En un momento en que los países más ricos del mundo están aplicando los mayores recortes de la historia a la ayuda oficial al desarrollo, cuando Donald Trump suspendió de manera tajante la financiación de su agencia USAID, los líderes mundiales se reúnen esta semana en Sevilla para buscar respuestas a una pregunta clave: ¿Cómo financiar las políticas globales de desarrollo sostenible? ¿cómo garantizar la ayuda de la que dependen cientos de miles de personas en un contexto de complejas crisis humanitarias? ¿es posible un nuevo sistema financiero mundial que tenga en cuenta a los países del sur?

El programa oficial de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo (FFD4), organizada por la ONU se celebra desde este lunes hasta el próximo 3 de julio en Sevilla. En plena ola de recortes de la ayuda oficial y con una crisis de deuda que asfixia a decenas de países del Sur Global, gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones sociales se reúnen en la ciudad andaluza para intentar relanzar los compromisos internacionales de financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a solo cinco años de la finalización del plazo en 2030.

La cumbre, marcada por fuertes tensiones entre países del Norte y del Sur, parte de una declaración ya cerrada, negociada en varias sesiones previas. Aunque el llamado “Compromiso de Sevilla” reconoce problemas urgentes —como la falta de justicia fiscal o la presión de la deuda—, ha decepcionado a la sociedad civil y a algunas delegaciones de los países del Sur, ante la falta de soluciones concretas y reformas estructurales.

Recortes

El encuentro se produce en un marco de recortes generalizados en los fondos destinados a la cooperación al desarrollo. Según la OCDE, la ayuda oficial para el desarrollo descendió un 9 % en 2024 a nivel global, mientras que durante el 2025 se espera que la caída alcance el 17 %. En los últimos días, los gobiernos de Reino Unido, Bélgica y Francia han anunciado recortes drásticos de sus presupuestos de cooperación internacional, después de la tendencia iniciada por gobiernos como el de Suiza, Suecia y el de Países Bajos, que han sido grandes donantes tradicionales, alertan desde Oxfam Intermón.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció una tajante medida que hace tambalear las bases de las políticas globales de ayuda al desarrollo: la congelación casi total de su ayuda externa, lo que se estima que tendrá un impacto directo en salud global. Pero no solo es cosa de Trump y la suspensión de los programas de USAID. Reino Unido, por ejemplo, ha anunciado una rebaja de su aportación del 0,5 % al 0,3 % del PIB para 2027. Save the Children ha alertado de que este recorte puede tener efectos “devastadores” sobre 60 millones de personas vulnerables.

En contraste con la mayoría de países donantes, España mantiene e incluso aumenta su compromiso, dado que no ha anunciado recortes durante este 2025. No obstante, España está muy lejos del objetivo acordado del 0,7 % del PIB para 2030, y se sitúa por debajo de la media OCDE del 0,33 % .

Las posibles consecuencias de los recortes alarman a ONG y organismos internacionales especializados en desarrollo. Oxfam Intermón alerta de que estas decisiones políticas ya están costando “cientos de miles de vidas humanas que dependen directa e inmediatamente de la distribución de alimentos, medicamentos, vacunas y otros bienes indispensables en contextos de emergencia humanitaria”.

Crisis de deuda

La crisis de deuda será uno de los asuntos que mayores tensiones generará en la conferencia. Desde el arranque de las negociaciones, los países del Sur Global, respaldados por organismos como la UNCTAD y el PNUD, reclamaron medidas concretas y urgentes ante una situación que califican de “insostenible”. “Ya no hablamos de riesgo, sino de colapso”, advirtió Rebeca Grynspan, secretaria general de Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD) durante la presentación de un informe que revela que dos de cada tres países en desarrollo están en riesgo de sobreendeudamiento, con una deuda externa conjunta que ya supera los 11,4 billones de dólares.

Según explica la Coordinadora de ONGD, en los borradores iniciales de la declaración figuraba como primer punto una propuesta de moratoria automática de pagos cuando un país entre en crisis, junto a la creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de deuda bajo supervisión de Naciones Unidas.

