Los hogares trabajadores siguieron recortando compras en febrero y el dato más nítido volvió a aparecer en los supermercados, uno de los canales más sensibles del consumo cotidiano. Las ventas a precios constantes cayeron 3,1% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una baja de 2,1% en el primer bimestre de 2026. El retroceso se apoyó sobre una secuencia previa de meses flojos: el INDEC había registrado una caída de 2,8% en noviembre de 2025, una suba de apenas 0,5% en diciembre y otra baja de 1,2% en enero.

Ese recorrido vuelve más difícil leer febrero como un tropiezo puntual. Lo que muestran los números es otra cosa: un consumo básico que no logra afirmarse aun después de varios meses sin saltos inflacionarios como los que marcaron el arranque del gobierno. Con la inflación recargada de 2026, el panorama es aún más incierto.

En la vida diaria, eso se traduce en changos más chicos, compras más medidas y una administración más estricta del ingreso. El informe oficial lo registra en cantidades vendidas y también en el empleo del sector: en supermercados, el personal ocupado fue de 97.839 personas, 2% menos que un año atrás.

En plata corriente, las ventas subieron; en volumen, no. Los supermercados facturaron en febrero $2,214 billones, un alza interanual de 23,5%, pero esa mejora nominal no alcanzó para revertir la caída en términos reales. El ticket promedio fue de $35.058, con una suba de 27,9% frente a febrero de 2025. Dicho de otro modo, los hogares dejaron más pesos en la caja, pero eso no se tradujo en una recuperación del consumo.

La composición de las ventas ayuda a ver dónde siguió concentrado el gasto. En supermercados, el rubro Almacén explicó el 25,3% del total facturado; Carnes, el 14,4%; Artículos de limpieza y perfumería, el 13,8%; Bebidas, el 11,9%; y Lácteos, el 11%. Son categorías muy pegadas a la canasta cotidiana. En varias de ellas hubo subas nominales fuertes, como Carnes, con 46,9%, y Verdulería y frutería, con 37%, mientras el volumen general vendido siguió retrocediendo.

El mismo cuadro apareció en los autoservicios mayoristas, otro canal al que muchos hogares van cuando buscan bajar el costo por unidad. En febrero, las ventas a precios constantes cayeron 1,2% interanual. El acumulado enero-febrero mostró un alza mínima de 0,1%, pero el dato mensual volvió a moverse para abajo. En este caso también hubo un deterioro del empleo más fuerte que en supermercados: el personal ocupado fue de 13.111 personas, con una baja interanual de 8%. El ticket promedio llegó a $44.110, un 23,7% más que un año antes.

Mayoristas no reemplazó la debilidad de supermercados; la acompañó. Ese dato es relevante porque habla de hogares que ajustan incluso en los canales donde suelen buscar precios más convenientes. En este segmento, Almacén representó el 42,6% de la facturación y Artículos de limpieza y perfumería, el 26,4%. También aquí el gasto se concentró en bienes de uso corriente, no en compras prescindibles.

Los medios de pago agregan otra capa a esa foto. En supermercados, la tarjeta de crédito explicó el 43,6% de las ventas de febrero, con operaciones por $966.076 millones. La tarjeta de débito concentró el 25%, el efectivo el 16,8% y los otros medios de pago —como billeteras virtuales o QR— el 14,6%, con un salto interanual de 54,9%. En mayoristas, en cambio, el efectivo tuvo un peso mayor: representó el 26,4% de las ventas y creció 57%, mientras las operaciones con débito cayeron 13,6%. Más allá de la mezcla de instrumentos, el punto central es otro: el consumo siguió sostenido con más pesos y distintas formas de pago, pero sin mejorar en términos reales.

El tercer informe publicado por el INDEC, el de centros de compras, funcionó más como confirmación del clima general que como eje de la historia. En febrero, las ventas a precios constantes en shoppings cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 1,1% en el primer bimestre. El dato muestra que la flojedad del consumo no quedó limitada a los alimentos o a la reposición del hogar, aunque para leer el bolsillo trabajador el termómetro principal siga estando en supermercados y mayoristas.

La suma de los tres informes difundidos este jueves por el INDEC deja una escena conocida para millones de trabajadores: compras más caras, ventas débiles y empleo comercial en retroceso. En supermercados, febrero cerró con una caída real de 3,1%; en mayoristas, con una baja de 1,2%; en centros de compras, con otra de 2,1%. Los tickets promedio subieron en valores nominales y el volumen no acompañó. Los puestos de trabajo en los canales relevados tampoco mostraron mejora. Cuando el consumo masivo no levanta en supermercados ni en mayoristas, el dato remite directamente a los ingresos con los que los hogares llegan [o no] a fin de mes.

