El gobierno de España desclasificó más de 150 documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Entre los archivos hay transcripciones de conversaciones telefónicas, como la llamada de (presuntamente) entre el militar Antonio Tejero Molina, quien lideró físicamente el asalto al Congreso de los Diputados, y Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe.

Entre los archivos desclasificados hay información procedente del Ministerio de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía; del Ministerio de Defensa, procedente del CNI pero también documentos del archivo histórico; y del Ministerio de Asuntos Exteriores. De los documentos se desprende que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, “participaron activamente” en el intento del golpe de Estado y lo intentaron encubrir.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto” y “posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” durante aquella jornada.

Un episodio rodeado de incógnitas

La medida que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez permitirá tener acceso a información hasta ahora considerada secreta sobre un episodio de la historia española aún rodeado de confusión e incógnitas.

La noticia fue celebrada por historiadores y periodistas que llevan años investigando lo que ocurrió aquel 23 de febrero, cuando un grupo de guardias civiles armados encabezados por el teniente coronel Tejero irrumpieron en el Congreso. La sentencia condenó a una treintena de sublevados y contribuyó a fijar un discurso oficial según el cual el fracaso del golpe se debió a la actuación decidida del rey Juan Carlos y a la lealtad mayoritaria del Ejército. Sin embargo, algunos expertos recelan de esta versión y apuntan a que aún no se conoce toda la verdad de lo sucedido.

El Boletín Oficial del Estado publicó a primera hora de este miércoles el acuerdo de Consejo de Ministros por el que da luz verde a la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.

Juan Carlos I pisó el acelerador en la defensa judicial de su honor. Después de demandar en Santander al ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el que mantuvo excelentes relaciones en el pasado, el monarca emérito puso en marcha la maquinaria legal en Suiza para llevar al banquillo a su expareja Corinna Larsen. El primer pleito gira en torno a la incontinencia televisiva del expresidente cántabro, pero el nuevo frente judicial tiene un telón de fondo más sensible: los casi 65 millones de euros que le regaló Arabia Saudí hace casi dos décadas y que terminaron en poder de la aristócrata alemana, desatando el conflicto entre ambos.

El rey emérito mantuvo durante varios años una relación sentimental con Larsen, designada por la prensa como “amiga” del monarca hasta que ella misma se lanzó a explicar, incluso en un podcast, que habían sido amantes. Entre relatos de bolsas de dinero en efectivo, regalos, promesas de amor y viajes, aflora un conflicto que terminó en los tribunales británicos y que ahora revive en las cortes suizas de justicia. Porque Larsen y Juan Carlos ya se han visto las caras en el banquillo, pero entonces el demandado era él.

El caso se presenta más complejo que el iniciado contra Miguel Ángel Revilla en España. En su demanda, que tendrá un primer acto el próximo 16 de mayo en los juzgados de Santander con la conciliación previa, el monarca emérito pide 50.000 euros de indemnización al político por años de declaraciones contra él por todas las irregularidades que destapó la Fiscalía en la gestión de su fortuna. El pleito contra Larsen gira en torno a un conflicto que estalló cuando el monarca emérito, según la aristócrata, reclamó a su expareja que le devolviera los millones de euros que le había pedido guardar.

El flujo de dinero que terminó por deteriorar la relación sentimental entre el entonces rey y la aristócrata empezó a moverse en el verano de 2008. Casi 65 millones de euros salieron de Riad, capital de Arabia Saudí, con destino Ginebra. El benefactor era un rey, Abdalá bin Abdulaziz, y el beneficiario era otro, Juan Carlos de Borbón. Las autoridades españolas no supieron de este dinero durante una década y nunca llegaron a dilucidar si era un regalo entre monarcas o una comisión por facilitar la entrada de empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca.

La súbita fortuna de Juan Carlos I, entonces todavía lejos de su abdicación, no se quedó en la cuenta que su fundación Lucum tenía en el banco suizo Mirabaud. Cuatro años después ese y otros ingresos “sospechosos” según la Fiscalía pusieron rumbo a un banco de Nassau como donación a Corinna Larsen. El trasvase coincidió con uno de los momentos más delicados del reinado del monarca: su caída en Botswana durante una jornada de caza que le llevó a pedir perdón en televisión y el proceso judicial del caso Nóos contra su yerno, Iñaki Urdangarin.