Sin embargo, el resultado final del llamado “Compromiso de Sevilla” ha decepcionado a los países del Sur, especialmente al grupo africano que empuja desde hace años la revisión de las bases de la deuda para conseguir condiciones más justas. El documento, pactado tras intensos tiras y aflojas con grandes acreedores como el G7, se limita a sugerir la posibilidad de suspender pagos en situaciones excepcionales y promueve instrumentos voluntarios como los bonos ligados al clima. Desapareció cualquier referencia a obligaciones para acreedores privados o a una arquitectura multilateral de reestructuración.

“A pesar de que las negociaciones del documento empezaron con un lenguaje ambicioso sobre la reforma de la arquitectura de deuda, de cooperación internacional, de fiscalidad, este lenguaje se ha visto significativamente debilitado”, cuestiona Iolanda Fresnillo, investigadora de Eurodad. “El documento final dista mucho desde el punto de vista de la sociedad civil de lo que nosotros pensamos que el mundo necesita con urgencia a nivel de reforma de arquitectura financiera internacional”, añade.

Mientras, la crisis de deuda tiene un efecto directo en el terreno. Según datos del PNUD, en 2024 más de 50 países en vías de desarrollo dedicaron más fondos al pago de intereses que al conjunto de sus presupuestos en servicios públicos como sanidad educación. “Sin una solución sistémica, el endeudamiento se convertirá en una trampa perpetua que condena a generaciones enteras”, ha declarado el secretario general de la ONU, António Guterres.

“A pesar de los enérgicos llamamientos de la sociedad civil y de muchos países del Sur global a favor de un proceso intergubernamental significativo hacia una Convención de la ONU sobre la Deuda, el texto final conserva el proceso intergubernamental, pero lo despoja de ambición. Lo que queda es una vaga promesa de compromiso con los acreedores”, critican desde el colectivo de ONG.

Fiscalidad internacional

Las voces que exigen una reforma de la fiscalidad internacional han ido ganando protagonismo en la agenda política tras años de bloqueo en foros dominados por los países más ricos. Durante la Conferencia de Sevilla la conversación partirá de una demanda histórica del Sur Global: poner fin a un sistema que, según Naciones Unidas, permite que se pierdan cientos de millones de dólares al año en ingresos fiscales debido a prácticas de evasión y elusión fiscal por parte de grandes corporaciones, a menudo canalizadas a través de paraísos fiscales. Tras décadas bajo la órbita de la OCDE, donde no todos los países tienen voz equitativa dado que el peso del Norte es muy superior, en 2023 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para iniciar negociaciones hacia una convención marco sobre cooperación fiscal internacional, marcando un giro institucional sin precedentes.

En las negociaciones previas a la conferencia lideradas por países africanos, latinoamericanos y varios del Sudeste Asiático, exigían un respaldo claro a este proceso bajo el auspicio de la ONU -y no de la OCDE-. Finalmente, el Compromiso de Sevilla reconoce por primera vez el papel del nuevo comité fiscal intergubernamental de la ONU y respalda la apertura de negociaciones hacia una convención global, aunque sin calendario ni obligaciones concretas.

Según Oxfam Intermón, se trata de un paso “simbólicamente importante”, pero insuficiente. La reforma fiscal es clave, dicen, para cerrar la brecha de financiación de los ODS, estimada en más de 4 billones de dólares al año, y para garantizar que las grandes tecnológicas y multinacionales tributen donde generan valor, no donde mueven sus sedes legales.

Claroscuros de la financiación privada

El rol del sector privado en la financiación para el desarrollo es otro de los puntos más controvertidos del debate, que generará divisiones en la Conferencia de Sevilla. En la anterior cumbre de financiación de Adis Adeba, celebrada en 2015, los países del Norte colocaron la inversión privada como un pilar central para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, los países ricos—especialmente la Unión Europea, EEUU y Reino Unido— han defendido que la movilización de capital privado es indispensable ante la falta de recursos públicos.

En el “Compromiso de Sevilla”, se replicará esa visión, frente a la posición crítica de la sociedad civil. Delegaciones del G7 y de las principales instituciones financieras multilaterales —como el Banco Mundial y la OCDE— han impulsado lenguajes en el compromiso final que refuerzan los partenariados público-privados (PPP), y las garantías públicas para atraer inversores a infraestructuras verdes y digitales en países en desarrollo. Los datos no dicen lo mismo sobre los resultados de un mayor peso del sector privado en las políticas de desarrollo.

Según los números de la OCDE, por cada dólar de fondos públicos movilizado, apenas se atraen 0,37 dólares privados efectivos, muy por debajo de las promesas iniciales. Para la sociedad civil, el protagonismo de las empresas en las políticas de cooperación internacional choca con los principios básicos de la ayuda al desarrollo.

Plataformas como Eurodad, Oxfam Intermón o la Coordinadora de ONGD Española han alertado de que buena parte de estos fondos privados priorizan la rentabilidad sobre el impacto social o ambiental, y excluyen a los países más pobres o a los sectores más vulnerables. “No es financiación para el desarrollo, es financiación para los mercados”, denunció Jean Saldanha, directora de Eurodad. Según un informe reciente de Oxfam Intermón, el 70% de los fondos privados movilizados para este fin en 2018 y 2022 se acabó destinando a países de renta media, y apenas el 5 % llegó a países más empobrecidos. Aunque el compromiso de Sevilla incluye una cláusula sobre la “rendición de cuentas” de estos fondos, para muchas ONG se trata de papel mojado ante la falta de mecanismos claros de control ni transparencia.

Superar el “salvador blanco”

Dicen que tras las crisis llegan los cambios profundos. Cómo telón de fonos de los paneles de la Conferencia de Sevilla, uno de los debates con mayor poso gira en torno a la necesidad de replantear el modelo tradicional de ayuda al desarrollo, que durante décadas ha funcionado mayoritariamente como un flujo unidireccional de recursos del Norte hacia el Sur. La congelación de los fondos de la USAID ha puesto en evidencia ese patrón, basado en la idea del “salvador blanco”. Varios países del Sur, junto con representantes de Naciones Unidas y expertos en desarrollo, coinciden en que este enfoque paternalista ya no es viable ni efectivo. “La ayuda no debe ser un acto de caridad ni un cheque en blanco, sino un compromiso basado en la corresponsabilidad y el liderazgo local”, afirmó Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la ONU.

“Esta crisis de desarrollo es una oportunidad histórica para transformar las relaciones globales y dejar atrás modelos de dependencia. Necesitamos una cooperación horizontal, que respete la soberanía y fomente alianzas entre países y regiones del Sur”, reflexionó Mariana Díaz, coordinadora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los empleados de seguridad de USAid estaban enfrentándose a los trabajadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk (DOGE, por sus siglas en inglés). Trataban de impedirles el acceso a una sala de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional con información reservada y confidencial cuando llegó un mensaje directo de Musk: den a los chicos del DOGE lo que pidan.

Tras la investidura de Donald Trump en enero, un grupo de jóvenes ingenieros a las órdenes de Musk irrumpió en Washington DC obteniendo acceso a los sistemas informáticos del Gobierno. En palabras del senador por el Partido Demócrata Chuck Schumer, “un gobierno no electo y en la sombra que está desplegando una toma hostil del Gobierno federal”.

'Muskovitas'

Todos menores de 26 años y prácticamente sin experiencia en la Administración, los jóvenes accedieron al sistema de pagos federales del Departamento del Tesoro y se hicieron con los expedientes de empleados en poder de la Agencia de Gestión de Personal. 

Paralelamente, una jueza federal de Washington también frenó el intento de Musk y su equipo de acceder a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro, informa Antònia Crespí Ferrer. Este jueves la jueza Colleen Kollar-Kotelly dictó una resolución que limita cautelarmente el acceso del DOGE al sistema de pagos del Tesoro. Musk había tenido acceso al sistema este fin de semana, hecho que hizo saltar todas las alarmas. A pesar de llamarse Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE no es un departamento real –en EEUU los ministerios se llaman Departamentos–, sino un grupo de trabajo, y no tiene ningún tipo de autoridad para acceder a este tipo de información. Esta es una de las razones por las que la jueza anunció la medida cautelar.

