A días de exigir “el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó formalmente una denuncia penal contra la magistrada a la que acusó de incurrir “claramente en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”. 

Durante la represión de las fuerzas de seguridad en medio de la marcha de los jubildados del último miércoles, más de cien personas fueron detenidas y, a las horas, liberadas por decisión de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien argumentó que no tenía información ni datos suficientes para mantenerlos retenidos. Esto generó el rechazo del oficialismo en bloque, que la acusó de aplicar “la puerta giratoria” y de ser “responsable directa de la inseguridad en la Argentina”.

En el escrito que presentó el abogado Fernando Oscar Soto en representación de la cartera que conduce Bullrich, se sostiene que tomar la decisión de liberar a los detenidos “fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología, que no es inocuo en el marco del derecho penal porque la gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”. Para el Gobierno, “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de 'reclamar' y, por el contrario, son constitutivas de delito”. Además, insisten con que Andrade liberó a los 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes” y con que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal”.

Tras presentar la denuncia, Bullrich lo comunicó en sus redes sociales: “Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”, posteó la funcionaria.

Según el oficalismo, “entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo”. La denuncia también detalla que la jueza “dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.

En su comunicación oficial para anunciar la denuncia penal contra Andrade, Bullrich recordó que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad “presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores”.

Además, sin mencionar a los menores detenidos, los golpes a jubilados ni al fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una granada de gas, desde el gobierno solo mencionan que “los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de efectivos de la Policía Federal heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público”. E insisten en la participación de “grupos organizados movilizados que incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol” y que algunos de los manifestantes “habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia”.

La denuncia completa y sus argumentos

IG

La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.

“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.

El miércoles, la policía emprendió una cacería en las inmediaciones del Congreso desde aproximadamente las 17:30. Detuvo a 114 personas, que fueron liberadas durante la madrugada por Andrade, a quien el Gobierno criticó duramente.

“Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia,” escribió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en X.

En una denuncia presentada el viernes, el Ministerio de Seguridad requirió la declaración de incompetencia de Andrade y comunicó que la cartera dirigida por Bullrich se encontraba “evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El legislador porteño Yamil Santoro se adelantó y presentó una denuncia por “mal desempeño” y por supuestas “múltiples situaciones de violencia laboral con los empleados de su juzgado y otras irregularidades como haber dejado detenida ilegalmente a una persona por casi 15 días por olvidarse de notificar que no debía estar preso”, según escribió en un post en X.

“Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces”. Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.

Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.

La jueza señaló también que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”. A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos. “Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas”, relató.

Finalmente, negó militar en algún partido político, luego de que uno de los principales diarios de tirada nacional la acusara de “jueza camporista” en su tapa. “Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales”, afirmó.

FI con información de NA

La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 15, quien este jueves ordenó la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos en el Congreso de la Nación en la marcha de los jubilados y generó el rechazo del oficialismo y sus aliados en pleno, justificó su decisión al declarar que la sentencia “dejó en claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país, con argumentos apegados a la Constitución Nacional”, al tiempo que sostuvo que en su fallo le correspondía “diferenciar la necesidad de dar una respuesta rápida, conforme a los pedidos de la defensa, de la expectativa que tiene el Estado de investigar un hecho delictivo”. Y agregó: “Nadie me trajo información de que había barrabravas”.

La magistrada explicó que tuvo que “advertir cuáles eran los derechos que había que preservar de las personas que necesitaban una respuesta rápida. Toda orden de libertad queda supeditada a que no haya impedimento legal. Si una persona tiene un pedido de captura vigente, no se ejecuta esa liberación, como pasó con una de las personas”, aclaró.

De acuerdo a Andrade, “en el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, dijo en díalogo con María O'Donnell en su programa de Urbana Play, al tiempo que agregó que las detenciones “se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional. Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, remarcó.

Según la jueza, su función era “controlar las garantías y hacer una ponderación de derechos. Además, tengo un pedido de la defensa. No lo hice de oficio. Hay una obligación básica de informar al juez de la causa sobre las detenciones. Y eso no pasó, sólo con las primeras”, relató. Y añadió: “Hubo detenciones que no estaban siendo informadas conforme a lo que la ley y la Constitución exigen. Pasaron horas y no teníamos los datos básicos”.

Andrade también aclaró que las investigaciones no están cerradas. “El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente”. Y concluyó: “Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea”.

Las liberaciones y el fallo

La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó en la madrugada de este jueves la inmediata liberación de las personas detenidas durante la manifestación de los jubilados en los alrededores del Congreso, tras la represión de las fuerzas de seguridad ordenada por el Gobierno. Se trata de 71 hombres y 23 mujeres, a quienes se les notificó por tandas de la iniciación de la causa en su contra y la citación para declarar ante la Unidad de Flagrancia Este. A los 94 imputados se los acusa de atentado, resistencia, lesiones y daños.

En su resolución, Andrade argumentó que, en cuanto a las detenciones informadas, “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, al tiempo que advierte que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” y que están “protegidos convencionalmente”.

“Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, sostuvo la jueza y dispuso “la inmediata soltura de los detenidos”.

Para la jueza, “en un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial”.

Frases destacadas del fallo de Andrade

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