La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La ANMAT precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de García Furfaro

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de Ariel García Furfaro, la cual es considerada como la peor crisis sanitaria, es la del fentanilo contaminado que, hasta el momento, tiene 111 pacientes fallecidos. En medio de un caso que todavía está en desarrollo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas.

Hay 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados, entre los que se encuentra García Furfaro, dueño de los laboratorios en cuestión. . En febrero pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa y dejó firme la detención de José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, imputado por la adulteración del lote de fentanilo que derivó en múltiples fallecimientos.

Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El desarrollo del caso demostró que todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas, que no hubo control por parte de las autoridades, tampoco seguimiento de las entidades públicas y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.

Ahora, como los laboratorios no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones, la ANMAT dispuso cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial

La inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación.

Con información de NA.

En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.

—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!

La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.

Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.

Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.

Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.

Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.

Una figura controvertida

Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.

La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.

Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.

Las “tertulias de los viernes”

Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.

Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.

Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.

La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.

Nexos territoriales

El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.

A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.

Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.

Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.

El juez y el nuevo ecosistema de inteligencia bajo Milei

La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.

Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.

Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?

En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.

PL/MG

El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

Luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

Frente a esta pesquisa, el juez Ernesto Kreplak le revocó el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación. En este marco, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, “no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter”.

Este miércoles por la noche Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Respecto a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

Con información de la agencia NA

Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, el director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., además de los directores técnicos y accionistas son los apuntados por el juez Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado y fueron detenidos tras una orden del magistrado.

Este miércoles por la noche, luego de que se dieran a conocer el resultado de las pericias a historias clínicas de pacientes que fallecieron, los cuales confirman que la mayoría sufrió complicaciones en su salud tras la inoculación del opioide adulterado, se ordenaron los allanamientos con detenciones de los responsables.

Ariel García Furfaro se entregó pasadas las 23 de este miércoles. Además, fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente.

Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas.

Durante años, y más en la actualidad, se lo vinculó con diversas causas, entre ellas la efedrina y narcotráfico. Este miércoles también fue procesado por contrabando.

Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.

Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Es quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.

El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.

Los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados de la adulteración del fentanilo. A esta lista se suma el técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano.

Los tres eran responsables del control de calidad de los productos de los dos laboratorios, por lo que para el magistrado sin dudas sin vinculaciones fueron fundamentales para la circulación de las ampollas contaminadas.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

El Clan García Furfaro está detenido en la causa por el fentanilo contaminado y con el paso de las horas se comienza a dar luz sobre cómo fueron los procedimientos donde directivos y accionistas fueron arrestados.

Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Sin embargo, no fue el mismo escenario con Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios. Cuando los efectivos de Gendarmería arribaron hasta su domicilio, en el lujoso country San Diego, en Moreno, no lo hallaron.

Durante más de dos horas la incertidumbre fue total. No se sabía donde estaba el dueño de los laboratorios. Se suponía que en algún momento se iba a entregar, pero tampoco había información de cómo se iba a efectuar.

Sin embargo, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen de pedido de detención, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

El Gobierno descartó pedirle la renuncia al ministro de Salud

En medio de la conmoción por las muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado en distintos hospitales de todo el país y con el clan García Furfaro detenido, el Gobierno descartó cualquier posibilidad de pedirle la renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, foco de las críticas opositoras y hasta mileístas como el conductor Alejandro Fantino. La posición de Javier Milei la transmitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien defendió la actuación de la cartera sanitaria y aseguró que el funcionario “no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

“Está tratando el tema la Justicia. El juez Kreplak está investigando junto a los fiscales. Estamos al tanto de todo y el ministro de Salud tiene perfectamente en claro cómo es el tema, está colaborando y tomó medidas”, afirmó Francos este martes en declaraciones radiales. Y agregó: “El ministro Lugones seguro que no tiene ninguna responsabilidad. De ninguna manera presentó la renuncia, porque no lo hace: no tiene ninguna responsabilidad en este tema”.

El jefe de Gabinete insistió en que el origen de la crisis se remonta a un manejo irregular del laboratorio privado HLB Pharma. “Viene de hace mucho tiempo el tema con una persona que generó una fortuna, nadie sabe cómo, y no estaba en condiciones de llevar el laboratorio adelante”, sostuvo Francos, en alusión a García Furfaro, empresario farmacéutico investigado por la Justicia. Como ejemplo de sus contactos, el funcionario recordó que Furfaro “viajó en el avión presidencial que iba a buscar las vacunas Sputnik a Rusia, eso revela otro nivel de contacto”. Milei vinculó públicamente a Furfaro con el kirchnerismo y apuntó contra el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal n.° 3 de La Plata, por ser hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Axel Kicillof.

El avance de la investigación

Un informe del Cuerpo Médico Forense constató que en 12 de las 20 historias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado hubo un “nexo concausal” del opioide, desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que incidió en el desenlace fatal.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Los especialistas señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.

El análisis se llevó a cabo en nueve historias clínicas de los siguientes centros de salud: Hospital Italiano de Rosario; Hospital Italiano de La Plata, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario; Sanatorio Parque de Rosario; Sanatorio Parque de Entre Ríos; Sanatorio Cullen de Santa Fe y el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

El magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Quiénes son los inminentes detenidos

Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, el director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., además de los directores técnicos y accionistas son los apuntados por el juez Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado y serán inminentes sus detenciones tras una orden del magistrado.

Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas. Durante años, y más en la actualidad, se lo vinculó con diversas causas, entre ellas la efedrina y narcotráfico. Este miércoles también fue procesado por contrabando.

Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.

Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Es quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.

El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.

Los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados de la adulteración del fentanilo. A esta lista se suma el técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano.

Los tres eran responsables del control de calidad de los productos de los dos laboratorios, por lo que para el magistrado sin dudas sin vinculaciones fueron fundamentales para la circulación de las ampollas contaminadas.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

MM con información de la agencia NA.

Un abogado cordobés pidió este miércoles la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

El letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que la contaminación del fenanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan.

“Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado”, agrega.

De acuerdo al escrito, “contaminar un lote de fentanilo y comercializarlo indiscriminadamente, incluso violando los controles y diligencias necesarias para el debido seguimiento, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y que fue ese riesgo el que se realizó en los resultados mortales”.

“El cuadro infeccioso no fue la única causa del deceso, sino que se convirtió en un factor clave que incidió y aceleró las muertes de los pacientes”, detalló Nayi.

“Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen”, sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se “evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas” contra los sindicados, quienes fueron “debidamente identificados”, a la vez que “se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer”.

En diálogo con este medio, el abogado afirmó que el pedido “se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios” y negó que se trate de una “decisión caprichosa”.

Por último, el querellante señaló que mantiene un “intercambio constante” con el magistrado de la causa.

Procesaron a García Furfaro por supuesto contrabando

Además, empresario dueño del laboratorio HLB Pharma fue procesado por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado, sin prisión preventiva, por sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria del gigante asiático entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones, pero la causa constató que la cifra real fue de US$500.000.

En este contexto, el magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones.

En tanto, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante.

Las defensas apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio vinculado al fentanilo contaminado permanecerá en libertad.

Con información de la agencia NA