Los máximos referentes del sector seguros renovaron el reclamo contra el Poder Judicial por las irregularidades que, según afirman, alimentan la creciente judicialidad en Riesgos de Trabajo. En la edición anual de Expoestrategas, advirtieron que la “industria del juicio” alcanzó niveles que “jaquean” la solvencia del sistema y lanzaron un ultimátum: si no hay cambios, muchas aseguradoras podrían dejar de operar en menos de un año.

Los números que exhibió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) muestran la magnitud del problema. En abril pasado había 303.734 demandas laborales sin resolver en el país, de las cuales 124.845 se iniciaron en los últimos doce meses. El contraste histórico agrava el diagnóstico: en 2010 eran apenas 14.684, lo que implica un incremento de 1.969%.

El evento reunió a figuras como Alejandro Korin (CNP Seguros), Horacio Santcovsky (Experta ART y Experta Seguros), Julio Scarafia (El Norte Seguros), Diego Sobrini (Galeno Seguros), Fernando Zack (Provincia ART) y Federico Guthmann (Meridional Seguros). Todos coincidieron en señalar que la falta de soluciones concretas mantiene al sistema “en tiempo de descuento”.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) calculó que solo en el último año los empleadores desembolsaron alrededor de $2,1 billones para cubrir los costos de la litigiosidad. Según la entidad, 2025 podría cerrar con más de 130.000 nuevas demandas, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 40% de los casos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Santa Fe (14%).

Las quejas apuntaron también a las sentencias que se basan en “actualizaciones desmedidas de los intereses” y en cálculos periciales que, aseguran, no se corresponden con la realidad económica. Scarafia reclamó “coherencia judicial” y recordó que los niveles de juicios regresaron a los previos a la Ley 27.348 de 2017, desoyendo criterios de la Corte Suprema.

El Gobierno nacional sigue de cerca el tema. El presidente Javier Milei promete en redes sociales que “se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, admite que la litigiosidad laboral es uno de los mayores frenos para la creación de empleo formal.

La tensión crece a la espera de una definición del Máximo Tribunal, que inició deliberaciones para evaluar nuevos criterios de actualización de intereses en casos de despidos y accidentes. El desafío, según advierten en el sector, no es la sanción de esos criterios sino su efectiva aplicación, hoy resistida por la mayoría de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo.