El Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

Por eso, tras varios meses sin solución oficial, tres ONG –Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas– demandaron al Estado Nacional y a la provincia de Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar derechos ambientales y humanos ante los impactos de esta megaobra. Solicitaron al máximo tribunal que tome cartas en el asunto y frene la masacre de fauna silvestre en la segunda extensión boscosa más importante de Sudamérica: el Chaco americano.

El objetivo del Canal de la Patria era asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo de esos 250 kilómetros, proporcionar el volumen necesario de agua para su potabilización en Quimilí y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimilí-Vilelas.

Comenzó a construirse en 2021 y las obras se finalizaron parcialmente en 2024, con un presupuesto estimado en más de 36.265 millones de pesos (poco menos de 29 millones de dólares). El canal fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los 1970, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Por eso, Santiago del Estero decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal.

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, lo que lo convierte en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas, de acuerdo a los estudios técnicos presentados ante la Corte Suprema. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir. Mueren ahogados.

Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los técnicos de las ONG comprobaron que no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.

La obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental, de acuerdo con FARN. Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27,9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla, declarado en estado Vulnerable), la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la corzuela parda (Subulo gouazoubira), el pecarí de collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la mulita (Dasypus hybridus), el oso melero (Tamandua tetradactyla) y el mataco bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o sufren tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local, explicaron las ONG en la demanda. “Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba”, sostuvo FARN.

Además, los científicos alertaron sobre la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las personas que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó a elDiarioAR y Mongabay Latam que decidieron presentar la demanda ante la Corte Suprema y no ante los tribunales de Santiago del Estero, ya que se trata de una problemática que afecta a especies migratorias entre las provincias vecinas de Santiago del Estero, por lo que corresponde la intervención de la Corte cuando se trata de una causa que involucra a varias jurisdicciones.

“Al construirse con cemento, los animales entran a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales pudieran salir”, afirmó Fernández.

“Además, todo depende de cómo viene el agua. Cuando aumenta el caudal, por precipitaciones, por ejemplo, los animales son arrastrados. Quedan incrustados contra la reja con el agua que viene en dirección bajando y no pueden escapar de ninguna manera. Además, el canal tiene una especie de reja justamente para que no pasen residuos sólidos que se van acumulando, que quedan atrapados ahí. Y ahí quedaban atrapados también los animales”, agregó el abogado que interviene en la demanda.

Fernández destacó que en el estudio de impacto ambiental del canal no se analizó seriamente cómo la obra iba a afectar a la fauna local: “Justamente por esos problemas metodológicos y puntos ciegos en el estudio de impacto ambiental, se terminó aprobando una obra muy perjudicial”.

Las autoridades no han dado respuestas concretas ni una solución real, sostiene Fernández: “Sólo, con el problema ya consumado, se construyeron esas escaleras que no funcionaron. Fueron tardías, fueron insuficientes, fueron superficiales y eso es lo que generó que la problemática no cese”.

La problemática llegó a las ONG gracias a investigadores que estaban relevando la situación, como el biólogo Diego Gallego, quienes armaron una especie de censo de todos los animales que iban apareciendo muertos. “Y esto se repitió luego con el equipo de Vida Silvestre. También hubo un tercer censo. Todos demostraron que esas medidas de mitigación, las escaleras, fueron a todas luces insuficientes”, asegura Fernández.

Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con la provincia de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, si responderán la demanda y si se encuentran realizando nuevas medidas de mitigación para solucionar el impacto. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no habían enviado respuestas.

La demanda ante la Corte Suprema plantea una solución técnica: entubar el canal, de manera que los animales no continúen cayendo.

Fernández también explicó por qué demandaron al Estado Nacional: “Es el que hizo el estudio de impacto ambiental, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento”, entidad disuelta por el presidente Javier Milei en 2024, durante su plan de achicamiento del Estado, por lo que no se han podido localizar a las autoridades.

Con el caso en la Corte, dependerá ahora de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes marcarán los tiempos del litigio contra Santiago del Estero y la Nación por el Canal de la Patria.

*Producción realizada en colaboración de con Mongabay Latam

ED/MC