Un juez federal interpuso una medida cautelar este martes que prohibe a los funcionarios de migración federales deportar a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre, o trasladarlos fuera de Texas, donde se encuentran actualmente detenidos tras su captura el pasado martes en Minneapolis.

Liam y su padre, Adrian Alexander Conejo Ramos, fueron detenidos en Minnesota en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registrada en videos y fotos, en las que se veían al pequeño Liam con un gorro azul de conejito y su mochila escolar.

Ambos se encuentran en el centro de detención del ICE en Dilley, una instalación en Texas diseñada para albergar a familias con niños menores de edad que han sido acusados de violar la ley federal de inmigración.

CBS News adelantó que el gobierno no podía deportar inmediatamente a Liam y a su padre, porque tienen casos pendientes en la corte de inmigración que aún no se han resuelto por completo.

En su orden del martes, el juez de distrito federal Fred Biery bloqueó cualquier intento de deportar a la familia “hasta nueva orden de este Tribunal”.

También prohibió al ICE trasladar al hijo y al padre fuera del Distrito Oeste de Texas “durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este tribunal”.

El niño y su padre fueron detenidos por el ICE el 20 de enero en el área de Minneapolis, donde la Administración Trump ha desplegado a unos 3.000 agentes federales de inmigración para desarrollar la mayor operación en la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS ha dicho que el padre de Liam es un migrante ecuatoriano que vive de forma irregular en EEUU y lo ha acusado de intentar evadir a los agentes del ICE cuando intentaron arrestarlos.

Un abogado de la familia, sin embargo, dijo que el padre de Liam no tiene antecedentes penales, una acusación que el DHS aún no ha refutado.

La semana pasada, Marcos Charles, jefe de la división de deportaciones del ICE, dijo que sus agentes tenían como objetivo al padre de Liam, no al niño, durante una operación de arresto el 20 de enero. Charles dijo que Liam estaba con su padre dentro de un vehículo cuando los agentes de ICE se acercaron a ellos.

Sergio Amezcua, un pastor que dijo haber hablado con la madre de Liam, afirmó que ella estaba “aterrorizada” durante el incidente.

“Los agentes del ICE intentaban usar al bebé para que ella saliera de su casa”, dijo Amezcua en CNN. “Pero los vecinos intervinieron. Le aconsejaron que no lo hiciera”.

Una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentan que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, asegurando que “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de un proceso truncado”.

La política de deportaciones rápidas de migrantes

La política de deportaciones rápidas de migrantes fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.

En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión.

Además, Cobb señala que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, indica el documento.

La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. Agrega Cobb que, “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”.

Con información de EFE

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados. “Hace unas semanas empezó a repartirse por el país una carta, con fecha 20 de junio de 2025, en la que se dice que queda cancelado el permiso concedido al entrar en el país y que llegó la hora de salir de EEUU”, explica la activista Julie Contreras, de la organización religiosa United Giving Hope, desde Waukegan (Illinois) en conversación con elDiario.es. Y añade que tiene constancia de cientos de cartas similares enviadas a jóvenes que entraron legalmente a EEUU durante el último año con un permiso condicional humanitario como menores no acompañados, y luego se reunieron con progenitores, generalmente sin papeles, u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.

A pesar de esa reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en las vistas de inmigración debido a la forma en que entraron al país –solos y con ese permiso temporal–, por lo que necesitan abogados para poder defender su caso, algo que no es sencillo para un menor.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como el que representa Contreras, advierten de que estos casos son cada vez más comunes, y que un número creciente de niños recibe cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que informan de la cancelación de ese permiso condicional humanitario que recibieron al llegar al país, lo cual supone una medida para despojar a los menores de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar su deportación sin garantías.

Contreras, fundadora de United Giving Hope, una organización que apoya a familias migrantes en Illinois, cuenta cómo Xally Pastor, una niña de 13 años que recibió una de las cartas, obtuvo el permiso condicional humanitario como menor no acompañada, y se reunió con sus hermanas mayores en Waukegan, a 75 kilómetros de Chicago.

Durante la última década, Contreras ayudó a cientos de niños y madres a cruzar legalmente la frontera sur en busca de asilo, ayudándolos con el papeleo y conectándolos con abogados que apoyan sus casos. “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. La sola amenaza les causa un trauma psicológico severo”, afirma Contreras.

La madre de Xally, por ejemplo, Francisca Petra Guzmán, de 48 años, llegó a EEUU en enero, también como solicitante de asilo. Ambas, explica Contreras, huyeron de un contexto violento en su país.

Trump lleva desde que regresó al cargo enuna cruzada contra la migración, que ahora se ha acentuado con la persecución de los menores. No obstante, la recepción de esta carta no significa automáticamente que el ICE se vaya a presentar en la casa de los menores o en su escuela para deportarlos, explica el abogado especializado en asuntos de inmigración John Antia al Chicago Tribune.

