La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., al cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

En los considerandos, la ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025.

La disposición establece en su artículo 1° que se dan de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., “sin perjuicio de la inhibición de las actividades productivas” ya fijada en 2025. A la vez, en el artículo 2°, ordena reinscribir automáticamente a su vencimiento los certificados de ambas firmas, en cumplimiento de una manda judicial.

De esa manera, los certificados de los productos no fueron eliminados, sino preservados como activos vinculados a la causa penal en trámite. La ANMAT precisó además que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos.

El texto oficial recuerda, además, que la inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo.

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de García Furfaro

La megacausa que complica a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo de Ariel García Furfaro, la cual es considerada como la peor crisis sanitaria, es la del fentanilo contaminado que, hasta el momento, tiene 111 pacientes fallecidos. En medio de un caso que todavía está en desarrollo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas.

Hay 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados, entre los que se encuentra García Furfaro, dueño de los laboratorios en cuestión. . En febrero pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa y dejó firme la detención de José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, imputado por la adulteración del lote de fentanilo que derivó en múltiples fallecimientos.

Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El desarrollo del caso demostró que todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas, que no hubo control por parte de las autoridades, tampoco seguimiento de las entidades públicas y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.

Ahora, como los laboratorios no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones, la ANMAT dispuso cancelar los legajos de ambas firmas, según la disposición 1848/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial

La inhibición original había sido dictada en mayo de 2025, luego de verificarse incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación.

Con información de NA.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el caso que investiga las muertes de 111 personas que fueron inoculadas con el fentanilo contaminado.

Según informaron fuentes del caso, los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala IV, rechazaron por considerar “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa.

José Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La muerte de Leonel Ayala, docente de 32 años, es una de las 173 que la Justicia investiga en la causa por el fentanilo contaminado. Para su familia, sin embargo, el impacto no se limita a la pérdida sino que expone las consecuencias emocionales de una tragedia que dejó a los allegados sin contención estatal durante meses.

“No solo atravesamos un duelo, sino también un proceso lleno de obstáculos, omisiones e incumplimientos”, dijo su hermano, Alejandro Ayala, al describir este período como una etapa marcada por la lucha judicial y la sensación de abandono.

Según relató, tras el brote infeccioso detectado en abril del año pasado, nadie los llamó, nadie ofreció contención ni seguimiento médico. Recién ahora las familias comenzaron a recibir acompañamiento en salud mental por parte de equipos especializados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Durante estos meses estuvimos completamente solos, sin contención del Estado”, insistió. La ausencia inicial, agregó, tuvo efectos que exceden lo emocional, como la pérdida de trabajos, deterioro económico y rupturas familiares. “La salud mental atraviesa lo físico, lo psíquico, lo laboral y lo económico. Muchas familias perdieron estabilidad”.

Las secuelas invisibles del trauma

“El retiro de la atención mediática y la ausencia de reconocimiento agravan esa situación”, advirtió la subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Camels, al describir un escenario en el que el dolor se profundiza cuando el drama deja de ocupar un lugar en la agenda pública. “Cuando el Estado te desconoce, el dolor se profundiza de manera trágica”, señaló.

Desde la Provincia sostienen que este patrón ya fue observado en otras catástrofes, como el incendio de Cromañón, donde muchas víctimas quedaron expuestas a duelos prolongados y síntomas traumáticos. “No hay nada peor que una tragedia no sea reconocida como un dolor colectivo”, remarcó la funcionaria.

Camels también alertó sobre el vacío generado por la interrupción de políticas nacionales de acompañamiento en salud mental durante la gestión de Javier Milei. El riesgo, advierten especialistas, no es solo el sufrimiento inmediato sino la cronificación del trauma, con cuadros de angustia, depresión y aislamiento que pueden persistir durante años sin una respuesta sostenida.

Duelo y desprotección

El caso de Leonel sintetiza el recorrido de muchas familias. Había sido internado por pancreatitis, evolucionaba favorablemente y tenía el alta prevista. Tras una intervención, su cuadro se agravó y murió de una infección generalizada. Semanas después, los Ayala supieron que había recibido una dosis perteneciente a uno de los lotes contaminados.

“Sin justicia no hay salud mental. Esto no es un caso individual, es una tragedia social”, sostuvo su hermano quien remarcó que “acá mató la desregulación y la falta de control”.

El abogado de la familia, Sebastián Busso, señaló que la investigación “ya no se limita a las responsabilidades privadas” y comenzó a orientarse hacia posibles fallas de organismos de control y del Ministerio de Salud. “El juez tuvo que reconstruir la trazabilidad del fentanilo, algo que debió haber hecho el Estado”, explicó. Para la querella, ese vacío dejó al descubierto “fallas estructurales graves”.

El rol del Estado

Camels planteó que el acompañamiento estatal es decisivo para la elaboración del trauma colectivo. “Está ampliamente estudiado que en tragedias de este tipo el rol del Estado es central. La presencia, el acompañamiento y el reconocimiento reducen la gravedad de los efectos traumáticos”, dijo.

Definió lo ocurrido como “una tragedia enorme, en un contexto de abandono del Gobierno nacional de los controles”, y aseguró que hoy “no existe ninguna línea de acompañamiento” desde ese nivel.

Recordó además que en 2014 el Estado nacional había creado un programa específico para asistir a las víctimas de Cromañón, luego discontinuado tras un cambio de gestión. “Se creó un programa específico para Cromañón porque, a diez años de la tragedia, comenzaron a incrementarse los suicidios de jóvenes que habían estado en el recital. Ese programa se discontinuó con el cambio de gobierno nacional. Ante ese vacío, desde la Provincia empezamos a recibir pedidos para priorizar la atención y hoy tenemos equipos que trabajan específicamente con esas víctimas”, explicó.

Una red provincial frente al vacío

El abordaje bonaerense se apoya en una reforma iniciada en 2019 que amplió camas de internación, abrió centros comunitarios y sumó personal. La lógica –explicó Camels– es no esperar que quienes atraviesan el trauma busquen ayuda, sino acercar los equipos, evaluar necesidades y construir seguimiento.

“Con los familiares de las víctimas del fentanilo, estamos realizando encuentros grupales para escuchar y comprender las necesidades y evaluar cuándo ofrecer espacios de tratamiento individual”, contó. “Es necesario que los equipos se trasladen a donde están las personas y desarrollen intervenciones de acompañamiento situado, clave para proteger incluso la vida, porque el dolor y la angustia pueden ser insoportables”, advirtió.

“Los síntomas pueden ser muy diversos: ataques de angustia, síntomas corporales, depresiones, consumos problemáticos. Por eso estos dispositivos trabajan en un primer momento crítico, pero también dejan recursos disponibles a largo plazo”, detalló.

“Cuando el Estado se corre, niega o no acompaña, el dolor se profundiza de manera trágica. Esto lo vimos con Cromañón, con Malvinas y con las víctimas de la dictadura durante muchos años”, indicó Camels.

Responsabilidades bajo investigación

La causa judicial –que supera las 6.000 fojas– investiga la distribución de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes fabricadas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Peritajes determinaron que la bacteriemia fue causa directa o determinante en la mayoría de las muertes analizadas.

Hay 14 personas procesadas y el expediente avanza sobre una posible cadena de negligencias empresariales, controles fallidos y responsabilidades aún por determinar.

En paralelo, la exdiputada Mónica Fein, quien presidió la comisión investigadora del Congreso, advirtió que el caso expuso “delitos empresariales, fallas graves de control estatal y un progresivo debilitamiento del rol del Estado”, y cuestionó la falta de explicaciones públicas acordes a la magnitud de la tragedia.

Los familiares preparan una movilización al Congreso y buscan que el 13 de mayo sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo. “La lucha es por el derecho a la vida y para que cualquier persona pueda entrar a un hospital y salir con vida”, resumió Ayala.

