Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

AR/CRM

“Cuando se trate la ley, vamos a la huelga”, anticipó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La decisión está tomada. Frente al inminente debate de la reforma laboral en el Congreso, el gremio ya definió un paro nacional como respuesta. La medida se contrapone con la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora optó por enviar sus objeciones al Senado en un documento y continuar las conversaciones con el oficialismo.

Yofra alertó que, si se aprueba la reforma, el impacto para la clase trabajadora será irreversible. En una entrevista con AM 530, explicó que su gremio actuará como en 2024, cuando convocó a una huelga en rechazo al capítulo laboral de la ley Bases. Ahora, ante la continuidad de la “ley de modernización laboral”, la postura es la misma: movilizar y paralizar tareas para frenar un paquete que, en sus palabras, representa una “aberración” contra los derechos laborales.

Mientras tanto, la comisión técnica del Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, recibe hasta el lunes 26 las propuestas de modificaciones. Aunque la CGT fue convocada a exponer, decidió no asistir y presentar sus reparos por escrito. El oficialismo ratificó que no habrá nuevo dictamen ni se alterará el “espíritu” del texto: sólo se analizarán cambios puntuales para asegurar votos en el recinto a partir del 11 de febrero.

“No podemos quedarnos inmóviles”, insistió Yofra, que también señaló que otras organizaciones gremiales podrían sumarse si la CGT no convoca a un paro. En ese sentido, valoró el impulso de sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general Abel Furlán convocó a reuniones para coordinar medidas. “Nosotros damos la posibilidad de que se sumen a nuestra lucha”, dijo el dirigente aceitero.

En paralelo, varios actores empresariales también marcaron diferencias con el proyecto. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó objeciones a cinco artículos —especialmente los referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos y los aportes patronales— por considerar que podrían generar inestabilidad y conflictos legales. Ricardo Diab, presidente de la entidad, advirtió que los cambios “no pueden aplicarse de un día para otro”.

Yofra, sin embargo, enfatizó que los objetivos reales de la reforma no se corresponden con los argumentos oficiales. “Con la ley Bases hubo reforma laboral y aumentó el trabajo no registrado. No hay más empleo por cambiar leyes”, afirmó. A su juicio, lo que se busca es debilitar la capacidad de defensa de los trabajadores y limitar la acción gremial.

Sobre el Congreso, expresó desconfianza: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”. Cuestionó que la discusión se lleve adelante sin la participación formal de las centrales obreras, y denunció una estrategia de presión por parte del Gobierno nacional sobre los gobernadores. “Negocian a espaldas de los trabajadores”, acusó.

En ese marco, la CGT desplegó una doble estrategia: mantener negociaciones con los referentes del oficialismo —entre ellos Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli— y enviar a sus dirigentes a recorrer provincias para convencer a gobernadores de frenar el proyecto. Aún así, en su conducción reina la cautela: no hay garantías de que las críticas se traduzcan en cambios concretos.

Para Yofra, esa actitud es insuficiente. “Hay que salir a discutir en la calle qué tipo de reforma laboral queremos”, señaló. En lugar de flexibilizar condiciones, propuso debatir cómo garantizar mayores salarios y más seguridad para quienes trabajan. “Esa es la función que tenemos como dirigentes sindicales”, remarcó.

La comisión técnica del Senado definirá en las próximas semanas si toma o no alguna de las objeciones. Pero, hasta el momento, el oficialismo mantiene su hoja de ruta: no dividir el proyecto ni retroceder en los ejes centrales. En ese contexto, los gremios que ya definieron parar apuntan a generar presión directa con acciones concretas.

JJD

Seis de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales, de acuerdo con una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR sobre el análisis de 160 normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025. 

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: cielos abiertos

El DNU 70/23 también introdujo cambios en el Código Aeronáutico, al permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el país. También habilitó el ingreso de nuevos prestadores a todas las ciudades argentinas; autorizó la operación de aviones de hasta 19 plazas para el transporte de pasajeros y desreguló el acceso al servicio de rampas. 