Muchos de estos niños podrían acogerse a otras formas de protección legal. Pero, para ello, deben recurrir a un abogado, lo cual suele estar fuera del alcance de las familias. “Que el ICE pueda detener legalmente a estos niños depende en gran medida del estatus migratorio de cada uno y de sus circunstancias individuales”, dice Antia.

En el caso de Xally, con quien habló elDiario.es, llegó al área de Chicago en septiembre del año pasado, después de haber pasado casi un mes en un centro federal en Texas administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados, con otros menores que, como ella, habían cruzado la frontera sur en busca de asilo.

Deportación de menores

En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Esta es la cifra más alta para ese grupo de edad en cualquier mes desde que comenzó el seguimiento hace más de 35 años, según datos judiciales del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, recogidos por The Independent.

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces ordenaron la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes: la mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 eran menores de 4 años y otros 20.000 tenían entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 con órdenes de deportación, aunque esa cifra aún está por debajo del pico registrado en 2020, durante el primer mandato de Trump, según The Independent.

Algunos de estos niños son menores no acompañados, como Xally, pero no se sabe cuántos, ya que las autoridades de inmigración ya no registran esos datos.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una declaración enviada por correo electrónico al Tribune, afirmó que “las acusaciones de que el ICE está 'apuntando' a los niños son falsas y un intento de demonizar a las fuerzas del orden”. McLaughlin añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “no se centra en los niños ni los deporta ni separa a las familias”. En cambio, “ICE pregunta a las madres si desean ser deportadas con sus hijos o si el niño debe ser ubicado con una persona segura designada por el padre o la madre”. Sin embargo, afirma el Tribune, las preguntas sobre por qué se envían cartas a menores no acompañados, como Xally, y cuál es el protocolo para deportarlos, como se indica en la carta, quedaron sin respuesta.

Autodeportación de menores

La Administración Trump está ordenando a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que emplacen a los adolescentes migrantes a autodeportarse a sus países de origen, en lugar de ser enviados a albergues gubernamentales, lo que supone un cambio en la política migratoria estadounidense, según informaron la CNN y CBS News.

Durante muchos años, los funcionarios de inmigración de EEUU debían transferir a todos los niños migrantes no acompañados —o aquellos que ingresaron al país sin permiso y sin sus padres o tutores legales— al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El HHS supervisa una red de albergues donde estos menores permanecen hasta que cumplan 18 años o puedan ser reubicados con alguien que asumiera el cuidado, que tradicionalmente ha sido un familiar residente en Estados Unidos.

Pero ahora se ordenó a los funcionarios de la CBP que ofrezcan a los niños migrantes no acompañados mayores de 14 años la opción de autodeportarse a sus países de origen.

Si los adolescentes eligen esa opción, las autoridades migratorias estadounidenses facilitarían el regreso rápido a sus países de origen.

De lo contrario, serían transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Esta política de salida voluntaria se limitaba anteriormente a los menores no acompañados de los países fronterizos, Canadá y México.

La Ley para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas otorgó protecciones legales especiales a los menores migrantes de países no fronterizos, incluyendo la prohibición de que las autoridades los deportaran por la vía rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a CBS que la megaley 'One Big Beautiful Bill' permite a la Administración Trump el cambio de política.

“Esta es una práctica que se utiliza para priorizar el regreso de los menores con un progenitor o tutor legal en su país de origen”, declaró el DHS en un comunicado. “El único cambio conforme a la 'One Big Beautiful Bill' es ampliar esta opción para que los menores no acompañados regresen a casa desde otros países, además de México y Canadá”, agregó el departamento.

Se desconoce cuántos adolescentes migrantes se verán afectados por la nueva orden.

El número de migrantes que cruzan la frontera sur de EEUU se desplomó a niveles no vistos desde la década de 1960, a causa de la represión de la Administración Trump. En junio, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 6.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, un mínimo mensual récord, que incluyó a menos de 700 menores no acompañados.

La administración tomó medidas de fuerza para deportar a migrantes que viven en situación irregular o cuyo estatus legal fue revocado. Pero, también, ha lanzado una campaña para alentar las autodeportaciones, ofreciendo 1.000 dólares para el viaje y amenazas de arresto, multas y procesamiento si permanecen de forma irregular en EEUU.

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a deportar en vuelos a migrantes detenidos en el nuevo centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', instalado sobre una vieja pista aérea en los Everglades, una extensa región pantanosa al sur del estado de Florida. El anuncio lo hizo el gobernador Ron DeSantis, figura central del Partido Republicano y fuerte aliado de Donald Trump.

“Me complació reportar que esos vuelos desde 'Alligator Alcatraz', de parte del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), comenzaron. El ritmo incrementó. Tuvimos ya cierto número de vuelos en los últimos días, removimos a cientos de ilegales desde aquí”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en el lugar.

El gobernador también anticipó que “muy pronto” habrá elementos de la Guardia Nacional que actuarán como jueces migratorios dentro del centro, para acelerar los procesos de expulsión. Según dijo, el propio Trump aprobó esta medida durante su visita al centro a comienzos de julio.

