El proceso de crecimiento sin empleo continúa siendo el rasgo central del escenario actual. La actividad económica viene mostrando una tendencia moderada al alza, pero el crecimiento no se traduce en una mejora equivalente del empleo de calidad. Este desacople responde al patrón sectorial del modelo en curso: los sectores más dinámicos tienen baja capacidad de generación de puestos de trabajo, mientras que las ramas más intensivas en empleo siguen debilitadas. 

En las crisis recientes del mercado de trabajo aparece un mecanismo distinto al de los años noventa. Mientras que entonces el deterioro se canalizaba principalmente en un aumento del desempleo, en los últimos años la principal expresión se da a través del crecimiento de los empleos refugio. 

En los ‘90, entre el 70% y el 80% de los trabajadores activos en situación de crisis laboral eran desempleados y solo el 20% o 30% restante se insertaba en empleos refugio. Esa composición comenzó a modificarse a partir de los 2000 pero sobre todo en los años más recientes, cuando estas modalidades pasaron a ser opciones con más facilidades de acceso. La emergencia de la economía de plataformas de trabajo, especialmente aquellas vinculadas al transporte de personas y productos, contribuyó decisivamente con este proceso, y también lo hicieron la expansión de la tercerización, el monotributo y otras formas de contratación flexibles.

De esta manera, bajaron las barreras de entrada al empleo precario pero subieron las que habilitan el acceso al empleo de calidad. Conseguir un empleo se volvió más fácil, pero conseguir uno con salarios y condiciones adecuadas, cada vez más difícil.

En particular, luego de la pandemia el número de trabajadores insertos en empleos refugio superó al de desocupados (1.8 millones contra 1.7 millones de personas, respectivamente) cuando en los años ‘90 eran apenas el 25% de ellos (650 mil contra un total de 2.7 millones de desocupados). 

Entre las principales características de los puestos creados desde 2023 se destaca que la mayoría son cuentapropistas informales; que trabajan principalmente en servicios de preparación y venta de comidas y bebidas y, en menor medida, en comercio, construcción y servicios; que el trabajo se realiza sobre todo en la propia vivienda, o en la calle y el espacio público; y que la la mitad de esos nuevos trabajadores se encuentra entre el 20% más pobre de los ocupados.

A esto se suma el deterioro de los ingresos. Incluso cuando el salario de los trabajadores formales del sector privado logró mostrar cierta estabilidad en los últimos meses, esa foto no alcanza para describir la situación de los hogares. Los salarios siguen ubicados en niveles históricamente bajos, alrededor de un 20% por debajo de los de 2015, y el peso de los gastos fijos aumentó de manera significativa desde fines de 2023. 

El problema no pasa solo por el salario que el trabajador cobra al inicio del mes, sino por cuánto dinero le queda después de pagar sus gastos fijos: alquiler, electricidad, gas, transporte, etc. Es en ese ingreso disponible donde el ajuste se siente con mayor intensidad. En el sector público, la contracción es aún más profunda: la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023 alcanza el 18%.

Frente a esta crisis, la expansión de los empleos refugio permitió que la desocupación no creciera al mismo ritmo que se destruía empleo de calidad. Pero ese mecanismo empieza a mostrar límites. La caída del empleo formal continúa, los salarios no se recuperan y las ocupaciones precarias ya no alcanzan para compensar el deterioro porque su capacidad para absorber a trabajadores excluidos del empleo formal o a aquellos que necesitan de un segundo o tercer ingreso, no es ilimitada. En cierto momento, los trabajadores comienzan a competir por una demanda estancada y la cantidad de oferentes supera a la demanda. 

Entonces, si el Uber llega rápido y es barato, si el mismo conductor además ofrece comida preparada desde su casa, es porque esa economía de subsistencia está llegando a un punto de saturación. Después de eso viene el desempleo.

*Matías Maito (CETyD - EIDAES - UNSAM)

La política de infraestructura siempre busca resolver un problema dual: articular las demandas del presente con una visión estratégica sobre el futuro. La infraestructura pública es causa y consecuencia del desarrollo humano y territorial del país. En Argentina, nuestras principales rutas se construyeron sobre trazados precoloniales que conectaban valles productivos; la red ferroviaria se pensó para ampliar la frontera agrícola y grandes obras hidráulicas permitieron el desarrollo de sus regiones. Mantener y ampliar los servicios que provee la infraestructura es vital para mejorar el bienestar, dar oportunidades de empleo y desarrollar las comunidades. 

