El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos y más de 140 heridos. En un dictamen de 201 páginas, firmado esta semana, también pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los principales jerarcas del régimen iraní.

Según la reconstrucción fiscal y como consignó Infobae, Hejazi integraba la estructura más cercana al líder supremo iraní y habría presidido el denominado Comité Vijeh, el ámbito donde —de acuerdo con la acusación— se analizó el blanco, se recopiló inteligencia y se diseñó la propuesta operativa para destruir la mutual judía en Buenos Aires. Una vez que el plan fue aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el ahora imputado habría tenido a su cargo la coordinación general para su ejecución.

La acusación cobró nuevo impulso tras las declaraciones de cuatro disidentes iraníes que testificaron en Francia ante el propio Basso. Con esos elementos, el Ministerio Público requirió la indagatoria de Hejazi, su declaración en rebeldía y la emisión de una orden de captura internacional. El planteo ya fue elevado al Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Los diez acusados cuyo procesamiento se solicitó ya cuentan con pedido de juicio en ausencia y mantienen alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Entre ellos figuran exaltos funcionarios del régimen iraní como Alí Fallahian (exministro de Inteligencia), Alí Akbar Velayati (excanciller), Mohsen Rezai (excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi, quien condujo la fuerza Al Quds y recientemente fue designado al frente de la Guardia Revolucionaria. Todos habrían integrado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional que, según la hipótesis judicial, autorizó el atentado en una reunión reservada celebrada en agosto de 1993.

También fueron incluidos exdiplomáticos destinados en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, entonces embajador; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario. La investigación sostiene que bajo cobertura diplomática conformaron una red de inteligencia que recopiló información sobre el objetivo, facilitó apoyo logístico y colaboró en maniobras de encubrimiento tras la explosión, aprovechando inmunidades y documentación oficial.

La nómina se completa con miembros de la organización libanesa Hezbollah. El principal señalado es Salman Raouf Salman, sindicado como coordinador operativo en territorio argentino, quien habría ingresado clandestinamente para organizar la llegada, estadía y fuga del comando ejecutor. Junto a él aparecen su hermano Abdallah Salman, vinculado al financiamiento, y Hussein Mounir Mouzannar, comerciante radicado en Paraguay que habría facilitado documentación apócrifa para encubrir identidades.

En términos penales, el fiscal atribuye a los imputados el delito de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el empleo de un medio idóneo para causar peligro común, en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas sufridas por al menos 141 personas. Además, se los acusa de integrar o colaborar con una banda armada con fines discriminatorios. Como medida patrimonial, Basso solicitó actualizar los embargos preventivos sobre los bienes de los acusados por una suma que supera los 741 mil millones de pesos.

El avance del expediente se da en paralelo a la discusión sobre la aplicación del juicio en ausencia, previsto en la Ley 27.784. La defensa oficial planteó su inconstitucionalidad ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que tanto Rafecas como la Cámara Federal porteña rechazaran objeciones previas. La definición quedará en manos de la Sala II del máximo tribunal penal.

En este contexto, uno de los acusados, Mohsen Rabbani, reapareció públicamente en medio del actual conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a un canal de streaming, negó que Argentina pueda convertirse en objetivo de Irán por el alineamiento internacional del presidente Javier Milei y sostuvo que “los argentinos son amigos”. También defendió al régimen iraní como un sistema “democrático”, cuestionó con dureza al mandatario estadounidense Donald Trump y lamentó la muerte del líder supremo iraní en un reciente bombardeo.

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino”, sostuvo en declaraciones al canal de streaming AZZ.

Más allá de eso, dijo que sería “muy bueno que el gobierno argentino se pare del lado de la verdad”, en el marco del conflicto bélico internacional que protagonizan Estados Unidos e Israel de un lado, e Irán del otro.

Con información de medios y agencias

JIB

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este jueves el proyecto de ley que permite el Juicio en Ausencia en delitos graves de lesa humanidad para aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, como el caso de los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA.

La reforma del Código Procesal Penal obtuvo 147 votos afirmativos contra 68 negativos y 9 abstenciones.

El proyecto fue aprobado por la Libertad Avanza, PRO, UCR, Encuentro Federal, y algunos diputados de Unión por la Patria (UxP), como el massista Ramiro Gutierrez, y el tucumano Pablo Yedlin.

En tanto, se abstuvieron legisladores de UXP de Catamarca, de Chubut y de Por Santa Cruz.

El presidente Javier Milei impulsó el tratamiento del proyecto de Juicio en Ausencia para que puedan juzgarse los iraníes y libaneses acusados del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodriguez Machado, dijo que “es muy importante porque habla del fin de la impunidad”.

“Hemos sufrido dos atentados tremendos, a la embajada de Israel y a la AMIA, y quienes generaron estos delitos de lesa humanidad, como en Argentina no existe el juicio en ausencia, no se pudo avanzar en esos procesos”, indicó la legisladora macrista.

Asimismo, recordó que hay muchos países donde se aplica este tipo de juicios y en ese aspecto citó a Francia, cuando en ese país se juzgó y condenó en ausencia al represor Alfredo Astiz.

Desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Rodolfo Tailhade defendió el pacto de Argentina-Iran, criticó al ex fiscal Alberto Nisman, al cuestionar su investigación en la causa de la AMIA.

Al rechazar el proyecto, el legislador de UxP dijo que “el que conoce un poquito de esto sabe que un defensor sin tener a su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada”.

Agregó que “en términos técnicos, estos delitos que van a ser parte de estos delitos en ausencia en Argentina solo abarca los del Estatuto de Roma, ahora, el Estatuto de Roma no abarca el juicio en ausencia, con lo cual tampoco resulta compatible la cuestión de la defensa de juicio”.

“No son cuestiones compatibles con la Constitución y mucho menos con los tratados internacionales”, remarcó.

El diputado radical Julio Cobos señaló que “el Juicio en Ausencia permite la continuidad del proceso cuando se niega a comparecer quien está imputado o procesado y que tiene que rendir cuentas en la Justicia”. “Es por eso que nuestro bloque va a acompañar en su totalidad este proyecto”, añadió.

El legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López sostuvo que “la justicia no solo repara con la pena, sino con el reconocimiento de la verdad”.

“Esta ley se va a usar, por supuesto, para el atentado a la AMIA, pero es una ley que va a quedar para siempre. No creamos que el terrorismo, los crímenes de guerra u otro tipo de crímenes aberrantes no van a ser volver a ser cometidos en el mundo o en la Argentina”, precisó.

Las criticas de Tailhade generaron un cruce entre el presidente del bloque de UxP, German Martínez, y el diputado Fernando Iglesias.

A su vez, el diputado Edcuardo Valdes, señaló: “Yo quiero que salga la verdad, pero la verdad tiene que ser judicial, por respeto a quienes dejaron la vida en esos dos atentados, por respeto a las familias tiene que haber justicia”.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Pauli aseguró que este proyecto “es necesario para que los terroristas sepan que donde vayan se los va a ir a buscar”.

A su vez, en el cierre del debate, el diputado Santiago Santurio afirmó que están “tratando delitos graves como los de lesa humanidad y terrorismo, de guerra, de genocidio” y por eso “se necesita esta ley”.

El debate fue seguido desde los palcos por autoridades de la DAIA y por la ex esposa del fiscal fallecido Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Con información de agencias.

IG