Fernando Dozo, profesor de Política Aérea en el Instituto de Derecho Aeronáutico, indicó a Chequeado que la medida “consolida la apertura del mercado internacional, por la inversión de compañías que prestan más servicios desde y hacia la Argentina. La mayoría de las compañías aumentó frecuencias y destinos, lo que asegura una conexión internacional mucho más aceptable”. 

En cuanto al mercado de cabotaje, el especialista señaló que el impacto fue menor dado que “no se termina de definir qué va a hacer el Estado con Aerolíneas Argentinas, lo cual no les permite a los inversores proyectar su rol en el mercado”.

El número de vuelos totales creció el 9,3% en los primeros 9 meses de 2025 (5,9% en cabotaje y 15,1% en internacionales), de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y la cantidad de pasajeros transportados subió el 15% (10,7% en cabotaje y 20% en vuelos internacionales).

Impacto moderado: medicamentos de venta libre en kioscos

El Gobierno nacional autorizó a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas para que el público pueda acceder a ellos de manera directa. También habilitó a los quioscos, supermercados y otros comercios a vender antiácidos y analgésicos. 

“Esta norma otorga mayor acceso a los consumidores, pero mantiene el marco de seguridad sanitaria porque los productos ofrecidos en góndola deben venderse en una caja cerrada (es decir, no se puede fragmentar el dispendio), con su respectivo prospecto y sólo a mayores de 18 años”, destacó Agostina Ambrosi, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ante la consulta de Chequeado.

Por su parte, Graciela Lovece, codirectora de la carrera de Derecho de Salud y Responsabilidad Médica e Institucional de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida incentiva un proceso de “medicalización de la vida cotidiana, que se advierte en los medios de comunicación donde el 90% de las publicidades refieren a temas de salud y medicamentos”.

Por otro lado, el Gobierno estableció que las farmacias deberán contar con un código QR que dirija a la lista de precios actualizados de los medicamentos que se comercialicen bajo receta y tengan disponibles. Ante la consulta de Chequeado, fuentes de IDESA destacaron que: “En la práctica, la medida fue implementada parcialmente ya que las inspecciones recientes revelaron que el 88 % de las farmacias inspeccionadas exhibía correctamente el QR, mientras que algunas fueron multadas o intimadas a corregir sus sistemas”.

Impacto bajo: la Ley de Góndolas

El DNU 70/23 también derogó la Ley de Góndolas, que establecía regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas.

El presidente de la delegación Mar del Plata de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró a DiarioAR que “la derogación implicó la pérdida de una herramienta en el conjunto de una batería de medidas que apuntaban a desarmar la posición dominante; a democratizar la oferta de productos alimenticios y a tratar de disciplinar los precios de los grandes jugadores”. 

Sin embargo, reconoció que la Ley de Góndolas “tuvo un peso relativo porque se hacía complejo el control del Estado en los puntos de venta. Los supermercados supieron encontrar los mecanismos para burlar o violentar el cumplimiento de la ley”. 

Impacto nulo: sociedades anónimas en el fútbol

El Gobierno nacional habilitó a las entidades deportivas a que asuman la figura legal de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que operen con fines de lucro (a diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro). 

Las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. No obstante, el DNU obligaba a estas organizaciones a modificar sus estatutos para permitir la afiliación de sociedades anónimas. 

Sin embargo, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la AFA y suspendió los alcances del decreto para el caso del fútbol. 

Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), explicó que el DNU “se encuentra vigente en sus efectos para la comunidad deportiva a excepción del fútbol y las entidades que forman parte de la AFA, hasta tanto se resuelva el conflicto judicial”.

Por su parte, Mariano Bambaci, abogado y especialista en derecho deportivo, explicó a este medio: “el Estado antes reconocía la autonomía de cada federación en relación a si aceptaba o no a las SAD. Ese artículo fue eliminado y ahora se establece que no puede haber discriminación. Es decir, violenta la autonomía de las federaciones nacionales porque ahora hay que cumplir con eso”.

Edición Matías Di Santi y Flor Ballarino

Federico Sturzenegger es el encargado de accionar la “deep motosierra” del presidente Javier Milei. El economista lidera desde su creación en julio de 2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una tarea principal: reducir el gasto público, simplificar trámites y burocracia, y aumentar la eficiencia del Estado.