A la vez, la transición energética, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización de la producción y la potencia industrial asiática son condicionantes para un proyecto de país que debe exportar más, disminuir la pobreza, estabilizar la macroeconomía y reducir las brechas de desarrollo regionales. 

Orientar la inversión en infraestructura pública para resolver estos desafíos es una ardua tarea que requiere la participación del estado como planificador y gestor.

En el pasado las gestiones del peronismo y Cambiemos ejecutaron una política de obras públicas que tenía sesgos ideológicos y parcializaciones respecto a los objetivos a cumplir y el nivel de participación pública o privada. Pero ninguna desconoció la importancia de la inversión en infraestructura pública en el desarrollo de sus programas de gobierno. 

Con llegada de Milei al gobierno se implementó una doctrina económica extrema: desconocer al sector público como proveedor de bienes y servicios, asignando al sector privado el rol de planificar, proyectar, financiar, ejecutar y operar infraestructura pública. Bajo esa mirada ideológica se degradaron y desfinanciaron los organismos encargados de ejecutar obras públicas, se paralizaron las obras ya en curso -algunas casi terminadas como la autopista Presidente Perón o la Ruta 3- y se redujeron las transferencias de capital a las provincias. 

De hecho, los escasos fondos disponibles para obras en el presupuesto nacional existen pura y exclusivamente como moneda de cambio con los Gobernadores para breves alianzas legislativas, en lugar de utilizarse como un vector de desarrollo. 

Esta conjunción de inestabilidad política y económica impactó en la inversión. Durante los últimos 20 años, se mantuvo en torno a un promedio del 19,3% del PIB; que aumenta levemente a 19,8% si consideramos sólo los últimos 5 años. Este número se comporta en forma procíclica: se mueve siguiendo el nivel de actividad general, con un mínimo del 16,6% en el año del COVID-19 y máximo de 21% en los años 2021 y 2022. Pero para que el país crezca a un promedio del 3% anual, se necesita una inversión cercana al 25% del PIB. Por eso, la crisis económica de los últimos años explica no sólo la escasa inversión sino también que eso retroalimente un bajo crecimiento de la actividad productiva general. 

Respecto a la composición de la inversión, las construcciones representan un promedio del 8,9% del PBI en los últimos 20 años y 8,3% en los últimos 5 años. La tendencia es efectivamente a la baja: en 2024 y 2025, la construcción representó un 7,2% y 7,3% del PIB respectivamente.

Pero a la par, subió la participación de los otros componentes de la inversión: la adquisición de Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte promedian 10,4% del PIB en los últimos 20 años y del 11,8% en los últimos 5 años. Dentro de ese segmento, el componente que más se eleva es Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte Importados: en promedio representa 6% del PIB, pero en 2025 trepó al 7,5%. 

Esto deja en evidencia la dinámica de inversión en un contexto de atraso cambiario y estancamiento económico. La construcción se reduce a la par del resto de la economía y en particular de la inversión pública y es compensada parcialmente por mayor importación de equipamiento. De este modo se sostiene el total de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El Estado ha reducido en los últimos años su participación en la inversión en un 1,5% aproximadamente. A enero de 2026, su participación es de apenas 0,4% del PIB: no es casual que, en este mismo lapso, varios insumos y servicios usados en la construcción registren caídas en sus ventas del 25%.

Considerando un PIB de 630 mil millones de dólares, la inversión pública en los períodos 2024/2026 apenas se aproxima a 10 mil millones de dólares, menos de lo requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura existente y menos aún para tener un crecimiento moderado. Esta situación es un desafío que afecta el valor total de la riqueza pública y privada del país, además de un desincentivo para cualquier inversor que esté analizando el mercado argentino. 

Afecta a los negocios y empresas ya instalados dado que sus inversiones, que producen actualmente bienes y servicios, fueron realizadas contando con un nivel dado de servicios de infraestructura que determinan sus costos de producción. Si estos servicios son insostenibles por falta de mantenimiento o aumentan sus costos, la reducción de beneficios disminuirá consecuentemente el valor de sus activos. Un ejemplo intuitivo: el valor de cualquier inmueble se ve afectado por el estado de los caminos de acceso u otros servicios públicos. 

Por esto, en Argentina hoy se da la paradoja de que las promesa de bajar impuestos, sustentadas a costa del abandono de infraestructura pública, provoca simultáneamente una caída en el valor de las empresas y sus activos, en la medida en que producir y llegar a los mercados con infraestructura deteriorada aumenta su costo de producir en el país.

Por el lado de las nuevas inversiones, la reducción de costos de explotación y la ampliación de mercados que produce la disponibilidad de infraestructura de calidad forma parte de la ecuación que determina la factibilidad de un proyecto. Bien es señalado por empresarios de varios sectores que como atractor del capital privado este factor es un incentivo tan poderoso como las facilidades impositivas, aduaneras o cambiarias que hemos visto reflejadas en programas como el RIGI.

Por eso una economía que está reduciendo el valor de sus activos y ganancias empresarias no puede atraer nuevas inversiones, sino que por el contrario favorece la desinversión. En este círculo vicioso de estancamiento está la Argentina de Milei, un equilibrio fiscal simulado a costa de consumir el capital productivo del país. 

Pero, además, la ilusión financiera de que evitar los gastos en mantenimiento se compensa con el rendimiento generado por esos fondos no tiene un correlato en la economía real. El deterioro de la infraestructura no es lineal: el desgaste imperceptible se convierte al poco tiempo en un fallo funcional y posteriormente en un fallo total. La interrupción de ese servicio se convierte en una calamidad que excede cualquier cálculo previo e impacta en una amplitud que excede lo económico. 

Por eso, la disminución de la inversión pública es un déficit para la economía real: los perjudicados somos ciudadanos, inversores, productores y consumidores. Eliminar la obra pública no es solamente un problema ideológico: significa que a futuro como la sociedad tendrá que gastar mucho más para tener rutas por las cuales transitar, redes de telefonía e internet para comunicarnos, puertos por los cuales exportar. Estamos a tiempo de dar marcha atrás con este pasivo oculto que el gobierno de Milei le está plantando a nuestra economía y revertir el estancamiento productivo que genera. 

*El autor es economista del Grupo Paternal y en redes @MarianIntuit

MC

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

Una multitudinaria cena navideña frente al Congreso para miles de personas en situación de calle. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que encabeza el actual diputado nacional Juan Grabois, organiza este miércoles la novena edición de un evento que busca ser un refugio frente a la crisis provocada por el ajuste de Javier Milei. Unas 5.000 se aprestan a cenar en la plaza que mira al Palacio Legislativo.

El MTE organizó un menú de tres pasos para pasar la Nochebuena. Pero también se dispusieron duchas, peluquería, sector de salud, juguetes y entretenimiento para las infancias. La actividad comienza a las 17 y finaliza pasada la medianoche.

La Navidad para las personas en situación de calle y familias sin techo es una tradición que ya lleva nueve años. “La Plaza de los Dos Congresos dejará de ser solo un escenario político para convertirse en una enorme mesa familiar”, apuntaron desde la organización. “El objetivo es claro y urgente: que el brindis sea un derecho y no un privilegio. Que nadie se quede solo”, agregaron.

Luego de años con una concurrencia de unas 4.000 personas, en el MTE esperan llegar en esta oportunidad a las 5.000, teniendo en cuenta el contexto de crisis socioeconómica a dos años de la asunción de Milei.

Más de mil voluntarios se capacitaron para sostener la jornada, que tuvo su puntapié en Constitución este miércoles a las 7 con la elaboración de la comida. En la Plaza de los Dos Congresos, la jornada arranca a la tarde con servicios que la calle suele negar: habrá un sector de higiene y cuidado con duchas móviles, peluquería, maquillaje y manicuría.

Para las infancias habrá un espacio exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas. El momento más esperado llegará cerca de la medianoche: la aparición de Papá Noel para repartir juguetes y garantizar que ningún chico se quede sin su regalo.

La cena cuenta con un menú de tres pasos: entrada, plato principal y mesa dulce. Todo será preparado por más de 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que, durante todo el año, se encargan de sostener las ollas en los barrios populares. Además, la noche estará acompañada por postas de salud, bandas en vivo y artistas solidarios que le pondrán música al encuentro.

Navidad “De los Sin Pan”

Por fuera de la actividad del MTE, otras agrupaciones sociales impulsan actividades para acompañar a los sectores vulnerables. La Corriente Clasista y Combativa organiza para este jueves 25, desde las 12, una celebración para aquellas familias platenses que no cuenten con “El Pan en la Mesa”.

“En momentos donde el ajuste genera angustia y la falta de trabajo lleva al hambre, queremos contraponerle la solidaridad, la decisión y el compromiso de nuestras compañeras y compañeros que cocinaran y servirán el almuerzo con profundo amor a nuestro pueblo”, señalaron desde la CCC en un comunicado.

La actividad se concentra en 178 y 528, Melchor Romero, La Plata.

La Iglesia le pidió a Milei por los más vulnerables

En la antesala de la Navidad, Milei y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) protagonizaron un intercambio de cartas con motivo de las fiestas. La Iglesia católica le hizo al Gobierno un llamado a “la paz social, el diálogo y el bien común”, que fue respondida por el mandatario nacional en términos de reciprocidad institucional.

La carta episcopal, firmada por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, junto a otros miembros de la Comisión Ejecutiva, incluyó un saludo navideño y la expresión de su deseo de “contribuir desde la misión de la Iglesia al bienestar integral del pueblo argentino” y consolidar la paz social, especialmente en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Milei, por su parte, agradeció la comunicación y destacó en su respuesta el “llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”, subrayando la importancia de generar condiciones que permitan a los argentinos “desenvolverse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso”.

MC/MG

La construcción profundizó su retroceso en agosto: la actividad cayó 6,7% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La baja afecta tanto a la obra pública como a los emprendimientos privados y acentúa la fragilidad laboral de un sector históricamente volátil y precarizado.

A pesar de un leve repunte mensual de 1,6% en la serie desestacionalizada, el indicador acumuló en los primeros ocho meses del año una caída del 4,9% respecto al mismo período de 2024. El informe también reveló un desplome en la demanda de insumos clave, lo que anticipa una contracción más profunda en los próximos meses.

Los envíos de asfalto cayeron 26,6% interanual y los de hierro redondo y acero para la construcción, 21,6%. También se desplomaron los despachos de cal (-19,3%), cemento portland (-8,7%) y placas de yeso (-8,5%). La única suba relevante fue en mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza de 20,1%, posiblemente asociada a obras menores o refacciones.

Según la encuesta cualitativa que acompaña al ISAC, las empresas que se dedican principalmente a obra pública declararon que el principal factor que limita la actividad es la falta de presupuesto oficial. Un 52,6% de ellas lo mencionó como principal obstáculo, seguido por los atrasos en las certificaciones y pagos. En cambio, las empresas del sector privado apuntaron como principales trabas a la caída de la demanda y los costos financieros.

La contracción de la obra pública tiene consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en las provincias, donde la construcción es uno de los principales dinamizadores del trabajo informal o temporario. Aunque el informe no incluye cifras actualizadas sobre empleo registrado, los indicadores indirectos muestran que el parate ya afecta a miles de trabajadores de la construcción, muchos de los cuales dependen de contratos breves, subcontrataciones o changas.

En un contexto de alta inflación y escasa inversión, la caída en la actividad pone en riesgo tanto la continuidad de los proyectos como el sustento de las familias trabajadoras que viven del andamio, el cemento y la obra. Mientras tanto, el Gobierno recorta partidas y prioriza el ajuste fiscal, dejando en pausa obras clave en infraestructura, vivienda y caminos.

Los datos de agosto confirman que el freno en la construcción no es solo un dato macroeconómico, sino una alerta sobre el impacto directo en uno de los sectores más intensivos en empleo del país.

JJD

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscó bajar la tensión política tras las elecciones del domingo y relativizó el impacto que puedan tener los comicios de octubre. “Se están sobredimensionando, no van a cambiar el rumbo económico”, aseguró durante su participación en el programa Las Tres Anclas del stream libertario Carajo, donde participó también el Gordo DAn.

Caputo apuntó directamente contra la dinámica electoral, aunque reconoció que ahora tiene que asumir un “rol político” tras la fuerte derrota del Gobierno el domingo pasado en las elecciones bonaerenses. “Votar cada dos años es una ridiculez. No le interesa a la gente, es un costo enorme y distrae de lo importante”, planteó

En el terreno económico, el ministro defendió las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario: “Lo hicimos por una cuestión coyuntural, porque había poca oferta y se estaban aprovechando de eso. No fue para manipular el precio sino para dar liquidez”. Según explicó, esta semana ya no hubo necesidad de intervenir porque “el mercado volvió a la normalidad”.

Caputo también ratificó la decisión de mantener altas las tasas de interés al menos por dos meses más, justo para después de las elecciones del 26 de octubre, pese al efecto contractivo que tienen sobre la actividad. “Si bajamos las tasas ahora, se dispara la inflación y el dólar. Es una medida antipática pero necesaria para cuidar el bolsillo de la gente”, argumentó.

En cuanto a la relación con el Congreso, reconoció que aun en caso de un triunfo oficialista en octubre, Milei tampoco tendrá mayoría propia. “Aunque ganemos por 14 puntos, no alcanzan los números. Vamos a necesitar acuerdos con los gobernadores que estén alineados”, señaló, en referencia a la llamada mesa federal.

Caputo se sumó a esa nueva “mesa federal” que armó el Presidente para encarar acuerdos con gobernadores aliados. El propio ministro se reunió a solas con el chubutense Nacho Torres y ayer se mostró junto a Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Este viernes, sin embargo, el Gobierno tendrá un desafío: los gobernadores de Provincias Unidas (Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Carlos Sadir, Jujuy, y Gustavo Valdés, Corrientes) se reúnen en Río Cuarto para ratificar su distancia crítica con la Casa Rosada, sobre todo luego de que Milei vetara la ley de coparticipación de los ATN.

MC

Después del cimbronazo electoral del domingo pasado y en un escenario económico adverso, las PyMEs —un sector que justamente genera casi la mitad del PBI bonaerense— se preparan para debatir su futuro en el 7° Congreso Industrial PyME, que se desarrollará este 10 y 11 de septiembre en el Centro Costa Salguero, en el marco de Somos Industria 2025.

La coyuntura no es alentadora: según datos recientes, en los últimos 18 meses cerraron 15.000 PyMEs, lo que equivale a unos 40 cierres por día. La caída del consumo, la apertura importadora y la pérdida de puestos de trabajo industriales han dejado al entramado productivo en una situación crítica bajo al gestión de Javier Milei. Solo en el último año se estima la pérdida de 37.000 empleos en el sector.

El encuentro, organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedParques, será un espacio para repensar estrategias de supervivencia y crecimiento en medio de la crisis.

Entre los principales ejes figuran una exposición sobre el panorama en la producción, inflación, importaciones y competitividad, con el economista Martín Rapetti.

Pero habrá sobre todo un panel con diputados y senadores de distintos bloques, incluidos del oficialismo libertario, en el marco del horizonte del Gobierno de aumentar su caudal parlamentario en las próximas elecciones para avanzar en una reforma tributaria y reforma laboral.

Participarán Santiago Santurio (LLA), Cristian Ritondo (PRO), Karina Banfi (UCR), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), además de los senadores Wado de Pedro (UxP) y Maximiliano Abad (UCR).

La presencia de legisladores nacionales de distintos espacios busca darle densidad política a una agenda que las pymes consideran urgente. “Sin un marco estable y previsible en lo tributario y laboral, es muy difícil proyectar inversiones”, apuntaron desde la organización.

El evento incluirá también el 1° Congreso Nacional de Parques Industriales, con debates sobre infraestructura, innovación tecnológica y sustentabilidad, y la entrega del Premio a la Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense, que recibió más de 200 proyectos en su tercera edición.

A un año de la sanción y entrada en vigencia de la oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, este informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza los impactos de sus principales objetivos: la desarticulación de organismos del Estado y empresas públicas, un RIGI sin éxito, la regresividad en la recaudación y la caída de empleo registrado.

Impactos de los decretos delegados por Ley Bases:

• La Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo que el Poder Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado). Esta avanzada de carácter legislativa por parte del Poder Ejecutivo se suma al Mega DNU 70, aún vigente. Este volumen refleja un vaciamiento del rol del Congreso.

• Disoluciones de organismos, programas y regímenes: La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado. Podemos detallar las disoluciones de: Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; AFIP (hoy ARCA); Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC); Programa Nacional de Inversiones Turísticas; Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven; y la disolución de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.

• Disoluciones de fondos fiduciarios: Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a viviendas y hábitat (como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana) y de promoción tecnológica y científica. Incluso se eliminaron otros fondos como el Fondo Nacional de Emergencias (necesario frente a catástrofes como la de Bahía Blanca o el norte de la PBA en este 2025), el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar. Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.

• Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares. También por decreto se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, a contramano de lo definido por el Congreso (ley 27.759, posterior a la Ley Bases) donde expresamente se estableció su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.

• Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: enmarcados en las empresas autorizadas a privatización de Ley Bases, se dispuso por decreto la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (suspendida en sede judicial) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) transformada a Carboeléctrica Río Turbio S.A.

• Modificaciones de funciones y autoridades de organismos: se avanzó en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como: la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.

• Modificaciones a distintos regímenes: también en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.

• Decretos de Necesidad y Urgencia. Para completar este análisis cabe citar el avance del ejecutivo en materia legislativa a través de DNUs (y no como decretos delegados). Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el gobierno dictó otros DNUs que profundizaron la liberalización de sectores estratégicos mediante: Decreto 446/2025 (elimina regulación de precios en garrafas), Decreto 304/2024 (TICs y telefonía móvil), Decreto 338/2025 (desregulación aerocomercial), Decreto 340/2025 (desregulación de la marina mercante y limitación al derecho a huelga), Decreto 103/2025 y 397/2025 (facilita tenencia de armas semiautomáticas). Esto supone la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y trabajadores.

Privatizaciones:

• La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través de decretos citados previamente el gobierno fue habilitando el inicio del proceso de privatización en cada caso. Se dispuso asimismo el cierre de la empresa SOFSE.

• A través del decreto 416/25, se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

• La empresa IMPSA, por fuera de la Ley Bases dada la dependencia de la participación accionaria de la provincia de Mendoza, es el primer caso de privatización del gobierno de Milei. Fue concretada en febrero de 2025. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos, en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.

• Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales enmarcados en Ley Bases, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no tienen autorización del Congreso. En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE Summit de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a cuatro mecanismos: 1) privatizaciones; 2) venta de activos (aquellos en manos de AABE); 3) concesiones (citando puntualmente a las hidroeléctricas) y 4) block trades, en caso de existir inversores grandes entrando al país. En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.

• Aerolíneas Argentinas: post aprobación de la Ley Bases se intentó su privatización con una ley especial del Congreso, iniciativa que quedó estancada luego del debate en comisiones en Diputados en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se interrumpió la ruta a Reconquista, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana, se anunció la suspensión de los vuelos CórdobaTrelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén. También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos. A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.

• Banco Nación: el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025. Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA: 1) Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista; 2) A través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirles un negocio millonario a los bancos privados; 3) Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.

• Casa de la moneda: En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas. El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat.

• Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): en diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país.

• Correo Argentino: Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”.

• Represas del Comahue: El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones:

• De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. Y el quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.

• En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.

• A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.

• Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.

• La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.

• En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso los 14 proyectos presentados estiman la creación de apenas 23.872 puestos de trabajo (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

En materia tributaria:

• La reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria.

• La creación de un régimen de pago anticipado con alícuotas preferenciales, consolidó un esquema fiscal que premia a los grandes contribuyentes con capacidad de adelantar pagos o con activos previamente no declarados. Además, el mantenimiento de estos beneficios hasta 2038 profundiza esa ventaja.

• La eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior suprimió un instrumento clave para fomentar la repatriación de activos.

• Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de recursos tributarios se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

• Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

En materia laboral:

• La extensión del período de prueba y la creación de nuevas figuras contractuales como el “colaborador” habilitaron un modelo de contratación más precario, con menor protección para los trabajadores. Sin embargo, lejos de fomentar el empleo registrado, el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.

• El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos: solo se registraron 7.660 trabajadores, pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores.

• El crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal.

• El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo, como parte de una política de desarticulación del Estado, en 58.210 puestos. La reducción se dio en el marco del ajuste fiscal y fue facilitada por la reforma laboral, que habilitó el pase a disponibilidad por 12 meses y luego el despido de trabajadores estatales.

• La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales entre el 4° trimestre de 2023 y el 4° trimestre de 2024, alcanzando el 42% en los aglomerados urbanos. Este incremento se da en contraposición al discurso oficial que sostiene que la flexibilización del mercado laboral permitiría aumentar la formalidad. En los hechos, ocurrió lo contrario.

• La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un claro retroceso en materia de derechos laborales. Bajo un diseño mucho más laxo que el régimen de la construcción, sin garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente, este nuevo modelo traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros.

El dólar minorista subió este martes $20 y se vendió a $1.235 en el Banco Nación. En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.225, diez pesos por encima del cierre previo. En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.216 y el MEP alcanzó los $1.211. El tipo de cambio mayorista marcó un récord histórico al subir $17 y cerrar en $1.222.

La suba generalizada de las cotizaciones llegó tras el fallo adverso para YPF, y en un contexto de creciente incertidumbre sobre el rumbo de la economía. Aunque los primeros meses del año mostraron una reacción positiva de la actividad, impulsada por el consumo privado y el turismo, los analistas advierten que esos motores empiezan a debilitarse.

La inflación a la baja es el mayor logro económico del oficialismo, pero su sostenibilidad está en tela de juicio. La reaparición del déficit de cuenta corriente, el estancamiento del empleo formal y la fragilidad en la acumulación de reservas dibujan un panorama menos auspicioso. El tipo de cambio, si bien sigue contenido dentro de la banda, ya muestra signos de atraso respecto al equilibrio proyectado.

La estrategia oficial prioriza la estabilidad de precios por sobre el crecimiento. La tasa real de interés supera el 10% anual, lo que encarece el crédito y limita el consumo y la inversión privada. Esta decisión, aunque efectiva para contener la inflación, corre el riesgo de enfriar la economía antes de consolidar la recuperación del empleo.

El consumo, principal tracción del rebote inicial, empieza a agotarse. A la caída de los salarios reales en marzo y abril, se suma el estancamiento del ingreso disponible y el aumento de costos en salud, educación y servicios. El turismo y la importación de bienes actúan como escape del gasto interno, afectando la balanza de servicios.

El déficit de cuenta corriente en el primer trimestre fue de US$5.200 millones, el doble de lo previsto por el FMI. El superávit comercial se redujo a US$2.100 millones, mientras que el déficit en servicios alcanzó los US$4.500 millones, el peor desde 2006. El turismo explicó el 75% de ese rojo. También se sumó un déficit por intereses de deuda de US$3.300 millones.

En el frente laboral, la tasa de empleo se estancó y el desempleo subió a 7,9%. El empleo asalariado formal cayó al 32,3% y el cuentapropismo informal creció al 18,7%, lo que limita el potencial del consumo interno como motor de crecimiento.

El tipo de cambio también muestra señales de presión. En mayo, el Banco Central vendió casi US$2.000 millones en futuros. Aunque en junio se moderó, el tipo de cambio real está por debajo del nivel de equilibrio estimado en $1.315 para mediados de 2026, lo que implica una apreciación del 10%.

Para sostener reservas, el Tesoro concretó operaciones como el Bote 2030 por US$1.500 millones y un REPO por US$2.000 millones. En la última semana de junio, compró US$200 millones, una cifra alentadora pero insuficiente para revertir la tendencia.

La credibilidad del programa económico se juega en la capacidad de mantener la estabilidad sin sacrificar la inversión y el empleo. Si no lo logra, el mercado podría anticipar una corrección cambiaria más agresiva en los próximos meses.

JJD

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD