El argentino Carlos Pablo Escontrela quedó procesado por los delitos de asociación ilícita, depredación de la fauna silvestre, provisión ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y maltrato animal, informaron a Mongabay Latam fuentes directas con acceso al expediente. El empresario es uno de los siete acusados de integrar una presunta red de caza ilegal de animales silvestres en Argentina, que podría ser el mayor caso de tráfico de fauna en la historia del país, conocido como Caza & Safari.

Mientras era investigado, Escontrela intentó salir de Argentina en enero de 2025, a pesar de que tiene prohibición de abandonar el país, según denunció la fiscalía a cargo de Sergio Mola, quien solicitó al juez federal Ernesto Kreplak que el empresario sea detenido. En febrero el magistrado a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora número 2 decretó el procesamiento del reconocido empresario de Santiago del Estero pero sin prisión preventiva.

El caso salió a la luz en agosto de 2024, cuando después de meses de investigaciones se realizaron una serie de allanamientos en contra de siete personas implicadas en la cacería de especies protegidas. Las autoridades encontraron 8.000 partes de animales preservadas, partes frescas de especies cuya caza está prohibida y hasta un puma y cinco pecaríes vivos.

Jorge Noya, un reconocido cazador a escala global, sería la cabeza de las operaciones. El también veterinario es propietario del coto de caza El Pantanal, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires.

También son imputados dos cazadores, un taxidermista, una persona que manejaba las redes sociales para captar clientes, principalmente extranjeros, y una persona que se encargaba del traslado de partes de animales.

Nuevos cargos contra Escontrela

El séptimo imputado es Escontrela, quien era socio de Noya en la firma de cacería Los Moros SRL, con la que se habría buscado dar una apariencia de licitud a las actividades, según la fiscalía. Además, Escontrela es propietario de los otros dos campos que se promocionaban en el website de Caza & Safari: Guampacha y Santo Domingo, en la provincia de Santiago del Estero, que se ubica en la región del Gran Chaco sudamericano.

En febrero de 2025, durante el procesamiento de Escontrela, la fiscalía presentó nuevas pruebas que contribuyen a corroborar en mayor grado las acusaciones contra los empresarios y cazadores. En esta fase se agregaron acusaciones contra Escontrela por maltrato animal y tenencia ilegal de armas de guerra.

Estos hechos incrementarían el riesgo de fuga del empresario, según la fiscalía. Por eso se esperaba que no se dé continuidad a la exención de prisión, que fue otorgada en diciembre de 2024 cuando Escontrela, que estaba prófugo, se presentó ante la Justicia para dar su declaración.

La fiscalía interpuso un recurso de apelación a la decisión del juzgado, solicitando que se disponga la prisión preventiva de Escontrela y de uno de los cazadores, quien también estuvo prófugo hasta diciembre de 2024.

Intentos de salir del país

Mongabay Latam accedió a documentación que señala que hay varios hechos que alertan sobre el riesgo de fuga de Escontrela. En diciembre de 2024, la Justicia le ordenó no abandonar el país ni ausentarse a más de 200 kilómetros del domicilio fijado, como parte de las medidas cautelares interpuestas en su contra, pero hubo incumplimiento en varias ocasiones.

Escontrela solicitó una autorización para salir del país hacia Estados Unidos y el juzgado autorizó que se realice el viaje entre el 3 y el 20 de enero de 2025. Además, ordenó que el imputado se presente en el tribunal hasta 48 horas después del regreso al país.

La fiscalía, sin embargo, comprobó que no se concretó el viaje. Lo que sí sucedió es que la noche del 8 de enero de 2025, el empresario santiagueño quiso cruzar el Puente Internacional Tancredo Neves, en la ciudad Puerto Iguazú, hacia Brasil.

Ante la consulta de Mongabay Latam, Diego Lindow, el abogado defensor de Escontrela, negó que su cliente haya intentado escapar del país y sostuvo que todo fue regular y controlado por la Justicia.