En este contexto, el Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 (último dato oficial disponible) 437 normas (considerando decretos, resoluciones y leyes) con el objetivo de modificar o eliminar más de 1.300 medidas anteriores.

De ese total, Chequeado y elDiarioAR analizaron 160 normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de establecer el impacto que estas políticas tuvieron en el ámbito económico y comercial, y en la vida cotidiana de los argentinos. 

La conclusión: 6 de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales. El 28% de las iniciativas restantes fueron consideradas de alto impacto.

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Una agenda desreguladora con énfasis en economía

Con base en las 160 normas analizadas se identificaron 7 grandes áreas sobre las que se operaron los cambios regulatorios. El principal rubro fue el de Economía y finanzas, que explicó el 27% del cuerpo analizado y engloba desregulaciones de comercio exterior (como la simplificación de trámites de importación) e impuestos (como la baja o eliminación de tributos).

Le siguieron Administración pública y reforma del Estado (22,5%); Transporte (18,5%); Energía y minería (8%); Salud (8%) y Trabajo y seguridad social (7%). Otros sectores (donde se incluyen normas vinculadas a ámbitos como turismo, editorial o derechos de autor), explicaron el 9% de las normas analizadas.

¿Cuál fue el impacto de las medidas?

Para medir el impacto de cada normativa, Chequeado y elDiarioAR utilizaron un criterio cualitativo con 4 niveles (alto, moderado, bajo y nulo), según el grado de alcance y la magnitud de los cambios que generó al interior de una actividad productiva o de la cotidianeidad de las personas. Para ello se basaron en el análisis de datos oficiales, de informes y de especialistas, y se tuvo en cuenta el tiempo de vigencia de cada medida.

Del total de medidas analizadas, el 38% de las normas tuvo un impacto moderado. Esto aplica a los casos en los que las reformas se implementaron de manera parcial y/o provocaron cambios acotados.

Por ejemplo, el Decreto 959/24 eliminó los cargos hereditarios en el acceso a la administración pública. A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan este beneficio. 

No obstante, esta práctica ocurre en un universo pequeño de organismos y empresas del Estado, como el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, la Aduana, el Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que en conjunto explican el 17,5% del total de empleados estatales. El Gobierno no pudo precisar -en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado- cuántos empleados de esas dependencias habían accedido al cargo por este beneficio.

Otros ejemplos de medidas de impacto moderado son: la autorización a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas y la lista de precios actualizada –que tuvo una implementación parcial–, y el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, porque sólo YPF lo está aplicando y como prueba piloto. 

Asimismo, el 22% de las normas tuvo un bajo impacto (alcance restringido y cambios mínimos), dado que se legisló sobre una práctica o asunto que antes del cambio ya estaba en desuso en el sector involucrado, y, por ende, la reforma no se puede dimensionar porque ya existía en la práctica. En estos supuestos, la desregulación cumplió una función de limpieza y de ordenamiento. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal contenida en el DNU 70/2023. Allí se eliminó un artículo que establecía un límite máximo de $ 1.000 para las operaciones que podían realizarse en efectivo, un valor que había quedado obsoleto y en la práctica ya no se cumplía, según los expertos consultados. 

La derogación de Ley de Góndolas es otro ejemplo de desregulación de bajo impacto.

El 12% de las normas analizadas tuvo un impacto nulo, dado que sus efectos fueron neutralizados por la Justicia o por otra norma posterior. Es el caso del capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional en sede judicial. 

Finalmente, el 28% de las 160 normas analizadas fueron consideradas de alto impacto: fueron implementadas en su totalidad y provocaron cambios sustanciales que alteraron de manera fundamental la operatoria en una actividad en particular o grupo de personas.

Este es el caso del Decreto 1039/24, que anuló los préstamos a jubilados realizados por la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según datos de la Jefatura de Gabinete, en 2024 (previo a la suspensión) se realizaron préstamos por más de $ 1 billón.

La mirada de los especialistas

El economista Miguel Braun, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, destacó en X que “el Gobierno registró más de 1.300 normas ajustadas y más de 9.600 artículos modificados en menos de 2 años. Eso es un shock regulatorio inédito”. Y agregó: “Milei está reescribiendo reglas formales e informales del juego económico a la vez”. 

Por su parte, Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), destacó en diálogo con Chequeado: “La política de desregulación del gobierno combinó 3 pilares: la apertura de mercado, la eliminación de controles en general y la flexibilización de reglas”. 

Negri puntualizó que “las desregulaciones con mayor impacto fueron las que tocaron cuestiones más sensibles en la vida cotidiana, como la eliminación de la ley de alquileres”.

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, tras la derogación de esta norma, se produjo una caída del precio en términos reales de las locaciones inmobiliarias. En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

En tanto, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, planteó a Chequeado: “Hubo aciertos visibles, como la desregulación de los alquileres, pero también errores como el permiso de libre movimiento de carne en todo el país, incluso en la Patagonia que es una región considerada libre de aftosa, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de Chile resolviera suspender por completo las importaciones de animales y productos de origen animal provenientes de esa región”.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis?

Las 160 normas evaluadas en esta investigación fueron analizadas con el sustento de otros documentos públicos; bases de datos oficiales y sectoriales; y la revisión de artículos periodísticos. 

Para la definición del impacto de cada una de las medidas se consultó a unos 30 especialistas de diferentes áreas, y también se analizaron más de 20 respuestas a pedidos de acceso a la información pública o documentos oficiales para contextualizar los datos. 

Con estos datos se evaluó el impacto de las medidas. Se consideró un impacto “Alto” a aquellas normas implementadas totalmente y que generaron cambios sustanciales; “Moderado”, a aquellas cuya implementación fue parcial y los cambios acotados; “Bajo”, para las que tuvieron poca implementación y provocaron cambios mínimos; y “Nulo” para las que no fueron implementadas, ya sea porque la Justicia suspendió sus efectos, u otra norma posterior las modificó o eliminó.

Los datos e informaciones fueron sistematizados en una base de datos propia y pública, que permitió analizar el impacto de cada norma en sus respectivos sectores o en la comunidad en general. 

Edición Matías Di Santi y Florencia Ballarino

La nota completa puede leerse en https://impactosdesregularizacion.fopea.org

Guías turísticos, cooperativas locales y asociaciones profesionales expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a prestadores privados a operar dentro de los parques nacionales sin cumplir los requisitos históricos de formación, control ambiental ni acompañamiento profesional. Denuncian que esta desregulación afecta directamente su fuente laboral y abre la puerta a la precarización del turismo y el deterioro de los entornos protegidos.

La medida implica un cambio de reglas abrupto para los guías habilitados, quienes deben certificarse, formarse y acreditar conocimiento de los territorios en los que trabajan. Distintas asociaciones de profesionales señalaron que la desregulación “atenta contra su fuente laboral y contra el turismo responsable”.

El reclamo surgió tras la publicación de la Resolución 62/2025, que habilita un registro simplificado de prestadores privados dentro de parques nacionales, sin necesidad de informes de impacto ambiental ni guía obligatoria para las actividades consideradas no riesgosas.

“El guía no es un adorno: es quien cuida el ecosistema, enseña respeto por el entorno y evita que se generen daños irreparables”, expresaron referentes del sector. A su vez, advierten que la competencia sin regulación ni controles pone en riesgo el empleo formal en regiones donde el turismo es la principal fuente de ingresos.

Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un plan para “abrir el juego” y terminar con las “rentas monopólicas”. Según el nuevo titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el objetivo es fomentar más competencia, bajar precios y facilitar el acceso a los parques.

Uno de los casos mencionados fue el del glaciar Perito Moreno, donde actualmente una sola firma opera excursiones. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca habilitar a más empresas para operar en otras áreas del parque, como las caras norte y sur .

Impacto ambiental: luces rojas en territorios protegidos

Más allá de la dimensión laboral, la reforma despierta una fuerte preocupación ambiental. Los parques nacionales no son solo destinos turísticos: son territorios protegidos por ley, que preservan ecosistemas frágiles y especies en peligro.

La nueva normativa elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y permite construir “infraestructura efímera” sin evaluación previa. Especialistas advierten que esto podría derivar en basura acumulada, sobrecarga de visitantes, daño a la fauna, incendios o erosión de suelos.

“Sin protección ambiental, no hay turismo sustentable”, sintetizan desde organizaciones conservacionistas. También cuestionan que el Gobierno hable de “modernización” sin precisar mecanismos concretos para el control de actividades privadas dentro de las reservas.

¿Más turismo o más precariedad?

El nuevo régimen desregulado promete dinamizar la actividad, pero genera un escenario incierto para quienes trabajan como guías, operadores independientes o cooperativas locales. Para muchos de ellos, esta decisión implica pasar de ser actores centrales a competir en condiciones desiguales con grandes prestadores sin regulación.

En un contexto donde el empleo en el turismo aún no se recuperó por completo tras la pandemia, y donde la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, el debate no es solo económico, sino también ético y ambiental.

JJD

El Gobierno derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y las instituciones no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado.

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.

Los requerimientos fijados debían efectuarse antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido hasta el 15 de noviembre.

El decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores vigentes.

Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

En ese sentido, manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.

Al respecto, señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.

Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.

Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.

En esa línea, aseguró que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

De esta manera, la administración de Javier Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

Frente a dicho panorama, remarcó que “esta situación constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

En este contexto, afirmó que “el principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Con información de NA.

IG

El Gobierno dio este lunes un nuevo paso hacia la privatización total de la empresa estatal Intercargo, responsable del servicio de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país, e instruyó a distintos organismos a avanzar en las tareas necesarias para implementarla.

La Resolución del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, otorga funciones a diversas áreas del Estado para concretar la venta del 100 % del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.

El procedimiento fue iniciado formalmente el 17 de marzo pasado y tendrá un plazo de ocho meses para concretarse. No contempla el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un Programa de Propiedad Participada para empleados.

La Secretaría de Transporte será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente, con la participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

También deberá actualizar el inventario de bienes y promover la rescisión, de común acuerdo, del contrato de concesión vigente con el Estado.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el cronograma general y solicitará a una entidad bancaria pública la tasación del paquete accionario.

Además, la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la continuidad del servicio aeroportuario durante todo el proceso, sin afectar la conectividad nacional ni internacional.

Todos los procedimientos se llevarán a cabo a través de las plataformas oficiales.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la desregulación del mercado de servicios de rampa, lo que puso fin al monopolio que Intercargo mantenía en varios aeropuertos del país.

A partir de esta medida, ya se autorizaron seis nuevas empresas para operar en el sector: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A..

Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases, sancionada el 27 de junio de 2024 e impulsada por el Ejecutivo, que incluye a Intercargo entre las empresas sujetas a privatización como parte del plan del presidente Javier Milei para reducir la participación del Estado en la actividad empresarial.

EFE.

El Gobierno dispuso eliminar el control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la importación de cosméticos y productos de higiene personal para simplificar las compras por courier.

La medida se formalizó este miércoles mediante la Disposición 3562/2025 publicada en el Boletín Oficial estableciendo que el organismo no tendrá intervención en los trámites relacionados con gestiones por usuarios directos como la solicitud de autorización de ingreso al país para uso personal de una serie de productos de salud.

Artículos donde la ANMAT dejará de intervenir en los trámites:

Desde el organismo aclararon que con esta medida “la importación y el uso posterior de dichos productos quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, quien asume los riesgos y consecuencias que pudieran derivarse de su adquisición y uso”.

Al argumentar la decisión, en el texto oficial se explicó que “con el fin de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública, se considera oportuno implementar mecanismos de desregulación mediante la simplificación de trámites tendientes a optimizar recursos y agilizar procesos ofreciendo un balance razonable entre la libertad del usuario y la agilidad operativa”.

Al mismo tiempo, la normativa remarcó que a pesar de la desregulación introducida “se encuentra prohibida la comercialización y el uso con fines de lucro de los productos que ingresaban bajo estas modalidades”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la medida en su cuenta de X, afirmando que “nada tiene que hacer el Estado autorizándote un perfume o un pañal”, cuestionando que “vaya saber qué mente retorcida o qué interés oculto habría motivado estas restricciones”.

En este sentido, sostuvo que “darle acceso al mercado mundial de consumo a los argentinos tiene muchas ventajas”, manifestando que “primero, es un acto puro de libertad: libertad de elegir, de comprar y de acceder”.