“El propósito completo fue convertir esto en un lugar que pudiera facilitar el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones de extranjeros ilegales, y esa fue la meta. Y una de las razones por las que este es un lugar esencial es porque tienes esta pista aérea justo aquí”, señaló el mandatario estatal.

DeSantis visitó el centro tres semanas después de su apertura, el 3 de julio. Actualmente, 'Alligator Alcatraz' puede albergar hasta 2.000 personas detenidas, pero las autoridades planean duplicar esa capacidad a 4.000, según detalló Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Aunque no se informaron las nacionalidades ni la cantidad exacta de deportados, DeSantis recordó que la administración Trump ordenó la expulsión de unas 800.000 personas, con entre 50.000 y 75.000 solo en Florida.

“Este aeropuerto puede aceptar aeronaves de tamaño comercial y tener operaciones tanto de día como de noche. De eso se trató todo esto, de poder retener, procesar y remover a gente que está ilegalmente en el estado de Florida y en Estados Unidos”, expresó DeSantis.

La visita del gobernador ocurrió pocos días después de una protesta encabezada por activistas y familiares de personas detenidas. Denunciaron que el lugar funciona como un “campo de concentración” y una “jaula para perros”, y que desde su apertura ya hubo al menos seis personas hospitalizadas.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió por carta al gobierno estatal acceso inmediato al sitio para realizar inspecciones ante los reportes de condiciones “inhumanas” y “peligrosas”.

A pesar de las críticas, DeSantis defendió el rol de Florida como “líder” en la implementación de la política migratoria de Trump. Señaló que el estado impidió la llegada de 18.000 migrantes a sus costas y firmó acuerdos para que todos los condados cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

JJD, con información de EFE.

A dos meses de la promulgación de un decreto que endurece las condiciones de permanencia de extranjeros en el país, el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos tras la deportación de Juan Pedro Martínez, un trabajador migrante afrouruguayo con familia en Argentina. El hecho, que tuvo lugar cuando fue a renovar su DNI por una causa penal de hace cinco años, es señalado por organizaciones sociales y sectores de la izquierda como una acción de amedrentamiento hacia la población migrante y trabajadora.

Martínez fue detenido por efectivos policiales cuando se presentó a renovar su documento. La medida, justificada por la causa penal antigua, derivó en su expulsión a Uruguay, en el marco del Decreto 366/2025, firmado por Milei a fines de mayo. La norma modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y el acceso a la educación y la salud pública, instaurando nuevas causales de cancelación de residencia y facilitando los procesos de expulsión.

Desde el Frente de Izquierda, la dirigente Vanina Biasi denunció el caso como un “montaje para amedrentar” y convocó a una manifestación frente a la Dirección Nacional de Migraciones. “La acción fascista y racista del gobierno de Milei debe ser combatida con una lucha frontal”, escribió en sus redes sociales. Biasi, que primero afirmó que se había tratado de una contravención, señaló que “había tenido una causa penal hace 5 años, no una contravención. Es lo mismo, su causa ya siguió su trámite legal y no adeuda nada con la justicia. Lejos de estar cometiendo un delito estaba tramitando documentación que requiere migraciones. Hace 20 años que vive acá y tiene dos hijos”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció, recordando que Martínez “tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país”, y denunció su deportación como una medida “intimidatoria” hacia las familias migrantes.

Una política migratoria más restrictiva

El caso de Martínez se produce mientras el Ejecutivo avanza con una reforma migratoria aún más profunda. El presidente Javier Milei anunció recientemente nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que —aunque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial— cambiará sustancialmente el régimen migratorio vigente desde 2003.

Según informó la Casa Rosada, el decreto impondrá límites más estrictos al acceso de inmigrantes a los servicios públicos y establecerá causales más amplias de expulsión, incluso por delitos menores.

Desde su anuncio, las nuevas medidas fueron objeto de duras críticas por parte de organizaciones sociales, referentes en derechos humanos y partidos de la oposición, que advierten sobre la criminalización de la pobreza y la estigmatización de la población migrante. El CELS, además de denunciar el caso de Martínez, ya había advertido previamente sobre la gravedad del DNU, calificándolo como una reforma “xenófoba y arbitraria” .

La Argentina, país históricamente marcado por la inmigración —en especial europea—, enfrenta ahora un punto de inflexión que podría redefinir su perfil como sociedad de acogida.

CRM

El Gobierno modificó por decreto la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

“Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.

La norma aclara que los extranjeros solamente estarán habilitados a ingresar por las fronteras oficiales, ya sea por medios terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, pero deberán presentar una declaración jurada que explicite los motivos por los que llegan al país y un seguro de salud contratado. Además, se determinó la prohibición de ingreso para quienes hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional, y se agrega una cláusula para evitar el ingreso al país de personas que hayan sido condenadas en la Argentina o en el exterior a cumplir una pena de 3 años, sin importar la modalidad de cumplimiento, por cualquier tipo de delito.

Además, manifiesta que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

“Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.

También, expresa: “Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria“.

“La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.

