Nuevos hallazgos en los archivos desclasificados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirman que a partir del atentado a la embajada de Israel en 1992, los espías que responden a Presidencia de la Nación seguían al “Clan Reda” -compuesto por varios hermanos, sus esposas, sus familias y primos-, que comenzó a ser blanco de una investigación, debido a las sospechas de vínculos con Hezbolá, tanto en la Triple Frontera como en Buenos Aires. Los Reda están sindicados como presuntos autores materiales de la bomba que explotó en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dos años más tarde, en julio de 1994.

Al igual que los Reda, la SIDE seguía a “elementos de la Mezquita At Tauhid del barrio de Floresta” a la que asistían estas familias. Su líder religioso, Mohsen Rabbani, otro sospechoso, también era objeto de seguimientos. Producto de esas indagaciones se encontraron más de 4.000 registros en los archivos secretos del organismo de Inteligencia acerca de diversas tareas de reunión de información sobre todas estas personas. Los casos se denominaron “Turco” y “Paisano” y estuvieron a cargo de la denominada la Sala Independencia, creada en la SIDE tras ese primer ataque terrorista. Los expedientes incluyen información y antecedentes aportados incluso por servicios colaterales.

La información surge a partir de un pedido de las víctimas del atentado a la AMIA, agrupadas en Memoria Activa, quienes reclamaron a la Unidad Fiscal encargada del caso del atentado de 1994 la búsqueda de mayor información en los archivos desclasificados de la SIDE. El principal señalado como encargado de la logística del atentado a la mutual judía es Samuel Salman El Reda, también identificado como Salman Raouf Salman, un libanés que cuenta con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, y que sería juzgado en ausencia en nuestro país como “el coordinador del grupo operativo que cometió el atentado del 18 de julio de 1994”.

Los documentos revelan que quien concretó el atentado de 1994 ya era seguido por los servicios de la Inteligencia desde 1992. Aún así, las autoridades no pudieron evitar el atentado a la AMIA.

En el libro “30 días”, reseñé que El Reda llegó a la Argentina en 1987, luego de vivir un tiempo en Colombia, donde trabajó en el rubro textil, en un barrio chiita de Maicao. En Buenos Aires se casó con una joven menor de edad, Silvina Sain, hija de una familia del “barrio turco” de Floresta, donde sus casas bajas albergaban desde hacía más de cien años a la comunidad libanesa.

Silvina, musulmana devota, “fanática” según los informes de los agentes que la seguían, pertenecía a una de las familias vinculadas al sheij iraní Mohsen Rabbani, director de esa mezquita erigida en una vieja casona de dos plantas sobre la entonces adoquinada calle San Nicolás, en el mismo barrio.

La inteligencia señalaba que Rabbani la presentó con El Reda y fue quien los casó. Y que Rabbani también alojó a un primo, Tarek El Reda, junto con su esposa, antes de que se fueran a vivir a Colombia, donde vivía parte del “clan”.

Karina, hermana de Silvina y también militante del islamismo radicalizado, estaba casada con otro de los hermanos El Reda, Hussein, y habían vivido juntos también en Colombia. En Buenos Aires, había trabajado en la librería de la mezquita y ella era secretaria del sheij Rabbani. “Los jueves, pasadas las 23:30 se reúnen en la Mezquita a leer, estudiar y comentar la filosofía y el pensamiento del Ayatolá Khomeini”, informaban los espías.

José, otro de los hermanos El Reda, fue detenido en Rosario en noviembre de 1992. Se había alojado en la habitación 1006 del hotel República con un nombre falso: Manuel Gutiérrez. Se dirigió a la sucursal del Banco Nación e intentó cambiar 5.000 dólares falsos. Dos días más tarde, la policía allanó su habitación, donde le secuestraron 30.000 dólares más, también falsos, y unas anotaciones que indicaban que ya había cambiado miles de dólares en los últimos meses.

Según esos registros, José había protagonizado un raid cambiario entre julio y septiembre de 1992, entre la sucursal Flores de Casa Piano e Iguazú Cambios, ubicada en Ciudad del Este. A fines de septiembre, le transfirió 40.000 a su hermano Samir a una cuenta del Byblos Bank, en Líbano, y pocos días más tarde, ya en octubre, volvió a Casa Piano para cambiar casi 100.000 dólares, hasta que finalmente fue detenido en noviembre. En total, cambió alrededor de 300.000 dólares hasta que la policía llegó a la habitación del hotel en Rosario.

Servicios colaterales lo vincularon al financiamiento de Hezbolá. Estados Unidos envió a Rosario un experto que tomó contacto con la jueza federal Colidoy, encargada del caso, y obtuvo una muestra de los billetes secuestrados para realizar un estudio. “Se corroboró que habían sido falsificados en Irán”, informó la inteligencia en 1992. También dejaron asentado que José era pariente de aquella mujer activista de la mezquita At-Tauhid, Silvina Sain, su cuñada. Los papeles que le secuestraron confirmaron su contacto con otros sospechosos en la zona de la Triple Frontera. “Apreciaríamos que nos envíen sus comentarios sobre las siguientes pistas actualizadas sobre José Salman, su hermano Samuel y otros asociados, incluyendo Farouk Omairi, Karina Sain y Mohsen Rabbani”, se interesó la Inteligencia.

Tres días después de ser detenido en Rosario, José recuperó su libertad, cuando su hermano El Reda designó un abogado, de apellido Sirio, y pagó la fianza, unos 20.000 dólares de entonces. El 10 de junio de 1993, se lo declaró rebelde y se ordenó su captura, por no haber regresado a comparecer ante el tribunal.

La mezquita de Rabbani, a la que asistía la familia de su esposa y todos sus vínculos, estaba vigilada. Rabbani también estaba vigilado. La casa de los suegros de El Reda estaba vigilada. Su otro hermano, José, estaba vigilado, y también sus otras relaciones y todos los domicilios a los que concurría. Toda esta minoría libanesa chiita de Floresta era objeto de un intenso seguimiento de los servicios de Inteligencia por aquel primer atentado y ante la sospecha de su relación con Hezbolá.

Se advertía que los Sain, junto con sus primos, los Assad, ocupaban un rol central en la comunidad libanesa chiita y más tarde serían señalados como “el apoyo local” para los planes de Rabbani, al igual que los hermanos El Reda.

Tras el casamiento, El Reda y Silvina vivieron en Colombia, Foz de Iguazú y Buenos Aires. Él viajó varias veces al Líbano. En 1994, residían entre Foz y Ciudad del Este, vecinas a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Pero ese año, todo cambiaría.

En enero, El Reda volvió a Buenos Aires. En junio, regresó a Foz para escoltar a Silvina y sus hijas hacia el Líbano. Sólo él regresó. Se alojó en la casa de sus suegros, sobre la calle Morón, en Floresta, y en otra vivienda familiar de la calle Campana, en el mismo barrio. El 1° de julio de 1994, asumió su nueva función en Buenos Aires: fue el supuesto coordinador entre las células dormidas y el responsable de instrumentar la concreción de la nueva misión terrorista.

Para entonces, la Inteligencia argentina ya estaba alertada sobre las amenazas de otra represalia, a propósito de ciertos ataques israelíes en Medio Oriente. Los autores del primer atentado podían volver a utilizar un coche bomba en Buenos Aires: “Esperen a julio. Cuando pase no van a tener dudas sobre a qué nos estamos refiriendo”, fue la advertencia atribuida a una fuente de Hezbolá en un informe transmitido a la SIDE por un espía colateral.

Además, un servicio colateral había alertado sobre el aumento de contactos entre miembros terroristas de América del Norte con el Sur. Sostuvo que un aspecto importante de las actividades se concretaba en el área de la Triple Frontera y que “de acuerdo a información confiable”, en agosto de 1992, Silvina Saín, la esposa de El Reda, había participado del raid cambiario por el que fue detenido su cuñado José: “Sabemos que hay varios familiares Salman, quienes son integrantes de Hezbolá, cuyas residencias se encuentran en Paraguay”.

En el expediente para la investigación judicial del atentado a la AMIA, las referencias sobre Salman El Reda fueron incorporadas recién sobre finales de septiembre de 1994 por un testigo de identidad reservada aportado por la SIDE. Pero la compulsa de los archivos desclasificados permite acreditar que para julio de 1994, la SIDE lo tenía identificado como Salman Salman Raouf, nacido en Bent Jbeil, el 5 de junio de 1963. Y mucho antes de las referencias aportadas al trámite por ese “Testigo A”, la SIDE, además de los teléfonos que utilizaba, tenía ya cargados, en su base de datos, todos estos “antecedentes de Salman” en relación con el segundo ataque.

Un resumen: la información dentro del Hezbolá indica que el sospechoso de estar involucrado en la explosión de la AMIA se llama Salman Raouf, un agente operativo del Hezbolá en Argentina. Nacido en el sur del Líbano, está casado con una libanesa de Argentina y había estado viviendo aquí con su familia. El nombre de la madre de Salman es Maysara Reda. Antes del atentado a la AMIA, Salman acompañó a su familia al Líbano y luego volvió inmediatamente a la Argentina. Luego regresó al Líbano el 19 de julio de 1994, un día después de la explosión, donde se oculta con protección del Hezbolá. En la actualidad vive con sus padres, en su departamento del cuarto piso del edificio Kanj, en la calle As’ad Al-As’ad, en la zona de Al-Shiyyah en el suburbio del Sur.

Esta información cargada en la base de datos de la SIDE unas semanas después del atentado, a la que se le dio un código de “alta valorización”, “probablemente verdadera” y “proveniente de una fuente completamente confiable”, no fue nunca aportada en sede judicial. “A pesar de ello, no se encontraron hasta el momento constancias de que alguna de estas dos áreas de la Secretaría haya compartido esta información con el Juzgado Federal número 9, donde tramitaba la causa”, denunció el último informe fiscal.

Se advierte así que “para fines de 1995 y principios de 1996 se diluyen las menciones a Raouf Salman entre los documentos de SIDE y se instala la versión que señala que el nombre del Jefe operativo de Hezbollah es Samuel Salman El Reda”, aun cuando en enero de 1995 la inteligencia estadounidense había alertado bien concretamente acerca de las verdaderas identidades de los hermanos El Reda, que sus documentos con esa identidad y nacionalidad colombiana serían falsos. Decían que lo más probable es que hayan nacido en el Líbano y que el verdadero apellido era Salman, siendo que el apellido Reda de su madre lo usan sólo para operar en América Latina.

“El nombre Raouf desaparece de los documentos y es reemplazado por Samuel, a quien se atribuye la misma información que anteriormente se atribuía al primero”, advierte el informe fiscal. Así se empieza a instalar sin fundamento que serían hermanos y no una misma persona con identidad falsa.

Tras el “Informe Toma” de la SIDE de 2003, donde directamente se reemplazó en la transcripción de la información recibida respecto de Raouf su identificación por la de Samuel Salman el Reda, se dispuso la captura de este “colombiano” con este nombre falso en 2009, que años después del atentado, la que se mantuvo por años en el error.

Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Inteligencia israelí insistió en que el verdadero nombre era Salman Raouf Salman, que era ciudadano libanés, nacido en la aldea chiita Bint Jbeil, del sur del Líbano, y que seguía viviendo en Beirut: “Estuvo involucrado en los dos atentados de Argentina, tanto el de la embajada de Israel como el de la AMIA. Su involucramiento contempló, definitivamente, la recopilación de Inteligencia y la gestión logística, así como, probablemente, la preparación del material bélico requerido para tal fin”.

La acusación, aportada inicialmente por la CIA de Estados Unidos, se mantuvo en los informes finales del Mossad sobre los dos atentados, donde actualizaron que Salman Raouf aún reside en Beirut, como su hermano Abdallah Raouf Salman, antes falsamente José, y que se está quedando calvo. Y recién en 2019, diez años después del dictado de su primera orden fallida de captura internacional, y 25 años después de que la SIDE retuviera esa información, registrada en sus bases ya unos días después del atentado, se hizo saber a Interpol la verdadera identidad de El Reda.

En los términos de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.

Además el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

La tragedia del caso AMIA lleva ya más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen este caso en la total impunidad.

*Alejandro Rúa es autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.

Para avanzar en el juicio en ausencia de los acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, se concretó días atrás un nuevo dictamen fiscal con las imputaciones que pesan sobre quienes fueran los más altos funcionarios del gobierno iraní, además de los libaneses que aparecen como sospechosos de haber concretado el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La acusación reproduce las argumentaciones del fiscal Alberto Nisman de décadas pasadas y sostiene que el ataque lo hicieron “con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán” y la utilización de su red de espionaje, considerada “una estación de inteligencia”, que se apoyó en la estructura de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural en Buenos Aires, por entonces ya a cargo del imán iraní Mohsen Rabbani.

Así, “Hadi Solemainpour, desde su rol de embajador iraní en Buenos Aires, brindó el apoyo y la cobertura necesaria para que se lleve a cabo dentro de la sede diplomática la labor de inteligencia necesaria para avanzar con la operación” y “Mohsen Rabbani resultó el artífice principal de llevar adelante la logística del ataque”, ratificó el Ministerio Público en uno de sus últimos dictámenes. “Funcional a ello resultó la estación de inteligencia que él mismo articuló a poco de su llegada al país, a principios de los años 80”.

