El Instituto Nacional del Agua (INA) está descentralizado en cinco sedes a lo largo y ancho del país en las que trabajan poco menos de 300 personas. El rol que ocupa es clave en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos relacionados con el agua. Entre sus actividades más destacadas se encuentran el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, el diseño de grandes obras hidráulicas como las centrales hidroeléctricas nacionales e internacionales, la investigación de enfermedades vinculadas con el agua y la resolución de conflictos legales por contaminación. Pero el INA podría ser reemplazado por una empresa privada y su personal reducido a sólo 50 personas, según denuncian los trabajadores.

En un comunicado de prensa, los empleados del INA señalaron que el histórico instituto “enfrenta un futuro incierto tras una decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que amenaza con disolver este organismo, de más de cinco décadas de trayectoria”.

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley de Bases N°27.742 ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, los trabajadores entienden que el ajuste presupuestario y los despidos pueden ser una forma de sortear el impedimento y dejar al INA sin cumplir los objetivos para los que fue creado. 

Según Melina Devercelli, directora del Centro Regional Litoral del INA, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “solicitó la disolución del INA, alegando que sus funciones podrían ser cubiertas por una empresa privada. Frente a la excepción de cierre por la propia Ley de Bases, se está pidiendo la elaboración de un plan de negocios autosustentable de dos de los laboratorios del Polo Hídrico de Ezeiza, equivalentes a una privatización, y el cierre de Centros Regionales”.  La científica advirtió, además, que se busca llevar al INA a un mínimo de 50 trabajadores.

En el comunicado de prensa, se destaca que “se ha solicitado al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Andrés Rodríguez, comenzar con el achicamiento de la institución”. Rodríguez, a su vez, está a cargo del despacho de presidencia del Instituto, ya que el Gobierno no designó a una persona para el cargo, al igual que el gerente de proyectos, siendo estas dos las principales autoridades.

elDiarioAR intentó contactarse con Andrés Rodríguez en reiteradas ocasiones para consultar por el estado de situación del organismo, pero hasta el momento, no ha recibido respuestas.

Leandro Kazimierski, delegado gremial de ATE y jefe del programa de hidráulica fluvial del laboratorio de hidráulica de Ezeiza relató a este medio que la Ley de Bases sólo protege al instituto del cierre. Pero aclaró: “uno puede dejar dos personas, o lo mínimo indispensable y el resto, disponer de ello. Entonces, cerrar un organismo, como está pasando hoy, es matarlo de inanición: es no pagar los servicios, no pagar luz, gas, agua, internet, no pagar mantenimiento, no pagar distintos proveedores que uno tiene para el quehacer diario. Si no se paga eso, al INA lo van matando lentamente.

El ajuste se da en un contexto de avanzada contra los organismos de Ciencia y Tecnología, donde muchos de ellos, como la Agencia que financia al sistema científico argentino, dejó de pagar los proyectos de investigación, aún cuando sus fondos provenían de préstamos de organismos multilaterales. Recién el pasado 23 de enero, luego de cinco meses de demora, se dio aviso de la aprobación de fondos para pagar parte de la deuda de los servicios que no se abonaban desde agosto, incluso con amenazas de corte y otros servicios que ya se habían facturado.

Una infraestructura única

El INA, como institución de ciencia y tecnología, cumple un rol que va más allá de las capacidades del sector privado. La institución cuenta con una infraestructura única, y un equipo interdisciplinario de expertos dedicado a la investigación y búsqueda de soluciones para problemas hídricos.

“Tenemos infraestructura que es única en Latinoamérica para estudiar este tipo de problemas, para hacer modelos físicos a escala, tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos: estamos bien equipados”, afirmó Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica de Ezeiza. 

Además de su infraestructura, el INA desarrolla investigaciones que van en beneficio de la sociedad: ofrece servicios de alta especialización y capacita recursos humanos en torno a la gestión del agua. A diferencia del sector privado, el INA no persigue fines de lucro, lo que garantiza la independencia de criterio y el compromiso con la comunidad.

Re destaca “el compromiso que tiene una institución como el INA es la del bienestar colectivo, fuera de intereses parciales y lucrativos”. El INA también participa en peritajes, ofrece consultas a nivel nacional e internacional y forma parte de organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), funciones que difícilmente podrían ser asumidas por una empresa privada.

Una de las características más importantes del INA es su estructura descentralizada en distintas zonas geográficas del país en la que se crearon los Centros Regionales: Litoral, en Santa Fe; Andino, en Mendoza; Región Semiárida, en Córdoba; Aguas Subterráneas, en San Juan y los tres laboratorios del predio de Ezeiza. 

Es por eso que la institución puede abordar problemáticas hídricas que trascienden las fronteras provinciales, como el manejo de cuencas hidrográficas compartidas o la gestión de recursos hídricos. Sin embargo, la idea de cerrar los centros regionales, atenta contra el carácter independiente en temas nacionales y una mirada integral del recurso hídrico.

Leandro Kazimierski ejemplificó lo que pasaría si se provincializara un centro regional como el de San Juan: “con el tema minería, como los sueldos son de las provincias, uno podría encontrar ciertas incompatibilidades, porque se estarían auditando a sí mismos. Hay que verlo caso por caso”, y agregó: “un organismo nacional tiene una visión federal e integral del todo”. 

