El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), a través de la resolución 393/2025 que modifica el esquema de control y asignación de recursos, que comenzarán a depender de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. De acuerdo al Gobierno, “esto permitirá una gestión más eficiente y transparente de la asistencia alimentaria en todo el país”.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, dio a conocer que, mientras el Gobierno eliminaba el registro de Comedores y Merenderos Comunitarios, “desde el Congreso proponemos el proyecto 'Pancitas Llenas', que garantiza el financiamiento de comedores y merenderos de todo el país con articulación público-privada”.

De acuerdo a legislador, “no pueden desguazar todo y dejar a los más vulnerables a la vera del camino. Nuestro proyecto surge de la sociedad civil y tiene mucho apoyo empresario del rubro alimenticio. La motosierra no elimina el hambre. Hace falta inteligencia y sensibilidad social”, apuntó.

En la resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello, argumentó que, debido a los cambios introducidos por el Programa “Alimentar Comunidad”, que eliminó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos estatales, “el Renacom ya no cumple con los fines para los cuales fue creado y su mantenimiento es incompatible con la actual administración de programas sociales. Además, recalcan que su continuidad implicaría una superposición de funciones, una asignación ineficiente de recursos y dificultades para generar datos estadísticos confiables”.

“La evaluación del funcionamiento actual del referido Registro ha evidenciado limitaciones estructurales que dificultan alcanzar sus objetivos originales evidenciando la superposición de funciones, la falta de controles presenciales efectivos y la imposibilidad de generar información estadística confiable sobre los espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria”, detalla la resolución, en base a un informe que hizo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que hasta el pasado viernes conducía Miguel Blanco, quien renunció y fue reemplazado por Alejandro Fabían Díaz.

En el informe, la SIGEN destaca que se detectaron múltiples problemas en el funcionamiento del registro e indicaron que su eliminación se debe a la necesidad de fortalecer la eficiencia y la transparencia de las políticas sociales. Allí se revelaban irregularidades de magnitud. “Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, advirtió el pasado 5 de julio Blanco, todavía en funciones.

El exfuncionario explicó que se trató de una primera etapa de control centrada en el sistema RENACOM, la base digital donde se registraban los comedores: “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”. Según detalló, en una muestra aleatoria de visitas, encontraron establecimientos que no existían o que no cumplían con lo declarado.

En la nueva resolución, Capital Humano sostiene que el nuevo modelo de ejecución del Programa “Alimentar Comunidad” permite acreditar el funcionamiento de los comedores y merenderos mediante controles directos —en persona o a través de medios tecnológicos— sin necesidad de inscripción previa en una base centralizada.

El proyecto “Pancitas llenas”

Los diputados nacionales Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), acompañados por legisladores de todo el arco político, presentaron el proyecto de ley “Pancitas Llenas” de apoyo y financiamiento de los comedores y merenderos.

La iniciativa plantea la creación de un programa nacional que, mediante un abordaje y estrategia de articulación público-privada, “busca asegurar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables de la población argentina”.

Detrás de esta iniciativa legislativa se encuentra el trabajo de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores Unidos” cuya comisión directiva está integrada por Liliana Olivera, Paola Ferreyra, Elsa Monzón, Yanina González, Noelia Gerez, Patricia Valdez, Laura Flores y Norma Pelozo.

“Después de cinco años de idas y vueltas en el Congreso de la Nación Argentina, este nuevo paso nos renueva la esperanza. Esperamos que sea definitivo, dada la gravedad y la urgencia que requiere este tema”, explicaron desde “Soñadores Unidos”, asociación que tiene como padrino fundador al empresario Julio González, de la empresa del rubro alimenticio Oralí, y al que acompañan en esta iniciativa mas de 60 empresas.

“Este proyecto busca ayudar a quienes trabajan en silencio y todos los días permiten que haya cohesión social en la Argentina poniendo un plato de comida a centenares de miles de personas. Es necesario que comedores y merenderos tengan un financiamiento acorde y es estratégico que sea con aportes públicos y privados. Hay muchos empresarios que están dispuestos a colaborar y esta ley busca dar un instrumento para ello”, explicaron Pablo Juliano y Carla Carrizo, quienes destacaron también que el Estado argentino debe tener una participación clave para garantizar la transparencia, trazabilidad, federalismo e institucionalidad de la iniciativa.

Además de ellos, firmaron el proyecto Facundo Manes (DPS), Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR), Marcela Coli (DPS), entre otros.

Los objetivos del Programa

a) Implementar un sistema de asistencia alimentaria a sectores vulnerables mediante una tarjeta prepaga de uso exclusivo para responsables de comedores y merenderos, distribuida a través de canales bancarios formales.

b) Asegurar la adquisición eficiente y transparente de alimentos saludables, alineada con las pautas de nutrición y restricciones de productos establecidas por la Autoridad de Aplicación.

c) Fomentar capacitaciones en manipulación y elaboración de alimentos para las personas encargadas de la preparación de las comidas en los comedores y merenderos, teniendo en cuenta las indicaciones nutricionales mencionadas en el inciso anterior.

d) Promover la formación de redes regionales de comedores y merenderos para optimizar sus condiciones de operación mediante la colaboración colectiva y el impulso de iniciativas solidarias.

e) Facilitar encuentros con productores locales para impulsar la compra directa de alimentos, reducir costos para comedores y merenderos, y fortalecer las economías regionales“.

“Es clave comprender que estos comedores existen y funcionan a pulmón, se busca garantizar que tengan recursos para poder llevar a cabo su función. El programa Pancitas Llenas busca dar transparencia mediante el aporte de fondos y el uso de una tarjeta para adquirir los alimentos”, explicaron Juliano y Carrizo.

El artículo tercero, en tanto, plantea los principios rectores del proyecto de ley: equidad, transparencia, eficiencia, participación, sostenibilidad y trazabilidad. Para poder llevar a la práctica el aporte público-privado, el proyecto establece la creación del Fondo Fiduciario del Programa Nacional Pancitas Llenas, que será administrado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano.

El patrimonio del Fondo estará constituido por:

a) El “Aporte Social y Humanitario” de empresas privadas, equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada

b) Ingresos provenientes de la emisión de valores fiduciarios de deuda en el mercado de capitales

c) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados y/o donaciones voluntarias de personas humanas o jurídicas

d) Renta, frutos e inversiones derivadas de los bienes fideicomitidos y

e) recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, públicos o privados.

El proyecto establece con claridad que el “Aporte Social y Humanitario” de empresas privados es siempre voluntario. Las empresas que decidan participar podrán, a su vez, descontar el aporte que realicen del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Desde la Asociación “Soñadores Unidos” se promoverá durante el debate legislativo que también los empresarios puedan descontarse como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “detallándolo en la declaración jurada correspondiente y deduciéndolo eventualmente del pago mensual del impuesto”.

Para dicha Asociación, es importante también establecer que los empresarios pueden ser “adherentes”, que es cuando participan del Fondo a cambio de una deducción impositiva, o “contribuyentes”, que es cuando no solicitan deducciones fiscales. Dichas sugerencias serán tenidas en cuenta por los legisladores cuando el proyecto comience a ser debatido en comisiones.