LN/MG

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado que produjo, entre abril y mayo de 2025, la muerte estimada de 124 personas en Argentina repudiaron este martes la inacción del Gobierno de Javier Milei ante la tragedia y aseguraron que tienen “esperanza en la causa judicial”, en dos marchas paralelas realizadas en las ciudades de La Plata y Rosario.

“Era una tragedia totalmente prevenible si los entes de control actuaban en tiempo y forma”, dijo a EFE Carla Maino desde Rosario, provincia de Santa Fe, ciudad donde su padre falleció el pasado 17 de mayo a causa de un shock séptico tras recibir fentanilo contaminado con dos bacterias ultra resistentes.

Miguel Maino, de 67 años, murió 18 días después de someterse a una cirugía sencilla.

Su familia y las de otras víctimas mortales de Rosario se congregaron este martes en el Monumento de la Bandera, donde instalaron un gigantesco cartel con el número de víctimas actualmente incorporados a la causa -124- y la leyenda: “No son números, son vidas”.

Los familiares de las víctimas cuestionaron que los funcionarios del Gobierno de Milei convocados a brindar explicaciones sobre la falta de control estatal del medicamento no hayan comparecido, el pasado 17 de noviembre, ante la comisión del Congreso creada para investigar el caso.

Entre los funcionarios que se ausentaron se encuentran el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio.

“Es una falta de respeto absoluto hacia los familiares, pero también hacia toda la sociedad, porque las respuestas nos la deben a todos”, expresó Maino.

Desde la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Sol Francese dijo a EFE: “Estamos acá para manifestar nuestra disconformidad con el accionar del Gobierno”.

Su hijo, Renato Nicolini, de 18 años, murió en el Hospital Italiano de aquella ciudad tras recibir fentanilo durante una intervención quirúrgica por un accidente automovilístico.

Adriana Francese, familiar de Nicolini y abogada querellante en la causa judicial iniciada el pasado 12 de mayo después de que aquel hospital reportara un brote de infecciones que no respondían a causas habituales, asegura que “son más de 200 los casos sospechosos”, aunque no todos se encuentran confirmados.

“Dudamos que en algún momento lleguemos a la cifra real, porque al no haber trazabilidad del medicamento, es un trabajo de hormiga el que está haciendo el juzgado”, señaló Maino, quien pidió que los centros de salud que declararon haber aplicado dosis del fentanilo contaminado pero no reportaron pacientes afectados “vuelvan a revisar las historias clínicas”.

El juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, resolvió el pasado 25 de septiembre procesar a Ariel Fernando García, dueño de las firmas farmacéuticas que produjeron el fentanilo contaminado que causó una tragedia sanitaria en el país, y a otros 16 acusados por el delito de “adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas”, de acuerdo a la cifra que al momento llevaban comprobadas las pericias del Instituto Malbrán.

En un legajo paralelo de la causa, según detalló la abogada, “se están investigando a los funcionarios que no actuaron como corresponde” y que se está llamando a declarar a empleados públicos “que detectaron fallas críticas y no hicieron lo que tenían que hacer”.

“Tenemos esperanza en la causa judicial, porque hay muchas pruebas y no hay forma de que los responsables queden libres de culpas. Es la única parte con la que estamos conformes”, dijo Sol Francese.

Maino, por su parte, manifestó: “Creemos que esta es una situación de vulnerabilidad de toda la población, donde los entes sanitarios no están siendo seguros, porque una medicación salió al mercado sin reunir las condiciones de calidad”.

Por Florencia Pessarini, para la agencia EFE.

El Gobierno deja en evidencia su estrategia de no exponer al ministro de Salud, Mario Lugones, ante el drama del fentanilo contaminado, que se cobró la vida de al menos 124 personas. El funcionario estaba citado este miércoles en la comisión especial de investigación creada en la Cámara de Diputados, pero decidió no asistir.

Hasta ahora el ministro Lugones, un alfil de Santiago Caputo en el gabinete de Javier Milei, nunca dio respuestas sobre el caso. De hecho ha intervenido en público muy pocas veces desde que es miembro del Gobierno, luego de reemplazar a Mario Russo.

