La disputa por la Convención Constituyente en Formosa escaló este fin de semana con una fuerte denuncia de la alianza opositora Formosa Avanza contra el gobernador Gildo Insfrán y el Tribunal Electoral de la provincia. El abogado y candidato Juan Montoya acusó a ambos de ejecutar “maniobras delictivas y fraudulentas” para “alterar el resultado” de las elecciones.

“El fraude empezó mucho antes”, advirtió Montoya, quien detalló un entramado de prácticas clientelares, financiamiento público de campañas oficialistas y restricciones a la fiscalización. También cuestionó la aplicación de la Ley de Lemas para distribuir las bancas de la Convención, a la que calificó como “el engendro más tramposo y desvirtuante de la voluntad popular”.

En declaraciones a medios locales, el referente opositor señaló que el Tribunal Electoral es ilegítimo, ya que sus integrantes fueron “puestos a dedo por Insfrán”. Recordó que ni fueron nominados por el Consejo de la Magistratura ni aprobados por la Legislatura provincial. Como ejemplo, mencionó que el presidente del organismo, Claudio Moreno, fue apoderado del PJ, y que la exdiputada Sandra Moreno responde al oficialismo.

Montoya, que ganó relevancia provincial tras haber impulsado el fallo de la Corte Suprema que frenó la reelección indefinida del gobernador, advirtió que si se aplica la Ley de Lemas tal como pretende el oficialismo, se desatará “un escándalo institucional de proporciones”. Aseguró que la oposición ya prepara presentaciones ante los fueros federales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las maniobras que configuran un proceso “viciado de nulidad”, denunció el uso sistemático de fondos públicos para actos de campaña disfrazados de inauguraciones y la instalación de municipalidades paralelas con fines propagandísticos.

A las críticas de Formosa Avanza se sumó el partido Nuevo País, integrante del Frente Amplio Formoseño, que denunció una resolución “arbitraria” dictada 12 horas antes del comicio, la cual restringe las funciones de los fiscales opositores. En declaraciones televisivas, calificaron la medida como “un intento de favorecer al oficialismo” y afirmaron que “altera las reglas del proceso democrático”.

Esa resolución del Tribunal Electoral Permanente fue calificada por la oposición como “una norma de último momento que carece de sustento legal, vulnera garantías mínimas del proceso electoral y habilita maniobras fraudulentas”.

En medio de un clima de tensión creciente, el proceso electoral para la reforma constitucional en Formosa promete derivar en una nueva batalla judicial y política que, de acuerdo con la oposición, pone en juego la calidad institucional de la provincia.

JJD, con información de NA.