El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado al aceptar las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, exfuncionario porteño cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

Santos fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su participación en contratos de seguridad sospechados de encubrir coimas en la causa Securitas en una investigación donde la Justicia tambiéna analiza contratos con el Estado Mayor del Ejército, el Senasa, Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Aeropuertos Argentinas 2000. Fue funcionario del Registro de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Por su parte, Pérez Lorgueilleux, flamante titular de RENAPER era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad en 2016, cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en la que murieron cinco personas por el consumo de drogas adulteradas y en 2017 fue procesado por el juez Sebastián Casanello.

Pérez Lorgueilleux es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en Derecho Administrativo. Inició su carrera en la gestión pública en el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, desempeñándose en distintas áreas de responsabilidad creciente.

Fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y posteriormente designado Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023, se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas del Ministerio.

Desde diciembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Enroques en la UIF y el BICE

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una “decisión personal” y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

Cambios en Transporte y Energía

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras:

A un año de haber sido anunciado como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó una salida que ya se descontaba en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el cargo por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administración, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: Gaspari es un funcionario con vínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario.

El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la Casa Rosada le había exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.

La crisis se profundizó en un contexto sensible. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA, que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales.

La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial.

Para ese entonces, Starc ya había quedado bajo la órbita de Santiago Caputo, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y mantuvo a la UIF en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.

Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información.

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La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal por presunta violación de secreto tras la filtración de un informe de inteligencia financiera de carácter confidencial, según informó el organismo en un comunicado.

El parte indica que “el presidente de la UIF, Paul Starc, recibió el día martes 12 del corriente mes y año una comunicación que le informó sobre la supuesta existencia de una filtración de información confidencial”.

Dicha información, de la que dio parte el diario La Nación, contenía un “informe de inteligencia financiera” que integraba un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto, según lo establecido en la ley 25246.

Siempre de acuerdo al comunicado oficial, “la comunicación identificó a una persona jurídica presuntamente reportada por una entidad bancaria”.

El funcionario pidió que se investigue quién difundió la alerta bancaria que se encendió luego de una serie de movimientos de dinero en la Zefico SA, la compañía que emplea al asesor presidencial Santiago Caputo.

Por lo expuesto, “el titular del organismo instruyó de manera urgente a los funcionarios de línea para que realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS -en particular-, lo que efectivamente se constató”.

UIF agregó que “en este contexto, Starc en horas de la noche, tomó conocimiento de un artículo periodístico, en el que se describía con exhaustivo detalle toda la información relativa al ROS -el mismo al que le habían hecho referencia en la comunicación mencionada inicialmente-”.

El organismo señaló que “dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto, que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado; quien debe reportar la actividad sospechosa”.

La UIF indicó que “ante la presunción de la flagrante comisión del delito de violación de secretos, el día 13 de agosto del año en curso, Paul Starc dispuso que la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccione de manera urgente un informe exhaustivo a efectos de establecer la nómina de miembros del Organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera con el fin de consultar respecto del ROS en cuestión”.

“Dicho informe concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema (a consultar respecto del referido ROS), salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades relativas a la sospecha de violación del secreto establecido por ley 25246 por parte de agentes del Organismo”, explicó.

“Con la totalidad de los elementos recabados –continúa el parte-, dada la certidumbre de que desde la UIF no había ocurrido conducta delictiva alguna, el presidente el mismo 13 de agosto en horas de la tarde, formuló denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli, para que el órgano jurisdiccional investigue los gravísimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores”.

Starc destacó de “criticidad elevadísima para el Organismo que preside eventos como el aquí relatado”.

Asimismo, puso énfasis en el extremo resguardo de la confidencialidad de la información que maneja la UIF no sólo como una obligación legal, sino como parte integrante de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del GAFI y el Grupo Egmont -que vincula a más de 180 UIF del mundo-.

