El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que se reunirá con organizaciones feministas para escuchar sus sugerencias, en medio de la polémica por su decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer, creado apenas un año atrás, y sustituirlo por un nuevo organismo en el marco de una reestructuración estatal.

El mandatario adelantó que el encuentro con las organizaciones tendrá lugar “pronto” y que se evalúa la posibilidad de reconvertir el Ministerio en un Instituto de la Mujer o un Viceministerio dentro de la cartera de Desarrollo Social (Mides), según informó un comunicado oficial.

“Es una entidad que, por crearse a la carrera, no genera lo que debió generar, salvo buena burocracia”, justificó Mulino, y agregó que su gobierno busca transformarla en “una entidad más útil”.

La decisión fue criticada por la Defensoría del Pueblo de Panamá, que advirtió sobre un “grave retroceso” en la garantía y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas. También una treintena de organizaciones feministas rechazaron el anuncio por considerarlo parte de un recorte de derechos disfrazado de ajuste fiscal.

La situación recuerda a la que se vive en la Argentina, donde el presidente Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad apenas asumió, como parte de su plan de ajuste estatal para alcanzar el déficit cero. A diferencia del caso panameño, donde al menos se anunció una instancia de diálogo con colectivos de mujeres, en la Argentina la medida se tomó sin consulta previa y enmarcada en un discurso abiertamente antifeminista.

El propio Milei ha calificado al feminismo como “una aberración” y “una forma de colectivismo”, ha dicho públicamente que la brecha salarial de género es un “invento” y ha atacado en foros internacionales a las personas trans y homosexuales. Su gobierno también ha desfinanciado políticas de género, cortado programas de prevención de violencias y despedido personal especializado.

Panamá y la Argentina comparten así una tendencia regional que, en nombre del achicamiento del Estado, pone en riesgo derechos conquistados por los movimientos feministas. Pero mientras en Panamá se habilita una instancia de diálogo, en la Argentina el rumbo elegido por el Gobierno es directamente negacionista y punitivista frente a las demandas de género.

JJD, con información de EFE.