron financiadas con fondos internacionales, como el de Naciones Unidas. “Tenemos que dar aviso que no vamos a poder continuar con algunos trabajos que tenemos en curso”, cuenta una psicóloga del área de formación del hospital. “También cerramos la biblioteca especializada en salud mental”, agrega la trabajadora. Entre las investigaciones que el área llevó adelante, y que pueden consultarse desde repositorios digitales, se encuentra una sobre las variables que se entrecruzan entre las masculinidades y los consumos problemático. “Ese trabajo de campo fue muy positivo porque nos permitió después ir a capacitar a otros equipos que también trabajaron la temática”, explica la especialista.

Otra de las áreas que sufrió el ajuste fue el jardín del Bonaparte, donde tres empleados fueron despedidos. “Atendemos cerca de 80 niños tanto de trabajadores del Bonaparte, como de otras áreas de la administración pública, como el hospital Garrahan”, detalla una empleada del jardín. “Hoy quedamos muy justas para atender. Porque no solo cuidamos a los hijos de los trabajadores, sino que también brindamos talleres para niños y adultos”, agrega la trabajadora.

El equipo de estadísticas de la institución también fue desmantelado. “La construcción de los números que alega el Gobierno no tiene ningún fundamento, ni dicen de donde sacan sus cifras”, señala Noelia Giarletta, jefa de la sección Comunicación en Salud. “¿Cómo podés sacar una estadística fiable sobre todo el hospital si desarmas al equipo que hace esos números?”, se pregunta Giarletta.

Eugenia Lavate es licenciada en musicoterapia y entró al hospital en 2022, como jefa de residentes. Le llegó el telegrama de despido el miércoles 8 de enero. “Los números del ministerio de salud son completamente falsos. No sobra nadie en el Bonaparte, en todo caso falta gente”, apunta Lavate. “Desde enero del año pasado que muchos contratos no se fueron renovando y hoy peligran muchos otros”, agrega la especialista, quien a pesar de su despido continúa atendiendo a algunos pacientes. “No podemos dejar nuestros procesos terapéuticos como si nada. Les importe poco lo que pasa con ellos”, señala Lavate.  

Por estos días comenzó una mesa de negociación entre sindicatos y autoridades del hospital para evaluar la situación en detalle sobre los últimos 200 despidos, como así también los contratos que hasta el día de hoy no se renovaron.

El Centro Cultural Laura Bonaparte funciona como anexo del hospital sobre la calle Pasco, en pleno barrio de Parque Patricios. El lugar le rinde homenaje al psicóloga social y defensora de los derechos humanos. Un cuadro de Laura, con el pañuelo blanco en su cabeza y una sonrisa cálida, es lo primero que uno se encuentra. En lugar funcionan talleres gratuitos de todo tipo, desde dibujo hasta escritura creativa para niños y adolescentes. Uno de los dibujos exhibidos es de un niño que delineó el edificio del hospital y, en letras pequeñas y grandes, escribió: eL bONapartE nO se CIeRra.

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La pobreza puede estar asociada al estrés crónico. Las personas de bajos recursos tienen más posibilidades de sufrir ansiedad, depresión y riesgo suicida y menos chances de acceder a un tratamiento de salud mental. Ambas afirmaciones surgen de un informe sobre el estado psicológico de la población argentina realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires en 2023, y publicado en 2024.

Los datos, que son los últimos divulgados, contrastan con la situación que atraviesa el área en el país en tiempos en los que el gobierno de Javier Milei decide pasar la motosierra en el hospital psiquiátrico “Laura Bonaparte”, donde la semana pasada concretó 200 despidos y este miércoles ejecutó una intervención para “garantizar la atención de los pacientes y recuperar el normal funcionamiento”.

De acuerdo con el estudio, “el 9,4% de los argentinos tiene riesgo de padecer un trastorno mental” y se encontró “de manera sostenida” que en la Argentina, “las personas con menores recursos presentan mayores puntajes en el índice de malestar global, mayores indicadores de sintomatología ansiosa y depresiva, así como también un mayor índice de riesgo suicida”.

“Las personas que viven en la pobreza a menudo tienen acceso limitado a recursos como atención médica, terapia psicológica y medicamentos, lo que puede dificultar la gestión y tratamiento de problemas de salud mental”, apunta el informe.

“La pobreza puede estar asociada con el estrés crónico debido a la falta de recursos económicos, vivienda inestable, y preocupaciones constantes sobre las necesidades básicas como alimentación y vivienda”, agrega.

En diciembre del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo necesitó $1.024.435 para no ser pobre y $449.314 para no ser indigente. Además, en el primer trimestre del 2024 la pobreza fue del 54,8%, aunque en el segundo bajó al 51%; y en el tercero, al 38,9%.

En este sentido, el informe advierte: “El estrés crónico puede aumentar el riesgo de trastornos de ansiedad y depresión. Las personas en situación de pobreza a menudo enfrentan estigmatización social, lo que puede afectar su autoestima y bienestar emocional. La falta de vivienda adecuada y condiciones insalubres de vivienda pueden contribuir al deterioro de la salud mental. A su vez, la falta de acceso a una educación de calidad puede limitar las oportunidades de empleo y perpetuar el ciclo de la pobreza, lo que también puede afectar la salud mental”.

Ocurre además que “las personas que viven en áreas de alta pobreza pueden estar expuestas a niveles más altos de violencia y trauma, lo que puede tener un impacto negativo” en su psiquis a la vez que en la población infantil estos ambientes se asocian a distintos riesgos para el crecimiento y desarrollo psicoemocional. El estudio explica que, de acuerdo a distintos expertos, “quienes sufrieron maltrato en la infancia reportaron más síntomas de depresión, ansiedad y disfunciones debido a problemas de salud mental y física en la vida adulta”.