Motosierra o bisturí

Si bien, las reuniones con el Ministerio de Desregulación con trabajadores y directivos se han dado en el ámbito privado, los trabajadores del INA destacan que el representante del Ministerio de Desregulación que encabeza las negociaciones y comunicaciones oficiales es Alejandro Tamer, cofundador de Despegar.com y actual subsecretario de Reforma Estatal de la Secretaría de Transformación del estado.

Una fuente allegada al organismo, confirmó a elDiarioAR que el 28 de noviembre pasado, agentes de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el predio de Ezeiza del instituto para analizar y tasar al menos las 15 hectáreas que colindan con el Estadio de River. Asimismo, diversas fuentes allegadas a la sede, confirmaron la presencia del organismo.

elDiarioAR se contactó con el Ministerio de Desregulación del Estado para obtener una respuesta sobre la situación del INA, pero desde el organismo negaron que el instituto estuviera dentro de los temas de trabajo. Este medio también contactó a Alejandro Tamer, para consultarle sobre la posible disolución del INA, pero el funcionario respondió: “Yo no doy notas a nadie de ningún tema”.

Asimismo, el 22 de enero, los trabajadores del predio de Ezeiza recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Economía. El Secretario de Obras públicas, Luis Giovine y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Felipe Berón recorrieron las instalaciones. Según relató Leandro Kazimierski, el mensaje que quedó después del recorrido fue que desde el Ministerio de Sturzenegger la motosierra es completa, mientras que los representantes del Ministerio de Economía describieron el ajuste como un “bisturí”.

Además, este medio pudo conocer que los trabajadores del INA alertaron a los empresarios, consultores y Pymes del ámbito privado sobre los recortes anunciados y éstos pidieron una reunión con Alejandro Tamer para explicarle la importancia del instituto para realizar sus propias actividades dentro del sector productivo.  

Para el 2025, el instituto, tiene un presupuesto de $8.357 millones proveniente del financiamiento del Tesoro Nacional. En el mismo presupuesto se detallan, también, los proyectos a desarrollar por el instituto durante este año. “Es un presupuesto que, comparándolo en dólares, desde los últimos 15 años se redujo a la mitad”, aportó Mariano Re.

Pese a su gran aporte, el INA tiene un presupuesto relativamente modesto. La mayoría de sus fondos se destinan al pago de salarios, y el resto se utiliza para el mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. El valor que el INA aporta al Estado y a la sociedad, en términos de prevención de desastres, gestión de recursos hídricos y apoyo al sector productivo, supera con creces el costo de mantener la institución funcionando.

Desde el conurbano al Canal de Panamá

La disolución o el desmantelamiento del INA tendría graves consecuencias para la sociedad y la economía. La institución cumple un rol fundamental en la prevención y mitigación de desastres hidrológicos, como inundaciones y sequías. Su sistema de alerta hidrológico, por ejemplo, permite pronosticar el comportamiento de los ríos y alertar a la población en riesgo.

“Estamos trabajando en un sistema de alerta para inundaciones junto con el servicio meteorológico nacional en el conurbano sur, pensando en cómo le llega a la población inundable a su teléfono celular la información de que se puede llegar a inundar. Es un hecho concreto e impacta sobre cientos de miles de personas en el conurbano sur”, comentó Mariano Re a este medio.

Además, el INA genera información hidrológica clave para la producción agropecuaria, la industria y el sector energético. Su labor permite optimizar obras de infraestructura hídrica, reducir costos y prevenir pérdidas económicas. 

Melina Devercelli destacó que la disolución del INA significaría la pérdida de personas expertas que trabajan interdisciplinariamente en temas del agua: “los problemas del agua necesitan ser abordados desde distintas miradas y en conjunto: una mirada ambiental, social y productiva conjunta” y agregó: “Sería una pérdida de este equipo de expertos que además ha llevado mucho tiempo en que se especializaran para poder abordar esas problemáticas”. 

En la misma línea, Mariano Re, habló de la pérdida que significaría desmantelar el organismo: “la gran pérdida acá es una acumulación de 50 años de conocimiento en temáticas muy específicas asociadas a lo energético, porque siempre hemos tenido fuerte incidencia en las grandes obras hidráulicas: las presas Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y otros problemas asociados al agua en centrales térmicas o hasta nucleares”. 

El Instituto participó en el diseño de esclusas para el Canal de Panamá, un proyecto de gran dimensión que requirió de mano de obra altamente especializada. La incidencia del INA también abarca a las distintas zonas del país, interviniendo en actividades económicas como la minería, la agricultura, la vitivinicultura, y lo agroalimentario.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores del INA se encuentran en estado de alerta y están organizándose para defender la institución. Han generado propuestas de mejora del funcionamiento sin perder su esencia. Sin embargo, la postura del Ministerio de Desregulación parece inflexible, lo que hace aún más incierto el futuro del INA.

“Desde el INA se han generado propuestas de optimización y de adecuación frente a las nuevas políticas y que de alguna manera pretenden mejorar el funcionamiento de la institución sin perder de vista esta premisa y este principio: que como institución de ciencia y tecnología nuestra función es trabajar para generar propuestas frente a las problemáticas del agua, mejorar la calidad de vida y también preservar la vida de las personas”, sostuvo Devercelli.

elDiarioAR intentó obtener respuestas acerca de la situación del instituto de parte del Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas. 

LG/MG