UIF resaltó que “sucesos como los aquí descriptos, además de violar la ley, dañan la confiabilidad del sistema de reportes, con el que se busca proteger la integridad institucional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El presidente de la UIF remarcó “las repercusiones negativas y el impacto que estas conductas delictivas tienen en el ámbito internacional, del que nuestro país forma parte activa y con el que está profundamente consustanciado”.

Entró sin saludar y se fue sin hablar. Esa fue la secuencia, tan seca como simbólica, con la que Paul Starc debutó en la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) el viernes de la semana pasada. No hubo instrucciones, ni señales de dirección, según pudo reconstruir elDiarioAR. Recién el miércoles previo a Semana Santa apareció en persona ante los empleados, luego de su demorada oficialización al frente del organismo antilavado. Un aterrizaje cargado de incertidumbre, que en sus primeras horas ya expuso su carácter puramente político con la decisión oficial de prohibirle a la UIF intervenir como querellante en causas de corrupción.

La designación de Starc como presidente de la unidad, anunciada en enero, fue formalizada el 7 de abril. La resolución firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aludió a la “necesidad ineludible” de contar con una conducción formal en el organismo, luego de casi tres meses de interinidad desde que fuera desplazado Ignacio Yacobucci. El decreto llegó tras cumplir con la audiencia pública establecida por ley: se celebró el 17 de marzo en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, con la participación del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de Gabinete del ministerio, Florencia Zicavo; el fiscal federal Carlos Stornelli y el propio Starc.

En ese acto formal, Vítolo elogió al flamante funcionario por su “trayectoria en la Justicia Federal investigando delitos complejos como estafas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, actividades terroristas, narcotráfico y tráfico de armas”. Y celebró que Milei hubiese elegido para encabezar la UIF a un “hombre de acción” en lugar de un “académico”, como gesto de autoridad en un momento, dijo, en que “el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo atentan contra la paz del mundo”. Starc cosechó más de 450 adhesiones y solo tres objeciones que corrieron por cuenta de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego que, sin embargo, no asistieron al evento para sostenerlas.

Lo que no se dijo en el evento, pero se comentaba en voz baja, es que la llegada del fiscal —titular hasta ahora del juzgado federal de Tres de Febrero— es una jugada directa de Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno que se convirtió en el verdadero reorganizador del sistema de control del Estado. Su nombre se impuso en la Casa Rosada tras una operación meticulosa que terminó con la cabeza de Yacobucci: un abogado con perfil técnico y cierto recorrido institucional que había empezado a desentonar con el nuevo manual libertario.

La pelea fue sorda, pero no menos intensa. Yacobucci fue advertido por desobedecer directivas: la más grave, apelar el archivo del caso Hotesur, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también, por sostener a su vice, Manuel Tessio, en causas sensibles como la de Martín Insaurralde. Según relató elDiarioAR en enero, Caputo leyó esos movimientos como actos de rebeldía y desplegó su ofensiva: lo aisló del circuito político, lo vació de respaldo judicial y filtró información sobre supuestos gastos en primera clase —que el exfuncionario niega— y su “mal vínculo con el GAFI”, el organismo internacional que monitorea la lucha contra el lavado. Cúneo Libarona, que lo había apadrinado en un principio, terminó firmando el decreto de salida. El control pasó a manos de Amerio, alfil de Caputo y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Una nueva UIF, escrita desde Balcarce 50

Creada por la Ley 25.246 en el año 2000, la UIF es un organismo autárquico con facultades para investigar, prevenir y denunciar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. Su independencia técnica es considerada clave por organismos multilaterales. Por eso, en octubre pasado, el GAFI evitó que Argentina ingresara a la lista gris, pero dejó explícitas advertencias por la politización creciente del área. La llegada de Starc, para varios especialistas, podría agravar ese cuadro.

Esas alarmas ya comenzaron a sonar: el Gobierno acaba de publicar el Decreto 274/2025, donde se redefine la arquitectura institucional de la UIF. Según lo decidido por Milei, el organismo dejará de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado, una función que hasta ahora le permitía actuar como parte en investigaciones judiciales sensibles. Aunque no lo prohíbe de forma expresa, la nueva reglamentación desactiva en los hechos esa herramienta estratégica, consolidando un cambio doctrinario de fondo. 

