La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por el ataque físico y las lesiones que sufrió una Marinera Segundo de Tropa Voluntaria, por parte de sus superiores y en el marco de un adiestramiento “Antidisturbios dentro de Jurisdicción Naval” ocurrido el pasado 4 de abril en la Jefatura Militar de Vicente López, y por el que la joven de 21 años tuvo que cursar, por dos semanas, una internación en terapia intensiva en coma inducido.

En línea con lo planteado en un dictamen por el Ministerio Público Fiscal, representado en este caso por el fiscal federal Federico José Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, y por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, la jueza advirtió en el caso elementos de violencia de género.

Por ello, uno de los imputados, que además era expareja de la víctima, fue procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

En su caso, se verificó que había sido el responsable de los golpes más fuertes hacia la marinera –entre ellos, una patada voladora hacia el cuerpo de la víctima– a lo que subyacía el componente adicional de la relación previa que había mantenido con la víctima.

Los cinco miembros de la Armada restantes implicados por participar del operativo fueron procesados -sin prisión preventiva- por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en uno de los casos, se sumó la calificación por el delito de lesiones culposas respecto de quien ejercía la supervisión directa.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó a los procesados la prohibición de tener contacto con la víctima por sí ni por terceros y por cualquier medio físico, telefónico y/o virtual.

MM con información de fiscales.gob

Brisa Páez, una joven voluntaria de la Armada Argentina de apenas 21 años, permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una gravísima lesión cerebral durante un entrenamiento “antidisturbios” realizado en una base naval de Vicente López. El episodio, ocurrido el pasado 4 de abril, derivó en la detención de nueve efectivos de la fuerza, mientras la Justicia federal intenta determinar si la caída que provocó su estado crítico fue producto de una agresión deliberada.

Según la reconstrucción de distintas fuentes, Páez participaba de un simulacro de control de disturbios dentro del predio naval cuando, en medio del ejercicio, uno de los instructores impactó con violencia el escudo que sostenía, provocando que ella perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el suelo. A pesar de mostrar evidentes signos de desorientación, los ejercicios habrían continuado durante varios minutos más.

El informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios. Aunque oficialmente se trata de ejercicios internos de contención, en más de una ocasión desde el entorno del gobierno nacional se sugirió el posible uso de fuerzas militares ante bloqueos de rutas o manifestaciones, una posibilidad que genera fuerte rechazo en organismos de derechos humanos.

Lo que en un primer momento fue tratado como un accidente comenzó a tomar otro cariz a partir del testimonio de varias compañeras de Brisa. Según declararon ante la Justicia, la joven habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron incluso una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.

La situación se agravó cuando, al finalizar el ejercicio, Brisa manifestó un fuerte dolor de cabeza. No fue sino hasta varias horas después que un médico de la base la atendió y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo. Allí, la joven reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que encendió las alarmas.

Dado el progresivo empeoramiento del cuadro, la joven fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde fue inducida a coma durante una semana.

El diagnóstico fue contundente: lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.

Nueve detenidos y sospechas de encubrimiento

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, ordenó el miércoles pasado una serie de allanamientos en la base naval y en los domicilios de varios implicados. Como resultado, nueve militares fueron detenidos. En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.

La magistrada tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados. Entre los delitos que se investigan figuran lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento. El último punto cobra especial relevancia dado el tiempo transcurrido hasta que Brisa recibió atención adecuada, así como las versiones contradictorias sobre lo sucedido.

MM

La Armada no podrá mover su Archivo General desde su actual sede hasta el denominado Garage Central de la fuerza. Así lo dispuso una medida de no innovar dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que busca de esa manera preservar la documentación que pueda servir en causas sobre los crímenes cometidos en la última dictadura militar.

La medida, dictada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ocurre en medio de la avanzada del Gobierno nacional contra organismos de derechos humanos, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri– o  la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

El juez ordenó ahora una medida cautelar de no innovar, esto es que prohibe la alteración de documentación existente en el ámbito del Archivo General de la Armada, y frena su traslado desde la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, al denominado Garage Central.

Esta medida se suma a otra dictada el 31 de enero pasado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence para evitar que la Armada pueda “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.

Kreplak ordenó la cautelar a pedido del fiscal general de Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Berisso y Ensenada, cometidas en el ámbito de la Fuerza de Tareas N°5 de la Armada, integrada también por la Prefectura Naval. Los fiscales pidieron la medida ante el anuncio de la Armada de que se trasladaría el archivo.

En una nota firmada por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, del pasado 9 de enero, se anunció que a partir de esa fecha se iniciaría “la depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada, conforme las normas establecidas en la Administración Pública Nacional” y que a partir del 10 de febrero se efectuaría solo el “el traslado del mobiliario y los archivos que estén vigentes en los lugares asignados del Taller Central”. Agregaba que el “resto de los documentos quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.

Para los fiscales, resulta “imperioso que se ordene la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios sobre el conjunto de documentación archivada y/o preservada en el Archivo General de la Armada, organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Nacional. El propósito de la medida es asegurar y preservar su contenido de manera íntegra, dado que constituye una fuente de consulta y de acceso a material probatorio de trascendencia mayúscula para investigaciones –en curso y futuras– por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

Al dictar la medida, el magistrado destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada “funcionaron diversos centros clandestinos de detención en los edificios de la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina N°3 'Almirante Eleazar Videla', la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval 'Río Santiago'”. Allí se registró una “intensa actividad represiva” que hizo “particular foco en los trabajadores y trabajadoras del polo portuario y fabril de Berisso y Ensenada, así como en sus dirigentes gremiales”.

En otro tramo de su dictamen, Kreplak alertó sobre “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal, permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”.

Del mismo modo que Kreplak, la jueza Vence consideró que “los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo”. La medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás

El pasado 28 de enero, la asociación de Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) denunció la intención de la Armada de mover el Archivo y señaló que “allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”.

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales.

MG