Rabbani así “mantuvo estrecha vinculación con integrantes de la agrupación armada Hezbollah afincados en Latinoamérica”, concretamente con aquellos libaneses acusados de cometer el atentado, quienes asistían a su mezquita en Floresta. Se lo acusa también como el “artífice principal de la instalación y el progreso de la estructura de espionaje con capacidad suficiente para organizar con éxito” la etapa previa al atentado.

Mohsen Rabbani ingresó a la Argentina el 27 de agosto de 1983 y desde entonces fue objeto de seguimientos por los servicios de la inteligencia locales, en el marco de una “Mesa S” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el organismo monitoreaban también al “Objetivo S”, más amplio, que abarcaba a los países árabes y musulmanes con representación diplomática en nuestro país, las organizaciones locales de su comunidad, las mezquitas y la representación en el país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), donde se atendía la temática islámica y de Medio Oriente y, particularmente, desde 1979 y la revolución teocrática, el escenario iraní.

Luego del atentado de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires, la reunión de información sobre la comunidad chiita y sobre Rabbani en particular se incrementó notablemente, y la SIDE desplegó numerosas tareas de vigilancia e inteligencia sobre el sheij y su entorno, incluidos los libaneses asistentes a su mezquita. Se ha desclasificado numerosa documentación sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y para 1994, ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de tareas de inteligencia sobre Rabbani también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes, y se propuso “fijar como blancos a Mohsen Rabbani y la Consejería Cultural para desarrollar tareas de infiltración, controles telefónicos y de sus actividades”.

En “30 Días” reseñé con detalle el despliegue de esas “Operaciones Especiales de Inteligencia” y la intervención dispuesta por el Mossad, servicio de inteligencia de Israel, sobre los teléfonos de la embajada iraní en Buenos Aires más de un mes antes del atentado a la AMIA. Esas intervenciones fueron ejecutadas por la SIDE sin orden judicial, a propósito de las alertas recibidas sobre un nuevo ataque con coche bomba, en represalia por cuanto sucedía en Medio Oriente. Los aportes técnicos de los israelíes a la SIDE se listan en la documentación: receptores de sonido direccional con capacidad de grabación; aparatos para filmación nocturna; medios de comunicación; medios de observación y de penetración técnica; medios técnicos para control de líneas telefónicas desde las cercanías de su instalación; sistema de comunicación directa con la colateral; traductor de farsi.

Además, el mismo día del ataque a la AMIA fueron intervenidos sin orden judicial los teléfonos atribuidos a los libaneses del entorno de Rabbani y otros que utilizaba el sheij, que fue inmediatamente señalado por la SIDE como uno de sus perpetradores del ataque. Ya en la primera resolución judicial sobre el atentado, el 9 de agosto de 1994, se respaldaron esos señalamientos de la inteligencia: “Encuentro limitada mi competencia para interrogar a Rabbani respecto de las sospechas que recaen sobre su persona. Será el Supremo Tribunal de la Nación quien deba decidir al respecto”, refirió el juez del caso, mientras disponía las primeras ordenes de captura internacional sobre cuatro “diplomáticos” iraníes, falsamente acusados.

La Corte rechazo su propia intervención. La falsa atribución a esos “diplomáticos” fue explicada con detalle en “30 Días” y el Procurador General de la Nación les había ya advertido sobre el déficit de la acusación. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió también sobre la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas”: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas”. “Las autoridades argentinas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”, sostenía el cable diplomático. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.

La SIDE y Rabbani

Desde entonces, Mohsen Rabbani fue reiteradamente y hasta hoy señalado como responsable de la inteligencia previa al atentado y de organizar la logística del grupo operativo que condujo la camioneta cargada de explosivos hasta la mutual judía el 18 de julio de 1994. En “30 Días” reseñé también las estrategias de abordaje que le destinó la SIDE después del atentado y cómo llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que le reportaba lo que veía y escuchaba:

“Le tomó tiempo, pero el infiltrado logró la confianza del mismísimo Rabbani. Fue su chofer. La infiltración se extendió por varios años, mientras la inteligencia seguía investigando al sheij y su entorno. El agente ingresó a la comunidad trabajando como chofer de una línea de colectivos de la zona. Luego, entabló una relación con la hija de un empleado de la embajada de Irán. Aprendió palabras y saludos en farsi. Ya infiltrado en el entorno del sheij, cuando Rabbani tenía dudas sobre algo que leía en los diarios argentinos, el chófer lo asistía leyéndoselos”.

Hubo además un segundo agente infiltrado y la información obtenida se acumula en el caso “Orador” de la SIDE. Los informes de enero de 1996 ya admitían no poder reunir elementos que corroboren la hipótesis de que los iraníes sean los autores de los atentados, aunque alimentan la sospecha de que Rabbani sabe quién lo hizo, en el marco de sus relaciones. Luego, en el informe de febrero se plantea que las conexiones claves del islamismo chiita en nuestro país son las mujeres de la comunidad. Hay referencias al rol atribuido a las hijas de las familias destacadas y la vinculación con los libaneses asistentes a la mezquita de Floresta, objetivo de la SIDE.  

Pero además y para ese tiempo, las autoridades de la SIDE mantuvieron al menos tres reuniones secretas con los funcionarios iraníes que continuaban sus funciones en Buenos Aires, con el expreso propósito de procurar un acuerdo de intercambio.

Esas reuniones tuvieron lugar entre mayo y junio de 1996, en el despacho de la subsecretaría de Inteligencia Interior de la SIDE, en el edificio central de la calle 25 de Mayo. Y a ellas asistió el propio acusado Mohsen Rabbani, que estaba a cargo de la Consejería Cultural de la embajada de Irán, acompañado por el encargado de negocios que quedó en la Embajada tras la partida del embajador Soleimanpour, luego de las acusaciones de agosto de 1994.

Las autoridades de la SIDE aclararon a los iraníes que estaban en “un área de reserva”, de “secreto confesional”, un área de inteligencia que no interfería en las relaciones internacionales con Irán, que corrían por cuenta y responsabilidad de la Cancillería. Los funcionarios argentinos manifestaron que consideraban erradas las vinculaciones que se hacían del gobierno iraní con el atentado a la AMIA. La SIDE realizó “escuchas ambientales” de esas reuniones, que luego fueron transcriptas y se hallaron entre la documentación desclasificada. También se encontraron los registros de la intervención telefónica que se mantenía sobre la representación diplomática.

Tales registros documentan que incluso se le propuso a Rabbani generar “colaboraciones” de inteligencia entre ambos países para superar los inconvenientes y nutrirse de la inteligencia iraní: “Lo que ya les dije el otro día es que estamos abiertos a cualquier intercambio, sobre todo de ópticas, de uniones, y más con un país tan importante como Irán”. Y expresamente se le pidió al consejero cultural que hiciera llegar ese planteo al gobierno iraní, advirtiendo que aunque las relaciones exteriores no eran competencia de la SIDE, tenían el apoyo del gobierno argentino para llevar adelante esta propuesta.

Esas mismas autoridades de la SIDE participaron luego de otra operación de acercamiento al acusado Mohsen Rabbani, con el objetivo, esta vez, de sacarlo del país. La documentación desclasificada da cuenta así de la coordinación del servicio de inteligencia argentino y el norteamericano en la definición de esa nueva tarea y la estrategia para llevar adelante lo que llamaron “Operación Cacerola”: el servicio colateral enviaría un oficial operativo especializado en contraterrorismo que, con el apoyo operativo de la SIDE, se encargaría de ofrecerle a Rabbani su salida del país a cambio de una importante suma de dinero, frente a la amenaza de que si no lo sacarían en forma compulsiva.

Mohsen Rabbani se fue de Argentina el 21 de septiembre 1997 en un vuelo de Iberia con escala en Madrid y destino a Teherán. Y la cancillería argentina hizo saber a la SIDE que había informado a las autoridades iraníes que el gobierno argentino no deseaba que Rabbani regresara a la Argentina. La Cancillería indicó que esta solicitud implicaba un llamado a la cooperación del gobierno iraní a fin de no declarar, formalmente, persona no grata a Rabbani.

La captura internacional de Rabbani fue dictada en 2003, casi seis años después de que saliera del país, y la imposibilidad de llevarlo ante el juez del caso ha derivado en la decisión de juzgarlo en ausencia. El archivo de la “Operación Cacerola” fue un hallazgo de las tareas de relevamiento de información desclasificada y fue aportado e incorporado ya como prueba documental en juicio.

En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.

Además, el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La tragedia de la AMIA lleva más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen al caso en la impunidad total.

*Autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.