La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de revocatoria que habían sido interpuestos por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Defensoría General de la Nación contra el fallo Levinas. Según el portal especializado Palabras del Derecho, el máximo tribunal expresó la improcedencia de los remedios, de quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en la causa.

El fallo Levinas es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que generó una fuerte controversia en el ámbito judicial. En esencia, el fallo otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la capacidad de revisar decisiones de la Justicia Nacional en causas que tramitan en la Capital Federal. Esto significa que el TSJ se convierte en la última instancia para estos expedientes, desplazando la intervención directa de la Corte Suprema en ciertos casos.

¿Qué es la Justicia Nacional? Es un fuero judicial con competencia sobre causas que ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no forman parte de la Justicia Federal ni de la Justicia de la Ciudad. Es una estructura heredada de cuando Buenos Aires era la capital del país sin autonomía propia y, hasta hoy, sigue bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

El fundamento del fallo radica en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994, y en la falta de avances en la transferencia de competencias de la justicia nacional al ámbito porteño. La Corte argumentó que esta situación debía resolverse de manera definitiva, basándose en precedentes como los casos Strada y Di Mascio.

Sin embargo, el fallo fue duramente criticado. Uno de los principales cuestionamientos es que genera conflictos entre el sistema judicial nacional y el de la Ciudad, especialmente en fueros como el comercial y el laboral. También se señala que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pierde facultades en favor del TSJ porteño, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de ciertas intervenciones judiciales. Además, esta decisión impacta en causas sensibles como el caso Correo Argentino, ya que la Corte aplicó el mismo criterio para permitir que el TSJ porteño tome decisiones sobre cuestiones clave para la familia Macri.

De esta manera, la Corte reafirmó su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene competencia para revisar ciertos fallos de la Justicia Nacional, rechazando los intentos de frenar esta decisión mediante recursos o medidas cautelares. Esto fortalece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial y debilita la resistencia de jueces nacionales y otras entidades que buscan impedir este cambio.

Cabe destacar que en diciembre de 2024, la Corte había fallado por habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano encargado de resolver los recursos extraordinarios interpuestos contra sentencias de la Justicia Nacional. 

Tras ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó un recurso de “revocatoria y suspensión de efectos”. El Tribunal consideró que la tal petición resulta inadmisible, ya que según el artículo 14 de la Ley 48 no están habilitados a interponer el recurso previsto quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado.

A su vez, agregó que el planteo resulta improcedente, pues sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria, ni por el de nulidad, salvo situaciones excepcionales que, a su criterio, no concurren en la especie.

En el mismo sentido, se expresó respecto al recurso de revocatoria interpuesto por la titular de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz, quien se había manifestado en disidencia en la causa Levinas, compartió los fundamentos del voto qpara rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de su opinión en dicha sentencia.

Por otra parte, en otra causa la Corte también revocó la medida cautelar que había confirmado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en marzo de 2022. La medida había sido peticionada por Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y suspendía la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.  Se trata de la aplicación del art. 4° de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires que regula el recurso de inconstitucionalidad reglamentado contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en CABA. 

Para el máximo tribunal, la cautelar —que suspende la aplicación de la ley local impugnada— “ha sido decretada en el marco de un proceso colectivo, con efecto ‘erga omnes’, enervando así el poder de policía del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afectando de manera directa el de la comunidad”. Según la Corte Suprema, hoy no existen suficientes fundamentos para sostener esa medida. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Cabe recordar que, en ese pleito promovido por la AFMJN, también habían adherido otras entidades como Asociación Civil Gente de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

JJD, con información del portal especializado Palabras del Derecho.