Por primera vez en 30 años, la Cámara de Diputados será escenario de una interpelación a un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. La última vez había sido a Domingo Cavallo, en el 1995, y terminó con el exministro de Economía del menemismo denunciando a Alfredo Yabrán como jefe de una “mafia enquistada en el poder”. Tres décadas después, la oposición busca un impacto similar en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. ¿El motivo? El criptoescándalo que comenzó en el Día de los Enamorados, con un tuit de Javier Milei promocionando una memecoin que se derrumbó a las pocas horas, y que hoy empapa a toda la cúpula del poder libertario.

Guillermo Francos viene preparando su testimonio hace días. Todo lo que diga podrá ser utilizado en la causa judicial que investiga la presunta estafa cometida por el Presidente con la cripto $LIBRA. Tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, en donde un exfiscal federal del Departamento de Justicia, llamado Timothy Treanor, viene trabajando en una demanda colectiva. Por este motivo es que la exposición del jefe de Gabinete será clave en el desarrollo de la investigación judicial. Así como en el tenor de la campaña electoral.

El discurso de Francos girará en torno a dos ejes: la inexistencia de delito y al hecho que el derrumbe del valor de $LIBRA, que generó pérdidas por más de US$200 millones, no causó un perjuicio económico para el Estado argentino. En la Jefatura de Gabinete, sin embargo, mantienen el secretismo sobre los detalles. Francos sostiene que es porque “desde el punto de vista público a nadie le interesa el tema”, tal como afirmó a Radio Splendid en la previa de la sesión. Insiste en que el criptogate “tiene poco que ver con la administración pública”, pero que igual asistirá a las 14 horas, cuando comience la sesión, a dar explicaciones.

En la oposición lo esperan con la guardia en alto. Esperan que haya fair play, pero sospechan que pueda haber juego sucio. La interpelación de funcionarios nacionales está amparada por el artículo 71 de la Constitución, pero existen muchas lagunas en el reglamento de la Cámara de Diputados que podrían abrirle la puerta a la creatividad reglamentaria. El mayor temor es que, en un exceso de reglamentarismo, Francos y Cúneo Libarona se nieguen a participar de la sesión si, por ejemplo, no hay quórum. 

El reglamento nada dice sobre la necesidad de que haya quórum, pero tampoco lo decía para las sesiones informativas del jefe de Gabinete. Y Francos, hace un par de semanas, apostó hasta último momento a que no hubiera quórum para dejar el informe de gestión escrito e irse, sin hablar. Esta salida, cuya autora intelectual es la bullrichista Silvana Giudici (PRO), podría replicarse el martes, por lo que la oposición se concentra también en porotear tener 129 presentes. A pesar de que, desde el despacho de Martín Menem, advierten que no será un problema.

Desafío opositor

Para la oposición nucleada en el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre, así como la Coalición Cívica y la izquierda, la interpelación es una prueba de fuego. No solo la gestión libertaria juega sus fichas en la sesión: la oposición también. Y esto es así porque lo que suceda el martes definirá si el criptoescándalo queda en el olvido —como pasó, entre otros casos, con la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para fotografiarse con el genocida Alfredo Astiz— o si se convierte, en cambio, en un escándalo que pueda agrietar la coraza comunicacional que blinda a Milei. 

Es un desafío. No fue fácil conseguir la mayoría parlamentaria para forzar a los funcionarios nacionales a dar explicaciones al Congreso. Hubo que sacrificar muchos nombres —como el de Manuel Adorni y Karina Milei— para hacerse con el número e, incluso así, hubo dos que anunciaron que no asistirán: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Raras veces la oposición tuvo la posibilidad de sortear el blindaje que Milei —con la ayuda de sus aliados en el PRO, los gobernadores y el radicalismo— logró construir a su alrededor. Y necesita aprovecharlo.

Es por este motivo que los alfiles de la oposición, como la camporista Paula Penacca, el pichettista Oscar Agost Carreño, la radical Carla Carrizo y el lilito Maximiliano Ferraro, vienen trabajando un plan de labor que organice la sesión. Hace tres décadas que el Congreso no interpela a un funcionario e, incluso entonces, el oficialismo tenía que lidiar con un un sistema bipartidista: un escenario muy distinto al caos de atomización partidaria que predomina hoy en el Congreso. 

El plan de labor diseñado por la oposición presenta tres etapas. En la primera, los funcionarios interpelados tendrán de 60 a 90 minutos para realizar una defensa conjunta. Luego será el turno del interpelador, que realizará las preguntas y repreguntas a Francos y Cúneo Libarona. Será un ida y vuelta de pregunta-respuesta y estará en manos de un grupo de diputados específicos, que cada bloque opositor que impulsó la interpelación designará internamente. No habrá lugar para el oficialismo ni el PRO ni ninguna de las bancadas que votaron en contra de la interpelación: estos bloques recién podrán intervenir en la tercera etapa.

La última etapa será más similar a un clásico informe de gestión. Los diputados y diputadas intercalarán preguntas con discursos y, cada cinco o seis intervenciones, los funcionarios responderán de modo global. Los discursos de los jefes de bloque se dejarán para el cierre, ya que el objetivo es priorizar las respuestas de los funcionarios, más que las alocuciones políticas. 

Será una sesión larga. En la oposición especulan que durará más de 10 horas, aunque los detalles se terminarán de definir el martes por la mañana en una reunión de labor parlamentaria con Menem y el resto de las bancadas. 

Si bien la mira opositora se encuentra, por estas horas, en ordenar la sesión y conseguir la mayor cantidad de respuestas posibles de los funcionarios, hay otro tema que estará revoloteando durante la jornada: la comisión investigadora $LIBRA. El miércoles a la mañana, apenas unas horas después de que finalice la interpelación, se reunirá por primera vez la comisión que la oposición logró aprobar para investigar el criptoescándalo. Debido a una serie de maniobras de Menem, que creó interbloques a piacere para hacerse con más sillas, la comisión se encuentra al borde de la parálisis. Y la oposición aprovechará la sesión del martes para desbloquearla.

MC/JJD

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC