El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este jueves la ruptura de relaciones con la Alta Representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, por unas supuestas declaraciones en las que habría comparado cómo trata el Estado israelí a los palestinos con el régimen de 'apartheid' de Sudáfrica.

“La Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, actúa desde hace tiempo de manera obsesiva y con una falta de decencia despreciable contra el Estado de Israel. Recientemente se ha publicado que, durante su visita a México, equiparó a Israel con el régimen racista del apartheid que imperaba en Sudáfrica”, argumentó Saar antes de anunciar que “como ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, no tengo más opción que cortar todo contacto con la señora Kallas, hasta que se retracte de la infame acusación de sangre que lanzó contra el único Estado judío, que también es la única democracia en Oriente Medio. Y así lo hago”.

Kallas responmdió en la red social X que “la UE e Israel tienen mucho que nos une. Valoro nuestro diálogo y compromiso, y estoy abierto a continuar en ese espíritu, de manera respetuosa y constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La UE está siempre comprometida con una relación constructiva con Israel”.

Además la jefa de la diplomacia europea agregó que “para traer la paz a Oriente Medio, la solución de los Dos Estados sigue siendo el único camino viable. La UE ha condenado los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania que hacen cada vez más difícil alcanzar ese objetivo. Esa es la posición de la UE”.

Pero la respuesta no le pareció suficiente al ministro israelí de Exteriores, que en otro mensaje de X se reafirmó en el distanciamiento. “Usted se abstiene de negar o condenar lo que se le atribuye públicamente. Eso habla por sí solo. Según mi conocimiento, las declaraciones que se le atribuyen en el asunto del 'apartheid' no reflejan la posición de la Unión Europea. El asunto es simple: si efectivamente dijo esas cosas infames y difamatorias, defiéndalas. Si no las dijo, niéguelas. Mientras esta nube no se disipe, mi decisión se mantendrá firme”.

Un portavoz de la Comisión Europea defendió el papel de Kallas al asegurar que “la Alta Representante y la Unión Europea siguen comprometidas con una relación constructiva con Israel y, como señaló la propia Alta Representante, la UE e Israel tienen mucho que nos une. Hay que recordar también que Israel es una democracia. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias”.

Kallas está siendo protagonista de controversias internas tras la publicación de un informe en el que se atribuía a varios países europeos la petición de eliminar o modificar el Servicio Europeo de Acción Exterior, ya que Kallas no estaría recogiendo las posturas europeas ni estaba cubriendo las expectativas ante los nuevos retos geopolíticos del momento.

Mbuyisa Makhubo corría y corría pidiendo ayuda mientras llevaba en sus brazos a Hector Pieterson, de 12 años. El 16 de junio de 1976, en Soweto, Sudáfrica, miles de estudiantes se levantaron y salieron a manifestarse contra otra imposición del régimen del apartheid del Gobierno sudafricano: esa vez por querer implantar la lengua afrikaans en la educación. Pieterson fue uno entre más de 500 niños asesinados, pero su cuerpo sin vida fue fotografiado por un periodista –uno que vio condenada toda su carrera en el momento en que hizo esa foto– y la imagen instaló el conflicto en la conciencia global. A partir de ese momento, la presión internacional sobre el Gobierno de Sudáfrica no paró de crecer —en forma de sanciones económicas, boicots a eventos deportivos, acontecimientos culturales...— y llevó al fin del sistema en 1994.

El régimen del apartheid comenzó en 1948, tras las elecciones que ganó el Partido Nacional (PN), controlado por los afrikáners, y en la que solo votaron los blancos –estos representaban en torno al 20% de la población—. Votaron la separación (apartheid en afrikaans) o más bien su institucionalización, ya que la segregación racial existía antes, desde que llegaron los colonos neerlandeses a las costas de Ciudad del Cabo sobre 1650.

Para 1987 las sanciones se habían convertido en una virtual prohibición de todo comercio con Sudáfrica

Enrique Ojea — 'Sudáfrica y el camino a la libertad'

El contexto internacional estaba marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. En plena época de la descolonización, el apartheid chocó con la agenda global y fue quedando cada vez más aislado. Pero el primer cuestionamiento surgió desde dentro: desde el principio los africanos violaron las leyes de segregación. Según el historiador Frederick Cooper, “las semillas para un desmontaje del apartheid estaban presentes desde la década de 1950”.

La matanza de Shaperville (69 muertos en 1960) no hizo retroceder al Gobierno sudafricano, sino todo lo contrario. Se ilegalizó el CNA (Congreso Nacional Africano) y encarcelaron a Nelson Mandela –esto hizo que el partido pasara a la lucha armada. En 1973, la Asamblea General de la ONU aprobó una convención condenando el crimen del apartheid y, tras el levantamiento de Soweto (1976) y la muerte de Steve Biko (1977), el Consejo de Seguridad impuso un embargo obligatorio de armas contra Sudáfrica (Resolución 418, 1977).

A partir de 1980, el movimiento antiapartheid empezó a tomar la forma de sanciones económicas impuestas desde el extranjero al Gobierno sudafricano. En 1982 la empresa General Electric suspendió una inversión de 138 millones de dólares en una inversión conjunta con una empresa minera sudafricana por la presión sufrida en su sede principal de Connecticut. Las primeras sanciones comerciales llegaron desde la Comunidad Económica Europea y la Commonwealth en 1985. “Y para 1987 las sanciones se habían convertido en una virtual prohibición de todo comercio con Sudáfrica”, como cuenta Enrique Ojea en ‘Sudáfrica y el camino a la libertad. Del apartheid a la democracia’ (Catarata, 2021).

Un paquete de sanciones económicas muy relevante se activó en 1986, cuando el Congreso de Estados Unidos logró evitar el veto del presidente Reagan –que no quería castigar a Sudáfrica– y aprobó con dos tercios de los votos la “Comprehensive Anti-Apartheid Act”.

Esta ley estableció cinco condiciones que el gobierno de Sudáfrica debía cumplir para que las sanciones fuesen levantadas, pero esto no se dio hasta 1991, cuando comenzó la transición democrática y tras la llegada de De Klerk. Estas eran la liberación de presos políticos (incluido Nelson Mandela), la legalización de organizaciones proscritas como el CNA, la derogación de leyes clave del apartheid, el levantamiento del estado de emergencia y el inicio de negociaciones para una democracia no racial.

La ley vetó nuevas inversiones y préstamos al Gobierno de Pretoria, cortó vuelos (tanto de compañías sudafricanas a EEUU como de compañías estadounidenses a Sudáfrica), anuló el tratado fiscal, bloqueó cuentas oficiales y prohibió importaciones claves a EEUU (monedas de oro Krugerrand, hierro y acero, carbón, uranio, textiles, alimentos y azúcar), además de restringir exportaciones hacia Sudáfrica sensibles (computación, defensa, energía nuclear y petróleo).

A estas medidas se añadieron boicots al consumo (como a las naranjas Outspan, a Shell), así como una campaña de desinversión de compañías privadas (universidades, iglesias, etcétera). Este castigo económico hizo mucho daño al régimen.

El deporte actuó como altavoz del aislamiento. En 1977 la Commonwealth firmó el Acuerdo de Gleneagles para desalentar todo contacto deportivo con Sudáfrica. Un año antes, 22 países africanos habían boicoteado los Juegos Olímpicos de Montreal después de que el COI se negara a sancionar a Nueva Zelanda por la gira de los All Blacks en Sudáfrica. El COI había expulsado ya a su comité olímpico y Sudáfrica no volvió a competir hasta Barcelona 1992.

En rugby, Sudáfrica fue excluida de las dos primeras Copas Mundiales, en 1987 y 1991. En atletismo, fue apartada por la IAAF. En el fútbol, Sudáfrica fue suspendida por la FIFA al principio de la década de los sesenta por la decisión de hacer un equipo de blancos para el mundial del 62 y de negros para el 70. Luego fue expulsada del organismo tras los disturbios de Soweto y finalmente readmitida en 1992. En la Copa África también se vio afectada: fue excluida desde el inicio en 1957 —de nuevo por no querer formar un equipo multirracial—, a pesar de ser una de los cuatro naciones fundadoras.

Hoy las competiciones deportivas han vuelto a jugar un papel para visibilizar reivindicaciones políticas. Se vio la semana pasada con la Vuelta ciclista a España, en la que numerosas protestas propalestinas –que dejaron 23 policías heridos– forzaron a cancelar la etapa final en Madrid. El objetivo era un boicot al equipo Israel-Premier Tech. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un pasó más y pidió la exclusión de Israel de las competiciones deportivas internacionales “mientras dure la barbarie”.

En el terreno cultural, miles de profesionales del cine han firmado un compromiso de no trabajar con instituciones cinematográficas israelíes. Lo hicieron afirmando que la inspiración venía del boicot cultural que contribuyó al apartheid en Sudáfrica. Asimismo, RTVE anunció ayer que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel compite y, en ese caso, RTVE tampoco emitirá el certamen. Todo esto en una jornada en la que la comisión de investigación independiente nombrada por la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

La semana pasada, las autoridades de Sudáfrica anunciaron la reapertura de la investigación por la muerte de Steve Biko, torturada a manos de las fuerzas de seguridad. Cincuenta años después, la lucha contra el apartheid sudafricano sigue viva.

Las relaciones de Israel con el régimen del apartheid

En abril de 1976, dos meses antes de las muertes en Soweto, el entonces presidente sudafricano, John Vorster, hizo una visita de Estado a Jerusalén. El encuentro tenía la intención de generar entre las partes un comercio bilateral que pasaban por el uso de materias primas sudafricanas y mano de obra israelí cualificada en proyectos conjuntos, así como la intensificación de las relaciones en el ámbito científico. Esto trasladó una idea a una parte del panorama internacional: que era difícil separar el movimiento sionista del racismo del apartheid.

Tras la reunión se habló de extender la relación en cuanto al suministro de armas, aunque ambos países lo negaron. Más tarde, unos documentos sudafricanos desclasificados, publicados por The Guardian en 2010, revelaron que en 1975 se discutió una oferta israelí de ojivas nucleares para misiles Jericho, aunque el primer ministro israelí Shimon Peres lo negó tajantemente.

Sin embargo, las relaciones venían de antes. El gobierno sudafricano votó en 1948 a favor del plan de partición del Estado de Israel de la ONU. Aunque después de esa fecha los vínculos parecieron enfriarse, ya que Israel lanzó críticas al apartheid en la ONU, el comercio bilateral siguió creciendo y Sudáfrica llegó a ser su principal socio africano. Sobre todo tras la Guerra de los seis días (1967) y la de Yom Kipur (1973), que aisló a Israel en África. Bajo presión de EE UU tras la Comprehensive Anti-Apartheid Act, Israel anunció en marzo de 1987 que no firmaría nuevos contratos de armas con Sudáfrica y que restringiría los intercambios oficiales.

Con la transición democrática en Sudáfrica, Israel levantó su embargo comercial el 15 de julio de 1991 y en noviembre de ese año F. W. de Klerk hizo una visita de Estado a Israel. Ambos gobiernos firmaron un memorando para ampliar la cooperación económica y científica.

Tras la llegada de la democracia en 1994 al país africano, la relación viró, marcada por los choques por la situación en Palestina. En diciembre de 2023, fue Sudáfrica quien demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, por violar sus obligaciones como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este documento se redactó en 1948 precisamente a raíz del Holocausto, para tipificar el exterminio de un pueblo y evitar su repetición.

“No estamos hablando de discriminación. Es apartheid de género. Una lógica del régimen talibán que les permite mantener el poder. Han borrado a las mujeres de la vida pública y ponerle un nombre abre la puerta al nivel adecuado de rendición de cuentas”. La activista británico-afgana Sahar Halaimzai no duda en pronunciar las palabras que, para ella, definen con precisión lo que ocurre en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder hace justo cuatro años en agosto de 2021.

“Llamarlo apartheid de género es estratégico, como también lo es que se incluya en el tratado de crímenes de lesa humanidad que algunos países y organizaciones están intentando impulsar”, insiste la activista en una entrevista con elDiario.es.

Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Desde su regreso al poder, la jerarquía integrista afgana ha borrado a las mujeres y a las niñas de la vida pública y les ha negado los derechos más básicos. Lo ha hecho de forma sistemática y metódica con un centenar de decretos que les han negado el derecho de asistir a la escuela secundaria, ir a la universidad, trabajar en la mayoría de sectores o desplazarse solas, entre otros. Estas prohibiciones tienen un impacto devastador en las tasas de alfabetización, la pobreza, la salud maternoinfantil y el bienestar mental de las mujeres.

Halaimzai, que dirige la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala —la organización formada por la activista premio nobel de la paz Malala Yousafzai— sabe que las palabras importan, pero que en este caso también pueden ser una herramienta jurídica. Su objetivo es que el término se codifique como un crimen en el nuevo Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad que Naciones Unidas ha comenzado a preparar. El reconocimiento no sería solo simbólico: obligaría a los Estados a actuar y abriría la puerta a que los líderes talibanes pudieran ser perseguidos internacionalmente.

A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, y de aprobarse el tratado podrían incluir la desaparición forzada, la violación y la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales masivas y el apartheid.

El Fondo Malala ha tejido alianzas con personas expertas en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica —la Fundación Nelson Mandela les ha dado su apoyo desde el inicio— con el objetivo de dar pasos firmes hacia el fin de un sistema que niega los derechos más básicos a la mitad de la población del país.

La activista subraya que el uso del término “apartheid de género” no es retórico. “Es el único que capta la naturaleza totalitaria del régimen talibán”, afirma. La expresión se inspira en el apartheid racial de Sudáfrica. El paralelismo no es casual: como entonces, el sistema se basa en leyes y prácticas que buscan excluir de la vida pública a un grupo entero de personas por su condición, en el caso de Afganistán, el género.

“Sin ese reconocimiento legal, se sigue tratando como una manifestación cultural y no como un delito deliberado”, advierte. El objetivo es cerrar esa brecha para que la comunidad internacional esté obligada a actuar, desde la política exterior hasta la ayuda humanitaria y la protección a personas refugiadas.

Halaimzai insiste en que no basta con denunciar. Es necesario actuar. “El reconocimiento legal del apartheid de género permitiría una acción internacional coordinada, desde la política exterior hasta la distribución de la ayuda humanitaria. Codificarlo como crimen de lesa humanidad daría herramientas para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables”. Ese reconocimiento, afirma, permitiría cerrar una brecha que ha permitido que la violencia de género sistemática se trate como una cuestión cultural y no como una violación del derecho internacional.

Nombrar el crimen para acabar con la impunidad

Desde 2021, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe expresamente la educación secundaria y universitaria a las niñas. Las mujeres tienen vetado trabajar, moverse libremente, acudir solas a un médico o aparecer en público sin un acompañante masculino. “Esto no es una práctica cultural o religiosa. Es una estrategia codificada de control”, recalca Halaimzai.

El marco para esa codificación es el futuro Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La resolución 79/122 de la Asamblea General fue aprobada por consenso en diciembre de 2024 y se prevén conferencias diplomáticas en 2028 y 2029 para cerrar el texto, tras un periodo de trabajo que incluirá la definición de crímenes, jurisdicción y obligaciones de los Estados.

Amnistía Internacional ha subrayado que este tratado ofrecería “la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género”. La nueva convención mejoraría los estándares internacionales en materia de justicia de género, reconociendo crímenes que han recibido poca atención, como el apartheid de género o el matrimonio forzado.

En junio de 2024, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó al creciente número de voces que reclaman reconocer formalmente que la situación de las mujeres y niñas en Afganistán constituye un apartheid de género. Guterres instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas efectivas” para poner fin a esta discriminación sistemática, comparables a las que contribuyeron a desmantelar el apartheid en Sudáfrica.

Halaimzai destaca que “España ha jugado un papel crítico en impulsar el tratado”. “Está actuando con una claridad moral propia”, afirma. Su expectativa es que el Gobierno español mantenga el liderazgo político y diplomático hasta la adopción final. Para la activista, la posición española es también una oportunidad para enviar un mensaje claro: ningún Estado debe reconocer al régimen talibán como legítimo. “Volvieron al poder no porque el pueblo afgano lo quisiera. Hubo una negociación con Estados Unidos y el pueblo afgano no fue invitado a la mesa”, recuerda.

En enero de este año, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces del tribunal la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

Una red de resistencia

El trabajo de Halaimzai no se limita al plano diplomático. El Fondo Malala ha redirigido sus programas para seguir apoyando la educación de las mujeres y las niñas en un contexto de prohibiciones. Los programas de educación alternativa del Fondo Malala tienen la capacidad de llegar a dos millones de niñas en el país mediante clases clandestinas en casas particulares, clases por radio, televisión o plataformas digitales y aplicaciones.

Además de formación, ofrecen apoyo emocional en un país donde, por primera vez, las cifras de suicidio de las mujeres superan a las de los hombres. “Es un contexto increíblemente complejo y nuestros socios son muy audaces y creativos para sortear las trabas”, señala Halaimzai quien, a pesar del amplio alcance de sus programas, subraya que “no dejan de ser un recurso para mitigar un problema que es profundo y sistémico”.

Las cifras confirman el colapso social. El 80% de la población vive en la pobreza. El desempleo femenino ha empujado a muchas familias a la mendicidad. Las clínicas han cerrado. La venta de anticonceptivos ha sido prohibida. La mortalidad materna está en uno de los niveles más altos del mundo. Según el último índice de ONU Mujeres, el 78% de las mujeres afganas entre 18 y 29 años no trabaja, no estudia ni recibe formación.

Halaimzai se esfuerza también por cambiar algunos relatos falsos. “Afganistán es un país conservador, pero la mayoría de los hombres están a favor de la educación de las mujeres y las niñas”, plantea. La activista cita una encuesta sobre la opinión pública afgana realizada por The Asia Foundation en 2017 que mostró que la mayoría de la población, sin distinción de género ni de grupo demográfico, considera que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres en educación y empleo. En concreto, el 72,4% estuvo de acuerdo en que las mujeres deberían poder trabajar fuera del hogar y el 82,3% opinó que deberían tener las mismas oportunidades educativas. Ese estudio se basó en una muestra representativa de más de 10.000 personas de todas las provincias de Afganistán y en distintos grupos étnicos.

La activista señala que el sistema diseñado por los talibanes es perverso y obliga a colaborar a los hombres para que opriman a las mujeres. “La noción de que los padres y hermanos oprimen a sus hijas y hermanas no es correcta. Es más complejo. Los talibanes también castigan a los hombres si las mujeres de su familia se atreven a desafiar las normas. Te pueden quitar el coche y eso puede significar no tener pan en casa”, explica.

“La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es otra prueba de fuego para la comunidad internacional sobre cuáles son los límites de lo aceptable”, señala la activista. Naciones Unidas no reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Hasta la fecha, solo Rusia ha otorgado ese reconocimiento formal, motivada por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad regional.

Moscú aceptó las credenciales del embajador talibán y colocó su bandera en la embajada afgana en julio de 2025. Otros países, como China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, han aceptado a diplomáticos designados por los talibanes —en calidad de embajadores o cónsules— y, en algunos casos, han restablecido misiones diplomáticas o entregado el control de las embajadas.

El reto, dice, es convertir las palabras en acción sostenida: “La comunidad internacional tiene que actuar con honestidad. Han creado las condiciones para el regreso de los talibanes. Ahora deben actuar con legalidad, con diplomacia, para apoyar a las mujeres y a las niñas y ayudar a la población afgana dentro y fuera del país”.

Sahar Halaimzai comparte su experiencia personal para mostrar una situación que se repite generación tras generación en su país. La activista nació en Kabul y llegó al Reino Unido con 13 años, con su hermano y sin estudios formales. “Llegamos solos como menores no acompañados y no hablábamos inglés”, explica, y avisa: “Es una situación que se repite una y otra vez, y tuvimos la suerte de llegar a una sociedad que en ese momento nos acogió. Ahora hay otra ola de familias de Afganistán que se ven obligadas a marchar y lamentablemente se enfrentan a un clima mucho más hostil”.

El saludo con el brazo derecho disparado hacia arriba de Elon Musk durante la investidura de Donald Trump suscitó una comparación evidente entre una mayoría de espectadores alarmados. La polémica subsiguiente y las especulaciones sobre las intenciones del hombre más rico del mundo (él insiste en que el saludo no guarda relación con el nazismo), se han centrado en sus años de crianza en la Sudáfrica del apartheid. ¿Sirven para entender lo que hizo?

Musk viene insistiendo cada vez más en los últimos meses en teorías de la conspiración de la extrema derecha. Su animadversión por las instituciones democráticas va en aumento. Antes de las elecciones germanas, dio su apoyo a la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Ha mostrado un escabroso interés por la genética. Se ha hecho eco de afirmaciones sobre un inminente “genocidio blanco” en Sudáfrica y ha apoyado publicaciones que hablan del 'gran reemplazo', una teoría de la conspiración racista.

Su tono y lenguaje recuerdan cada vez más a la antigua Sudáfrica, pero el de Musk no es un caso único. Forma parte de la 'mafia de PayPal', compuesta por multimillonarios defensores del liberalismo económico extremo con raíces en la Sudáfrica blanca que ejercen un poder descomunal sobre la política y la industria tecnológica de Estados Unidos.

Uno de ellos es el multimillonario de origen alemán Peter Thiel, dueño de un fondo de capital riesgo y cofundador de PayPal. En la ciudad sudafricana donde se educó todavía se veneraba abiertamente a Hitler en los años setenta. Thiel, que figura entre los principales donantes de la campaña de Trump, ha dicho que los programas de prestaciones sociales y el voto de las mujeres atentan contra el capitalismo. En una biografía publicada en 2021 con el título The Contrarian, recordaba haber defendido al apartheid mientras estudiaba en Stanford con el argumento de que era un sistema “sólido en lo económico”.

David Sacks, exdirector de operaciones de PayPal, nació en Ciudad del Cabo aunque desde joven se convirtió en un miembro de la diáspora sudafricana tras mudarse con la familia a Estados Unidos. Ahora es uno de los principales recaudadores de fondos en la campaña Trump. 

Roelof Botha, exdirector financiero de PayPal, es el cuarto miembro de la 'mafia de PayPal'. Su abuelo, Pik Botha, fue el último ministro de Asuntos Exteriores en el régimen del apartheid. Aunque ha mantenido un perfil político más discreto, Botha sigue siendo cercano a Musk.

Musk destaca por ser el propietario de X, una red social donde las opiniones tienden cada vez más a la extrema derecha, y por su cercanía con Trump, que lo ha nombrado responsable del “departamento de eficiencia gubernamental” para arrasar la burocracia federal.

Hay quien ve una conexión directa entre el Musk que hoy vemos junto a Trump y el de sus años formativos como hombre blanco en Sudáfrica, un país con un gobierno cada vez más represivo que libraba una guerra contra sí mismo y en el que Musk ocupaba la cúspide de un complejo sistema de jerarquía racial.

En la semana anterior a la investidura, el exasesor de Trump Steve Bannon calificó a los sudafricanos blancos como “el pueblo más racista de la Tierra” y cuestionó su influencia en la política de EEUU. Musk era una influencia malvada, dijo, y debería regresar a su país de origen.

No todos creen que las opiniones cada vez más extremistas de Musk estén relacionadas con su educación en Pretoria. Referirse a la infancia de Musk durante el apartheid para explicar al hombre hoy es una “mala idea” porque da lugar a conclusiones “fáciles”, dijo el aclamado escritor sudafricano Jonny Steinberg. 

Pero para quien quiera escarbar, hay material. Desde los primeros años de Musk junto a un abuelo neonazi que se mudó de Canadá a Sudáfrica atraído por el apartheid; hasta el bachillerato en un sistema contaminado por la ideología de la supremacía blanca.

Sus años de formación transcurrieron en la década de los 80, una época de ebullición y rebelión en los municipios con comunidades negras durante la que se declaró el estado de emergencia y hubo una violenta represión estatal. Algunos blancos huyeron del país. Otros se unieron al neonazi Movimiento de Resistencia Afrikáner que se oponía a cualquier atisbo de aflojar el régimen.

John Vorster, primer ministro de Sudáfrica cuando nació Musk (1971) y cuando Thiel se mudó allí de Alemania, había sido general de la Ossewabrandwag (OB) tres décadas antes. Fundada poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se trataba de una milicia fascista aliada con Hitler que se oponía a que Sudáfrica combatiese junto a Reino Unido en la contienda. Conchabada con el espionaje militar alemán, la OB tramó un complot para asesinar a Jan Smuts, el primer ministro sudafricano, y organizar un levantamiento armado en apoyo de Hitler. 

Vorster no ocultaba su simpatía por el nacionalsocialismo, una ideología que comparaba a la filosofía política afrikáner del nacionalismo cristiano. “Defendemos al nacionalismo cristiano, que es aliado del nacionalsocialismo”, dijo en 1942. “Pueden llamar dictadura a este principio antidemocrático si quieren; en Italia se llama fascismo; en Alemania, nacionalsocialismo alemán; y en Sudáfrica, nacionalismo cristiano”. El gobierno de Smuts no lo vio con buenos ojos y a las pocas semanas encerró a Vorster por sus simpatías nazis.

Al final de la guerra, la OB fue absorbida por el Partido Nacional, que ganó las elecciones de 1948 con el compromiso de imponer el apartheid (los sudafricanos negros no tenían voto). En 1961, Vorster se incorporó al gobierno como ministro de Justicia y cinco años más tarde se convirtió en primer ministro. 

Aunque el nazismo había sido derrotado en Europa, el nacionalismo cristiano seguía vivo en Sudáfrica bajo el liderazgo de Vorster, con sus propias clasificaciones y estratificaciones raciales, y el argumento de que era necesario para mantener a raya al swart gevaar (el peligro negro). 

En los colegios, la educación nacionalista cristiana pretendía forjar una identidad en torno a una versión particular de la historia del país. A Musk y a Thiel les enseñaron que las verdaderas víctimas de las luchas sudafricanas eran los afrikáners, casi todos descendientes de colonos neerlandeses, que habían sufrido a manos de los imperialistas británicos o de los traicioneros jefes zulúes. 

Antiapartheid, pero no mucho

Bea Roberts creció en el seno de una familia afín al apartheid antes de rechazarlo y ponerse a trabajar para el Instituto por una Sudáfrica Democrática. Según Roberts, se hacía mucho hincapié en presentar a los afrikáners como víctimas, con el apartheid como una forma de proteger su cultura y hasta su propia existencia. “Era una combinación extraña de 'los británicos nos jodieron en la guerra [de los bóeres], y miles de nuestras mujeres y niños murieron en los campos de concentración, así que vamos a reconstruir nuestra nación y a asegurarnos de que somos invencibles, y lo lograremos con medidas radicales'”, explica. 

Durante la mayor parte del apartheid los colegios estaban divididos por razas, como muchas otras cosas. En teoría, los alumnos blancos de toda Sudáfrica recibían la misma educación nacionalista cristiana. Pero dentro de la propia sociedad blanca también había divisiones. La versión que los colegios de habla afrikáner hacían de la historia provocaba a menudo que en los colegios angloparlantes se rechazaran de manera implícita las ideas que sostenían al apartheid. 

Musk estudió en un instituto de Johannesburgo y luego en el Pretoria Boys High School, una institución donde se formaron activistas tan destacados contra el apartheid como Edwin Cameron, juez del Tribunal Supremo de Sudáfrica tras la caída del régimen blanco; y como Peter Hain, que luego se convirtió en uno de los principales activistas contra el apartheid en el Reino Unido y en ministro del gobierno laborista.

 Phillip Van Niekerk es un antiguo director del periódico Mail and Guardian, que en Johannesburgo lideró la lucha contra el apartheid. Aunque sus padres eran afrikáners, él estudió en un colegio angloparlante. En su opinión, la versión oficial de la historia no ayudaba a que los angloparlantes apoyaran el apartheid, aunque se beneficiaban de él y tampoco hicieron mucho por ponerlo en cuestión. 

“Odiábamos al gobierno del Partido Nacional; incluso nuestros profesores se mostraban algo hostiles, lo veíamos casi como una imposición; pero la cultura lo impregna a uno y la verdad es que no veíamos a los negros como iguales, no era algo en lo que pensáramos”, dice. 

Thiel recibió todo este bagaje en los colegios de Sudáfrica y de Sudáfrica Occidental, la colonia de facto que con el nombre de Namibia se independizó en 1990. Durante un tiempo vivió en la ciudad de Swakopmund, donde estudiaba en un colegio germanoparlante mientras su padre trabajaba en una mina de uranio de la zona (Sudáfrica Occidental, donde estaba Swakopmund, había sido colonia de Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial).

Swakopmund era conocida entonces por haber seguido ensalzando al nazismo, con celebraciones del cumpleaños de Hitler incluidas. En 1976, el periódico The New York Times informó de que algunos habitantes seguían haciendo el saludo nazi y diciéndose 'Heil Hitler'. 

Recuerdos nazis en la tienda de la esquina

Van Niekerk cubrió como periodista Swakopmund cuando aquello era Sudáfrica Occidental, todavía bajo la órbita de Sudáfrica. “Era la década de los ochenta y en las tiendas de curiosidades se vendían tazas con esvásticas nazis; si eres alemán y has estado en Swakopmund en la década de los setenta, cuando Thiel estuvo allí, formas parte de esa comunidad”, asegura. 

Thiel, que a los 10 años se mudó a Estados Unidos, ha dicho que su rechazo a las reglas y su liberalismo económico extremo vienen de sus años escolares en Swakopmund. Su padre trabajaba en una mina de uranio de Rössing. Al igual que en las minas de oro y carbón de los alrededores de Johannesburgo, los jefes blancos de Rössing tenían criados y llevaban una vida de lujo neocolonial, mientras los trabajadores negros cobraban lo justo para sobrevivir haciendo un trabajo peligroso en condiciones terribles. 

La minería, entre otros, también era uno de los intereses de Errol Musk, el padre de Elon. Una vez alardeó de tener “tanto dinero que la caja fuerte ni siquiera cerraba” gracias a sus participaciones en las minas de esmeraldas de Zambia. Según Maye, la madre de Elon Musk, la familia tenía dos casas, un avión, un yate y unos cuantos coches de lujo. 

Errol ha dicho que se opuso al apartheid y fue miembro del Partido Federal Progresista, que abandonó porque no le gustaba la exigencia de que todos los votos valiesen lo mismo. En vez de eso, Errol creía en una reforma gradual donde hubiera parlamentos separados por raza. Dentro de la familia Musk, esa era la postura progresista. 

Joshua Haldeman, el abuelo materno de Musk, se mudó de Canadá a Sudáfrica en 1950 porque le gustaba el gobierno del apartheid que acababa de salir elegido. En los años treinta, Haldeman había liderado en Canadá el Technocracy Incorporated, un movimiento político marginal que venía de Estados Unidos y proponía abolir la democracia en favor de un gobierno de técnicos de élite. 

Technocracy Incorporated adquirió tintes fascistas en sus uniformes y saludos, y se declaró en contra de combatir a Hitler, lo que llevó al gobierno de Canadá a prohibir el movimiento durante la Segunda Guerra Mundial por representar una amenaza para la seguridad del país. A Haldeman lo acusaron de publicar documentos contra la guerra y pasó dos meses en la cárcel. 

Después de la guerra, Haldeman dirigió un partido político independiente que, entre otras cosas, se hacía eco de la mentira antisemita de los Protocolos de los Sabios de Sion. Pero aquello no cuajó y Haldeman se marchó a Sudáfrica, donde dijo sentir afinidad por el nacionalismo cristiano, la ideología central del Partido Nacional que Vorster comparaba con el nazismo.

Los padres de Maye eran tan extremistas, según Errol Musk, que dejó de visitarlos. “Eran muy fans del apartheid”, dijo Errol en el programa Podcast and Chill. “Sus padres habían venido a Sudáfrica desde Canadá porque simpatizaban con el gobierno afrikáner; apoyaban a Hitler y todas esas cosas”, contó en ese espacio. 

Haldeman murió en un accidente de avión cuando Elon tenía tres años, pero el niño siguió muy unido a su abuela y a su madre. Se ha distanciado de su padre, que según Maye ha sido abusivo con ella y con sus hijos. “Un ser humano terrible”, dijo Musk de su padre. “Casi cualquier cosa malvada que se te pueda ocurrir, él la ha hecho”, dijo en 2017 sin entrar en detalles a la revista Rolling Stone (Errol Musk afirmó en una ocasión haber matado a tiros a tres personas que entraron a robar en su casa). 

Lo que es indiscutible es que Musk y Thiel crecieron con privilegios increíbles y una jerarquía racial clara. Había personas que decían rechazar el apartheid pero trataban de justificar los privilegios como el orden natural de las cosas, logrado por sus propias capacidades y no como el resultado de la opresión racial sistemática. Eso fue lo que a su vez hizo que algunos sintieran que toda forma de gobierno era opresiva y que la verdadera libertad es una batalla individual por la supervivencia. 

De acuerdo con su biografía, Thiel compartía una opinión con los simpatizantes del apartheid de la época: que los sudafricanos negros estaban mejor que los africanos de otras partes del continente, aunque les negaran sistemáticamente sus derechos. Thiel niega haber apoyado jamás el apartheid. 

Según Van Niekerk, oponerse al apartheid no significa necesariamente rechazar la supremacía blanca ni sus privilegios, algo que la televisión británica ya había señalado en un documental de 1968 (Thiel nació un año después) donde se decía que los angloparlantes que mandaban en las minas y otros industriales de habla inglesa de Johannesburgo se declaraban “hostiles al apartheid, y se autodenominaban progresistas”, pero hacían poco por oponerse al sistema del que se beneficiaban. 

Helen Suzman, que entonces era diputada del Parlamento y una de las pocas voces contra el apartheid, criticaba a estos poderosos industriales y hombres de negocios. “Los que no hacen nada son responsables”, acusó. Les reprochaba aprovecharse del apartheid para explotar a los trabajadores negros. “No veo ninguna razón por la que los industriales no puedan mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores”, señaló. 

A Stanley Cohen, director general de la cadena de supermercados OK Bazaars (propiedad de su familia) le preguntaban en el documental por qué sólo contrataba a personas blancas para atender el mostrador. Lo hacía para complacer los prejuicios racistas de los clientes blancos, reconoció Cohen, aunque la ley no se lo exigiera. “No hay ninguna razón por la que [los negros] no puedan trabajar atendiendo el mostrador, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero en este país existe un prejuicio natural contra el que no se puede legislar”, dijo. 

Una década después, las tornas del poder estaban cambiando. En la década de los ochenta, la rebelión comenzada en 1976 en Soweto se había transformado en una crisis nacional del sistema. Comenzaba una guerra civil de baja intensidad. 

El Estado reaccionó con más violencia y represión todavía. La paranoia de los blancos aumentó con el surgimiento, cada vez más cerca de Sudáfrica, de Estados africanos negros e independientes con gobiernos de tendencia marxista. Angola y Mozambique, en la década de los setenta. Zimbabue, en 1980. 

Empezó a circular la teoría de la conspiración del genocidio blanco, que en los últimos tiempos ha vuelto a cobrar vida con las matanzas de granjeros blancos en Zimbabue y Sudáfrica. Aumentó el apoyo al neonazi Movimiento de Resistencia Afrikáner [AWB, por sus siglas en afrikáner], creado a principios de los años setenta por Eugene Terre'Blanche para oponerse a la más mínima relajación de las reglas del apartheid. 

Terre'Blanche, un personaje imponente y extravagante dado a montar un caballo del que ocasionalmente se caía, no ocultaba el modelo que había seguido para el AWB, cuya insignia tenía un diseño y unos colores sorprendentemente similares a los de la esvástica. A sus partidarios también les gustaba imitar el saludo hitleriano del brazo rígido mientras desfilaban por las calles de Pretoria. Aparentemente, el AWB llegó a contar con el apoyo de más del 10% de los sudafricanos blancos en su mejor momento. 

Según Bea Roberts, la vida de los blancos privilegiados era “claramente una burbuja de creencias afianzadas”. Pero ignorar la realidad se le hacía cada vez más difícil. “Creo que Musk, en la Pretoria de los años ochenta, debía de ser consciente de lo que vivían los negros, y de los motivos por los que estaban enfadados”, opina. “Yo de joven era bastante conservadora, pero pude cambiar de opinión; en los años ochenta había que ser bastante inflexible para seguir aferrado a la creencia de que el apartheid estaba bien, de que era correcto y beneficiaba a todo el mundo”, indica. 

Musk se fue de Sudáfrica en 1988, en plena ebullición. Dos años después, FW de Klerk iniciaba el camino a la libertad con la liberación de Nelson Mandela. Si se hubiera quedado, Musk habría tenido que cumplir los dos años de servicio militar, que era obligatorio para los varones blancos. Ello podría perfectamente haberle supuesto tener que luchar en la “guerra fronteriza” de Angola o de Namibia, o ser enviado a reprimir las protestas de los negros en las barriadas segregadas. En lugar de eso, Musk consiguió la nacionalidad canadiense gracias a su madre y se mudó a Ontario. 

Pero Según Van Niekerk, Musk también se llevó una parte de Sudáfrica con él, tanto si quiere reconocerlo como si no: “Aunque no pensáramos en ello de forma activa, por la propia naturaleza de nuestros privilegios y nuestro lugar en la jerarquía racial, todos [los sudafricanos blancos], crecimos creyendo que éramos la raza superior”.

La imponente construcción de ladrillo rojo y dos alas del instituto Pretoria Boys es la versión sudafricana de los colegios privados ingleses que los fundadores tenían en mente cuando la levantaron en 1901. Incorporaron hasta las canciones escolares del londinense Harrow School. 

Elon Musk, devenido de la noche a la mañana en una de las personas más poderosas de la política estadounidense, pasó en los años ochenta sus últimos años escolares en el arbolado campus de este centro de la capital sudafricana, donde era uno de los alumnos no internos. Cerca de allí estaba la gran casa familiar de su padre en Waterkloof, un acomodado barrio de Pretoria donde los jacarandás de flor azul dan sombra en primavera.

Las revueltas sacudían Sudáfrica en aquellos años, los últimos del apartheid. En 1984 se produjo la rebelión de los municipios negros por todo el país. En 1986, el gobierno de la minoría blanca impuso el estado de emergencia. Pero en los apartados enclaves blancos, la vida era próspera y pacífica.

“El país estaba en llamas y sumido en la confusión, pero nosotros seguíamos felizmente a salvo en nuestros pequeños y arbolados suburbios, llevando una vida de lo más normal”, dice Jonathan Stewart, que estaba un curso por encima de Musk en el Pretoria Boys. Allí también estudiaron el político del Partido Laborista de Sudáfrica Peter Hain; el novelista y ganador del premio Booker Damon Galgut, y el asesino y deportista paraolímpico Oscar Pistorius. “Estaba este grupo de gente rica, en términos relativos, y todos los demás quedaban excluidos”, cuenta. 

Nacido en Pretoria en 1971, Musk sostuvo en su red social X en febrero que hay “leyes abiertamente racistas” en el país donde nació y respondió “sí” a la siguiente afirmación: “Los sudafricanos blancos son perseguidos por su raza en su país de origen”. 

Musk es ahora el director de DOGE, la unidad especial creada por Donald Trump (el nombre responde a las siglas en inglés de “departamento de eficiencia gubernamental”). Tras los posts de Musk sobre su país de origen, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que acusaba al gobierno sudafricano de “injusta discriminación racial” contra los afrikáners [grupo étnico de origen europeo asentado en Namibia y Sudáfrica] por una ley que permite la expropiación de tierras cuando se dan unas circunstancias determinadas. En su orden, Trump ofrecía asilo a los afrikáners y recortaba las ayudas a Sudáfrica, que recibe de Estados Unidos el 17% de su presupuesto para la lucha contra el VIH/sida.

No está clara la relación de Musk, que en 1989 se fue de Sudáfrica para irse a Canadá (el país de su madre) y luego a EEUU, con la decisión de Trump de emitir la orden.

Trump lleva interesándose por la supuesta persecución de los sudafricanos blancos desde su primera presidencia. Fue entonces cuando un grupo activista afrikáner viajó a EEUU para difundir la mentira de que el gobierno sudafricano era cómplice en una campaña de asesinatos contra granjeros blancos con el objetivo de quedarse con sus tierras. Tras ver en Fox News una entrevista a uno de los líderes del grupo, Trump expresó en Twitter su apoyo. 

En Estados Unidos hay otros grupos de interés que han influido sobre Trump, como el de críticos con Sudáfrica por la demanda que el gobierno en Pretoria presentó por la guerra de Gaza contra Israel ante el Internacional de Justicia (CIJ). Trump también se refirió a esa demanda en su orden ejecutiva. 

Pero parece poco probable que Musk no haya dado a conocer sus opiniones a Trump, siendo uno de sus asesores más cercanos y teniendo en cuenta que el tema afecta a sus intereses empresariales en Sudáfrica. 

A pesar de que la minoría blanca de Sudáfrica representa hoy el 7% de la población y acapara más del 70% de las tierras cultivables, Musk sostiene que las leyes de reforma agraria son racistas y equivalen a un robo. El multimillonario ha respaldado afirmaciones que caracterizan como genocidio los asesinatos de granjeros blancos que, según las investigaciones, se explican por razones económicas. 

Musk ha recrudecido sus ataques justo cuando libra una batalla contra el gobierno sudafricano por unas leyes de discriminación positiva que considera un obstáculo para llevar a Sudáfrica el negocio de su red de satélites Starlink. El hombre más rico del mundo está en contra de una ley del sector de las telecomunicaciones que exige la presencia de empresas propiedad de personas negras: el 30% del capital de la parte sudafricana debe pertenecer a estas empresas. La orden ejecutiva de Trump aumenta la presión sobre el gobierno sudafricano para que exima a Musk de leyes diseñadas con el objetivo de dar poder a la comunidad negra. 

Ni el equipo de prensa de la red social X ni el abogado de Musk respondieron a solicitudes de entrevista y cuestionarios enviados por correo electrónico. 

Sigue siendo objeto de debate la relación entre los años de formación de Musk bajo el régimen del apartheid y sus posturas actuales, desde el aparente saludo nazi durante las celebraciones por la investidura de Trump en febrero (él niega que haya sido un saludo nazi), hasta su apoyo a partidos políticos de extrema derecha como Alternativa por Alemania (AfD). 

A los sudafricanos blancos angloparlantes, como la familia de Musk, les beneficiaba la jerarquía racial impuesta por el apartheid, pero solían vivir separados de los afrikáners gobernantes. 

De los cinco años que dura el bachillerato en Sudáfrica, Musk cursó los dos primeros en el completamente blanco instituto Bryanston, que en los frondosos barrios del norte de Johannesburgo tiene su sede en edificios rectangulares de mediados de siglo. Fundado en 1968, es un colegio público de pago, mixto y de lengua inglesa. 