“Así como las enfermedades mentales reducen el rendimiento y aumentan el riesgo de desempleo, las intervenciones psicológicas incrementan las probabilidades de generar ingresos económicos. Dicho de otra manera, una población más saludable es también una población más productiva”, dicen en el relevamiento.

Economía y salud mental

El 46,2% de los participantes tiene una crisis económica y este porcentaje es aún mayor en los más jóvenes. A la vez, el 51,71% de quienes no están en tratamiento psicológico considera necesitarlo aunque “informa que las dificultades económicas son barreras para acceder a tratamientos psicológicos”.

Esto significa que “las personas con mayor riesgo de padecer un trastorno mental son quienes tienen más dificultades” para tratarse y aunque “Argentina cuenta con la mayor cantidad de psicólogos por habitante del mundo y fue uno de los primeros países de la región en profesionalizar y atender con los métodos más actualizados existentes (...) los datos más objetivos no reflejan la prometedora prosperidad de aquellos tiempos”.

“Nuestros estudios destacan que el estado emocional de la población argentina, especialmente de los jóvenes (segmento social más pobre) requiere de políticas activas de salud mental a través de la promoción de conductas saludables, el incremento del acceso a tratamientos psicológicos y el desaliento de las conductas problemáticas”, agrega. De hecho, durante 2023, la OMS realizó un significativo número de llamados de atención a los gobiernos para continuar prestando atención a la salud mental de la población.

“Una buena salud mental fortalece la capacidad de gestionar el estrés, fomenta relaciones sociales saludables y mejora la calidad de las interacciones familiares. Además, contribuye a un ambiente laboral positivo y a relaciones laborales efectivas. Por el contrario, los problemas de salud mental pueden afectar estas áreas, generando conflictos interpersonales, dificultades laborales, sociales, y desafíos familiares”, explica.

MM/JJD

El Ministerio de Salud anunció la intervención del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, especializado en salud mental. En un comunicado, el organismo asirmo que la medida tiene como objetivo “garantizar su funcionamiento regular y asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”.

Hace menos de una semana, los trabajadores del hospital realizaron una asamblea en la que el Gobierno pretendía cerrarlo y que las más de 200 desvinculaciones que se realizaron durante los últimos días, “forman parte de los 1.400 despidos que llevó a cabo el Ministerio de Salud”.

En el marco de la asamblea, los empleados informaron que, desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei las cesantías alcanzan a “casi la mitad” del personal. Según denunciaron, hasta ahora llevan contabilizados 200 despidos, que incluyen más de 40 psicólogos, 20 enfermeros, odontólogos y farmacéuticos, lo que deja “casi sin capacidad operativa” al hospital.

En su comunicado, el Ministerio de Salud defendió la intervención afirmando que la medida “forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de los recursos en el sistema de salud y corregir irregularidades detectadas en la institución”.

Mariano Pirozzo, médico neurocirujano y hasta ahora director de Atención Médica y Tratamiento del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, fue designado como interventor. Según informó la cartera sanitaria, Pirozzo ya se encuentra en funciones tras una reunión con las autoridades para definir los pasos a seguir.

“Desde La decisión de intervenir el Hospital Bonaparte se tomó luego de que se detectaran problemas administrativos significativos”, asegura el Ministerio de Salud en el texto divulgado hoy. “Entre las irregularidades encontradas, se destacó una sobredotación de personal, con 326 ingresos durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Además, se identificó una relación desproporcionada entre la cantidad de empleados y la capacidad operativa del hospital: 109 trabajadores para 55 camas de internación, con un promedio de solo 19 pacientes al mes”.

Los trabajadores del hospital negaron tales afirmaciones y señalraon que este centro de salud es único en su tipo, ya que atiende las demandas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también de todo el territorio nacional. 

DM

El Hospital de salud mental Laura Bonaparte realizó una asamblea debido a que sus trabajadores aseguran que “quieren cerrarlo” y que muchas de las desvinculaciones que hubo durante estos días, “forman parte de los 1.400 despidos que llevó a cabo del Gobierno Nacional”.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, los empleados informaron que, desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei las cesantías alcanzan a “casi la mitad” del personal. Hasta ahora llevan contabilizados 200 despidos “que incluyen más de 40 psicólogos, 20 enfermeros, odontólogos y farmacéuticos”, lo que deja “casi sin capacidad operativa” al hospital.

“Informamos a la comunidad que los trabajadores del Hospital Bonaparte nos encontramos en estado de alerta permanente. Vamos a necesitar nuevamente apoyo para resistir este nuevo ataque a la Salud Pública”, indicaron.

Uno de los empleados, expresoó que hay 25 internados y, en algunos casos, “echaron a todo el equipo terapéutico que tenía”. Por otra parte, tampoco pudieron abrir la guardia dado que no cuentan con el personal necesario.

La preocupación es superlativa debido a que esta institución es la única dependiente del Estado argentino y, particularmente, del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, está regida por la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que agrupa a los hospitales “que contemplan el enfoque de derechos humanos y en la perspectiva interdisciplinaria”.

“Es casi una carnicería. Ayer nos concentramos a partir de la noche y la idea es quedarnos hasta que volvamos a conversar con algunas de las autoridades del ministerio y se revise todo este desastre que hicieron”, concluyeron.

DM con información de agencia NA