La unidad a la que había tenido acceso el DOGE era la Oficina del Servicio Fiscal, que distribuye billones en pagos cada año, incluidos los cheques de la Seguridad Social y los salarios federales. La preocupación era que Musk y su equipo ahora tenían acceso a una ingente cantidad de información financiera sobre un gran número de contribuyentes estadounidenses. Por ejemplo, Musk tenía acceso al número de la Seguridad Social de miles de ciudadanos, el cual se utiliza para hacer las declaraciones de impuestos, conseguir un empleo y recibir ayudas gubernamentales. Uno de los temores era que pudiera bloquear el pago de ayudas. 

Según la jueza, Musk no podrá acceder a la información, pero sí que se establecieron excepciones para algunos de sus trabajadores. En calidad de “empleados públicos especiales”, estos tendrán la capacidad de leer o consultar datos solo si es en cumplimiento de sus obligaciones y sin poder bloquear pagos. Los trabajadores en cuestión son Tom Krause y Marko Elez. Krause es director ejecutivo de Cloud Software Group y Elez es un ingeniero que trabajó para SpaceX y la red X.

Según el Washington Post, ahora mismo hay unos 20 empleados del DOGE en el Departamento de Educación, donde también accedieron a sistemas internos y reservados. El Wall Street Journal informó el miércoles que también se habían metido en los Centros de Servicios de Medicare y de Medicaid [programas de salud del Gobierno federal], donde también accedieron a sistemas clave.

The Guardian averiguó la identidad de los jóvenes ingenieros que trataban de acceder al mismo tipo de información en USAid. Uno de ellos es Gavin Kliger, un entusiasta de 25 años de las tecnológicas que defiende a Matt Gaetz (el candidato a fiscal general que no logró la confirmación del Senado) y lo presenta como una víctima del “Estado profundo”. Kliger también dijo que abandonó un salario de siete cifras para unirse a DOGE y “salvar a Estados Unidos”. 

Luke Farritor, de 23 años, es otro. Exbecario de la empresa de ingeniería aeroespacial SpaceX (propiedad de Musk), recibió autorizaciones de alto nivel para acceder a los sistemas de USAid. También solicitó los permisos para los sistemas de Medicare y de Medicaid. Un tercero, Jeremy Lewin, es especialista en Inteligencia Artificial y aparentemente fue destinado a la Administración de Servicios Generales. Después de que le impidieran pasar a una zona reservada, un superior tenía previsto hacer presión sobre la CIA para que le concedan la autorización.

Algunos empleados del Gobierno estadounidense llaman muskovitas a estos jóvenes ingenieros, por la agresividad de su lealtad hacia el propietario de SpaceX. En USAid, otros los llaman 'los incels', –hombres involuntariamente célibes–.

Llamadas y amenazas

The Guardian confirmó tres llamadas de Musk a la dirección política y los responsables de seguridad de USAid, exigiendo el cese de decenas de altos funcionarios de la agencia, engatusando y amenazando para que sus acólitos recibieran la información confidencial y el acceso a las zonas restringidas. En un momento dado, Musk llegó a amenazar con llamar al Servicio de Marshals de EEUU [policía federal].

Un empleado de USAid explica que las llamadas telefónicas (dos de ellas no se conocían hasta ahora) demostraban la manera en que Musk usurpó el poder en la agencia, quitándoselo incluso a los responsables políticos de la Administración Trump. “¿Quién tiene el control de nuestro Gobierno?”, pregunta esta persona. “Apareció [DOGE] y básicamente se hizo cargo”.

Una prueba piloto

En el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, USAid se presentaba como una prueba piloto para un rediseño a gran escala del Gobierno federal donde las agencias reducirían su tamaño y los empleados federales pasarían a un régimen laboral más laxo que facilitaría su despido.