La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización“, agrega.

Asimismo, añade: “Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.

“Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

“Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

Deportaciones

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando el residente:

Excepcionalmente, por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias o de reunificación familiar, la autoridad migratoria podrá dispensar la cancelación de la residencia y la posterior expulsión.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, disponer la dispensa a la que refiere el párrafo anterior cuando el extranjero en cuestión hubiere sido condenado por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá intimarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije a tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que regularice su situación, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión“.

Restricciones para trabajar

El extranjero que resida irregularmente en el país, o resida regularmente pero no se encuentre habilitado por la autoridad migratoria, no podrá trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, en relación de dependencia o en forma independiente.

Será considerada irregular la permanencia en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA de todo extranjero que:

Atribuciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Obligaciones de los extranjeros residentes

La falsedad en la declaración o acreditación de domicilio, al solo fin de obtener un beneficio migratorio, conllevará la declaración de irregularidad o denegatoria de la solicitud de residencia o su cancelación, con la consecuente expulsión, conforme lo dispuesto por el inciso a) del artículo 29 y por el inciso a) del artículo 62 de la presente ley.

Las notificaciones que se cursen deberán ser diligenciadas al domicilio electrónico o, en su defecto, al último domicilio constituido que surja en las actuaciones administrativas.

Todo cambio de domicilio deberá ser informado por el inmigrante en el expediente en que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de producido.

Si desapareciere total o parcialmente la numeración del domicilio constituido, o el edificio o la construcción en el que se hubiere constituido, el inmigrante deberá informar uno nuevo en el expediente que le fuera concedida la admisión o autorizada la residencia dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores“.

Con información de agencias.

IG

El Tribunal Supremo de EEUU ha ordenado este sábado al Gobierno de Donald Trump que suspenda de manera provisional las expulsiones de personas migrantes basadas en una ley del siglo XVIII. En los últimos meses, la Administración de Estados Unidos se ha amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros para mandar a El Salvador a cientos de migrantes.

“Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”, indican en la orden.

La organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) había presentado varios recursos de emergencia este viernes dirigidos al Supremo para impedir el traslado. En su escrito argumentaron que el Gobierno Trump está ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin “notificar (a sus abogados) o darles una oportunidad de ser escuchados”.

En sus recursos, ACLU aseguró que, según la información entregada por familiares de los detenidos, el Gobierno buscaba enviarles a El Salvador este sábado. Concretamente, la orden afecta a los detenidos que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, a los que han acusado de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.

“Es necesaria una intervención de emergencia para (...) prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes”, indicó la ACLU en el recurso ante la Corte Suprema.

En el pasado mes de marzo, el mandatario norteamericano deportó a cerca de 250 personas a El Salvador bajo esta antigua ley sin un proceso judicial, todos ellos acusados de pertenecer a las bandas MS-13 y Tren de Aragua. Ante esto, el juez James Boasberg emitió una orden para detener esta expulsión y la Administración de EEUU hizo caso omiso.

El juez federal halló “causa probable” para declarar a Trump en desacato judicial por violar su dictamen a través de un escrito en el que acusaba al Gobierno de demostrar una “ignorancia deliberada” ante su orden del 15 de marzo.

Esto desató una batalla judicial para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente llegó a la última instancia. A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg.

Tras esto, el pasado 5 de abril la misma corte consideró que el gobierno de Trump podía continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos y aceptó levantar el bloqueo. Sin embargo, en su fallo establecían que los individuos a quienes se aplicara la norma tendrían derecho a una “revisión judicial” para comprobar si “efectivamente son 'enemigos extranjeros'”.

Migrante deportado “por error”

Antes del fallo de este sábado, el Supremo había pedido a Trump hace tan solo unos días que “facilitara” la vuelta del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. El alto tribunal se decantaba entonces a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. Precisamente Kilmar fue uno de los cerca de 250 migrantes que se enviaron a la megacárcel CECOT de El Salvador.

Con esta resolución, la corte daba la razón al juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno de este hombre, a pesar de levantar el bloqueo del juez de Washington James Boasberg.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena a Donald Trump que “facilite” el retorno del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. En una orden no firma, el alto tribunal se decanta a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. El joven, de 29 años, fue uno de los más de 200 migrantes que hace un mes fueron enviados a la megacárcel CECOT de El Salvador, cuando Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros. El caso de Abrego García es una muestra clara de la falta de revisión judicial que tuvieron las personas a quiénes se les aplicó la norma de 1789 bajo la acusación de pertenecer a las bandas a las bandas criminales MS13 y El Tren de Aragua.

El alto tribunal más que ordenar al gobierno de Trump que devuelva a Abrego García, lo que hace es dar la razón a la juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno del hombre. Lo que significa que la devolución del salvadoreño no será inmediata. “La orden [de la jueza federal] exige debidamente al gobierno que ‘facilite’ la liberación de Ábrego García y que garantice que su caso se tramite como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, expone el fallo. “Sin embargo, el alcance previsto del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder la autoridad de dicho tribunal”.