Hasta el momento, la Justicia contabiliza 124 muertes producto de la crisis sanitaria que produjo el suministro de fentanilo contaminado en hospitales y centros de salud. El número definitivo de víctimas fatales y no fatales de esta crisis sanitaria inédita se sabrá con un fallo judicial que se espera se concrete antes de la feria judicial, que comenzará el 26 de diciembre y finalizará el 31 de enero de 2026.

La de este miércoles fue la penúltima reunión del grupo parlamentario, que estima la semana próxima emitir un dictamen con su informe final sobre las responsabilidades políticas detrás de las intoxicaciones mortales.

Además del faltazo de Lugones, a la comisión tampoco asistió la presidenta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio.

“Es lamentable”, dijo sobre las ausencias la presidenta de la comisión, la diputada socialista Mónica Fein (Encuentro Federal). Ahora se espera firmar la semana que viene su informe final, que pulirá en los próximos días con los aportes y matices de cada sector político, además de con las expresiones de los familiares de las víctimas.

El miércoles pasado estuvo en la comisión el juez federal Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la causa judicial que sigue el rastro de la cadena de responsabilidades que derivaron en el brote letal de fentanilo.

Durante su exposición, reveló que tras un estudio de trazabilidad se logró confirmar que circularon más de 154 mil ampollas adulteradas, y además comentó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) retuvo siete lotes de ampollas por presunta contaminación, de los cuales dos resultaron positivos tras ser examinados.

“Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, por muchos motivos porque esto que ocurrió, no debió haber ocurrido”, expresó el magistrado.

En septiembre pasado, la titular del ANMAT reconoció ante la Justicia que en enero pasado tuvo un encuentro “interno” con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las firmas involucrados en la producción y distribución del fentanilo adulterado. Planteó que quisieron involucrarla en responsabilidades que, según dijo, le eran ajenas.

Con información de agencia NA

MC

Este martes quedó constituida la comisión especial investigadora de la tragedia por el fentanilo contaminado con la particularidad de que la conducción recaerá en tres mujeres provenientes de distintos espacios políticos.

En el marco de un acuerdo previo, la socialista santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) fue designada como presidenta del cuerpo, en tanto que la bullrichista Silvana Giudici (PRO) se quedó con la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) con la secretaría.

Las tres son autoras de distintos proyectos de resolución para la conformación de la comisión investigadora, junto con Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre).

La comisión fue creada por unanimidad en la última sesión del pasado 17 de septiembre y está conformada por 31 miembros con representación plural y proporcional de distintas bancadas.

Según el proyecto de resolución que dio origen a la comisión, el cuerpo tiene plazo hasta el 9 de diciembre, es decir, un día antes del recambio legislativo, para la presentación del informe final con las conclusiones.

En esas consideraciones finales, la comisión tiene la potestad de formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de drogas y medicamentos.

Por eso fue importante la presencia en esta reunión constitutiva del presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien tendrá el trabajo de receptar las recomendaciones que se formulen sobre propuestas de modificaciones normativas para empezar a trabajar en distintos proyectos de ley.

La idea es que con la próxima composición parlamentaria ya en funciones, la Cámara de Diputados pueda poner en marcha la discusión de estas iniciativas, etapa que paradójicamente no tendrá participación de Fein, cuyo mandato vence a fin de año.

Según quedó establecido en la resolución, la comisión tiene entre sus objetivos investigar la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos por fentanilo contaminado (discriminados por fecha de inicio de síntomas, condición clínica, institución de salud, y jurisdicción), reconstruir la la cronología de la detección del brote (alertas tempranas, primeras notificaciones, comunicaciones oficiales, protocolos activados, determinar causas y responsabilidades del sistema de salud público y privado, y definir las responsabilidades de entidades privadas que formaron parte de la cadena de producción, compra, distribución y comercialización de los lotes alterados.

También tendrá bajo la lupa el estado de habilitación de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma (incluyendo por qué se llegó tarde a su clausura), y las fallas detectadas en el sistema de trazabilidad de medicamentos (incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva).

Tras ser designada al frente de la comisión, Fein agradeció la responsabilidad conferida y destacó la “madurez de distintos sectores” para acordar un mecanismo de consenso para definir la conducción.

En tanto, la santafesina reafirmó su compromiso de involucrar a familiares de las víctimas, y anticipó que las próximas reuniones (que se desarrollarán los martes a las 12 hs) estarán dedicadas a escuchar sus testimonios.

“Queremos acompañar la situación de las victimas. Queremos esclarecer estos hechos, ver las responsabilidades administrativas y aportar propuestas”, resaltó.

Si bien Fein aclaró que “hay un hecho judicial que está en marcha”, desde el Congreso existe el compromiso y “responsabilidad de hacer un análisis administrativo y político para esclarecer esta situación”.

“Es corto el tiempo, el trabajo tiene que ser intenso para poder llegar a conclusiones como pide la resolución”, advirtió. 

Giudici, que fue la primera que empezó a reunirse con familiares de víctimas para interiorizarse y encarar un trabajo legislativo, ponderó el espíritu asociativo entre las distintas fuerzas políticas, y aclaró que “esta comisión investigadora no aspira a entorpecer (a la Justicia) sino a complementar la causa”.

Tolosa Paz sumó en el mismo sentido: “No nos vamos a entrometer pero tenemos un aporte como legisladores de construir leyes para mejorar el sistema de producción, distribución y comercialización de medicamentos”.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados creó este miércoles la comisión especial de investigación de la tragedia de fentanilo contaminado, luego de que La Libertad Avanza jugara durante semanas a dilatar su aprobación a través del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato, ya había presionado para apurar la creación de la comisión investigadora, pero como el tema tenía giro a la comisión de Asuntos Constitucionales y su titular, Nicolás Mayoraz, no tenía intenciones de dictaminar, el tema quedó inconcluso.

El cálculo del oficialismo era que la oposición utilizaría la comisión investigadora como plataforma para castigar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT) y las fallas en los controles ocurridos durante la actual administración libertaria.

Regalarle ese escenario a la oposición en la antesala electoral, suponían en La Libertad Avanza, sería de una torpeza imperdonable y un tiro en el pie innecesario.

Sin embargo, Silvana Giudici (PRO), una de las primeras en ponerse al hombro el tema con un proyecto propio, trabajó en un anteproyecto junto a Victoria Tolosa Paz y diputados de otros bloques, y logró convencer al oficialismo de que se podía abordar la temática sin poner el acento en una gestión en particular.

El diputado nacional de Democracia para Siempre Pablo Juliano hizo hincapié en la necesidad de incorporar al debate a los familiares de las víctimas directas.

“La calamidad que tuvo que pasar esa gente hasta darse cuenta que su familiar falleció por contaminación de una ampolla contaminada es un infierno”, resaltó.

“Estas muertes fueron apareciendo de manera silenciosa y todavía no sabemos cuántas víctimas hay”, señaló el radical bonaerense.

Por su parte, Fabio Quetglas (UCR) recordó que “el caso del fentanilo es una tragedia que tomó estado público por su volumen, por su impacto”. 

“Discutimos todo el tiempo el tamaño del Estado y nunca discutimos la calidad del Estado”, subrayó el diputado radical.

A su turno, Mónica Fein (Encuentro Federal) dijo que era importante erigir una comisión investigadora porque “la ANMAT, organismo para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, no ha actuado correctamente en la supervisión de este laboratorio”.

“Ha actuado con déficit o tardanza. Queremos escuchar los procesos que se dieron para el control del laboratorio HLB Pharma y Ramallo”, apuntó la socialista santafesina.

Giudici, en tanto, expresó que es fundamental perseguir “la verdad hasta las últimas consecuencias para que los culpables vayan presos”.

“No es solo una crisis sanitaria sino que tiene puntos de contacto con el narcotráfico y vinculación con las acciones y omisiones de los gobiernos en sus distintas instancias”, señaló.

Tolosa Paz afirmó que “tragedias” como las del fentanilo contaminado son “evitables” en “países serios”, donde “hay instituciones” y “una ANMAT que tiene fortaleza”, lo cual no sucede “en la Argentina de (Javier) Milei y (Federico) Sturzenegger”.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que “las más de 100 víctimas y sus familias merecen conocer la verdad y tener justicia por lo sucedido”. 

“Con la investigación no solo debemos determinar responsabilidades, sino también garantizar que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. La salud y la vida de las personas no admiten negligencias ni silencios”, siguió. 

“Ahora la tarea es avanzar con seriedad, transparencia y celeridad. La Comisión tiene que ser un espacio de verdad y de control parlamentario que brinde respuestas claras”, concluyó el presidente de la Coalición Cívica.

Uno por uno: quiénes son los detenidos por la causa del fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, el director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., además de los directores técnicos y accionistas son los apuntados por el juez Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado que cuasó 96 muertes confirmadas y fueron detenidos tras una orden del magistrado.

Además de Ariel García Furfaro, fueron detenidos a fines de agosto sus hermanos, Diego y Damián, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente.

Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas.

Durante años, y más en la actualidad, se lo vinculó con diversas causas, entre ellas la efedrina y narcotráfico. Este miércoles también fue procesado por contrabando.

Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.

Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Es quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.

El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.

Los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados de la adulteración del fentanilo. A esta lista se suma el técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano.

Los tres eran responsables del control de calidad de los productos de los dos laboratorios, por lo que para el magistrado sin dudas sin vinculaciones fueron fundamentales para la circulación de las ampollas contaminadas.

Por último, los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

Con información de agencias.

IG

Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado reclamaron a través de un comunicado que la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz en la última reunión provocó la demora de la creación de la Comisión Investigadora, la cual busca esclarecer responsabilidades y garantizar justicia.

En la carta pública, los familiares expresaron que, en la reunión del 4 de septiembre en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen para la creación de dicha comisión debido a la ausencia del diputado Mayoraz, lo que generó que no se convoque al plenario conjunto.

“Esta falta de convocatoria prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia”, manifestaron en el escrito.

Ante este escenario, reiteraron el pedido de celeridad y compromiso institucional, ya que “cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”.

La carta fue adjuntada a Mayoraz, donde desarrollaron los puntos esenciales de esta comisión y la necesidad del compromiso por parte del diputado.

“Confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado”, detallaron.

Mayoraz es diputado nacional por Santa Fe por La Libertad Avanza, preside en la Cámara baja la Comisión de Asuntos Constitucionales y se define en sus redes sociales como “argentino y de derecha”.

Qué le piden a mayoraz

“Solicitamos su colaboración urgente para:

La carta completa

Qué pasa con la comisión

La oposición se despachó el pasado 4 de septiembre con fuertes críticas hacia el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, por no convocar a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que hubiera permitido acelerar el proceso de creación de una comisión investigadora vinculada a las muertes por fentanilo contaminado.

Esto es así porque la comisión cabecera para tratar los distintos proyectos presentados (inclusive uno de una aliada del oficialismo como Silvana Giudici) es Asuntos Constitucionales, por lo que hubiera sido necesario que santafesino libertario citara a una reunión conjunta con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para avanzar con la firma de los dictámenes.

Así las cosas, a la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión.

El problema es que todo este recorrido largo consumirá tiempo valioso, y tampoco está claro cuando habrán condiciones políticas de abrir el recinto para una próxima sesión.

El objetivo es que la comisión investigadora pueda darse un proceso serio de investigación y concluir su tarea antes del recambio legislativo, por lo que de poco serviría poner en funciones este cuerpo especial en octubre y dictaminar a las apuradas, dada la urgencia que tiene darle una respuesta institucional a los familiares desde el Congreso nacional.

El cálculo del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como plataforma para castigar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT) y las fallas en los controles ocurridos durante la actual administración libertaria.

Regalarle ese escenario a la oposición en la antesala electoral, suponen en La Libertad Avanza, sería de una torpeza imperdonable y un tiro en el pie innecesario.

Lospennato quedó en un lugar incómodo, porque perteneciendo a un bloque aliado al oficialismo como el PRO tuvo que salir a poner la cara para aclarar que le había enviado tres notas a Mayoraz con el pedido para que activara el trabajo conjunto, y además se permitió una crítica al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por darle giro de cabecera a Asuntos Constitucionales y no a la comisión de Peticiones que ella preside.

La diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll fue una de las primeras en quejarse por la actitud de Mayoraz.

“Este caso necesita resolución rápida. Hay que tener un familiar muerto por fentanilo, ¿me entendés?. Parecen que son de plástico”, recriminó. 

“Yo soy de las enfermeras que cuando van a destapar el fentanilo piensa si no va a matar un paciente. Para esto debería venir y después que se vuelva a ir. Si hay autos de la cámara que los llevan y los traen. Hay que reclamarle que venga”, le transmitió a Lospennato.

En la misma sintonía, su compañero de bloque, Christian “Chipi” Castillo, expresó que “habiendo presentado todos los espacios políticos la necesidad de una comisión investigadora, resulta muy llamativa la negativa del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales a hacer la reunión”. 

“Él debería dar el motivo político. El primer proyecto lo presentó una diputada alineada con el oficialismo (por Giudici). Aparentemente todos queremos investigar algo que tiene una enorme gravedad. Los familiares, algunos con los cuales hablé, tienen un interés muy grande de que acá se investigue”, resaltó. 

“Hay miembros del oficialismo en esta reunión y deberían explicar la negativa que han tomado. Han cerrado todas las comisiones que presiden, como la de Libertad de Expresión, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Nos retrasan como 20 días o un mes. Deberían dar explicaciones políticas de por qué hoy no está Mayoraz y que esto no sea un plenario de comisiones”, insistió el dirigente del PTS.

A su turno, Giudici explicó que “todos queremos que los responsables vayan presos” e indicó que ella personalmente se viene ocupando desde el 29 de mayo.

“No quería dejar la sensación de que hay un grupo del oficialismo o de los aliados del oficialismo que no queremos trabajar”, aclaró.

Pese a la imposibilidad de dictaminar por la falta de voluntad de Mayoraz, la comisión de Peticiones avanzó con la presentación de dos anteproyectos con firmas, que difieren especialmente en la metodología de integración de la comisión investigadora.

Lospennato propuso que se trabaje sobre la base de una comisión regular, como indica el reglamento, con 31 integrantes y con un criterio de proporcionalidad D´Hont y sujeto a implementación por parte de la Presidencia de la Cámara.

Castillo pidió que se reserven lugar para los bloques chicos que, como la izquierda, mostraron mayor interés y presentaron proyectos.

La diputada del PRO le aclaró que eso es lo que se suele hacer como costumbre, y Paula Penacca (Unión por la Patria) propuso que los bloques más grandes que cedieran espacios que le corresponderían por D'Hont pudieran elegir a qué fuerzas políticas otorgarles esos lugares según criterios de afinidad política.

Lo que la camporista quiere resguardar es que si Unión por la Patria decidiera hipotéticamente ceder un lugar, que ese espacio no sea otorgado por Menem a un representante de un bloque que tenga una postura política diametralmente opuesta, como podría ser el caso de La Libertad Avanza.

“Si nosotros tardamos muchas semanas en ponernos de acuerdo sobre la integración nos va a pasar que vamos a llegar a fin de año sin completar la integración y no le vamos a dar respuesta a nadie”, advirtió Lospennato.

El debate por el fentanilo

El diputado nacional de la UCR Fabio Quetglas planteó que “acá hay una primera víctima que es la víctima de la tragedia que falleció o padeció lesiones y hay una segunda víctima que es el profesional de la salud que tiene que volver a intervenir y abrir un frasco de anestesia”. 

“El punto nodal de un sistema de salud es la confianza. