“Hoy presenté mi renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación”, informó en su cuenta de X Claudia Rucci, aliada de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la misión de impulsar la reapertura de los expedientes relacionados con grupos guerrilleros acusados de haber cometido secuestros y/o asesinatos durante los años 70, delitos que no son considerados de lesa humanidad.

“Mi agradecimiento a todos con quienes compartimos el esfuerzo por lograr que los Derechos Humanos sean de todos y para todos. ¡Muchas gracias!”, agregó Rucci, quien desempeñó un papel clave como uno de los nexos más importantes entre la vicepresidenta y el peronismo. En su mensaje, sin embargo, no hizo mención explícita a Villarruel.

Rucci, hija de José Ignacio Rucci, exsecretario general de la CGT asesinado en 1973, se convirtió en una militante de lo que desde el oficialismo libertario llaman “memoria completa”, al igual que Villarruel, quien la designó en el cargo que dejó este jueves. Sus vínculos políticos se forjaron en el ámbito del peronismo antikirchnerista, que incluyó figuras como el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, Francisco de Narváez, Eduardo Duhalde y José Manuel de la Sota. En 2019 fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires como parte de Juntos por el Cambio (JxC), y dos años después se sumó al peronismo republicano liderado por Miguel Ángel Pichetto, junto con otros dirigentes como Joaquín De la Torre y Juan Carlos Romero.

En agosto del año pasado organizó un acto en el Senado encabezado por Villarruel donde la vice anunció que avanzaría en la reapertura de las causas relacionadas con asesinatos cometidos por grupos guerrilleros. “Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, desafió ese día desde el atril Villarruel.

La simpatía ideológica entre Rucci y Villarruel tiene un lazo extra a partir de su rechazo compartido a la designación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. En 2012, Lijo determinó que el asesinato del entonces secretario general de la CGT no fue un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no está sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad. Este es uno de los motivos por los cuales Villarruel se opone firmemente a su designación como juez supremo. “Que la verdad no sea otra cosa que la verdad”, reclamó Rucci en aquel acto en el Senado al hablar antes que Villarruel.

“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”, lanzó el año pasado Villarruel, aunque no quedó claro de qué manera se podrían avanzar en su propuesta porque esos expedientes prescritas porque no son de lesa humanidad.

El objetivo de la vice es reabrir las causas judiciales por atentados y secuestros adjudicados a Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ocurridos en su mayoría entre 1969 y 1979, de acuerdo al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la funcionaria desde hace casi dos décadas.  

Al mes de ese acto en el Senado, la avanzada de Villarruel tuvo un primer eco. La Cámara Federal de Apelaciones porteña decidió en septiembre pasado poner bajo análisis reabrir la causa por la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina (PFA), sucedido el 2 de julio de 1976 por una bomba atribuída a Montoneros.

El estudio del caso está a cargo de la Sala I: los tres jueces que la integran, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia debaten desde hace meses si declararán a este hecho como una grave violación a los derechos humanos y, por ende, imprescriptible.

Llorens tiene una postura clara sobre el caso: considera que es uno de los atentados terroristas más importantes de la historia del país, una lista que encabeza el atentado a la AMIA. La bomba detonada en el comedor de la Federal causó 24 fallecidos y al menos 60 heridos (algunos medios hablan de 23 muertos y más de 100 heridos), por lo que supera a las víctimas fatales del atentado a la embajada de Israel en 1992 (22 muertos y 242 heridos). 

MM