Una investigación interna de la Armada Argentina derivó en una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta trama de corrupción mediante la manipulación del sistema de pago de haberes, que permitió realizar al menos 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. Fuentes vinculadas al caso estimaron que el perjuicio podría ser todavía mayor y alcanzar los $1.500 millones, mientras otras estimaciones lo ubican cerca de los $1.600 millones.

La presentación fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. El expediente deberá determinar quiénes participaron de las operaciones y qué responsabilidades penales corresponden.

El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando durante el control de los haberes correspondientes a enero se descubrió que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. Los involucrados devolvieron el dinero, pero el episodio llevó a las autoridades de la fuerza a ampliar la revisión hacia períodos anteriores.

Lo que inicialmente podía atribuirse a errores administrativos comenzó entonces a mostrar otro patrón. Los investigadores encontraron diferencias entre las liquidaciones de haberes, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Había pagos que no figuraban en las liquidaciones, montos incorporados a los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones destinadas a personas cuya relación con la Armada no podía establecerse.

Cómo funcionaba la maniobra

La investigación interna determinó que las modificaciones se realizaban en un momento específico del circuito de pagos: después de los controles habituales sobre la liquidación de haberes y antes de que los archivos fueran enviados definitivamente al Banco Nación.

En ese tramo se habrían alterado determinados registros para aumentar los montos a cobrar o incorporar directamente pagos que no tenían respaldo en una liquidación legítima. Una vez confeccionados los archivos destinados al banco, los registros eran restituidos a sus valores originales. De ese modo, el dinero acreditado podía ser diferente del importe que después aparecía en el recibo publicado en el sistema Haberes-Web.

Para reconstruir el circuito, la Armada conformó una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. Se revisaron y preservaron los equipos utilizados para confeccionar y transmitir los archivos de pago y se cruzaron, mes por mes, los datos del sistema de haberes con las acreditaciones bancarias.

El análisis permitió ubicar el comienzo de las irregularidades en julio de 2022 y su continuidad hasta enero de 2026. La reiteración de operaciones, la existencia de beneficiarios recurrentes y las modificaciones efectuadas después de los controles llevaron a los investigadores internos a descartar que se tratara simplemente de errores aislados de procesamiento.

Cuatro personas recibieron más de $434 millones

Uno de los puntos centrales de la denuncia es que cuatro de los 23 beneficiarios identificados no tenían ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.

Entre los cuatro recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% de los casi $1.000 millones documentados.

Prieto recibió, según la denuncia, 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Santana, 47 por $99.496.225,47; Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Yahia, 45 por $90.466.948,33.

El caso de Prieto ocupa un lugar especialmente relevante en el expediente: es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y aparece como el principal señalado en la investigación administrativa.

De acuerdo con la denuncia, Atanasoff reconoció durante las actuaciones internas que conocía las acreditaciones efectuadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que se cargaban manualmente. El escrito le atribuye además haber manifestado que el propósito era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él mismo decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes. También habría señalado que realizaba personalmente las maniobras.

Será ahora la Justicia la que deberá establecer el alcance penal de esas declaraciones y determinar si existieron otros participantes.

Pagos en el país a personal destinado en el exterior

La investigación también detectó otras situaciones. Una de ellas involucra al capitán de Corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien en determinados períodos habría cobrado haberes en la Argentina al mismo tiempo que percibía los correspondientes a una misión en el exterior.

El sistema excluye automáticamente de los pagos locales al personal destinado fuera del país, por lo que la denuncia sostiene que esas acreditaciones tuvieron que haber sido incorporadas por fuera del procedimiento automático.

También se encontraron pagos a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes. La presentación deja asentadas las explicaciones ofrecidas por los beneficiarios y remite a la investigación judicial la determinación de su eventual conocimiento o participación en las operaciones.

Devoluciones y cambios en los controles

Parte del dinero ya fue reintegrado. Cuatro capitanes de Corbeta contadores devolvieron en abril importes que habían percibido en exceso con sus haberes de enero y otros tres oficiales hicieron restituciones el 11 de septiembre.

En total, al momento de formularse la denuncia se habían recuperado $42.574.267,63, por lo que permanecían sin restituir $938.574.300,25. La presentación aclara que esas devoluciones no reducen el monto histórico de las operaciones investigadas, sino que permiten establecer cuánto dinero fue recuperado.

La situación de Atanasoff cambió en agosto, cuando la revisión histórica permitió identificar entre los beneficiarios a su esposa. Hasta entonces no habían surgido elementos objetivos que lo vincularan con las irregularidades. A partir de ese hallazgo fue relevado preventivamente de la jefatura del Departamento Revista y se preservó el equipo informático utilizado para preparar y transmitir los lotes de pagos al Banco Nación.

La Armada también modificó el circuito interno: la tramitación de las acreditaciones bancarias quedó en manos del Departamento Tesorería y el Departamento Contabilidad pasó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.

El Ministerio de Defensa confirmó que las irregularidades fueron detectadas a partir de una actuación administrativa y que, una vez constatadas, se presentó la denuncia ante la Justicia Federal.

“La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley”, señaló la cartera.

La causa deberá establecer ahora la dimensión definitiva del dinero desviado, su destino y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Por el momento, la investigación administrativa dejó documentadas 645 acreditaciones indebidas, 23 beneficiarios y casi $1.000 millones en operaciones realizadas durante más de tres años y medio.

La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por el ataque físico y las lesiones que sufrió una Marinera Segundo de Tropa Voluntaria, por parte de sus superiores y en el marco de un adiestramiento “Antidisturbios dentro de Jurisdicción Naval” ocurrido el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López, y por el que la joven de 21 años tuvo que cursar, por dos semanas, una internación en terapia intensiva en coma inducido.

En línea con lo planteado en un dictamen por el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por el fiscal federal Federico José Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, y por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, la jueza advirtió en el caso elementos de violencia de género.

Por ello, uno de los imputados, que además era expareja de la víctima, fue procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En su caso, se verificó que había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera –entre ellos, una patada voladora hacia el cuerpo de la víctima– a lo que subyacía el componente adicional de la relación previa que había mantenido con la víctima.

Los cinco miembros de la Armada restantes implicados por participar del operativo fueron procesados -sin prisión preventiva- por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en uno de los casos, se sumó la calificación por el delito de lesiones culposas respecto de quien ejercía la supervisión directa.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó a los procesados la prohibición de tener contacto con la víctima por sí ni por terceros y por cualquier medio físico, telefónico y/o virtual.

MM con información de fiscales.gob

Brisa Páez, una joven voluntaria de la Armada Argentina de apenas 21 años, permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una gravísima lesión cerebral durante un entrenamiento “antidisturbios” realizado en una base naval de Vicente López. El episodio, ocurrido el pasado 4 de abril, derivó en la detención de nueve efectivos de la fuerza, mientras la Justicia federal intenta determinar si la caída que provocó su estado crítico fue producto de una agresión deliberada.

Según la reconstrucción de distintas fuentes, Páez participaba de un simulacro de control de disturbios dentro del predio naval cuando, en medio del ejercicio, uno de los instructores impactó con violencia el escudo que sostenía, provocando que ella perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el suelo. A pesar de mostrar evidentes signos de desorientación, los ejercicios habrían continuado durante varios minutos más.

El informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios. Aunque oficialmente se trata de ejercicios internos de contención, en más de una ocasión desde el entorno del gobierno nacional se sugirió el posible uso de fuerzas militares ante bloqueos de rutas o manifestaciones, una posibilidad que genera fuerte rechazo en organismos de derechos humanos.

Lo que en un primer momento fue tratado como un accidente comenzó a tomar otro cariz a partir del testimonio de varias compañeras de Brisa. Según declararon ante la Justicia, la joven habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron incluso una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.

La situación se agravó cuando, al finalizar el ejercicio, Brisa manifestó un fuerte dolor de cabeza. No fue sino hasta varias horas después que un médico de la base la atendió y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo. Allí, la joven reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que encendió las alarmas.

Dado el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde fue inducida a coma durante una semana.

El diagnóstico fue contundente: lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.

Nueve detenidos y sospechas de encubrimiento

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, ordenó el miércoles pasado una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados. Como resultado, nueve militares fueron detenidos. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.

La magistrada tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados. Entre los delitos que se investigan figuran lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento. El último punto cobra especial relevancia dado el tiempo transcurrido hasta que Brisa recibió atención adecuada, así como las versiones contradictorias sobre lo sucedido.

MM

La Armada no podrá mover su Archivo General desde su actual sede hasta el denominado Garage Central de la fuerza. Así lo dispuso una medida de no innovar dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que busca de esa manera preservar la documentación que pueda servir en causas sobre los crímenes cometidos en la última dictadura militar.

La medida, dictada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ocurre en medio de la avanzada del Gobierno nacional contra organismos de derechos humanos, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri– o  la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

El juez ordenó ahora una medida cautelar de no innovar, esto es que prohibe la alteración de documentación existente en el ámbito del Archivo General de la Armada, y frena su traslado desde la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, al denominado Garage Central.

Esta medida se suma a otra dictada el 31 de enero pasado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence para evitar que la Armada pueda “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.

Kreplak ordenó la cautelar a pedido del fiscal general de Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Berisso y Ensenada, cometidas en el ámbito de la Fuerza de Tareas N°5 de la Armada, integrada también por la Prefectura Naval. Los fiscales pidieron la medida ante el anuncio de la Armada de que se trasladaría el archivo.

En una nota firmada por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, del pasado 9 de enero, se anunció que a partir de esa fecha se iniciaría “la depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada, conforme las normas establecidas en la Administración Pública Nacional” y que a partir del 10 de febrero se efectuaría solo el “el traslado del mobiliario y los archivos que estén vigentes en los lugares asignados del Taller Central”. Agregaba que el “resto de los documentos quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.

Para los fiscales, resulta “imperioso que se ordene la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios sobre el conjunto de documentación archivada y/o preservada en el Archivo General de la Armada, organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Nacional. El propósito de la medida es asegurar y preservar su contenido de manera íntegra, dado que constituye una fuente de consulta y de acceso a material probatorio de trascendencia mayúscula para investigaciones –en curso y futuras– por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

Al dictar la medida, el magistrado destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada “funcionaron diversos centros clandestinos de detención en los edificios de la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina N°3 'Almirante Eleazar Videla', la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval 'Río Santiago'”. Allí se registró una “intensa actividad represiva” que hizo “particular foco en los trabajadores y trabajadoras del polo portuario y fabril de Berisso y Ensenada, así como en sus dirigentes gremiales”.

En otro tramo de su dictamen, Kreplak alertó sobre “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal, permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”.

Del mismo modo que Kreplak, la jueza Vence consideró que “los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo”. La medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás

El pasado 28 de enero, la asociación de Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) denunció la intención de la Armada de mover el Archivo y señaló que “allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”.

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales.

MG