Sin embargo, el intento de salir del país por una vía diferente a la informada al juez fue impedido por las autoridades de control. Escontrela estaba a bordo de uno de los vehículos que la Justicia ordenó incautar como parte de la causa. El auto fue decomisado días después.

En la investigación realizada por Mongabay Latam se encontró que el imputado y su abogado explicaron que cometieron un error porque no interpretaron debidamente la obligación de no salir del país. En otras dos ocasiones, Escontrela incumplió con la orden de no alejarse de su domicilio. Estas explicaciones, afirma el fiscal Mola, mostrarían las intenciones del acusado de evadir el proceso y de sacar del país el vehículo solicitado por la Justicia y que hasta el momento permanecía oculto.

Otros 11 vehículos vinculados a Escontrela y 2 vehículos vinculados al sexto imputado, un cazador, están sujetos a decomiso porque habrían sido obtenidos con las ganancias del negocio ilícito, pero las autoridades no han podido dar con ellos. Esto sucede a pesar de que ambos acusados conocen las medidas cautelares impuestas, resaltó la fiscalía ante el juez.

Especies capturadas para ser cazadas

En los allanamientos realizados en agosto, la Justicia encontró en el campo de Guampacha a un cachorro de puma (Puma concolor) encerrado en un barril con restos de combustible y sin acceso a agua ni comida. El espacio era tan pequeño que impedía su movilidad. También encontró a cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un corral, con poco espacio, sin agua ni comida. La cacería de ambas especies está prohibida.

En una entrega anterior, Lindow dijo que el puma cayó en una trampa puesta por los campesinos del sector para evitar que los felinos ataquen a las cabras. Mongabay Latam accedió a documentos que revelan que en su declaración, Escontrela habría ofrecido aportar con los datos del vecino que atrapó al puma, pero no lo hizo.

De acuerdo con el abogado, un trabajador del campo se habría hecho cargo de curar al cachorro para después liberarlo. Sobre los pecaríes, el abogado dijo a Mongabay Latam que es una infracción a la ley de fauna provincial, por la que Escontrela ya habría sido multado.

Información reciente señala que funcionarios provinciales no encontraron heridas visibles, cicatrices o curaciones ni en el puma ni en los pecaríes, desmintiendo las aseveraciones del imputado y de su defensa. La evaluación determinó que los animales estaban aptos para volver a su medio natural, por lo que fueron liberados el mismo día del allanamiento en la reserva Las Sierras de Guasayán.

Se cree que los animales eran retenidos con el objetivo de soltarlos para que sean cazados por los clientes de Escontrela.

Nuevas pruebas de cacería de especies protegidas

Las autoridades hallaron un puma congelado en el coto de caza Santo Domingo. En la declaración, el empresario dijo que se trataba de un depósito judicial de un caso anterior. No obstante, la fiscalía determinó que el cuerpo del felino no tenía ninguna señal que lo identificara como tal.

En el mismo congelador, las autoridades encontraron ejemplares de otras especies autóctonas que tienen prohibición de caza: tatú mulitas (Dasypus septemcinctus), corzuela (Mazama gouazoubira) y pato colorado (Netta rufina). La información apunta a que estas y otras especies, algunas de ellas taxidermizadas, pudieron obtenerse por medio de la cacería ilegal.

La investigación de Mongabay Latam también encontró otras contradicciones en el testimonio de Escontrela. El acusado dijo que en Santiago del Estero estaba permitido cazar un pecarí labiado (Tayassu pecari) por cazador hasta 2019 y un puma por cazador hasta 2021.

Documentos entregados a las autoridades por la defensa revelaron que en una resolución de la Dirección de Fauna y Bosques de la provincia no se incluía al pecarí labiado entre las especies permitidas para la caza, mientras que la cacería del puma se permitía solo para casos de daños a la actividad ganadera, tras presentar una denuncia que respalde los hechos.