Asimismo, afirmó que también “pone presión a los precios internos, porque nos permite escapar del zoológico local donde teníamos que pagar cualquier cosa (sino vean lo que está pasando en el mercado de la ropa)” y además consideró que “aumentar la variedad de bienes de consumo en sí mismo produce un aumento en el poder adquisitivo del salario”.

Al respecto, recordó que “hace unos años Christian Broda y David Weinstein midieron que el impacto de una mayor variedad de productos en EEUU era equivalente a una suba del salario del 3%. Pero acá el efecto es mucho más grande porque salimos de Siberia”.

Esta disposición marca una nueva etapa en la política de liberalización comercial y se suma a otras medidas que buscan derribar barreras a la importación minorista, reduciendo los costos y aumentando la oferta de productos para el consumidor argentino.

Con información de la agencia NA

El Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que representa a los creadores y a las sociedades de autores de todo el mundo, solicitó a las autoridades del Gobierno argentino que “siga velando porque los titulares de derechos continúen disponiendo de un sistema de gestión colectiva eficaz”.

La Resolución de CISAC surgió tras analizar la situación del sistema de derechos y las modificaciones que se dieron a partir de que el Poder Ejecutivo nacional publicara los decretos 765/2024; 138/2025; y 150/2025, de agosto de 2024 y febrero de 2025, donde se desreguló el régimen de gestión colectiva con un fuerte impacto en la industria cultural y la protección de los derechos de los creadores.

Las entidades encargadas de administrar y garantizar los derechos de propiedad intelectual de Argentina (SADAIC, AADI CAPIF y ARGENTORES) también son miembros de la CISAC, y están comprometidas con los más altos estándares de transparencia, responsabilidad y buen gobierno.

Asimismo, remarcaron la necesidad de que “no pierda de vista el impacto negativo en el mercado que podría resultar de la proliferación de entidades de concesión de licencias en un mercado que durante más de 100 años solo tuvo una entidad de concesión de licencias para cada categoría y repertorio, y en particular, garantizar que el nuevo marco competitivo funcione en detrimento de los titulares de derechos”.

Los miembros de CISAC también instaron a las autoridades a mantener un sistema eficiente que beneficie tanto a los titulares de derechos como a los usuarios y aseguraron que “la Constitución Argentina reconoce expresamente los derechos de la propiedad intelectual en su artículo 17” y que los derechos constitucionales de propiedad intelectual se encuentran establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual 11723, cuyo artículo 2 establece el derecho exclusivo de los autores sobre sus obras en cualquier forma.

En ese marco, indicaron que con la “gestión colectiva de derechos en Argentina, los autores se han beneficiado de un sistema estable que garantiza su capacidad de obtener una remuneración justa por sus obras creativas” y que “permite a los titulares gestionar libremente sus derechos, a través de organizaciones que tienen el deber fiduciario de actuar en el mejor interés de sus miembros afiliados”.

A su vez, explicaron que en muchos países las organizaciones de gestión colectiva de estos derechos operan bajo regímenes monopolísticos de facto o de jure: “Este estatus no implica que estas sociedades estén exentas de control, sino que operan dentro de un marco legal que garantiza su correcto funcionamiento”, concluyeron.

La titular de la Administración Nacional de Aviación civil (ANAC), María Julia Cordero, presentó la renuncia a su cargo. La dimisión se da en el marco de versiones que indican que se encuentra a la firma del presidente Javier Milei, la fusión de este organismo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

La renuncia habría sido presentada este martes y ya le fue aceptada por el Gobierno y aunque aún no se ha anunciado oficialmente, fue confirmada en off por fuentes vinculadas con el la actividad aerocomercial.

Cordero había sido designada al frente de ANAC en enero, tras haber ejercido el cargo de interventora desde el mes de julio.

Durante su gestión se llevaron a cabo reformas que le permitieron a la Argentina sostener la Categoría 1 en Seguridad Operacional de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y superar las exigencias de parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) alcanzando un 85,8% de cumplimiento en relación con las normas y procedimientos de Seguridad Operacional establecidos por dicho organismo.

De acuerdo a fuentes cercanas a la funcionaria, la dimisión se concreta porque Cordero considera que “cumplió con los objetivos que se habían planteado en su desginación” y además “por cuestiones personales”.

La salida de Cordero se da en momentos en que se están gestando una serie de reformas que viene llevando adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que incluyen la fusión de la ANAC y el ORSNA en un solo organismo, que abarcará también a la Subsecretaría de Transporte Aéreo, hoy a cargo de Hernán Gómez.

Según los trascendidos de fuentes vinculadas al Gobierno, Cordero no era la elegida para estar al frente del nuevo organismo, por lo que se anticipaba que presentaría su renuncia ya desde hace unos días.

Con información de la agencia NA

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva regulación que restringe el ejercicio del derecho a huelga en Argentina. La norma amplía considerablemente el listado de actividades consideradas “esenciales”, imponiendo la obligación de garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento habitual durante conflictos gremiales.

La medida, que forma parte de un paquete de desregulación estatal con foco en el sector de la marina mercante, lleva las firmas del presidente Javier Milei y de ocho ministros, entre ellos Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto.

Y agrega: “En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer una cobertura menor al 50%”.

Qué servicios se consideran esenciales

El DNU amplía el concepto de servicio esencial más allá de los parámetros vigentes hasta ahora. Se incorporan nuevas actividades que deberán cumplir con los umbrales obligatorios de funcionamiento:

También se ratifican y amplían actividades ya contempladas en normativa previa:

Antecedente judicial: el DNU 70/23 suspendido

Estas reformas ya habían sido incluidas en el capítulo 4 del DNU 70/2023, pero fueron suspendidas por la Justicia en segunda instancia, con un fallo que las declaró inconstitucionales. La Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre ese expediente. El nuevo DNU 340/2025 busca reinstalar parte de ese contenido, ahora en un texto independiente.

Críticas desde el derecho laboral

La norma fue rechazada por especialistas y organizaciones sindicales, que consideran que atenta contra derechos laborales fundamentales.

“Se prohíbe hacer huelgas”, expresó el abogado laboralista Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y exasesor de ATE. Y advirtió: “La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT, solo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”.

También se expresó al respecto Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: “El derecho de huelga bajo amenaza. Con la excusa de regular la actividad de la marina mercante (DNU 340/25), el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23 que limita el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país”.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga como parte de la libertad sindical, y convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) limitan estrictamente los casos en los que puede restringirse. Para sectores gremiales y del derecho laboral, el decreto del gobierno va más allá de esos márgenes, y se espera que genere nuevas presentaciones judiciales.

La provincia de Tierra del Fuego está atravesada este miércoles por un paro general y movilización en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina de 24 horas afecta tanto el sector público como del privado, apalancada por los principales sindicatos y organizaciones sociales.

El paro es una adhesión a la protesta original del sindicato de metalúrgicos de la UOM con base en Ushuaia y Río Grande, los principales puntos donde están intaladas las fábricas de producción y ensamblaje de electrónicos. Al paro se plegaron este miércoles los sindicatos de Camioneros, Comercio, Peones de Taxis, ATE, Docentes, Judiciales, Bancarios, y parcialmente los choferes de colectivos, según reportaron medios locales.

La medida de fuerza prevé cortes y concentraciones frente a supermercados y otras empresas, y tendrá epicentro al mediodía en las inmediaciones de la planta industrial Mirgor, de la cual es propietario Nicolás Caputo, familiar del ministro Luis Caputo y amigo íntimo de Mauricio Macri. Allí se leerá un documento conjunto.

Mirgor, de hecho, envió un comunicado a sus trabajadores en el que buscó trasmitir “tranquilidad” en relación a los puestos laborales, según medios locales. El CEO destaco que, las medidas tomadas “no afectarían los puestos de producción de celulares y que permiten seguir siendo competitivos”, consignó el diario Tiempo Fueguino. La semana pasada, el CEO de Newsan, Luis Galli, sí reconoció que la medida “afectaría a la gente”. Se estiman que habría unos 8.000 empleos en riesgo por la medida de Javier Milei.

“No vamos a dar el brazo a torcer. Tenemos que lograr que esto vuelva para atrás. Esto no es algo partidario”, calificó un trabajador al comienzo de la protesta consultado por el canal C5N. “Toda la provincia está afectada. Esto es una cadena, destruyen una provincia”, comentó una manifestante.

La protesta se concreta un día después de que la Casa Rosada publicara el Decreto 333/25 que modificó los Derecho de Importación Extrazona para “teléfonos inteligentes, teléfonos celulares portátiles, excepto los que sean por satélite”: pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción de los derechos para la importación de “Videoconsolas y máquinas de videojuego”, que pasan de tributar el 35 % a un 20%.

Según fuentes del sector, en el caso de los teléfonos celulares, la medida implica que para principio del año entrante los teléfonos celulares producidos, o ensamblados, en México, Brasil, China, India, Vietnam con ciertas ventajas fiscales y arancelarias, tendrán el mismo tratamiento arancelario que los producidos o ensamblados en Tierra del Fuego. La producción fueguina de celulares seguirá contando con un diferencial impositivo a su favor, ya que en el mismo decreto 333/25 se dispuso una reducción transitoria del 50% en la alícuota de impuestos internos que gravan la comercialización de celulares; equipo de aire acondicionado, compactos o de tipo Split, de hasta 6.000 frigorías; monitores y aparatos receptores de televisión. Para los importados, la alícuota pasa del 19% actual al 9,5%%, y para los fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en la mencionada Área Aduanera Especial, del 9,5% al 0%.

MC

A través del Decreto 138/25, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional autorizó la creación de nuevas entidades para que las y los artistas gestionen el cobro por derechos de autor o incluso lo puedan hacer por su cuenta. Eso quiere decir que a partir de ahora, podrán celebrar acuerdos particulares sin intervención de terceros, lo que elimina las sociedades de gestión colectiva existentes como Sadaic, Sagai, Aadi-Capif, Dac y Argentores.

Sustituyendo el artículo 32 del Decreto N° 41.223 que data del 3 de mayo de 1934, la nueva disposición define que “los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual”.

“Las sociedades que pretendan administrar los derechos establecidos en la ley deberán acreditar ante el Registro hallarse facultadas por los estatutos para ejercer la representación o administración de los derechos de terceros amparados por la Ley N° 11.723″, señala el documento nuevo.

“Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual, respecto de cualquier utilización de una obra o bien cuando hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro”, se agrega en el artículo cuatro.

El anuncio generó el inmediato repudio de las entidades. La Sociedad de Autores y Compositores de la Argentina (Sadaic) publicó un comunicado en el que se manifiesta en desacuerdo con la medida. “La música tiene valor y quieren regalar nuestro trabajo. La canción es una propiedad privada y el autor tiene el derecho constitucional de recibir una recompensación económica cuando su obra es utilizada especialmente para beneficio económico de terceros”, añade.

“El decreto presidencial nos obliga a regalar el fruto de nuestro trabajo intelectual. Sin contemplar que es parte de nuestro sustento, el de nuestras familias y el de miles de personas que trabajan y viven dentro del maravilloso mundo del entretenimiento musical. Es injusto y no hay derecho”, sostiene.

“Sadaic es una sociedad civil y mutualsita, sin fines de lucro. Y representa 113 sociedades de gestión y más de 4 millones de autores en el mundo. No coincidimos con los objetivos que marca el decreto. Vamos a defender nuestro derecho en todos los ámbitos necesarios. Queremos Justicia y queremos respeto”, cierra el comunicado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y dijo que así se le devuelve “a los artistas su independencia”. Además, acompañó el posteo con una imagen creada con inteligencia artificial para festejar el cambio del decreto que, según él, data de la dictadura de Juan Carlos Onganía. “Acompañamos este post con una imagen de unos músicos despidiendo al Dictador Onganía. ¡Nunca más el control del Estado sobre la cultura! ¡Viva la libertad carajo!”, escribió.

“Los beneficios son evidentes: los autores recuperan la libertad que le da el pleno control de sus derechos, podrán elegir quién los representa o si lo desean representarse ellos mismos sin intervención de una SGC. Los contratantes, por su parte, sabrán que con el acuerdo particular ya satisfacen todos los derechos económicos de ese autor, lo que da mayor certeza en el comercio”, aseguró.