Javier Milei eligió una vez más Twitter para expresarse sobre un tema de alta sensibilidad institucional. La excusa fue el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de YPF como forma de pago a fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012. Fiel a su estilo iracundo y eligiendo a quién culpar, esta vez insistió en su blanco predilecto en este 2025 electoral, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía que decidió, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la compañía hidrocarburífera a la española Repsol.

“El inútil soviético de Axel Kicillof”, lo llamó Milei en su mensaje. Lo responsabilizó de manera directa por la situación actual, sin matices ni contexto, y prometió apelar el fallo “en todas las instancias que corresponda”. Sin embargo, el mensaje omitió un detalle fundamental: el Gobierno libertario no presentó en enero las garantías necesarias para que la apelación iniciada por Alberto Fernández pudiera avanzar. Esa omisión procesal habilitó a los fondos litigantes, Burford Capital y Eaton Capital, a pedir la ejecución del fallo de Preska, que ahora incluye la entrega de las acciones estatales de YPF.

El tuit de Milei evita explicar por qué su Gobierno dejó desprotegida la estrategia judicial. Tampoco dice que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en favor de la Argentina en esta causa, ni menciona que el encargado de defender al Estado argentino, Santiago Castro Videla, fue socio en un estudio de abogados donde uno de sus integrantes representó a Burford en el mismo juicio.

El Presidente repite que “avisó” sobre Kicillof, al que llama “pelotudo”, como si la política internacional y los litigios millonarios pudieran zanjarse con exabruptos. Pero la realidad es más incómoda: la Argentina enfrenta una condena por US$16.000 millones, y su administración dejó pasar la oportunidad de sostener una defensa firme. El default procesal en enero fue una decisión del actual gobierno, no del anterior.

El juicio en cuestión se originó por la “argentinización” de YPF promovida en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permitió al Grupo Petersen adquirir un 25% de la compañía sin poner un peso, prometiendo pagar con futuras ganancias. En 2012, ya sin Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó la empresa. El corte de dividendos hizo que los Eskenazi no pudieran seguir pagando su parte y los derechos de litigio quedaron en manos de fondos buitre.

No se trata solo de la “imbecilidad de Kicillof”, como dice Milei, sino de una cadena de decisiones políticas y financieras con consecuencias complejas. Y la más reciente de ellas —la falta de garantías procesales en enero de 2024— corresponde íntegramente a la gestión libertaria. El insulto no borra el expediente.

JJD

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD