El fiscal federal Carlos Rívolo pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene una segunda pericia sobre el teléfono celular del diputado del PRO Gerardo Milman en la causa que investiga el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rívolo recibió el informe del primer peritaje que ordenó la magistrada, pero advirtió que “resulta a todas luces insuficiente” y por ello reclama habilitar la feria judicial que se inicia la semana próxima para efectuar un segundo estudio, informaron fuentes judiciales.

Este nuevo peritaje debería realizarse “en forma manual, con el objeto de examinar cada una de las comunicaciones y demás registros obtenidos mediante la extracción forense, en el período indicado por el Tribunal Superior, que hubiere mantenido el nombrado vía aplicaciones de mensajería, redes sociales y/o correos electrónicos, a los fines de verificar o descartar fehacientemente aquéllos extremos”, detalló el fiscal en su planteo.

El primer estudio se hizo mediante compulsa de palabras clave como “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, “matar”, “maten”, “costa”, “Cristina”, “Kirchner”, “atentado”, “Brenda Uliarte”, “Sabag Montiel”, “Fernando”, “Fernando Sabag Montiel”, “Carrizo”, “Juncal”, “Juncal y Rodríguez Peña”, “Rodríguez Peña”, “Recoleta”, “corchazo”, “arma”, “magnicidio”, “asesinar”, “Pinamar”, “vicepresidenta”, “vicepresidente”, “Nando”, “copitos”, “homicidio”, “kristina”, “krysti”.

“A mi criterio, el método escogido resulta a todas luces insuficiente para realizar esa tarea, por cuanto es innumerable el uso de vocablos que podrían utilizarse para referirse a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el nombrado en el restaurante Casablanca”, agregó la fiscalía.

Rívolo se refirió a la frase “cuando la maten yo estoy camino a la Costa” que Abello atribuyó haber escuchado decir a Milman en ese lugar dos días antes del intento fallido de asesinato de la entonces vicepresidenta, el 1° de septiembre de 2022.

Además y ante la “gravedad institucional de los eventos” que se investigan, pidió que se habilite la feria judicial de julio para avanzar con el análisis.

Con información de la agencia NA

La justicia resolvio abrir la feria judicial para tratar la situacion del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, luego de que el Gobierno nacioal decidiera la intervencion del centro de salud. La intervencion judicial se produce a partir de una presentacion del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que sostienen “que después de los últimos 200 despidos están en grave riesgo la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento de todo el hospital”.

Luego de que el pasado 16 de enero, el Ministerio de Salud comunicó los despidos a los trabajadores, el Cels presentó “una medida cautelar que impida al Estado reducir el personal de los diferentes equipos interdisciplinarios”.

 En un comunicado, el Ministerio había argumentado que la medida tenía como objetivo “garantizar su funcionamiento regular y asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”.  Y defendió la intervención afirmando que la medida “forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de los recursos en el sistema de salud y corregir irregularidades detectadas en la institución”.

Lo mismo aseguro el nuevo interventor, el neurocirujano Mariano Pirozzo, en una reunión que tuvo la semana pasada con varios jefes del Hospital, a los que les dijo que su misión allí era volver al hospital “rentable”, tal como informó elDiarioAR. Pirozzo ya estuvo a cargo de la intervencion de otro hospital, el Baldomero Sommer, en donde se despidieron a más de 120 empleados.

En la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el Cels explico que “la situación crítica” que atraviesan los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia. “Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”, señaló el centro.

El año pasado, el Gobierno ya había intentado el cierre del Hospital pero tuvo que dar marcha atrás a causa de la presión de los trabajadores y pacientes. Según el Cels, durante 2024, más de 100.000 consultas se atendieron en el centro de salud de manera ambulatoria. Cada mes, 1.500 pacientes acuden a sus consultas farmacológicas, a los que se suman 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También se atendieron 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias. “Entre todas las personas usuarias hay niños, niñas y adolescentes que requieren atención de salud mental. El Bonaparte es el único hospital de esa especialidad en el AMBA”, detalló el Cels.

Además de la presentacion judicial, el Cels pidió la intervención a la CIDH y al Alto Comisionado y la Relatora de Salud de Naciones Unidas.