El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump por la nueva disposición que le impide recibir reembolsos federales de Medicaid, la cobertura médica para personas de escasos recursos.

La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.

Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70% de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, señaló en un comunicado que la nueva ley impedirá que miles de habitantes de Maine acudan a su proveedor de atención médica de confianza, simplemente porque brindan atención de aborto entre muchos otros servicios.

La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.

“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, se lamentó George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.

Medicaid cubre a 396.000 niños y adultos en Maine y a más de 70 millones de personas en todo el país.

En todo el país, los recortes presupuestarios de la administración Trump ponen en riesgo el cierre de cientos de otros centros de salud, señala el comunicado del Centro.

¿Qué pasa en la Argentina con la salud reproductiva y el gobierno de Javier Milei?

En la Argentina, los derechos sexuales y (no) reproductivos también enfrentan un retroceso alarmante bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente se muestra alineado internacionalmente con figuras como Donald Trump y defiende una agenda conservadora, su administración desfinanció programas claves como el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, y recortó presupuestos en políticas de género, asistencia a víctimas de violencia y acceso a la anticoncepción.

La situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el abandono estatal de las poblaciones más vulnerables. La eliminación del Programa Acompañar, la reducción del personal en la Línea 144 y los recortes del 85% en comedores comunitarios son algunas de las medidas que, según los peticionantes, configuran una violación sistemática de los compromisos asumidos por el Estado argentino.

El caso del Plan ENIA es paradigmático. Fue una política pública que, en sus primeras experiencias piloto, logró reducir un 50% el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Su desmantelamiento, junto con el despido de 500 profesionales y la cancelación de la compra y distribución de anticonceptivos, dejó sin protección a miles de jóvenes, muchas de ellas víctimas de abuso y violencia sexual.

Además, se denunciaron ante la CIDH recortes en infraestructura básica y servicios esenciales en barrios populares, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas. La respuesta oficial fue calificada como “evasiva” por los comisionados: el Gobierno se limitó a defender sus decisiones en nombre del “déficit cero” sin detallar cómo garantizará derechos básicos como salud, educación o alimentación.

En este contexto, las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos bajo políticas antiabortistas y restrictivas son notorias. Mientras en Maine se impide que clínicas que brindan atención integral accedan a fondos públicos por ofrecer servicios de aborto, en Argentina el Ejecutivo recorta el financiamiento incluso de programas que ni siquiera están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, sino con el acceso a derechos fundamentales para adolescentes, mujeres y diversidades. El resultado, en ambos casos, es el mismo: un retroceso en salud pública y una mayor vulnerabilidad para quienes más lo necesitan.

JJD, con información de EFE.