Desde la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) publicaron un balance sobre los últimos 29 años del funcionamiento del sistema. En este sentido, sostienen: “Gracias al esfuerzo conjunto de sus cuatro pilares —empleadores, trabajadores, aseguradoras y Estado— en estas tres décadas el sistema consolidó una red de cobertura exitosa y logró resultados concretos: una reducción del 81% en la mortalidad laboral, con 19.000 vidas salvadas; una baja del 55% en la siniestralidad, evitando 4,7 millones de accidentes; y una caída en la gravedad del 39%. No son solo estadísticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funciona. Sin embargo, esta construcción social virtuosa atraviesa una crisis silenciosa: la judicialización descontrolada amenaza su sustentabilidad. Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes. Lideran este fenómeno la Provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis”.

También se refieren al “verdadero 'costo argentino'”: “Algunos números para tener dimensión del impacto negativo de la litigiosidad en el costo laboral argentino, y cómo esto tiene un impacto directo en la creación de empleo. Desde junio de 2024 a mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Considerando el valor de sentencia promedio y el valor del SMVM a junio de 2025 ($ 313.400.-), la litigiosidad anual representa 6.891.653 salarios mínimos. Esto también es el ”costo argentino“. Esta avalancha judicial no responde a un incremento de accidentes ni a un deterioro del servicio. Por el contrario, se produce en un contexto de mejora continua de las prestaciones y reducción de siniestros”.

Desde UART se preguntan “¿Cuál es entonces el detonante?”: “La combinación de pericias médicas judiciales infladas —que superan en promedio en 12,5 puntos el Baremo vigente— y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo. 'La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento', advierte Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Bettiol advirtió que 'Al stock de 290.000 juicios a dic 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo'”.

Un eslabón suelto: la Justicia

“La Ley 27.348 de 2017 prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Ocho años después, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma —incluyendo CABA— aún no los han implementado. En su lugar, las pericias judiciales se determinan sin control ni estándares de ningún tipo y los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos. Las provincias que sí cuentan con peritos dependientes del poder judicial — como Salta y Río Negro— exhiben índices de litigiosidad notablemente inferiores a los de sus vecinas con condiciones socioeconómicas similares. La experiencia demuestra que, cuando se implementan los CMF, el sistema recupera equilibrio”, continúa el balance de UATR.

30 años, una meta compartida

“Hoy, a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafío más complejo desde su creación. Todos los actores — empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando— han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta política pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósito. Desde la UART, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema que cuida, repara y previene. Apostamos a que en 2026 podamos celebrar tres décadas de logros, con un modelo más justo, previsible y sostenible. Un modelo que, lejos de colapsar por inacción, sea el punto de partida para ampliar derechos y generar más trabajo de calidad en la Argentina que viene”, finalizan.

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De acuerdo con la estadística que elabora la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en el mes de marzo se notificaron 11.546 juicios, acumulando 25.621 nuevos juicios en el año. Así, en los últimos doce meses, el promedio de nuevos juicios supera los 10 mil mensuales y el proyectado para todo 2025 se eleva a 132.100 litigios. Esto implica un incremento de cerca del 70% respecto de la cantidad de juicios de 2018, cuando se registraron menos de 80.000 demandas.

El incremento sostenido de la litigiosidad, a contramano de una disminución sistemática en la cantidad de accidentes, tiene un impacto directo sobre toda la estructura productiva argentina, afecta la empleabilidad, incrementa los costos de producción y, por ende, la competitividad del sector privado.

Es imperioso corregir los costos derivados de está litigiosidad para evitar un impacto mayor sobre un sistema que brinda anualmente 14 millones de prestaciones asistenciales y, desde su creación en 1996, salvó más de 19.000 vidas.

“El sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”, sostuvo Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

En el desagregado por distritos, la Provincia de Buenos Aires lidera la cantidad de juicios, con el 40 por ciento de los litigios; seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 19 por ciento. Detrás se ubican Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

“El crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”, destacó Bettiol.

La presidente de la UART señaló que “es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (que las propias legislaturas aprobaron) y que se fijen mecanismos de actualización razonables. Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”.

La proyección para 2025 supera el último récord de 2017, cuando se registraron 130.700 juicios. Ese volumen de litigiosidad de 2017 puso al borde del colapso al sistema y derivó en una reforma de la ley de Riesgos del Trabajo que fijó parámetros claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia.

Lamentablemente, pese a la adhesión generalizada de las provincias a la ley nacional, los poderes judiciales provinciales han demorado la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses, lo que volvió a multiplicar el número de juicios.

Desde la creación del sistema los accidentes laborales se redujeron a menos de la mitad, luego de pasar de 70,9 por cada mil trabajadores cubiertos en 1996, a solo 31,8 accidentes por cada mil trabajadores, sin considerar los accidentes in itinere.