“La UIF no está para querellar, para eso están los fiscales”, repiten en la Casa Rosada, justificando así el nuevo decreto y el corrimiento de un perfil técnico por uno de ejecución, como sería el de Starc. En reemplazo de Yacobucci, el Gobierno encontró en él una figura que combina, para el relato oficial, “experiencia operativa” con visión penalista, además de otro atributo fundamental: su condición de leal.

La trayectoria de Starc está marcada por la polémica. Como fiscal federal, trabajó durante más de tres décadas en causas complejas, aunque su paso por la función pública dejó varios rastros incómodos: fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009, en tiempos de Daniel Scioli gobernador y Stornelli ministro de Seguridad. Desde allí tuvo un rol central en el caso Pomar, una tragedia con ribetes bochornosos: una familia apareció muerta semanas después de desaparecer, a pocos metros de la ruta, luego de una investigación errática que derivó en denuncias contra efectivos policiales por omisión de deberes y falsificación de actas. Tras aquel escándalo, Starc volvió al Poder Judicial.

Ahora, como flamante titular de la UIF, su desafío es otro. La gestión de Starc recién acaba de arrancar, en medio de un clima que mezcla tanto parálisis como expectativa. “Nadie sabe qué viene ahora”, describen puertas adentro. No hay señales de un plan, ni nombramientos. Apenas algunas reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la sede de un organismo que, desde enero, tuvo al frente de la operación diaria a su vice, Santiago González Rodríguez, un hombre de Amerio.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno no se privó de descalificar la gestión de Yacobucci acusándola de haber motorizado denuncias absurdas, como la que se dirigió contra un corralón de materiales en Mar del Plata por presunto lavado. Pero el mismo organismo, durante ese tiempo, recibió presentaciones relevantes que aún no movió: como la que hizo Elisa Carrió contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, por propiedades no declaradas de su esposa en Miami, luego de una investigación de elDiarioAR. La causa está dormida.

Mientras tanto, Paul Starc recién desembarcó en su oficina. Su llegada, hasta el momento, sigue siendo más simbólica que ejecutiva. El Gobierno lo vendió como un “hombre de acción”, pero sus primeros días fueron de silencio. La UIF, que debería ser un bastión técnico del Estado, aparece hoy como un casillero más en el tablero de poder del asesor Santiago Caputo. Y Starc, más que una solución, como una provocación cuidadosamente diseñada.

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Se encendieron alarmas en el poder. Tras arrinconar, para desplazarlo, a Ignacio Yacobucci, la apuesta de Santiago Caputo para ocupar la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) es el polémico fiscal federal Paul Starc. Cruzado por un historial que parece más diseñado para incomodar a todos antes que para llevar adelante una gestión eficiente, la designación aún no oficializada de una figura tan controversial es, como mínimo, un gesto muy parecido a una provocación.

La salida de Yacobucci del organismo dedicado a combatir el lavado de activos fue, hasta anoche, una crónica de una destitución anunciada. Hace un mes que los rumores de su posible corrimiento se acrecentaron puertas adentro de la unidad. Pero todo comenzó a agravarse hace una semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones del asesor presidencial sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucran al kirchnerismo.

El malestar en el Ejecutivo terminó de evidenciarse este jueves. Fuentes de Casa Rosada no solo acusaron a Yacobucci de contradecir la política de austeridad promovida por Milei al realizar numerosos viajes en primera clase sin autorización, sino que también se lo apuntó por supuestamente haber tenido un pobre desempeño en el vínculo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina y evitó así que el país ingresara a la denominada “lista gris” del organismo.

Pero si las furibundas críticas oficiales contra Yacobucci se centraron en sus presunta falta de idoneidad, difícilmente el elegido como su remplazante inspire una confianza mayor en organismos internacionales como el GAFI. Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable.

Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.

Vendetta

Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas. La semana pasada, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.

PL/MC