El Gobierno dejó sin efecto una serie de decretos y normas que disponían la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos, como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre otros.

El Ejecutivo dejó sin efecto esas medidas -que habían sido rechazadas por ambas Cámaras del Congreso-, mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial, por lo que las fusiones y cierres quedaron sin efecto.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”, indicó el decreto 627.

A partir de la publicación en el BOE quedaron sin efecto la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).

De igual manera quedó cancelada la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).

De igual modo se dejó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).

También se volvió a cero la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

Por otra parte, se restituyeron los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/2025), de la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto 571/25), y de las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).

Además, se incluyó el restablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

Los decretos explican que “el restablecimiento dispuesto precedentemente, comprensivo de las estructuras organizativas será, en cada caso, en los términos del texto vigente a la fecha del dictado de los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025”.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retornen a sus funciones.

En cuanto al Decreto 628/2025, ordenó la eliminación de los cambios aplicados en el Decreto 340/2025, que aprobaba un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

En el mismo, también se había declarado a la navegación por agua marítima y/o fluvial como servicio esencial tanto como para el transporte de pasajeros, como para mercaderías.

Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto“, establecieron en el primer artículo.

Los reparos del Gobierno

La Casa Rosada argumentó que el rechazo parlamentario tiene efecto derogatorio hacia el futuro pero no reactiva automáticamente los regímenes anteriores, lo que —según el Ejecutivo— generó un “vacío normativo de extrema gravedad” y afectó la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.

En los considerandos, el Gobierno invocó el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución y jurisprudencia de la Corte Suprema sobre circunstancias excepcionales, para justificar un nuevo DNU que “aclare” el marco jurídico y recomponga estructuras, competencias y procedimientos vigentes antes de la reingeniería estatal.

El decreto instruye a las jurisdicciones a dictar los actos complementarios y prevé un andamiaje transitorio: Jefatura de Gabinete, Secretaría General y Economía brindarán soporte presupuestario, contable, financiero, de compras, RR.HH., control interno y jurídico hasta completar las adecuaciones. La norma rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida procura seguridad jurídica y previsibilidad, en tanto el Congreso rechazó los decretos de reorganización “sin definir un régimen sustituto”. En términos políticos, la decisión profundiza la tensión institucional por la aplicación de la Ley 26.122 y el alcance del control parlamentario sobre decretos.

Las reformas habían afecado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; CNRT y Junta de Seguridad en el Transporte recuperan el marco anterior a su reorganización como el INASE, ARICCAME, INAFCI; INTA e INV. También deberían regresar al esquema institucional previo el INTI e INPI y el BNDG deja sin efecto su desconcentración.

Con información de NA.

IG

La oposición en la Cámara of Diputados le propinó en la madrugada de este jueves un durísimo revés político al gobierno de Javier Milei, al unirse para rechazar cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponían la disolución y reorganización de diversos organismos del Estado.

La caída de los decretos, que ahora deberán ser tratados por el Senado, se produjo en el marco de la misma sesión maratónica en la que la oposición ya había impuesto su agenda al darle media sanción a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia para el Hospital Garrahan.

Los 5 DNU que volteó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

Qué dice el DNU que transformaba el Banco de Datos Genéticos

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Qué dice el DNU que disolvía el Instituto del Teatro y la CONABIP

El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por amplios sectores de la cultura, que veían en la medida un intento de quitarle independencia, presupuesto y control a instituciones fundamentales para el patrimonio histórico y la promoción artística del país.

Qué dice el DNU que disolvía Vialidad Nacional

Disolución de Vialidad Nacional (DNV)

El punto más controvertido del DNU era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

El decreto también disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Reorganización de la CNRT y la Junta de Transporte

Qué dice el DNU que desregulaba la Marina Mercante

Los argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo justificaba la necesidad y urgencia de estas medidas argumentando que la Marina Mercante Nacional se encuentra en una “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/25 por 118 votos afirmativos (en contra del decreto), 77 negativos y 8 abstenciones.

Con información de NA.

IG

Después de que Abuelas de Plaza de Mayo solicitara a la Justicia una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que se encontraba acéfalo desde hace semanas, ya que estaban vencidos los cargos directivos y no se había llamado a concurso para cubrir los puestos vacantes, el Gobierno prorrogó el mandato de la directora general del organismo, Mariana Herrera Piñero, a través del decreto 422/2025 publicado en el Boletín Oficial.

“Hasta tanto se lleve a cabo el concurso público de oposición y antecedentes correspondiente, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del organismo, resulta necesario prorrogar la designación de la doctora Mariana Herrera Piñero en el cargo de Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, dice la resolución del Gobierno.

De acuerdo al decreto, el BNDG “tiene por objeto garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”, y detalla que su organización “funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un Director General Técnico, profesional en Bioquímica o Biología Molecular, con reconocida experiencia en Genética Forense, que será designado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un concurso público de oposición y antecedentes, con una duración en su cargo de cuatro años, pudiendo ser reelegido”.

El pasado 22 de mayo, por el Decreto N° 351/25 se dispuso la transformación del BNDG “en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El reclamo de Abuelas

El 20 de junio, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín “una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ante las circunstancias que afectan su buen funcionamiento y frente al Decreto N° 351/2025, que lo transformó en un organismo desconcentrado quitándole su autarquía y autonomía”.

En el reclamo, Abuelas denunció que el organismo “se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas”.

“Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir, profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, sostuvieron en un comunicado.

En la presentación, solitaron a la Justicia “que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos y hasta tanto suceda, disponga la prórroga del mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero. También que intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG”.

Asimismo, Abuelas pidió que se disponga “una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento”.

“Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito.

“El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar”, recordaron.

El decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, “obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor. Por lo tanto, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco”, sostuvieron antes de la ratificación de Herrera Piñero al frente del organismo.

“El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad”, explicaron. Y agregaron: “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”.

“Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria”, concluye el comunicado de Abuelas.

Con información de agencias.

IG