A días de la jornada de protesta por parte de los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) en la que levantaron las barreras de los peajes en las rutas de todo el país gestionadas por las empresas Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires, el pasado viernes, los dirigentes del gremio denunciaron en las últimas horas más de 100 despidos en lo que llamaron "un grave ataque a la libertad sindical en el marco de una huelga legítima”.

“En el día de ayer, más de 100 trabajadores y trabajadoras de la empresa Corredores Viales S.A. fueron despedidos por ejercer su derecho a huelga. Estos despidos, absolutamente violatorios de la Constitución Nacional y de normas de derecho laboral nacionales e internacionales, dejan en evidencia la intencionalidad de la empresa de desarticular la lucha de los trabajadores representados por el SUTPA”, aseguraron en un comunicado publicados por el gremio en sus redes sociales.

En su reclamo, la organización sindical explicó que desde enero pasado, “no solo reclamamos por la apertura de negociaciones paritarias, sino también por condiciones dignas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo”.

Además, aclaran que la huelga llevada a cabo por los trabajadores del peaje “fue realizada de forma totalmente legal y legítima, amparada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y comunicada a la Secretaría de Trabajo de la Nación en tiempo y forma”, al tiempo que denuncian “que la conducta adoptada por la empresa constituye una represalia directa y discriminatoria hacia los trabajadores, en violación a lo dispuesto por la Ley 23.592, que prohíbe expresamente todo acto de discriminación, en este caso por razones de índole gremial”.

De acuerdo a SUTPA, “cualquier amenaza, sanción, despido o medida que implique una represalia por el legítimo ejercicio del derecho constitucional de huelga, será considerada por nuestra organización como un acto de discriminación y persecución sindical y, por consiguiente, responderemos con todas las acciones legales correspondientes”.

“Ante esta situación, exigimos la inmediata reincorporación de las y los trabajadores despedidos, así como explicaciones por parte de la empresa CVSA, que debe asumir la responsabilidad por tomar esta decisión que atenta y vulnera los principios básicos de la democracia sindical y de los convenios N° 87 y Nº 98 de la OIT, ratificados por nuestro país”, advirtió el gremio.

“Desde el SUTPA, reafirmamos que el diálogo, la unidad y la organización son nuestras principales herramientas de lucha. La defensa de los derechos de los trabajadores, no se negocia”, culmina el comunicado del sindicato.

Ya en otro posteo difundido el pasado domingo, SUTPA había denunciado que, el 9 de abril, Corredores Viales “envió un comunicado masivo por correo electrónico dirigido a cientos de trabajadoras y trabajadores de la empresa en el cual intenta deslegitimar el ejercicio constitucional del derecho a huelga y amenaza con sanciones disciplinarias, incluyendo despidos”.

Para el gremio, además de reclacal otra vez el cercenamoento al derecho a la protesta, asegura que una paritaria “20% por debajo del resto de la actividad, la falta de predisposición por parte de la empresa a reunirse con el SUTPA desde el mes de enero, nulas condiciones de Seguridad e Higiene que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y de usuarios, y ante la inminente concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA)- son motivos más que suficientes para la realización de la medida que llevamos a cabo”.

Asimismo, rechazan “categóricamente las falsas acusaciones de ilegalidad respecto de nuestra medida, que se encuentra plenamente respaldada por la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 75 inc. 22)” y acusan a Corredores Viales S.A. de intentar instalar “un relato falso para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales, con una inflación que crece día a día y deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, y la negativa sistemática a negociar paritarias”.

“Cabe destacar y recordar que esta empresa es responsable de la mayor depreciación salarial dentro del sector durante el año 2024, otorgando aumentos unilaterales por debajo de la inflación y negándose, desde enero, a abrir un canal de negociación formal, en clara violación de las leyes laborales (ley 14.250, ley 23.546)”, insisten y ratifican el compromiso del sindicato “con la defensa de los derechos de los trabajadores afiliados a nuestro gremio”, al tiempo que advierten que recurrirán a la Justicia ante eventuales “amenazas, despidos o represalias por ejercer el derecho constitucional a huelga, que serán consideradas un grave acto de discriminación antisindical (Ley 23.592)”.

SUTPA había exigido, previo a conocerse los 100 despidos, “el cese de las amenazas y el inicio urgente de una negociación de paritarias seria. No vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conquistados por y para los trabajadores”, concluye.

El comunicado de Corredores Viales SA a sus empleados

“Ante la liegal e llegítima decisión sindical de paralizar las operaciones que afecta Corredores Viales S.A., se comunica:

La finalización de la concesión de Caminos Del Río Uruguay no es responsabilidad ni atribución de Corredores Viales S.A. Por lo tanto, no hay respaldo jurídico para esta acción.

Se intima a todos los trabajadores representados por SUTPA a de-sistir de inmediato de la decisión sindical de paralizar las opera-ciones. La medida es inesperada y sin fundamento, perjudicando directamente a la empresa y a los trabajadores.

Corredores Viales S.A. se reserva el derecho de adoptar medidas disciplinarias, incluyendo despidos, si no se normalizan las opera-ciones. Esto podría traer aparejados graves consecuencias para los trabajadores involucrados en este servicio público esencial“.

Con información de agencias.

IG

Una nueva jornada de protesta por parte de los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) se lleva adelante este viernes en las rutas de todo el país gestionadas por las empresas Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires. Además, hay una manifestación en Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central (Tapiales), sentido a Ezeiza, con las barreras levantadas y dos carriles reducidos, generando caos de tránsito y las quejas de automovilistas que van rumbo al Aeropuerto internacional.

Se trata de trabajadores que piden una definición sobre el futuro de Corredores Viales, ya que unos 500 de ellos podrían quedar desvinculados debido a que el martes pasado fue el último día de concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) en Ruta 12, Ruta 14 y Puente Rosario Victoria.

De acuerdo al comunicado que el gremio difundió en redes sociales, “los usuarios y usuarias de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan. No se trata de un problema iniciado durante el actual mandato presidencial, pero es evidente que, al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina”.

Para SUTPA, “la crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora”. 

En el documento que difundió el gremio que conduce María Florencia Cañabate y del que Facundo Moyano es secretario adjunto, detallan que la infraestructura vial “está ”dividida en dos sistemas, uno gratuito para los usuarios, gestionado a través de Vialidad, y otro concesionado a empresas que recaudan una tarifa a quienes lo transitan“. Asimismo, explican que la principal empresa concesionaria de rutas y autopistas ”es de propiedad pública: Corredores Viales S.A. El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla, pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30% de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial. Estamos hablando de Caminos del Río Uruguay, una concesionaria cuyo contrato vencía en abril, y para la cual el gobierno no organizó ningún proceso licitatorio que permitiera asignarla a otra empresa“, remarcan, al tiempo que denuncian que, con el vencimiento del contrato de Caminos del Río Uruguay, ”se perdieron 500 puestos correspondientes a trabajadores que no cobrarán su indemnización“.

Y agregan: “La degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el Gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur. Esta improvisada estatización 'libertaria' saldrá carísima en dinero, pero también en el aumento del costo logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura”, recalca el comunicado de SUTPA.

Asimismo, en un mensaje a sus afiliados, el gremio que nuclea a los trabajadores del peaje, reafirman su compromiso “con los derechos de sus trabajadores, tanto como con el desarrollo de la infraestructura vial con servicios. El progreso tecnológico no solo ha traído más eficiencia en la recaudación, sino también mejoras que requieren trabajadores con mayor capacidad técnica. Incluso ante un Estado ausente o improvisado, siempre hemos trabajado para formar y capacitar a nuestros afiliados, para que estén preparados para el futuro. No permitamos que la improvisación nos lleve hacia un pasado que será costoso, tanto en dinero como en vidas”, concluye.

“Tienen que haber inversiones y se hacen con tarifas”

La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines, Florencia Cañabate, se refirió este viernes al conflicto por la finalización del contrato de concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), que derivó en una protesta en la Autopista Riccheri al peligrar 500 puestos de trabajo.

Al respecto, explicó que la empresa dejó de hacer inversiones porque “no le recomponen la tarifa”.

La sindicalista pidió aplazar la discusión sobre la automatización de las cabinas como reclama el Gobierno para centrarse en lo urgente que son las inversiones en el sistema vial.

“Independientemente de la proyección utópica del Gobierno de que dentro de dos años y medio tiene que estar todo automatizado, tienen que haber inversiones y se hacen con tarifas. El sistema de concesiones viales se hace con tarifas”, indicó, en declaraciones a radio Splendid AM 990.

Para Cañabate, “no es casualidad que las tarifas más bajas del peaje sean las de Caminos del Río Uruguay”, equivalentes a “0,84 centavos por kilómetro recorrido”.

“Que un usuario de autopistas del oeste pague entre 700 y 900 pesos la tarifa de peaje, con lo que no comprás ni un alfajor, hace que el sistema se deteriore y se termine rompiendo”, analizó la líder gremial.

A su criterio, “es mejor resolver los problemas estructurales y luego ir a la automatización que es lo que todos queremos”. “Empezamos de atrás para adelante. No están invirtiendo porque no le recomponen la tarifa”, insistió.

En esta línea, la secretaria general del gremio afirmó que “este Gobierno sigue con la misma desaprensión de los gobiernos anteriores” respecto al estado de las rutas.

Sobre la situación en la que quedaron los trabajadores al finalizar la concesión, Cañabate aseguró que “hay posibilidades de recategorizarlos y que cumplan tareas en otros sectores”.

“La mala voluntad del gobierno nacional a través de Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte hizo que los trabajadores de Camino Del Rio Uruguay se queden sin trabajo, sin indemnización y sin continuidad laboral”, lamentó.

Según expresó, “es responsabilidad de Vialidad nacional de que los trabajadores estén incluidos en los pliegos”.

“Es la primera vez en 30 años que cuando se cambia de concesión privada los trabajadores no están incluidos. Falta la voluntad política”, reclamó.

Asimismo, Cañabate reiteró que el problema no es la automatización porque eso ya se ha discutido con otras empresas y “no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo”.

“Hoy está en discusión la continuidad laboral por responsabilidad de Vialidad Nacional, que tiene el 49% de los corredores viales”, subrayó.

Este viernes se llevó a cabo una nueva jornada de protesta en reclamo por los trabajadores que piden una definición de Corredores Viales, ya que unos 500 de ellos podrían quedar desvinculados debido a que el martes pasado fue el último día de concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) en Ruta 12, Ruta 14 y Puente Rosario Victoria.

Con información de agencias.

IG