En un momento en que los países más ricos del mundo están aplicando los mayores recortes de la historia a la ayuda oficial al desarrollo, cuando Donald Trump suspendió de manera tajante la financiación de su agencia USAID, los líderes mundiales se reúnen esta semana en Sevilla para buscar respuestas a una pregunta clave: ¿Cómo financiar las políticas globales de desarrollo sostenible? ¿cómo garantizar la ayuda de la que dependen cientos de miles de personas en un contexto de complejas crisis humanitarias? ¿es posible un nuevo sistema financiero mundial que tenga en cuenta a los países del sur?

El programa oficial de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo (FFD4), organizada por la ONU se celebra desde este lunes hasta el próximo 3 de julio en Sevilla. En plena ola de recortes de la ayuda oficial y con una crisis de deuda que asfixia a decenas de países del Sur Global, gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones sociales se reúnen en la ciudad andaluza para intentar relanzar los compromisos internacionales de financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a solo cinco años de la finalización del plazo en 2030.

La cumbre, marcada por fuertes tensiones entre países del Norte y del Sur, parte de una declaración ya cerrada, negociada en varias sesiones previas. Aunque el llamado “Compromiso de Sevilla” reconoce problemas urgentes —como la falta de justicia fiscal o la presión de la deuda—, ha decepcionado a la sociedad civil y a algunas delegaciones de los países del Sur, ante la falta de soluciones concretas y reformas estructurales.

Recortes

El encuentro se produce en un marco de recortes generalizados en los fondos destinados a la cooperación al desarrollo. Según la OCDE, la ayuda oficial para el desarrollo descendió un 9 % en 2024 a nivel global, mientras que durante el 2025 se espera que la caída alcance el 17 %. En los últimos días, los gobiernos de Reino Unido, Bélgica y Francia han anunciado recortes drásticos de sus presupuestos de cooperación internacional, después de la tendencia iniciada por gobiernos como el de Suiza, Suecia y el de Países Bajos, que han sido grandes donantes tradicionales, alertan desde Oxfam Intermón.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump anunció una tajante medida que hace tambalear las bases de las políticas globales de ayuda al desarrollo: la congelación casi total de su ayuda externa, lo que se estima que tendrá un impacto directo en salud global. Pero no solo es cosa de Trump y la suspensión de los programas de USAID. Reino Unido, por ejemplo, ha anunciado una rebaja de su aportación del 0,5 % al 0,3 % del PIB para 2027. Save the Children ha alertado de que este recorte puede tener efectos “devastadores” sobre 60 millones de personas vulnerables.

En contraste con la mayoría de países donantes, España mantiene e incluso aumenta su compromiso, dado que no ha anunciado recortes durante este 2025. No obstante, España está muy lejos del objetivo acordado del 0,7 % del PIB para 2030, y se sitúa por debajo de la media OCDE del 0,33 % .

Las posibles consecuencias de los recortes alarman a ONG y organismos internacionales especializados en desarrollo. Oxfam Intermón alerta de que estas decisiones políticas ya están costando “cientos de miles de vidas humanas que dependen directa e inmediatamente de la distribución de alimentos, medicamentos, vacunas y otros bienes indispensables en contextos de emergencia humanitaria”.

Crisis de deuda

La crisis de deuda será uno de los asuntos que mayores tensiones generará en la conferencia. Desde el arranque de las negociaciones, los países del Sur Global, respaldados por organismos como la UNCTAD y el PNUD, reclamaron medidas concretas y urgentes ante una situación que califican de “insostenible”. “Ya no hablamos de riesgo, sino de colapso”, advirtió Rebeca Grynspan, secretaria general de Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD) durante la presentación de un informe que revela que dos de cada tres países en desarrollo están en riesgo de sobreendeudamiento, con una deuda externa conjunta que ya supera los 11,4 billones de dólares.

Según explica la Coordinadora de ONGD, en los borradores iniciales de la declaración figuraba como primer punto una propuesta de moratoria automática de pagos cuando un país entre en crisis, junto a la creación de un mecanismo multilateral de reestructuración de deuda bajo supervisión de Naciones Unidas.

Sin embargo, el resultado final del llamado “Compromiso de Sevilla” ha decepcionado a los países del Sur, especialmente al grupo africano que empuja desde hace años la revisión de las bases de la deuda para conseguir condiciones más justas. El documento, pactado tras intensos tiras y aflojas con grandes acreedores como el G7, se limita a sugerir la posibilidad de suspender pagos en situaciones excepcionales y promueve instrumentos voluntarios como los bonos ligados al clima. Desapareció cualquier referencia a obligaciones para acreedores privados o a una arquitectura multilateral de reestructuración.

“A pesar de que las negociaciones del documento empezaron con un lenguaje ambicioso sobre la reforma de la arquitectura de deuda, de cooperación internacional, de fiscalidad, este lenguaje se ha visto significativamente debilitado”, cuestiona Iolanda Fresnillo, investigadora de Eurodad. “El documento final dista mucho desde el punto de vista de la sociedad civil de lo que nosotros pensamos que el mundo necesita con urgencia a nivel de reforma de arquitectura financiera internacional”, añade.

Mientras, la crisis de deuda tiene un efecto directo en el terreno. Según datos del PNUD, en 2024 más de 50 países en vías de desarrollo dedicaron más fondos al pago de intereses que al conjunto de sus presupuestos en servicios públicos como sanidad educación. “Sin una solución sistémica, el endeudamiento se convertirá en una trampa perpetua que condena a generaciones enteras”, ha declarado el secretario general de la ONU, António Guterres.

“A pesar de los enérgicos llamamientos de la sociedad civil y de muchos países del Sur global a favor de un proceso intergubernamental significativo hacia una Convención de la ONU sobre la Deuda, el texto final conserva el proceso intergubernamental, pero lo despoja de ambición. Lo que queda es una vaga promesa de compromiso con los acreedores”, critican desde el colectivo de ONG.

Fiscalidad internacional

Las voces que exigen una reforma de la fiscalidad internacional han ido ganando protagonismo en la agenda política tras años de bloqueo en foros dominados por los países más ricos. Durante la Conferencia de Sevilla la conversación partirá de una demanda histórica del Sur Global: poner fin a un sistema que, según Naciones Unidas, permite que se pierdan cientos de millones de dólares al año en ingresos fiscales debido a prácticas de evasión y elusión fiscal por parte de grandes corporaciones, a menudo canalizadas a través de paraísos fiscales. Tras décadas bajo la órbita de la OCDE, donde no todos los países tienen voz equitativa dado que el peso del Norte es muy superior, en 2023 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para iniciar negociaciones hacia una convención marco sobre cooperación fiscal internacional, marcando un giro institucional sin precedentes.

En las negociaciones previas a la conferencia lideradas por países africanos, latinoamericanos y varios del Sudeste Asiático, exigían un respaldo claro a este proceso bajo el auspicio de la ONU -y no de la OCDE-. Finalmente, el Compromiso de Sevilla reconoce por primera vez el papel del nuevo comité fiscal intergubernamental de la ONU y respalda la apertura de negociaciones hacia una convención global, aunque sin calendario ni obligaciones concretas.

Según Oxfam Intermón, se trata de un paso “simbólicamente importante”, pero insuficiente. La reforma fiscal es clave, dicen, para cerrar la brecha de financiación de los ODS, estimada en más de 4 billones de dólares al año, y para garantizar que las grandes tecnológicas y multinacionales tributen donde generan valor, no donde mueven sus sedes legales.

Claroscuros de la financiación privada

El rol del sector privado en la financiación para el desarrollo es otro de los puntos más controvertidos del debate, que generará divisiones en la Conferencia de Sevilla. En la anterior cumbre de financiación de Adis Adeba, celebrada en 2015, los países del Norte colocaron la inversión privada como un pilar central para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, los países ricos—especialmente la Unión Europea, EEUU y Reino Unido— han defendido que la movilización de capital privado es indispensable ante la falta de recursos públicos.

En el “Compromiso de Sevilla”, se replicará esa visión, frente a la posición crítica de la sociedad civil. Delegaciones del G7 y de las principales instituciones financieras multilaterales —como el Banco Mundial y la OCDE— han impulsado lenguajes en el compromiso final que refuerzan los partenariados público-privados (PPP), y las garantías públicas para atraer inversores a infraestructuras verdes y digitales en países en desarrollo. Los datos no dicen lo mismo sobre los resultados de un mayor peso del sector privado en las políticas de desarrollo.

Según los números de la OCDE, por cada dólar de fondos públicos movilizado, apenas se atraen 0,37 dólares privados efectivos, muy por debajo de las promesas iniciales. Para la sociedad civil, el protagonismo de las empresas en las políticas de cooperación internacional choca con los principios básicos de la ayuda al desarrollo.

Plataformas como Eurodad, Oxfam Intermón o la Coordinadora de ONGD Española han alertado de que buena parte de estos fondos privados priorizan la rentabilidad sobre el impacto social o ambiental, y excluyen a los países más pobres o a los sectores más vulnerables. “No es financiación para el desarrollo, es financiación para los mercados”, denunció Jean Saldanha, directora de Eurodad. Según un informe reciente de Oxfam Intermón, el 70% de los fondos privados movilizados para este fin en 2018 y 2022 se acabó destinando a países de renta media, y apenas el 5 % llegó a países más empobrecidos. Aunque el compromiso de Sevilla incluye una cláusula sobre la “rendición de cuentas” de estos fondos, para muchas ONG se trata de papel mojado ante la falta de mecanismos claros de control ni transparencia.

Superar el “salvador blanco”

Dicen que tras las crisis llegan los cambios profundos. Cómo telón de fonos de los paneles de la Conferencia de Sevilla, uno de los debates con mayor poso gira en torno a la necesidad de replantear el modelo tradicional de ayuda al desarrollo, que durante décadas ha funcionado mayoritariamente como un flujo unidireccional de recursos del Norte hacia el Sur. La congelación de los fondos de la USAID ha puesto en evidencia ese patrón, basado en la idea del “salvador blanco”. Varios países del Sur, junto con representantes de Naciones Unidas y expertos en desarrollo, coinciden en que este enfoque paternalista ya no es viable ni efectivo. “La ayuda no debe ser un acto de caridad ni un cheque en blanco, sino un compromiso basado en la corresponsabilidad y el liderazgo local”, afirmó Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la ONU.

“Esta crisis de desarrollo es una oportunidad histórica para transformar las relaciones globales y dejar atrás modelos de dependencia. Necesitamos una cooperación horizontal, que respete la soberanía y fomente alianzas entre países y regiones del Sur”, reflexionó Mariana Díaz, coordinadora regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.