El banco Mirabaud terminó pidiendo explicaciones sobre quién se escondía detrás de la cuenta donde habían llegado los millones de Arabia Saudí, ante la sospecha de que estuviera relacionado con el proyecto del AVE a La Meca y un posible caso de corrupción. Poco después el dinero salió de Suiza con destino Nassau para quedar bajo la custodia de Larsen. Ese movimiento, que le hubiera costado la imputación por blanqueo de no ser por la impunidad de la que gozan los monarcas en España, se convirtió en un conflicto a cielo abierto con su amante cuando llegó el momento de recuperar el dinero.

Todo afloró durante el proceso judicial londinense en el que Corinna Larsen reclamaba una indemnización de 146 millones de euros a Juan Carlos de Borbón por continuos episodios de acoso, a ella y a su familia, por encargo del monarca. Los tribunales británicos exoneraron al rey emérito tras no creer el relato de la aristócrata: que después de dejar su relación el rey, antes y después de abandonar el trono, intentó volver con ella y recuperar su regalo millonario del rey saudí.

El conflicto judicial tramitado en Londres terminó bien para Juan Carlos de Borbón y rechazó la demanda por acoso de Corinna Larsen. Para entonces, la empresaria y aristócrata había roto el muro de silencio, metáforas, dobles sentidos y sobreentendidos y había dejado claro que no había sido su “amiga”, como había sido bautizada de facto en España: había sido su amante y tenía muchos detalles que contar.

Las “bolsas de dinero” del rey

Lo hizo, por ejemplo, en un podcast titulado 'Corinna y el rey' en el que habla de todas esas cosas que, supuestamente, mucha gente sabía y nadie contaba mientras Juan Carlos de Borbón, navidad tras navidad, pedía esfuerzos y ejemplaridad a un país sumido en una crisis económica salvaje. Bolsas “llenas de dinero en efectivo”, unos niveles “disparatados” de riqueza y detalles a la altura del mejor papel 'cuché', pero también más acusaciones de acoso contra las que ahora Juan Carlos I, a sus 87 años y desde una villa de lujo en Abu Dabi, pretende luchar en los tribunales.

La demanda del rey emérito, segúncontaron medios como El País, abarca a más protagonistas de la turbulenta historia de su fortuna y la 'cara B' de su reinado. Por ejemplo, el abogado suizo Dante Canonica, que llegó a dirigir la fundación Lucum donde escondió los casi 65 millones de euros hasta que pasaron a manos de su amante.

Canonica declaró en 2020 ante las autoridades helvéticas durante la investigación del fiscal Yves Bertossa que el entonces jefe del Estado ordenó crear una estructura en Suiza para ocultar esa “importante donación” procedente de Arabia Saudí. Las órdenes las impartió, según su versión, en su despacho en La Zarzuela y también abarcaban a al banquero Arturo Gianfranco Fasana, gestor de las fortunas de la trama Gürtel en Suiza.

La nueva guerra judicial de Juan Carlos de Borbón, según citan varios medios con acceso a las selectas fuentes de su entorno, no resulta especialmente cómoda en su círculo más cercano y no ha contado con el visto bueno de la Casa Real. Y su futuro es incierto. Si Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, consigue demostrar que todo lo que dijo del rey se basaba en las investigaciones de la Fiscalía, el resultado del pleito será una sentencia que avale años y años de críticas del expresidente cántabro al monarca. Si los tribunales suizos no estiman sus alegaciones contra su examante, el desenlace judicial será más grave: una derrota donde antes había una victoria.

Sobre ambos procesos legales planea la sombra de los decretos con los que la Fiscalía Anticorrupción cerró la puerta a que el monarca emérito fuera juzgado pero en los que también plasmó las gestiones potencialmente irregulares de su fortuna y cómo movió millones y millones de euros a espaldas de Hacienda. Investigaciones y detalles que en 2020 precipitaron su salida de España hacia Arabia Saudí, donde reside entre esporádicas visitas al país en el que reinó durante casi 40 años.

Información que ahora vuelve a manos de los jueces, desde la óptica del derecho al honor, para zanjar la guerra entre el rey emérito de España y un pasado que, durante años, ocultó al país durante décadas.