Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, uno de los impactos más alarmantes de su política económica, según surge de un informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), es el aumento de la informalidad laboral en las mujeres, que alcanzó el 38,7% en 2024. Este incremento refleja una mayor precarización del empleo femenino y cómo se profundizan las desigualdades de género en el acceso a derechos laborales y seguridad social.

La informalidad laboral afecta con mayor fuerza a las mujeres, que ya enfrentaban mayores dificultades para acceder a empleos de calidad. Mientras que la informalidad en los varones se ubicó en el 35%, la de las mujeres creció 1,3 puntos porcentuales en el último año, ampliando la brecha a 3,7 puntos porcentuales. Esto significa que más mujeres trabajan sin aportes jubilatorios, sin acceso a licencias y con salarios más bajos e inestables.

Esta precarización del empleo femenino está ligada a la crisis económica y a la falta de políticas públicas que promuevan la formalización del trabajo. Sectores altamente feminizados, como el trabajo en casas particulares, sufrieron una caída significativa en los puestos registrados, con 15.748 empleos menos desde la asunción de Milei.

El aumento de la informalidad no solo deteriora las condiciones laborales de las mujeres sino que impacta directamente en sus ingresos. La brecha salarial entre varones y mujeres alcanzó el 27,7%, lo que significa que, en promedio, las mujeres ganan casi un tercio menos que sus pares masculinos. En el sector informal, la diferencia es aún mayor, con una brecha del 33,3%.

Esta desigualdad en los ingresos refuerza la feminización de la pobreza: el 61,4% de las personas en el decil más bajo de ingresos son mujeres. En contraste, en el decil más alto de ingresos, solo el 35% son mujeres, lo que evidencia una concentración de la riqueza en los varones.

El impacto de la política económica de Milei en la desigualdad de género no se limita al mercado laboral. Los recortes presupuestarios golpearon de manera directa a programas destinados a reducir las brechas de género y proteger a mujeres y diversidades. Entre los ajustes más drásticos se encuentran:

Además, el programa Registradas, que promovía la formalización del empleo en casas particulares, fue eliminado, lo que agrava la precarización del sector.

En el ámbito de la salud y la educación, también se produjeron retrocesos importantes. La Educación Sexual Integral (ESI) fue una de las áreas más afectadas, con un recorte del 98,7% en su financiamiento. Asimismo, la política de prevención del embarazo adolescente perdió el 93,9% de su presupuesto.

Más datos que evidencian la desigualdad

Otro de los hallazgos del informe del Observatorio de Género de CEPA es que la tasa de actividad de las mujeres es 18,4 puntos porcentuales menor que la de los hombres (52,1% frente a 70,5%), lo que indica una menor participación en el mercado de trabajo. Además, la tasa de desocupación femenina aumentó a 7,9%, mientras que la masculina se ubicó en 6,2%, ampliando la brecha de desocupación a 1,7 puntos porcentuales.

El informe destaca que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos: el 61,4% de quienes integran el decil más bajo de ingresos son mujeres. En contraste, en el decil más alto, sólo el 35% son mujeres, lo que evidencia una masculinización de la riqueza. Además, en los impuestos progresivos como Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias, las mujeres están subrepresentadas, con solo un 32,8% de participación.

Las decisiones económicas del gobierno de Milei no fueron neutras en términos de género. La quita de subsidios al transporte y la liberalización de precios encarecieron los costos de vida, afectando en mayor medida a las mujeres, que tienen menor poder adquisitivo y asumen la mayor parte de las responsabilidades de cuidado. La reducción en la inversión en infraestructura de cuidados también profundizó las desigualdades, ya que las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones al trabajo no remunerado.

El informe del CEPA deja en evidencia que el primer año de gobierno de La Libertad Avanza supuso un fuerte retroceso en la lucha por la equidad de género. Con un Estado cada vez más ausente en la implementación de políticas públicas inclusivas, las mujeres y diversidades se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

JJD