“Si la Administración Trump tiene éxito aquí, lo van a intentar en todas partes”, dice Andy Kim, senador del Partido Demócrata por Nueva Jersey y exempleado de USAid. “Esto es solo el principio”, añadía Kim el lunes frente a la sede de la agencia, donde acudió para protestar junto a los trabajadores despedidos y suspendidos.

Lo ocurrido también es un manual sobre la forma en que los operativos del DOGE se infiltran en las agencias federales intimidando y engatusando para acceder a los sistemas más confidenciales. 

Caos y tensión

Este relato de la infiltración del DOGE en USAid se hizo a partir de más de una decena de entrevistas a personas que tienen información sobre lo ocurrido en esta semana debido a su trabajo, actual o pasado, en USAid, en el Departamento de Estado, o en otros departamentos del Gobierno federal.

En un primer momento, la falta de autorizaciones formales permitió que el personal de seguridad rechazara los intentos de los ingenieros de entrar en las salas reservadas, denominadas instalaciones de información confidencial compartimentada [o salas scif, por sus siglas en inglés]. Pero esa noche, Musk telefoneó a un alto funcionario de USAid para exigir permiso para sus subordinados. Fue la primera de las muchas llamadas a funcionarios de USAid, y a los empleados del DOGE en la agencia, que se sucedieron a lo largo de la semana.

Dentro del edificio reinaba el caos. De repente se flexibilizaron los protocolos de seguridad para permitir que personas ajenas y sin acreditación accedieran a zonas restringidas donde antes se impedía el ingreso de aparatos electrónicos como teléfonos y relojes. Peter Marocco, el nuevo y polémico director de Ayuda Exterior en el Departamento de Estado, acechaba los pasillos y se reunía en privado con los empleados del DOGE. Se dice que los empleados del DOGE ocultan su identidad para evitar que los acosen por Internet, una táctica que se repitió en otras agencias. 

La situación empeoró el viernes. Tras una tensa reunión en la sala de conferencias de la sexta planta con empleados, autoridades, y gente de fuera, los jóvenes ingenieros se fueron corriendo a las oficinas con sus laptops, enchufando cables a computadoras y aparatos electrónicos para recopilar la información de la agencia.

Matt Hopson, el jefe de personal nombrado por Trump para la USAid, presentó su renuncia de manera abrupta tras la reunión; Jason Gray, el administrador en funciones, fue destituido; y Marco Rubio, el secretario de Estado, no tardó en anunciar que él era el nuevo administrador de USAid y que Marocco sería su adjunto. Musk se estaba acercando a su objetivo.

Los empleados del DOGE podían entrar libremente a las salas de toda la sexta planta, incluidos las oficinas en las dependencias del administrador general, pero seguían sin poder entrar en las salas scif.

Aunque USAid tenía un equipo de dirección formalmente al mando, el poder real estaba en Marocco y en DOGE, donde se tramaba cómo liquidar a la agencia. Trump respaldó el plan en la tarde del martes, cuando confirmó que contaban con el apoyo de la Casa Blanca. Esa noche USAid anunció que ponía en baja administrativa al personal contratado directamente en todo el mundo, una decisión que afecta a miles de empleados y a sus familiares.

Dentro de USAid, Marocco y cuatro ingenieros de poco más de 20 años estaban poniendo fin a una operativa que llevaba décadas en funcionamiento, asistidos por la cúpula del DOGE mediante comunicación telefónica.

“En estos momentos, todo se gestiona a través del DOGE”, dice un funcionario de USAid. Los ingenieros del DOGE en la sede de la agencia seguían recibiendo llamadas de Musk y de Marocco el lunes, añade. “En el edificio están desactivando el sistema para los empleados de USAid, mantuvieron a un número reducido de personas en las diferentes oficinas para decidir qué programas se mantendrán y cuáles no, para decidir cuál va a ser la huella”.

En la tarde del sábado la tensión en la sede de USAid llegó a su punto álgido, cuando los empleados del DOGE exigieron acceder a la sala scif de la sexta planta y fueron detenidos por el máximo responsable de seguridad, John Voorhees.

Según una persona que trabaja para USAid y según un exempleado de la agencia, entre los presentes figuraba Steve Davis. Adjunto de Musk, Davis lleva más de 20 años trabajando para el multimillonario en SpaceX y en The Boring Company. Al parecer, llegó a dormir en las oficinas de Twitter para ayudar en el recorte de costos tras la adquisición de la red social por parte de Musk.

La discusión sobre el acceso a la sala scif subió de tono y varios altos cargos del DOGE amenazaron con llamar al Servicio de Marshals para que los ayudaran a entrar. De acuerdo con un testimonio recogido por The Guardian, en ese enfrentamiento volvieron a telefonear a Musk, quien repitió la amenaza de involucrar a los marshals.

Poco después Voorhees fue puesto en situación de baja administrativa y los empleados del DOGE pudieron entrar a la sala scif. Allí se hicieron con el sistema que regula el control de acceso y con los registros de los empleados. La web de USAid se cayó en cuestión de horas, con cientos de empleados quedándose fuera del sistema durante el fin de semana, y muchos sin saber aún cuál es su situación. The Guardian vio correos electrónicos en los que los administradores de USAid reconocen desconocer la situación laboral de los empleados actuales de la agencia.

“Me dieron de baja, supongo”, dice una contratista con 15 años de experiencia en la oficina de asistencia humanitaria, donde ayudó a coordinar la respuesta de urgencia para Ucrania, Gaza, Somalia y países de América Latina. “No sé cuál es mi situación, pero no creo que esté trabajando aquí en este momento”. A las 12:42 de la mañana del lunes, Kliger envió un correo electrónico a todo el personal para decir que no se molestaran en entrar al edificio ese día.

Cultura del miedo

El incidente ilustra la manera en que los empleados del DOGE, respaldados por Musk, pasaron por encima de los directores de USAid y se saltaron los procedimientos gubernamentales para acceder a zonas restringidas con material clasificado, alimentando las críticas de que la oficina de Musk representa un riesgo para la seguridad nacional.

“¿Permitió el secretario Rubio que los empleados de Musk tuvieran esta clase de acceso?”, se pregunta el senador Kim. “Me preocupa por USAID, pero también porque si está ocurriendo aquí, probablemente esté ocurriendo en todas esas otras agencias de seguridad nacional”.

Rubio delegó la responsabilidad formal en Marocco, que recibió presiones del personal del Congreso para que detalle los cambios que afectan a USAid y a los 40.000 millones de dólares en ayuda exterior que cada año gestiona la agencia. Como dice a The Guardian el senador del Partido Demócrata Brian Schatz, “la pregunta en cuestión es '¿quién está al mando del Departamento de Estado?”.“Hasta ahora, la respuesta es Pete Marocco”, añadió.

El DOGE no respondió a preguntas sobre las autorizaciones de seguridad de los ingenieros, si es que tenían alguna. “No se accedió a ningún material clasificado sin las autorizaciones de seguridad adecuadas”, escribió en las redes sociales Katie Miller, portavoz del DOGE.

Pero las salas scif se rigen por un protocolo estricto y no está claro quién verificó las credenciales de los empleados del DOGE y si se presentó la documentación necesaria para abrirles el paso.

Dentro del edificio, los empleados hablaron de una cultura del miedo cultivada por parte del DOGE. “Es una versión extrema de '¿en quién confías, cuándo y cómo?'”, dice Kristina Drye, redactora de discursos en la agencia. Drye asegura haber visto a decenas de colegas de alto rango siendo escoltados por empleados de seguridad hasta la calle. “Era como esas historias de la Unión Soviética en las que un día alguien está a tu lado; y al día siguiente, ya no”.

La gente empezó a encontrarse para tomar café a pocas manzanas de distancia, explica. “En las cafeterías de aquí no se sentían seguros, ni siquiera para hablar de lo que está pasando”.

“Una mañana estaba en el ascensor, a mi lado había una señora mayor con anteojos y pude ver cómo las lágrimas se le caían por debajo”, cuenta Drye. “Antes de salir del ascensor se quitó los anteojos, y se limpió los ojos; si te ven llorar, ya saben cuál es tu posición”.

Traducción de Francisco de Zárate.