En esta última frase, a pesar de decir que la administración tiene que “facilitar y efectuar” el retorno de Abrego García, el Supremo también abre la posibilidad de que los tribunales podrían no tener el poder de exigir al Ejecutivo que devuelva al hombre. Es por ello que se insta a la jueza Paula Xinis a que vuelva a redactar con mayor concreción la orden y esclarezca el texto inicial. 

Los abogados de Abrego García, que desde 2011 estaba en Estados Unidos y había solicitado asilo huyendo de las maras, argumentaron que no existía ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13. En una respuesta kafkiana, el Departamento de Justicia reconoció que lo había deportado “por un error administrativo” a la CECOT de El Salvador y que ahora estaba “sin poder” para traerlo de vuelta. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una estrecha relación con Trump y siempre ha mostrado disposición para colaborar con él. De hecho, esta es la principal razón por la cual el país centroamericano se ha convertido en la prisión del nuevo gobierno estadounidense a cambio de unos cuantos millones de dólares. El próximo lunes 14 de abril, Bukele debe viajar a Washington para reunirse con el republicano.

Xinis dio la razón a la defensa de Abrego García y exigió al gobierno que devolviera al hombre antes de la medianoche del lunes de esta semana. La administración Trump inmediatamente interpuso un recurso ante el Supremo para que se pronunciara sobre dicha orden. Poco antes de que venciera el término marcado por la jueza de Maryland, el presidente del alto tribunal, John Roberts, emitió una pausa temporal sobre la orden del tribunal inferior para así tener tiempo de tomar una decisión sobre el recurso emitido por el gobierno.

Los agentes de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron por sorpresa a Abrego García cuando se encontraba en un aparcamiento de Ikea, mientras su hijo autista de cinco años estaba sentado en el asiento trasero del coche. La administración Trump insiste en que se trató de un error, pero como explicaban a elDiario.es el pasado mes de enero las organizaciones que trabajan con personas migrantes, el ICE prepara sus actuaciones con antelación antes de llevar a cabo redadas.

El caso de Abrego García se ha convertido en uno de los grandes escándalos de la campaña de deportaciones masivas que quiere ejecutar Trump, mientras otros familiares de deportados en aquel vuelo del 15 de marzo denuncian que sus parientes y amigos tampoco pertenecían a ninguna banda criminal. El programa 60 Minutes pudo acceder al historial de los 238 venezolanos expulsados bajo la acusación de pertenecer a El Tren de Aragua.

Tanto los abogados de Abrego García como el Departamento de Justicia se han mostrado satisfechos con la sentencia del Supremo. Los primeros porque respalda la decisión de Xinis, y el gobierno porque considera que el alto tribunal le da la razón al afirmar que los jueces no pueden dictar lo que debe hacer la administración.

Parece que el alto tribunal opta por la ambivalencia a la hora de pronunciarse sobre casos que pueden ser clave para delimitar el poder presidencial. Tan solo dos días atrás, la Corte Suprema levantaba el bloqueo que el juez de Washington había impuesto al uso de la ley de enemigos extranjeros para deportar venezolanos. En esta ocasión, tanto los abogados de inmigración como el gobierno también celebraron el fallo. Los primeros porque el Supremo exigía al gobierno que garantizara la “revisión judicial” para los individuos a quienes se les aplicara la ley, y los segundos porque suponía reactivar una norma que pretende ser clave para las deportaciones masivas.

La jueza del Tribunal de Apelaciones de Washington D. C., Patricia Millet, afirmó durante la audiencia de este lunes que los nazis recibieron mejor trato cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos deportados a las prisiones de El Salvador. “Los nazis tuvieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha pasado aquí”, señaló Millet, quien destacó que las más de 200 personas indocumentadas que fueron puestas en el avión bajo la acusación de ser miembros de la pandilla El Tren de Aragua no tuvieron ningún tipo de proceso judicial.

El 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar su plan de deportaciones masivas, que poco después un juez federal de Washington bloqueó. Esta norma de finales del siglo XVIII permite, entre otras cosas, privar de un proceso judicial a las personas a las que se les aplica. Se trata de una legislación creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a quienes se consideraban colaboradores de naciones enemigas. Antes de Trump, la ley solo había sido utilizada en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.

Mientras el juez ordenó bloquear las deportaciones y aún batalla con la Administración Trump para conocer la hora exacta en que despegó el vuelo de deportación —lo que determinaría si el presidente ignoró la orden judicial—, la Casa Blanca ha presentado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para que se levante el bloqueo judicial impuesto a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.

El Tribunal de Apelaciones de Washington tenía programada para este lunes por la tarde una vista en la que el Gobierno de Trump debía presentar sus argumentos para revocar la restricción impuesta por el juez James Boasberg el 15 de marzo. Dicha resolución prohíbe las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump aplicó contra presuntos miembros de la banda venezolana El Tren de Aragua.

Fue durante la audiencia cuando Millet confrontó a los representantes de la Administración Trump. La jueza destacó que incluso los ciudadanos alemanes deportados bajo la acusación de ser nazis tuvieron audiencias judiciales y estuvieron sujetos a regulaciones establecidas, mientras que a los presuntos pandilleros del Tren de Aragua no se les concedieron esos derechos. En los últimos días, muchas familias han descubierto que sus parejas, hermanos o hijos, que llevaban días sin dar señales de vida, habían sido deportados a las prisiones de El Salvador. Pudieron identificarlos gracias a imágenes publicadas en internet. Muchos familiares denuncian que los deportados no tienen ningún vínculo con el Tren de Aragua, más allá de ser venezolanos y tener tatuajes.

Uno de los criterios utilizados para acusar a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua fue precisamente la presencia de tatuajes, según ha explicado la Casa Blanca. Abogados y familiares denuncian que muchas de las imágenes empleadas para justificar las deportaciones no guardaban relación con el grupo criminal y que, en cualquier caso, la existencia de tatuajes no es un motivo suficiente para acusar a una persona de pertenecer a una pandilla. La Administración Trump aún no ha aportado más detalles o pruebas sobre las acusaciones, mientras los deportados llevan más de una semana encerrados en las prisiones de El Salvador, donde las condiciones de detención vulneran los derechos de los presos.

“No hay regulaciones, y los funcionarios de la agencia que gestionaron este proceso no adoptaron ninguna medida. A estas personas no se les notificó. No se les informó a dónde iban. Se les subió a esos aviones ese sábado sin oportunidad de presentar un hábeas corpus ni ningún otro recurso para impugnar la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, expuso la jueza Millet.

El asistente adjunto de la Fiscalía General de la Administración Trump, Drew Ensign, rechazó la comparación de Millet. “Rechazamos la analogía con los nazis”, afirmó Ensign, argumentando que algunos de los deportados pudieron presentar peticiones de hábeas corpus.

La vista en el Tribunal de Apelaciones se produce horas antes de la fecha límite que el juez Boasberg dio al Departamento de Justicia para que presentara la información sobre el vuelo de deportación. Después de que la semana pasada la Administración Trump siguiera sin revelar la hora exacta en que despegó el avión, Boasberg concedió una nueva prórroga para que se facilitara dicha información.

Paralelamente, Trump está impulsando una campaña de acoso y derribo contra el juez. La semana pasada pidió al Congreso que iniciara un proceso de impeachment contra el magistrado, una idea que incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó. En un gesto inusual, el juez conservador emitió un comunicado recordando que esa no es la solución. A pesar de ello, Trump y su entorno han seguido cuestionando la autoridad de Boasberg como parte de una estrategia para restar poder a los tribunales federales.

Este lunes, Elon Musk compartió en redes sociales una publicación de Trump en Truth Social en la que el expresidente difundía una foto de Boasberg y lo atacaba nuevamente. La semana pasada, Trump ya lo había calificado como un “lunático radical de izquierdas”.

El gabinete de seguridad israelí aprobó durante la madrugada del domingo el establecimiento de la llamada dirección de migración, un nuevo organismo que gestionará la “transferencia voluntaria” de los residentes de la Franja de Gaza a un tercer país, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Israel.

Este nuevo organismo estará gestionado por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien se encargará de “preparar y facilitar el tránsito seguro y controlado de los residentes de Gaza para su salida voluntaria a terceros países”, según afirma esta nota. Esto incluye “asegurar su movimiento, establecer una ruta de tráfico” y “coordinar la infraestructura que permita el tránsito por tierra, mar y aire a los países de destino”. 

“Estamos trabajando con todos los medios para implementar la visión del presidente estadounidense y permitiremos que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer estado lo haga”, afirmó Katz.

A principios de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su intención de tomar el control de la Franja de Gaza para reconstruirla y convertirla en la nueva “Riviera de Oriente Medio” mediante la expulsión forzosa de más de dos millones de gazatíes a países como Egipto o Jordania, que ya se han opuesto de forma radical a aceptar este tipo de medida.

De hecho, la cumbre extraordinaria de líderes de la Liga Árabe, celebrada recientemente, aprobó un plan de Egipto para la reconstrucción de Gaza por un periodo de cinco años, sin la expulsión de su población y con un coste de alrededor 53.000 millones de dólares que ya ha sido respaldado por países como Alemania y Reino Unido. 

El titular de Defensa de Israel sostiene que esta nueva dirección de migración está “sujeta al derecho israelí e internacional”, pese a que la ONU ha advertido, en numerosas ocasiones, de que “toda deportación de territorio ocupado está prohibida”. Además, la movilización forzosa de menores está considerada un crimen de guerra, de acuerdo con el derecho internacional.

Casi 700 palestinos muertos tras la ruptura del alto el fuego

Con la reanudación de los bombardeos israelíes contra la Franja, el Ejército israelí, tal y como hizo anteriormente, está volviendo a imponer desplazamientos forzosos a la población palestina, especialmente a la que regresó al norte tras la llegada del alto el fuego, el pasado 19 de enero.

Israel rompió el alto el fuego en la devastada franja el pasado martes 18 de marzo y desde entonces los ataques israelíes se han cobrado la vida de al menos 673 personas y han dejado a más de un millar de personas heridas.

Esto ha provocado que el número total de muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023 haya alcanzado este domingo las 50.021 personas tras los últimos bombardeos contra el enclave palestino, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad gazatí.

“Pido a los fieles que no cedan ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados porque todos estamos llamados a vivir en solidaridad”. En un gesto inusual, y que seguramente tendrá consecuencias diplomáticas, el papa Francisco dirigió una carta a los obispos de Estados Unidos, en la que arremete con dureza contra el plan de deportaciones masivo ordenado por la nueva Administración Trump, y que “lastima la dignidad” de millones de migrantes.

“He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas”, sostiene Bergoglio, quien aboga por “expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”.

“El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión”, sostiene Francisco, que insiste en que “un auténtico estado de derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados”.

“Lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”, advierte Bergoglio, quien denuncia el “criterio ideológico” que se esconde detrás de las medidas del republicano.

Dirigiéndose a los obispos del país, el Papa les invita a trabajar “a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos”, al tiempo que reclama “evitar muros de ignominia”. La carta concluye pidiendo a la Virgen de Guadalupe “que proteja a las personas y a las familias que viven con temor o con dolor la migración y/o la deportación”.

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Donald Trump planea recurrir cumplir su promesa electoral de aprovecharse de una rebuscada ley del siglo XVIII para facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados, informa Reuters.

Tras jurar el cargo, el presidente de EEUU dio de plazo hasta el 3 de febrero a las agencias federales para prepararse para invocar la Alien Enemies Act, de 1798 –Ley de Enemigos Extranjeros–, una ley que permitiría deportar a los migrantes sospechosos de actividades ilegales sin una vista judicial que normalmente debe producirse antes.

Se espera que el empleo de esta ley, que ha sido utilizada para justificar las reclusiones de estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrente a recursos legales. La medida podría permitirle eludir los derechos del debido proceso y expulsar rápidamente a los inmigrantes.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Así, firmó una catarata de decretos para reorientar recursos militares para reforzar las deportaciones, y facultó a los funcionarios de inmigración de EEUU para hacer más detenciones, incluidas las escuelas, iglesias y hospitales, ante las protestas de grupos de derechos civiles.

Pero Trump tendrá que enfrentarse a unos tribunales de inmigración desbordados en los que los casos de asilo pueden tardar años en resolverse.

El presidente de EEUU apuesta por un proceso de deportación rápido, conocido como expulsión acelerada, pero sólo se aplica a quienes llevan en EEUU dos años o menos, y, en todo caso, sigue dando a los inmigrantes la posibilidad de solicitar asilo.

La Ley de Enemigos Extranjeros podría permitir a Trump deportar rápidamente a los inmigrantes al considerarlos parte de una “invasión o incursión depredadora”, un uso novedoso de una ley que antes sólo se invocaba en tiempos de guerra. Los republicanos se refieren con frecuencia a la inmigración ilegal como una invasión y presentan a los migrantes como criminales peligrosos y “en edad militar”.

Diez minutos antes de que empiece la misa de las 07:00 de la tarde, las primeras filas de bancos ya están llenas. La mayoría son familias con niños y algunos hombres solos. Nadie se quita el abrigo. Las paredes altas y las cúpulas abombadas retienen el frío de una semana marcada por las temperaturas bajo cero en la capital de Estados Unidos. De la treintena de personas que hay, casi todos son latinos. No pasaron ni cinco horas desde que el presidente Donald Trump autorizó las redadas en escuelas e iglesias. La noticia no amedrentó a Luis y Miguel (nombres ficticios) que, a pesar de no tener papeles, decidieron venir este martes a misa. 

La ceremonia se oficia en castellano y hoy está dedicada a santa Inés. El cura, un hombre negro con marcado acento portugués, lee los pasajes sobre Jesús como maestro de la ley. En un momento de la plegaria, el párroco se permite hacer un apunte: “Sé que hay gente que hace leyes que dicen que algunos de ustedes son criminales, pero no es verdad. Solo Jesús es el que hace la ley y juzga. Estén tranquilos”.

Horas antes, en la catedral de Washington, se vivía una escena similar. La obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde le pedía a Trump tener “misericordia” con “los gais, lesbianas y niños transgénero” y le recordó que “la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”. 

Antes de venir a la iglesia, Luis ya había visto las noticias de las redadas. Es uno de los 11 millones de personas sin papeles que se calcula que hay en EEUU y que el nuevo presidente quiere deportar. Lleva cuatro años viviendo en Washington y no es la primera vez que siente en la nuca el aliento de los agentes de inmigración. “A mí ya me deportó [el presidente Barack] Obama, no pienso dejar de hacer mi vida”, responde el hombre, que se resiste a sucumbir a la campaña de miedo puesta en marcha contra la comunidad migrante. Tampoco puede permitírselo. De él dependen su madre diabética y su hermano, que está en silla de ruedas. “Seguiré yendo a la obra y confío en que dios me proteja”. 

Los “amigos y hermanos” de la iglesia

Cuando Luis dejó por primera vez Guatemala y llegó a Estados Unidos tan solo era un “chamaquito” de 15 años. Ya entonces viajó desde la frontera hasta Washington DC, sabiendo poco inglés y teniendo a miles de kilómetros de distancia a sus padres y hermanos. No conocía a nadie. “Decidí empezar a venir porque sabía que esta era una iglesia católica y porque quería pedirle a dios que me ayudara. Allí empecé a conocer a todos mis amigos y hermanos. Me ayudaron con todo, especialmente cuando más tarde me deportaron”. 

Una mañana, los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) se presentaron en una obra en Maryland dónde él y otras ocho personas sin papeles estaban trabajando. “El capataz intentó ayudarnos, pero fue demasiado tarde. Los demás eran mexicanos y yo el único guatemalteco. El agente se me acercó, me pidió los papeles y yo le dije que no tenía. Pasé los siguientes seis meses en un centro de detención para migrantes hasta que me vio el juez”. 

Después de comparecer ante el juez de inmigración, Luis decidió pagarse el vuelo para volver a Guatemala. “Me dieron 24 horas para abandonar el país y quería evitarme el lío legal que implica que te deporten ellos”. Fue entonces cuando los amigos que había hecho en la iglesia lo llamaron ofreciéndole dinero y ayuda. “Durante un tiempo, también me enviaron dinero a Guatemala para ayudarme a mí y a mi familia”. 

Antes de lograr volver a entrar a Estados Unidos, Luis hizo un intento fallido. Cruzó por la frontera de Arizona, en Sonora, pero fue interceptado por la Patrulla Fronteriza. Acabó regresando a Guatemala y, cuando llegó la pandemia de la COVID, decidió volver a intentarlo. “Era el momento. Crucé el Río Bravo y pasé por Texas, fue mucho más fácil. Supongo que era por el virus, pero había menos control”. En Texas se subió a una camioneta cargada de gente y el 'coyote' los llevó hasta Washington. “En total, me costó 18.000 dólares cruzar. Aún estoy pagando la deuda”.

Volvió a encontrarse con su comunidad y volvió a venir a la iglesia. Cada día. “Entre semana no somos tantos, pero si vienes un sábado vas a ver que después de la misa realizamos sesiones de grupo para superar las recaídas y descargar la pena”. A Luis lo han ayudado mucho en los últimos meses, desde que uno de sus hermanos murió. “Ahora mismo toda mi familia depende de mí. Mi papá ya hace tiempo murió. No puedo fallarles”. Los ojos del hombre se humedecen: “De verdad que aquí hay muy buena gente y uno se siente menos solo cuando habla con los demás. No pienso dejar que me quiten esto también”. 

Para muchos de los migrantes que llegan a Estados Unidos las iglesias son de los primeros puntos de referencia a los que acuden para crear comunidad. Algunas también ofrecen comida y ropa. Más allá de la fe, estos lugares sirven de pretexto para establecer vínculos de apoyo y son un espacio seguro. O lo eran hasta ahora, ya que esta semana se han convertido en espacios susceptibles de ser blanco de redadas. “Me parece muy feo que permitan hacer redadas en las iglesias. Es una falta de respeto”, dice Miguel, quien no está tan tranquilo como Luis. “Claro que me preocupa la migra”, agrega.

Miguel es hondureño y, desde el lunes, cuando Trump tomó posesión, no puede despegarse del móvil. “A cada titular es peor. Ahora incluso no van a reconocer a los bebés que nazcan aquí a partir del 19 febrero. Imagínate todas esas mujeres embarazadas”. A él nunca lo han deportado antes: “No sé qué haré si me encuentran, la verdad. Pero le rezo cada día a dios para que eso no pase”. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado en México, ofrece 35.000 empleos a los mexicanos deportados por el nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, informó este jueves la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Están ofreciendo cerca de 35.000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención”, reveló la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana adelantó que estas vacantes estarían concentradas en los sectores de servicios y manufacturas, además de otros.

El anuncio ocurre días después de presentarse 'México te abraza', una estrategia con la que el Gobierno pretende reintegrar a los mexicanos deportados por Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo de traslado por el país y la 'Tarjeta Paisano Bienestar' con 2.000 pesos (unos 97,6 dólares).

En el país preocupan las deportaciones masivas porque cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos y sus remesas representan el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México y habrían alcanzado un récord estimado de 65.000 millones de dólares en 2024.

En la conferencia de Sheinbaum, el centro de investigación Latino Donor Collaborative (LDC), con sede en Los Ángeles, presentó un estudio que afirma que el valor de la economía de los mexicanos en Estados Unidos, migrantes o nacidos ahí, asciende a 2,06 billones de dólares, cerca del 10 % del PIB estadounidense.

EFE.

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