Desde 1904, cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina. En esta fecha, hace 119 años, se sancionó la primera ley de jubilación que alcanzaba a funcionarios, empleados y agentes civiles estatales y, luego, se extendería a otros sectores.

De la mano de la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la normativa dio origen al sistema contributivo argentino en el que cada uno de los trabajadores alcanzados debía aportar una parte de su sueldo para el momento en que debía abandonar la actividad como consecuencia de la edad. El modelo planteaba un esquema de capitalización individual, que medio siglo más tarde, fue reformado por Juan Domingo Perón para dar lugar a un sistema de reparto que continuó vigente hasta 1994.

Fue precisamente durante la presidencia de Carlos Menem, a 90 años del nacimiento del sistema previsional, que comenzó a implementarse un sistema de contribuciones privadas, popularmente conocido como Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este modelo ─objeto de múltiples críticas─ permitía que empresas privadas gestionaran los aportes de los trabajadores para su eventual retiro.

Este sistema encontró su fin en 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó a un modelo de reparto que se sigue utilizando hoy en día. Con la promulgación de la Ley 26.425, el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación estableció un sistema previsional de carácter público y obligatorio.

La era Milei, con poco aumento y marchas multitudinarias

En la gestión de Javier Milei como Presidente, desde diciembre 2023, las protestas y marchas de jubilados se intensificaron y cada miércoles los representantes de la tercera edad, con organizaciones sociales y agrupaciones de diferentes sectores, marchan al Congreso para reclamar contra los ajustes y recortes del Gobierno libertario, con el ingrediente de violentas represiones de las fuerzas de seguridad a instancias de la aplicación del “protocolo antipiquetes” que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde que asumió en el cargo.

Los jubilados cobraron sus haberes de septiembre con un aumento del 1,9%, producto de la aplicación de la fórmula vigente, que tiene en cuenta la inflación según datos del INDEC. En tanto, el monto del bono seguirá en $70.000, misma cifra congelada desde marzo de 2024.

La jubilación mínima en septiembre 2025 está en $390.277,18 ($320.277,18 + $70.000). En agosto, la cifra era de $384.243,51, es decir, tuvieron este último mes una suba de $6.033,67; y en octubre la mínima, bono incluido, será de $396.298 ($6.031 más); en tanto, el haber máximo se ubica en $2.155.162,17; la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000); y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez tienen un valor de $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

El Senado convirtió en ley el pasado 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, más una actualización mensual por IPC y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, Javier Milei vetó las leyes. En el Presupuesto 2026 que el Presidente envió recientemente al Congreso, se proyecta una suba de 5% en la partida general del gasto, pero solo si se desacelera la inflación proyectada, y además no alcanzaría a los haberes mínimos porque el bono seguiría congelado.

Días atrás, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, lanzó una dura advertencia contra el Gobierno de Javier Milei por el veto presidencial al aumento jubilatorio aprobado por el Congreso. “Entramos en otro período: ahora viene la pelea por si se logra o no rechazar el veto con los dos tercios, pero mientras tanto los jubilados se sigue muriendo de hambre”, sentenció.

“Trabajé toda mi vida y cobro la mínima, vengo a reclamar lo que es justo”, dice una de las jubiladas que cada miércoles se da cita en torno al Congreso. No importan las declaraciones del gobierno, las versiones periodísticas ni intimidación de la fuerza de seguridad porque tienen una realidad urgente: haberes de miseria. Hoy una jubilación mínima no llega a 300 mil pesos. El bono de 70 mil que debía mejorar la situación de los adultos mayores está congelado en 70 mil pesos hace un año. “Con lo que cobro de jubilación como una vez al día, ¿cómo no voy a venir? Vengo por una jubilación digna”, dice otra. 

Desde que finalizó la moratoria previsional a fines de marzo, miles de mujeres quedaron directamente excluidas del derecho a jubilarse. Según datos oficiales, siete de cada diez mujeres no llegan a los 30 años de aportes exigidos por el sistema, y para muchas la única vía para acceder a una jubilación era justamente esa política pública ahora suspendida. Sin una nueva ley, el escenario que se abre es de exclusión masiva, especialmente para mujeres que trabajaron toda su vida en la informalidad, como cuidadoras, empleadas domésticas, trabajadoras comunitarias o rurales.

Se conocen. Se saludan a medida que se van viendo en torno al Congreso. Algunas llegan con bastón, otras con casco, máscaras caseras y medidas de protección desde que el gas pimienta y los gases lacrimógenos se volvieron habituales en las manifestaciones, incluso cuando se respeta estrictamente el protocolo antipiquetes que reclama mantenerse en la vereda. “No somos violentas, somos jubiladas defendiendo lo que nos ganamos con años de trabajo. La violencia viene de ellos”, afirma una. La violencia, en este caso, también se traduce en represión: está fresca la imagen del fotógrafo Pablo Grillo, que fue agredido en la cabeza mientras documentaba la manifestación.

La violencia y el miedo no terminaron con las convocatorias: “Seguiremos marchando y haciendo nuestras rondas, como cada miércoles”, aseguran. “no les tengo miedo”, dice otra. Algunas, vanidosas no quieren decir su edad. Otras cuentan 60, 70 y hasta 80 años. Reclamando para poder cumplir con las necesidades más mínimas. “Estoy acá porque no tengo nada que perder”, dice una mujer indefensa ante la lógica del “no hay plata”. 

No se trata solo de números, sino de trayectorias de vida. Sin moratoria, sin un nuevo régimen que contemple las desigualdades estructurales del mercado laboral, miles de mujeres no podrán jubilarse nunca. 

BA / MA