Irregularidades en los cotos de Santiago del Estero

Una nueva contradicción surgió en cuanto al funcionamiento de los cotos Guampacha y Santo Domingo. La defensa aseguró que en 2017 se disolvió la sociedad que Escontrela y Noya mantenían bajo la firma Los Moros SRL. También afirmó que después de eso el empresario santiagueño dejó de ofrecer el servicio de cacería.

Contrario a esas aseveraciones, en su testimonio, Escontrela reconoció que los dos campos de su propiedad continuaron funcionando hasta junio de 2024. La defensa, adicionalmente, entregó documentación que indica que la firma los Moros SRL se inscribió y renovó en 2019 y 2023. Asimismo, entregó los permisos de los cazadores que pasaron por las propiedades del defendido, con fechas de 2018, 2019, 2022 y 2023.

Durante la investigación, las autoridades corroboraron que el campo de caza Santo Domingo nunca estuvo habilitado para las actividades cinegéticas. El coto de caza Guampacha, por otro lado, obtuvo la habilitación para 2019 y 2023, pero no para 2024.

Los espacios para almacenar las armas de fuego estaban en situación similar: no se presentó documentación que demuestre que el de Santo Domingo estaba habilitado, mientras que el de Guampacha lo estaba desde 2022. En Santo Domingo, además, se incautó un arma semiautomática que no estaba registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Escontrela conserva en su poder 26 armas de fuego registradas a su nombre a pesar de que su permiso de Legítimo Usuario de armas de fuego está vencido desde junio de 2024. Asimismo, el cazador que estaba prófugo tiene vencido su permiso desde 2017, pero continuó cazando hasta la fecha de los allanamientos y todavía mantiene en su poder cinco armas de fuego registradas a su nombre.

La fiscalía recabó información que señala que al menos cuatro extranjeros que habrían cazado en los cotos del imputado no entraron con armas al país, pues no constan registros de sus solicitudes ni obtuvieron el permiso para el uso de armas. Por eso se infiere que la única forma en la que pudieron concretar la cacería fue a través de la provisión ilegal de armas por parte del empresario santiagueño.

Irregularidades en El Pantanal

Este campo de caza, propiedad de Noya, es el único que contaba con las autorizaciones para su funcionamiento. Tras allanar el lugar se contabilizaron 140 cueros de animales sin tratamiento. Algunos, de capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), estaban frescos, con restos de carne y grasa. En Buenos Aires y en Santiago del Estero está prohibida la caza de este gran roedor.

Las autoridades también incautaron un fusil de repetición calibre 375 con la numeración limada y regrabada, una carabina de aire comprimido para dardos tranquilizantes y dos armas con silenciadores incorporados. Tanto el uso de armas de aire comprimido como el de silenciadores está prohibido.

El hallazgo ayuda a comprobar el contenido de imágenes publicadas en el foro Africa Hunting, en donde se ve a un cazador portando un arma con silenciador junto a los cuerpos sin vida de un ciervo y un antílope. Las fotos habrían sido tomadas en Dolores, en marzo de 2024.

Las autoridades continúan investigando este caso, que involucra miles de objetos incautados y pruebas documentales que están ayudando a corroborar los delitos de los que se acusa a los siete implicados.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 10 de abril de 2025.

ED

Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.

“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.

En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.

Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita

La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.

En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.

“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.

También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.

Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.

La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina

El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.

Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.

La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.

Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.

Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.

Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.

Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna

Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.

“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.

Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.

La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.

Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.

Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional

En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.

Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.

Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.

“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.

El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso

Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.

Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.

Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.

Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.

El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.

“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.

Nota: Tras la publicación de esta nota, el jueves 23 de enero de 2025 en Mongabay Latam, Caza & Safari quitó de la web las fotografías en donde se veía la caza de especies prohibidas.

ED/MC