JJD

El consumo de los hogares volvió a mostrar en marzo las señales de fragilidad que caracterizan a la política económica del tándem Javier Milei-Luis Caputo. El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) registró una caída interanual del 2,6%, pese a una leve recuperación mensual del 0,7%, en un contexto marcado por el deterioro del ingreso real de los trabajadores.

El dato confirmó que la mejora mensual no alcanzó para revertir la tendencia de fondo: en el primer trimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. La evolución del indicador reflejó un escenario en el que los hogares ajustaron gastos ante la pérdida de poder adquisitivo, incluso en segmentos con empleo formal.

El ICP-UP, elaborado por la Universidad de Palermo como indicador anticipado del consumo, mostró además que el nivel de marzo se ubicó por debajo del registrado un año atrás, aunque todavía por encima de los valores observados entre 2018 y 2024. Esta combinación evidenció una recuperación incompleta, con un piso más alto que en crisis previas pero sin capacidad de sostener el consumo frente a la inflación.

El comportamiento de los salarios formales durante 2025 ya había anticipado este deterioro. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado aumentó 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento con mayor cobertura sindical.

La pérdida de poder adquisitivo limitó la capacidad de consumo cotidiano y obligó a ajustar gastos básicos, una tendencia de la que el ICP-UP dio cuenta, por su caída interanual. La desaceleración de los aumentos salariales y el rezago de las paritarias profundizaron ese escenario.

Carne, motos y restaurantes: el consumo se movió a distintas velocidades

Los datos sectoriales mostraron además una evolución desigual dentro del consumo. Según el informe, distintos rubros avanzaron a velocidades diferentes, lo que evidenció una recomposición fragmentada y sin tracción generalizada.

Esa heterogeneidad aparece con claridad al desagregar los rubros de consumo. Mientras algunos indicadores mostraron leves mejoras, otros continuaron en caída o estancados. En los bienes durables, el comportamiento fue dispar: el patentamiento de autos se mantuvo prácticamente sin variación interanual en marzo (0,3%), luego de meses en baja, mientras que las ventas de motos crecieron 55,4% en el mismo período.

En el consumo masivo, en cambio, predominó la caída. El ajuste impactó directamente en alimentos básicos, con una baja interanual del 9,8% en el consumo de carne vacuna y del 4,6% en carne aviar en febrero, mientras que la venta de combustible se mantuvo sin cambios respecto del año anterior. Estos datos reflejaron un recorte en gastos esenciales de los hogares.

Los servicios vinculados al esparcimiento también mostraron comportamientos divergentes. La recuperación fue parcial y segmentada: los restaurantes tradicionales registraron una suba interanual de 1,4% en febrero, pero las ventas asociadas a espectáculos y entretenimiento en centros de compra cayeron 10,6% interanual.

En los bienes semidurables, el comportamiento volvió a ser mixto. Las ventas de indumentaria en shoppings crecieron 4% interanual y las de jugueterías 5,4%, mientras que los artículos deportivos no lograron sostener la recuperación y registraron una leve caída del 0,5%.

En paralelo, el indicador mensual mostró que la suba del 0,7% en marzo permitió recuperar niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses de caídas desde mediados del año anterior. Sin embargo, ese rebote no alcanzó para modificar la tendencia descendente en la comparación anual.

El deterioro del consumo también se vinculó con conflictos laborales y pérdida de ingresos en sectores específicos. En el transporte, por ejemplo, los choferes de la línea 60 denunciaron una pérdida del 61,87% del poder adquisitivo en dos años, con salarios que quedaron congelados frente a una inflación acumulada del 259,34%. Este tipo de situaciones mostró cómo la caída del ingreso impactó de manera directa en la capacidad de gasto de los trabajadores.

La relación entre salario y consumo volvió a quedar expuesta como el principal factor de la dinámica económica cotidiana. Sin recomposición sostenida de ingresos, la recuperación mensual del consumo quedó limitada a movimientos puntuales, sin consolidarse en una tendencia estable.

El informe de la Universidad de Palermo señaló que el ICP-UP se construyó a partir de múltiples indicadores de alta frecuencia, lo que permitió captar de manera anticipada los cambios en el comportamiento de los hogares. En ese marco, la persistencia de variaciones interanuales negativas reforzó la idea de un consumo condicionado por restricciones estructurales.

La evolución reciente mostró que la mejora mensual no respondió a una expansión del ingreso real, sino a ajustes puntuales tras meses de caída, lo que limitó su sostenibilidad. Sin cambios en la capacidad de compra de los salarios, el consumo continua atado a un escenario de recuperación débil o, al menos por ahora, impalpable.

JJD

Abril empezó y no es tan bello como cantaban con entusiasmo Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, en una canción hermosa y simple, y con un videoclip luminoso que ambos compartieron con Dolores Fonzi, la musa inspiradora del rosarino al componerla e incluirla en su disco Naturaleza Sangre (2003). Este abril, por el contrario, y como cada mes desde hace por lo menos tres años y medio, es otro de malaria en la economía libertaria; malaria para los trabajadores que son, básicamente, víctimas del modelo.

El mes que empezó vuelve a traer aumentos en servicios esenciales que afectan directamente el ingreso disponible de quienes trabajan. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, la electricidad y el agua comienzan el mes con nuevas actualizaciones tarifarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario en el que los salarios no paran de perder contra la inflación.

El calendario cambia, las cuentas también

El transporte público registró uno de los incrementos más inmediatos. El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasa de $832,57 a $873,37 para los viajes de hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE registrada, según el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir en abril.

La actualización siguió el mecanismo que aplicó la provincia: el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero más un 2% adicional. Con esa fórmula, los valores de los distintos tramos también aumentaron: $972,93 para viajes de 3 a 6 kilómetros, $1.047,14 entre 6 y 12 kilómetros, $1.122,90 entre 12 y 27 kilómetros y $1.197,39 para trayectos más largos.

En la Ciudad de Buenos Aires también se aplicó una suba. El pasaje mínimo de colectivo quedó en $715,26, con aumentos escalonados según la distancia del recorrido.

El impacto es directo sobre los trabajadores que utilizan el transporte público para ir y volver del empleo. En muchos casos, el gasto en movilidad es un componente fijo del ingreso mensual y se ajusta de manera más frecuente que las paritarias o los salarios. El ajuste data de por lo menos la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y se acentuó con ferocidad al asumir en el poder el tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo.

La presión sobre el transporte se agravó además por una decisión del sector empresario. Las cámaras del autotransporte que representan alrededor del 85% de las líneas de colectivos del AMBA informaron que reducirán la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil y a la falta de actualización de los costos reconocidos por el Estado.

En un comunicado conjunto, las entidades empresarias señalaron que el incremento del combustible y la ausencia de una compensación oficial los colocó en una situación en la que consideran imposible sostener los niveles habituales de prestación. La medida comenzó a regir el 1° de abril y podría afectar los tiempos de espera de los usuarios.

La reducción de frecuencias implica más tiempo de viaje y mayor incertidumbre para quienes dependen del colectivo para llegar al trabajo, en un contexto en el que los costos de movilidad ya venían aumentando de manera sostenida.

Los aumentos de abril también alcanzaron al sistema de salud privado. Las empresas de medicina prepaga comunicaron actualizaciones en sus cuotas de hasta el 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero. Esa suba impactó además en los copagos que deben abonar los afiliados por consultas y prácticas médicas.

Las tarifas de servicios públicos también se modificaron. Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur aplicaron nuevos cuadros tarifarios. En el área de Edesur, por ejemplo, los hogares de ingresos altos (Nivel 1) comenzaron a pagar un cargo fijo de $1.393,73 para consumos de hasta 150 kWh y un cargo variable de $115,29 por kWh, según el esquema informado para abril.

En el caso de Edenor, el cargo fijo inicial quedó en $1.414,93, con un cargo variable de $115,28 por kWh. Los usuarios con subsidios mantienen valores más bajos dentro de los límites establecidos por el esquema de segmentación tarifaria.

El agua también registró un ajuste. La empresa AySA aplicó el último tramo del aumento del 4% que había comenzado a implementarse a principios de año.

El efecto combinado de estas subas se produce en un contexto en el que el ingreso de los trabajadores sigue deteriorándose frente a los precios. Los datos oficiales del INDEC mostraron que el índice de salarios aumentó 2,5% en enero, mientras que la inflación del mismo mes fue de 2,9%, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra.

La situación se repitió especialmente entre los trabajadores registrados. En ese segmento, el sector privado subió 2,1% y el público 1,8%, ambos por debajo del IPC del mes.

El deterioro del ingreso también aparece en relevamientos sobre la percepción de los trabajadores. Un estudio citado en coberturas recientes registró que el 83,9% de los trabajadores afirmó que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos.

“Dios Santo que bello abril”, dice el estribillo de la canción. Pero en muchos hogares el mes empezó con una escena más terrenal: el calendario nuevo y una pila de facturas esperando turno sobre la mesa.

JJD

El costo de la vivienda volvió a golpear el ingreso de los trabajadores en febrero. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento mensual de 6,8%, el mayor de todo el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. La suba estuvo impulsada principalmente por los incrementos en gas, electricidad y agua, junto con cambios en los esquemas de subsidios aplicados en distintas provincias.

