En medio de la visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó en la Argentina US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. La inyección de divisas representa una bocanada de oxígeno para las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo marca el inicio de un compromiso de alto voltaje técnico y político, que obliga a avanzar en reformas estructurales y cumplir metas fiscales bajo monitoreo semestral.

El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.

Cambios en jubilaciones, asistencia y mercado laboral

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se destaca la decisión de revisar y simplificar el actual sistema jubilatorio antes de diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto de creciente presión fiscal.

En paralelo, el acuerdo estipula mantener la cobertura de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en niveles que aseguren el acceso a la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo deberá sostener este piso de asistencia durante todo el ciclo del programa.

También se incluyó como meta la integración de bases de datos sociales para consolidar un registro único de beneficiarios, con plazo a diciembre de 2025. Esto se traducirá en la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una herramienta que permitirá reorientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables con mayor precisión.

En el frente laboral, el Fondo pidió avanzar con una flexibilización de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, orientada a facilitar la negociación de condiciones laborales. A su vez, se promoverán cambios impositivos que ayuden a reducir la brecha entre el trabajo informal y el formal, con el objetivo de ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema tributario.

Otro de los ejes del acuerdo es el esquema de subsidios energéticos. El organismo internacional pidió eliminar la segmentación actual según nivel de ingresos y avanzar hacia un subsidio único destinado exclusivamente a hogares de bajos recursos. El documento no establece una fecha precisa para aplicar este cambio, lo que deja margen a decisiones políticas futuras.

El nuevo programa prevé nueve revisiones técnicas por parte del Fondo, que comenzarán en junio de este año y se repetirán cada seis meses. Para pasar cada evaluación, el país deberá cumplir con metas cuantificables:

Además, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro, lo que implica una política monetaria más restrictiva y un mayor desafío en términos de recaudación y control del gasto.

Un cronograma de pagos que se extiende hasta 2038

El calendario de repago del préstamo prevé un período de gracia de 17 meses. Recién en septiembre de 2026 comenzarán los desembolsos hacia el FMI, que se extenderán durante más de una década. Entre 2026 y 2034, la Argentina deberá cancelar US$43.442 millones, con montos crecientes año a año. Los pagos se superpondrán con los compromisos adquiridos en el acuerdo anterior, lo que incrementará la carga financiera entre 2029 y 2035.

La secuencia de pagos será la siguiente: US$833 millones en 2026; US$3.250 millones en 2027; US$4.842 millones en 2028; US$6.074 millones en 2029; US$7.137 millones en 2030; US$7.319 millones en 2031; US$6.667 millones en 2032; US$4.432 millones en 2033 y US$2.886 millones en 2034.

Con la llegada del primer desembolso, el Gobierno gana tiempo y divisas, pero también queda condicionado a una hoja de ruta exigente, que lo obliga a cumplir metas económicas y emprender reformas profundas. Lo que se juega en estos meses no es solo el futuro del acuerdo, sino el margen de maniobra política para sostenerlo sin desbordes sociales ni rupturas internas.