Como ocurría entonces en Sudáfrica y sigue ocurriendo ahora, el instituto Bryanston estaba obsesionado por el deporte. “Era un poco como la sociedad estadounidense”, dice Lesley Burns, que en 1984 terminó sus estudios en el Bryanston (el primer año de Musk). “En el equipo de fútbol estaban todos los atletas y chicos populares”. 

Un chico “muy normal” que sufrió maltratos en el instituto

Musk, que en 1985 formaba parte del equipo de ajedrez del Bryanston, fue ferozmente acosado allí. Un abuso que tuvo su punto culmen cuando lo tiraron por las escaleras y le dieron una paliza tan bestia que terminó hospitalizado. El colegio se negó a conceder una entrevista. 

El padre de Musk trasladó a Musk y a su hermano Kimbal al Pretoria Boys. Según Gideon Fourie, que asistió allí a clases de informática con él, era una persona querida: “Tenía una personalidad muy normal”, dice. “No era en modo alguno un superdeportista, ni un superempollón, ni un supergamberro... Tenía su grupo de amigos”.

En esa época, los medios sudafricanos estaban sometidos a una estricta censura gubernamental. Los periódicos aparecían con secciones enteras suprimidas, en particular las que publicaban informaciones sobre los crecientes disturbios en las áreas reservadas para personas negras y sobre detenciones masivas. Hasta que las protestas también se prohibieron. 

El instituto Pretoria boys, público pero de pago, era progresista para la época. En 1981 fue el primer colegio público en admitir a un alumno negro. Malcolm Armstrong, que entonces lo dirigía, aprovechó un vacío legal que permitía admitir a hijos de diplomáticos de los territorios de Sudáfrica que operaban como reservas tribales y eran considerados como estados independientes por el sistema del apartheid. 

“El enfrentamiento de Armstrong con las autoridades llegó hasta encontrarse en Dakar con el CNA [el partido Congreso Nacional Africano] cuando aún estaba prohibido”, dice Patrick Conroy, compañero de curso de Kimbal Musk (dos años por debajo de Elon Musk). “Armstrong solía hablar en las asambleas escolares sobre la importancia de la democracia, de los derechos humanos y de la justicia social”. 

Gregary Hassenkamp, el actual director del Pretoria Boys, también estaba en el curso de Kimbal. Sus recuerdos se parecen a los de su predecesor. 

Pero no todos los profesores compartían las opiniones progresistas de Armstrong, dice Hassenkamp durante una entrevista en su despacho, forrado con paneles de madera. “Me acuerdo de él [de Armstrong] haciendo pensar a los chicos sobre el país en el que vivíamos y sobre las actitudes que teníamos”, dice Hassenkamp, vestido con un holgado traje negro, corbata, y calcetines rojos, verdes y blancos, los colores del colegio. 

Antes de pasarse a la derecha, Musk se describía a sí mismo como alguien “no conservador”. Desde la victoria de Barack Obama en 2008, apoyaba al candidato del Partido Demócrata en todas las elecciones presidenciales. Pero Musk desconfía claramente de la democracia y de los líderes que produce. 

En los años treinta del siglo pasado, su abuelo encabezó en Canadá un movimiento antidemocrático de tintes fascistas que abogaba por un gobierno dirigido por una élite tecnocrática. Después se trasladó a la Sudáfrica del apartheid porque le atraía el sistema racista. 

Musk parece haber aceptado ahora la versión estadounidense del “hombre fuerte” para el gobierno, haciéndose eco de la afirmación de Trump sobre lo primordial que es la voluntad del presidente.  

Algunos compañeros de Musk dicen que su opinión actual sobre Sudáfrica puede deberse a que se perdió los altibajos de las negociaciones para terminar con el apartheid y el “milagro” de que en 1994 Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente negro del país.

Los sucesivos gobiernos dirigidos por el CNA, el partido de Mandela, no han conseguido revertir los peores índices de desigualdad económica del mundo. Aunque sus políticas para aumentar el poder económico de la población negra prevén exenciones fiscales y contratos estatales a empresas de propiedad negra, una persona negra sigue teniendo cinco veces más probabilidades de estar en situación de desempleo que una blanca. Sudáfrica también tiene una de las peores tasas de homicidios del mundo. 

Es frecuente escuchar a sudafricanos blancos quejarse por ser perjudicados debido a las leyes de discriminación positiva. A mediados de febrero, cientos de personas se congregaron en Pretoria frente a la embajada de Estados Unidos con pancartas donde se leía: “Gracias a Dios por el presidente Trump” y “Make South Africa Great Again”.

Aunque no es frecuente que un sudafricano blanco afirme que quiere volver al apartheid, sí es más común que las personas mayores digan sentir nostalgia de la época. “Eran buenos tiempos porque no teníamos delincuencia; no había problemas; la gente, blancos y negros, se llevaban muy bien”, responde Errol Musk en su espaciosa casa de Ciudad del Cabo durante una entrevista en vídeo sobre la infancia de su hijo Elon. “Todo funcionaba, esa es la realidad, por supuesto que no es lo que la gente quiere oír, pero esa es la verdad”. 

Musk, Kimbal y Tosca, los tres hermanos por parte de padre y de madre, han tenido una relación tumultuosa con Errol Musk. Entrevistado por el biógrafo de Elon, Walter Isaacson, Kimbal contó que el padre podía gritarles durante dos o tres horas seguidas, diciéndoles que eran patéticos y unos inútiles. Maye, la madre de los tres, ha acusado a Errol de maltrato físico.

“Es mentira”, dijo Errol cuando le preguntaron sobre unas acusaciones que ha negado sistemáticamente.

Los hermanos se distanciaron de su padre en 2017, y no era la primera vez. Ese fue el año en que Errol Musk y su hijastra de 30 años, Jana Bezuidenhout, tuvieron un hijo, cuenta Isaacson. En la versión de Errol, el enfado de los hijos viene de 2016, cuando expresó su apoyo a Trump durante una fiesta en Ciudad del Cabo organizada por su 70 cumpleaños y el de Elon, que cumplía 45. 

“Las cosas cambiaron cuando llegó Biden y Elon se dio cuenta de que estaban intentando destruir a Estados Unidos”, dice Errol, que añade: “Ahora intercambiamos mensajes casi todos los días; por supuesto, él no siempre puede responder, así que quien me contesta es su asistente personal”.

Traducción de Francisco de Zárate.