El dato se inscribe en un escenario de inflación que continúa deteriorando el salario real. El índice general del IPC subió 2,9% en febrero, mientras que la variación acumulada en lo que va del año llegó a 5,9%, según el organismo estadístico.

Aunque el presidente Javier Milei suele destacar la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico, el primer bimestre de 2026 cerró con un aumento cercano al 6% en los precios, un nivel que sigue impactando con fuerza sobre los ingresos laborales.

El golpe más fuerte aparece en los gastos estructurales del hogar. Dentro de la división vivienda, el informe muestra que los alquileres registraron aumentos interanuales que superan el 100% en algunas regiones del país. La categoría alquiler de la vivienda alcanzó subas de hasta 101,7% interanual, según las variaciones regionales publicadas por el Indec.

Este encarecimiento de los alquileres se combina con el incremento de las tarifas de servicios públicos, que fueron uno de los motores del aumento mensual de la división vivienda. El resultado es un doble impacto sobre el presupuesto de los hogares asalariados: pagar el techo y sostener los servicios básicos demanda una proporción creciente del salario.

El peso de estos gastos fijos vuelve más visible la tensión entre precios e ingresos. La inflación no afecta de la misma manera a todos los rubros del consumo: los aumentos en alimentos, tarifas y alquileres tienen una incidencia mucho mayor en los hogares trabajadores que otros bienes o servicios menos frecuentes.

De hecho, los alimentos y bebidas no alcohólicas también registraron una suba de 3,3% en febrero, la segunda mayor variación entre las divisiones del IPC y la que tuvo mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones del país.

El informe del Indec señala que esa incidencia se explicó principalmente por el aumento en carnes y derivados, un componente central de la canasta alimentaria.

El cuadro general muestra que los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio. Dentro de las categorías del índice, los bienes y servicios regulados —donde se incluyen tarifas de servicios públicos— registraron un incremento mensual de 4,3%, por encima de la inflación núcleo.

Este tipo de aumentos tiene un efecto directo sobre los trabajadores porque se trata de gastos difíciles de reducir o postergar: electricidad, gas, transporte o alquiler forman parte de los costos básicos para sostener la vida cotidiana.

Mientras el Gobierno insiste en que la inflación muestra señales de desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores, los incrementos en vivienda, alimentos y servicios esenciales continúan erosionando el poder de compra de los salarios.

Para los hogares asalariados, el problema no es solo el nivel general de la inflación, sino qué precios suben y en qué proporción lo hacen. Cuando el encarecimiento se concentra en los gastos indispensables —comida, techo y servicios—, el impacto sobre el ingreso real se vuelve inmediato.

En ese contexto, el IPC de febrero dejó un dato claro: la vivienda encabezó los aumentos del mes con 6,8% y los alquileres ya muestran subas interanuales superiores al 100% en algunas regiones del país.

JJD

El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD

En diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el informe oficial del Indec sobre canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. En ese mismo mes, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue de $334.800. La relación entre ambos valores revela el núcleo del problema: el ingreso mínimo legal cubre apenas el 25,5% del costo de vida estimado para un hogar con dos personas adultas y dos menores.

En otras palabras, no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las necesidades básicas de una familia trabajadora. Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el año y se consolidó como una expresión estructural de pobreza en el mundo del trabajo.

La canasta básica total (CBT) calcula el costo mensual de bienes y servicios esenciales: alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y algunos consumos no alimentarios mínimos. Su valor sirve para establecer la línea de pobreza. En 2025, esa canasta subió 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó un 31,2% .

Ambas crecieron por encima de muchos ingresos reales. Y aunque la inflación anual fue del 31,5%, según el IPC, los productos que más pesan en la canasta —alimentos, servicios y transporte— subieron aún más. Solo en diciembre, tanto la CBT como la CBA aumentaron 4,1%, una cifra superior al promedio general .

El problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto valen los salarios. El SMVM se mantuvo por debajo de la línea de pobreza todo el año. Para hogares de cinco integrantes, el costo de vida en diciembre fue de $1.376.478, mientras el ingreso mínimo seguía fijo en $334.800. Esa diferencia responde a una estructura económica que devalúa el trabajo y no lo reconoce como medio suficiente de subsistencia.

Además del salario mínimo, otro indicador relevante es el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales con aportes previsionales. En septiembre de 2025 —último dato disponible al cierre del año— ese ingreso fue de $1.551.831 brutos. A primera vista, el número supera el costo de la canasta básica total (CBT), que en diciembre fue de $1.308.713 para una familia tipo. Sin embargo, el RIPTE no refleja el ingreso disponible en mano, ya que incluye aportes jubilatorios, descuentos de obra social y otras retenciones, por lo que el salario neto puede reducirse en un 17% o más.

Además, se trata de un salario individual que debe sostener a un hogar entero de cuatro personas. Aun si se lograra empatar el valor de la canasta con un ingreso neto equivalente, esa familia seguiría sin margen para cubrir alquiler, salud no cubierta, educación extracurricular o cualquier gasto imprevisto. Por eso, incluso los trabajadores formales con ingresos promedio enfrentan niveles de restricción material crecientes. La pobreza laboral, en este escenario, no es una situación excepcional: es una realidad estructural que atraviesa al conjunto del mundo del trabajo.

La pobreza laboral de la que se viene hablando ya desde la pandemia ya no es un fenómeno marginal: al parecer llegó para quedarse. Según la Encuesta Permanente de Hogares, más del 36% de los ocupados trabaja en condiciones informales. En ese universo, los ingresos no solo son más bajos: también carecen de paritarias, aguinaldo o actualizaciones automáticas frente a la inflación. En la mayoría de esos casos, el ingreso mensual ni siquiera cubre la canasta alimentaria, lo que ubica a esos hogares por debajo de la línea de indigencia.

Los sectores registrados tampoco quedaron protegidos. En muchos gremios, las paritarias cerraron por debajo del 30% anual, y aunque hubo revisiones, no alcanzaron a igualar el ritmo de aumento del costo de vida. Según estimaciones del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el salario mínimo perdió un 36% de su poder de compra entre 2023 y 2025.

Detrás de cada cifra hay una traducción concreta: el salario rinde cada vez menos para comer, para alquilar, para viajar, para pagar servicios básicos. En lugar de acercarse al umbral de la canasta básica, el ingreso real se aleja. La pobreza no es un resultado ocasional: es la forma habitual en que viven millones de personas que tienen trabajo.

Este desfasaje estructural se volvió constante: el ingreso por trabajo ya no garantiza superar la línea de pobreza. En muchos hogares, ni dos salarios mínimos combinados alcanzan para cubrir lo que el Estado estima como nivel de subsistencia sin pobreza. Esa es la definición más nítida de pobreza estructural en el mundo del trabajo.

Mientras el modelo económico no garantice que trabajar sea suficiente para vivir con dignidad, la pobreza seguirá reproduciéndose dentro del empleo, y no en los márgenes del sistema. Es una crisis del valor del trabajo, no solo del nivel de precios.

JJD

La inflación de 2025 fue del 31,5% anual, con una suba del 2,8% en diciembre, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Se trató del incremento más bajo desde 2017, pero ese dato no se tradujo en una mejora del poder de compra de la población trabajadora: los ingresos no lograron equiparar la evolución de los precios, y el salario real volvió a deteriorarse, especialmente en los sectores más precarizados.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en diciembre fue de $334.800, de acuerdo con la Resolución 9/2025 del Ministerio de Trabajo. Si se lo compara con el valor estimado de la canasta básica total para un hogar tipo, que según proyecciones de organismos y consultoras privadas superó los $320.000 mensuales, el salario mínimo apenas cubre las necesidades básicas de una familia con dos adultos y dos menores. En buena parte del año, el SMVM estuvo incluso por debajo de esa línea, lo que refleja un desfasaje estructural entre ingresos mínimos legales y costo de vida real.

La división “Alimentos y bebidas no alcohólicas” —el rubro más sensible para las y los trabajadores— subió 32,2% en 2025, con alzas destacadas en carnes (51%), frutas (48,4%), aceites (34,1%) y productos de almacén. La inflación golpeó de forma más intensa a los productos de consumo masivo, y en varias regiones —como el NOA y el NEA— los alimentos aumentaron más que el promedio nacional, profundizando la desigualdad territorial.

Además, otros rubros esenciales para la reproducción de la vida cotidiana se encarecieron por encima del índice general: vivienda, agua, electricidad y gas subió 41,6%, educación 52,3% y servicios en general un 43,1%. El transporte, por su parte, se incrementó un 32%, presionando aún más el bolsillo de quienes destinan buena parte de su ingreso al traslado hacia los lugares de trabajo.

Los datos del Indec muestran que los bienes aumentaron 26,5%, mientras que los servicios —en su mayoría regulados o semi-regulados— lo hicieron un 43,1%. Esto indica una recomposición de precios relativos que afecta más a los hogares de menores ingresos, cuya estructura de consumo depende más de los servicios públicos y los productos básicos.

El informe también señala que los precios regulados aumentaron 34,2% en 2025, por encima del índice general, y que los precios estacionales subieron 26,2%. En muchos casos, los servicios regulados —como luz, gas, transporte urbano y prepagas— representan una porción fija e ineludible del gasto mensual, por lo que sus aumentos afectan con más fuerza a los hogares de ingresos bajos, que no pueden recortar ese tipo de consumos sin deteriorar su calidad de vida.

Pero más allá del IPC, ¿de dónde surge que los trabajadores perdieron frente a la inflación?

Diversos informes lo confirman. Por ejemplo, según un relevamiento de Infobae con datos del RIPTE, los salarios del sector privado registrado subieron 2,1% en octubre, frente a una inflación del 2,3% ese mismo mes. Este comportamiento se repitió en distintos tramos del año, con aumentos salariales por debajo del índice de precios. La pérdida intermensual, sostenida a lo largo del tiempo, genera una caída acumulada del poder adquisitivo.

A su vez, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma estimó que el Salario Mínimo Vital y Móvil perdió un 36% de su poder adquisitivo entre comienzos de 2023 y fines de 2025. Aunque el aumento nominal del ingreso fue significativo, la inflación acumulada en el trienio 2023‑2025 superó el 115%, medida en términos compuestos año a año, mientras que el salario mínimo creció muy por debajo de ese nivel. Eso se tradujo en una pérdida concreta de capacidad de consumo real, incluso entre trabajadores registrados.

La situación es más grave en el sector informal, que representa más del 36% de la población ocupada, según la última Encuesta Permanente de Hogares. Allí, no hay paritarias ni mecanismos de revisión salarial, y los aumentos dependen de la voluntad del empleador o de las condiciones del mercado. Para millones de trabajadores informales, monotributistas y cuentapropistas, el rezago frente a la inflación fue incluso más marcado.

Durante 2025, las paritarias negociadas en el primer semestre quedaron por debajo del 30%, y aunque hubo revisiones hacia fin de año, en muchos casos no se alcanzó a empatar con el 31,5% acumulado. Las mejoras salariales fueron desparejas y, en sectores sin organización gremial fuerte, directamente inexistentes.

En términos reales, esto significa que los trabajadores no sólo no ganaron poder de compra, sino que siguieron perdiendo terreno frente a los precios, incluso en un contexto de inflación desacelerada. La contención parcial del IPC no se tradujo en una mejora de ingresos, sino en un ajuste sobre el salario, más difícil de percibir pero igualmente regresivo.

JJD

El índice de inflación de diciembre habría alcanzado el 2,5%, según estimaciones privadas que se conocieron en las últimas horas, y de esta manera confirma un freno en el proceso de desinflación que el gobierno de Javier Milei había convertido en bandera del ajuste fiscal.

Después de dos meses de baja —2,1% en septiembre y 1,4% en octubre— y de la suba del 2,5% de noviembre, los datos de diciembre muestran un nuevo repunte, especialmente en alimentos y bebidas, y abren interrogantes sobre la viabilidad social del ajuste como herramienta antiinflacionaria.

“El promedio de cuatro semanas dio 3,3%, con un pico del 0,6% semanal en la última semana del mes”, advirtió el informe de la consultora Analytica, que proyecta un 2,6% para el nivel general de precios en diciembre. C&T Asesores Económicos, Libertad y Progreso y Eco Go coincidieron en una suba cercana al 2,5% mensual.

El dato golpea el relato oficial. Milei y su equipo habían prometido una inflación mensual inferior al 1% para mediados de 2026, y venían mostrando la desaceleración como resultado directo de su “ancla fiscal”, basada en recortes presupuestarios generalizados y congelamiento de erogaciones públicas. “Vamos camino al 0%”, repitieron en varias oportunidades desde el Ministerio de Economía.

Sin embargo, la desaceleración encontró su límite en diciembre, en parte por la estacionalidad propia de las fiestas, pero también por el alza de la carne y otros productos sensibles, en un contexto de mayor presión de costos para las empresas y consumo retraído.

Para trabajadores y trabajadoras, el efecto es doble: los precios vuelven a subir mientras los ingresos siguen golpeados por la recesión. “El problema no es solo la inflación, sino que los salarios pierden contra ella”, sintetizó un economista del área laboral. La inflación de diciembre, de confirmarse, duplicaría el promedio de aumentos paritarios cerrados para ese mes.

Según estimaciones basadas en estadísticas oficiales, el salario real registrado acumuló una caída de entre 6% y 9% entre fines de 2023 y mediados de 2025, dependiendo del sector y la metodología utilizada. Aunque algunas paritarias lograron empatarle a la inflación en ciertos meses, la mayoría de los convenios no alcanzó a recomponer el poder adquisitivo perdido, y la reapertura de negociaciones paritarias se volvió una constante ante el encarecimiento sostenido de la canasta básica.

El rebrote inflacionario también reaviva el debate sobre la relación entre ajuste, emisión y precios. Mientras el Gobierno sostiene que eliminar el déficit primario es condición necesaria para sostener la estabilidad, varios economistas advierten que el ajuste está provocando una recesión profunda sin garantizar estabilidad duradera.

El presidente Milei ha sido tajante en su diagnóstico: “La única causa de la inflación es la emisión monetaria”. Pero los datos de diciembre exponen los límites de ese enfoque. En un escenario de salarios deprimidos, consumo estancado y precios que no ceden, crece la presión sobre los sectores populares, que enfrentan el ajuste sin red.

JJD

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

México y Argentina atraviesan realidades opuestas en materia de política salarial. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con sindicatos y empresarios un aumento del 13% en el salario mínimo para 2026, en Argentina el Consejo del Salario fracasó por falta de acuerdo y el Gobierno impuso por decreto un incremento muy inferior, sin respaldo sindical ni consenso tripartito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el ajuste anunciado esta semana, que llevará el salario mínimo nacional de 278,8 a 315,04 pesos diarios (US$17,26). El acuerdo incluye un componente inflacionario del 6,5% y un “monto independiente de recuperación” que refuerza el poder adquisitivo, con el objetivo explícito de que el salario cubra el 100% de la línea de bienestar.

“Es una decisión histórica y consensuada que fortalece el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, señaló la Coparmex en un comunicado.

En Argentina, aumento sin acuerdo y por debajo de la inflación

En cambio, en Argentina, el Consejo del Salario fracasó la semana pasada, cuando empresarios ofrecieron una suba de apenas $4.000 sobre los $322.200 congelados desde agosto. La CGT rechazó la propuesta oficial y exigió una recomposición del 71,6% para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy ubicada en $1.176.852.

Frente al desacuerdo, el Gobierno impuso de manera unilateral un cronograma de aumentos por decreto, que llevará el salario mínimo a $376.600 en agosto de 2026, un incremento interanual del 17% y apenas un 3,9% de suba en el primer mes, muy por debajo de la inflación proyectada.

“El laudo impuesto consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, denunció la CGT. La central obrera remarcó que la decisión del Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no se corresponde con los niveles de pobreza ni con el costo de vida real.

Dos caminos, dos modelos

El contraste entre ambos países vuelve a poner en primer plano las diferencias de enfoque político. En México, el aumento salarial fue definido en el marco del Consejo Nacional de los Salarios (Consami), tras más de 40 foros con participación de más de 2.000 representantes, incluidos gremios y empleadores. En Argentina, en cambio, los acuerdos tripartitos están quebrados y el Gobierno deslegitima la participación sindical en la negociación de los pisos salariales.

La iniciativa mexicana además contempla aumentos diferenciados para la frontera norte, donde el salario mínimo alcanzará 440,87 pesos diarios (US$25,15), con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y acompañar el costo de vida local.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030, también con respaldo de empresarios, bajo un esquema progresivo que incluye a las mipymes.

Una política salarial al servicio del trabajo

En México, el objetivo declarado es que para 2030 el salario mínimo supere en 2,5 veces el valor de la canasta básica, lo que implicaría una mejora real del poder de compra y una estrategia de redistribución con consenso social.

En Argentina, por el contrario, el salario mínimo se mantiene como un umbral desconectado de la realidad, que no llega a cubrir ni un tercio de una canasta básica para una familia tipo. Aun así, sigue siendo una referencia clave para programas sociales, prestaciones por desempleo y convenios colectivos.

Los dos gobiernos enfrentan contextos económicos distintos, pero la diferencia no es solo macroeconómica: es política. En uno, el salario se negocia; en el otro, se impone. En uno, se piensa en términos de bienestar; en el otro, en términos de recorte.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera tajante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional tras el fracaso del Consejo del Salario. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial, fija un incremento mensual escalonado que comienza con $328.400 en noviembre y alcanza los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica una suba interanual del 17%.

El nuevo esquema fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo mediante un laudo, luego de que no se lograra consenso entre las partes. En la reunión convocada la semana pasada, los representantes del sector empresarial ofrecieron una mejora de apenas $4.000 sobre los $322.200 vigentes desde agosto. El Gobierno propuso un aumento mayor, de $12.000, pero la CGT consideró insuficiente el ajuste y no avaló la propuesta.

“Este laudo consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional. La CGT propuso una recomposición del 71,6% entre diciembre y abril, a través de tramos del 11,4% mensual, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Según el texto difundido, ese esquema tenía como horizonte equiparar el SMVM con la Canasta Básica Total (CBT), que en la actualidad asciende a $1.176.852, según los datos oficiales del Indec. Ese monto representa el umbral por debajo del cual un hogar de cuatro personas cae en la pobreza.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores”, afirmó la CGT. Para la central, el salario mínimo “debe volver a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país” y funcionar como mecanismo de contención frente a la pérdida de ingresos provocada por la inflación.

El nuevo esquema también redefine el cálculo de la Prestación por Desempleo, que ahora será del 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente. Además, actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

La medida impacta sobre los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, el sector público nacional y organismos estatales empleadores. Aunque se trata de una referencia para salarios muy bajos, su valor es clave para establecer otras asignaciones como programas sociales o pisos de negociación colectiva en ramas no organizadas.

La CGT ratificó que seguirá reclamando una recomposición que acompañe la evolución de precios y garantice un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, el salario mínimo permanece muy por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.

JJD

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

La promesa del presidente Javier Milei, realizada en noviembre de 2023 cuando era electo de que “en 2025 los salarios en dólares van a volar”, no solo no se cumplió, sino que los ingresos de los trabajadores se desplomaron a niveles históricos.

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo de Argentina es el más bajo de toda la región.

De acuerdo al informe, el gobierno de Javier Milei utilizó el sueldo de los trabajadores “como ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación”.

Con apenas 225 dólares, Argentina se ubica en el “furgón de cola”, por debajo de países como Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares). El ranking es liderado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).

Poder adquisitivo inferior al de 2001

El deterioro no es solo en la comparación regional, sino también en el poder de compra interno. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 34% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

El desplome comenzó en diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). Como resultado, el salario mínimo real “alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad”.

Los salarios registrados también caen

La caída no afectó solo al salario mínimo. Según datos del INDEC, los trabajadores registrados también perdieron contra la inflación en septiembre.

Mientras la inflación de ese mes fue del 2,1%, los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4% y los del sector público, 1,1%.vuU4FQ

Los datos de Celag sobre la desigualdad general son alarmantes: dos tercios de la población tienen ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares tienen un ingreso per cápita inferior a 800 mil pesos (542 dólares).

Con información de la agencia NA

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reconociera que las ventas de supermercados en febrero pasado crecieron sólo 1,5% respecto del pozo de un año atrás y cayeron 0,3% en relación a enero, el presidente Javier Milei intentó negar otra vez lo evidente. “Si está creciendo tanto el PBI, no puede ser que no esté creciendo el consumo, de hecho, si lo tomás por cuenta nacional, el consumo está volando. Lo que está pasando es que está cambiando la modalidad de consumo. Si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al e-commerce porque cambió la modalidad del consumo. Hoy te comprás un montón de cosas por Mercado Libre. Entonces, me parece que habría que mirar los balances de Mercado Libre y seguramente vas a ver que los números son tremendos”, argumentó.

La empresa de Marcos Galperin, la segunda más grande de todos los rubros de Latinoamérica -detrás de la mexicana FEMSA-, no publica los datos discriminados por país y productos que vende. Pero está claro que no comercializa alimentos frescos como carnes, verduras, frutas o lácteos. Sí vende, y cada vez más, artículos de limpieza, higiene y del hogar, bebidas y alimentos secos.

Sin embargo, esas ventas significan poca facturación para las grandes marcas de consumo masivo, desde las de bebidas y comida procesada hasta las de artículos de limpieza. elDiarioAR consultó a varias de ellas y tres respondieron con contundencia. “No es significativo nuestras ventas hoy en comercio electrónico en forma directa. Lo que no significa que sí lo hagamos por el canal de supermercados vía e-commerce”, contestó una. Claro, esas ventas de los súper online están contabilizadas por el Indec. Es decir, están reflejadas en las estadísticas que marca un consumo estancado.

“Es bajo el número de lo que se vende de consumo masivo por Mercado Libre”, responde otra marca. Reconoce que es menos del 0,5% de su facturación. Otra coincide: “Poco y nada se vende por Mercado Libre”. Admite que sólo 1,5% de sus productos se comercializan en forma electrónica, lo que incluye Mercado Libre, PedidosYa, Rappi y las páginas web de Coto, Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco) y otras cadenas.

Dos fuentes vinculadas al supermercadismo cuenta que las grandes cadenas concentran un tercio del consumo masivo. A su vez, dentro del rubro supermercados, el 80% está en cuatro manos: Coto, Carrefour, Cencosud (Vea, Disco y Jumbo) y Día. Admiten que Mercado Libre pretende crecer, pero advierten que por ahora los que más se expanden en el sector son Rappi y PedidosYa.

El comercio electrónico aumenta efectivamente en la Argentina y el año pasado facturó 181% más que en 2023, aunque a eso hay que ajustarlo por la inflación del 117%. Las categorías que apuntalaron las ventas en el mundo digital fueron: primero, pasajes y turismo; segundo, justamente alimentos, bebidas y artículos de limpieza; tercero, equipos de audio, imagen, consolas, tecnología y telefonía; cuarto, artículos para el hogar, como muebles y decoración; y quinto, electrodomésticos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

AR/DTC

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD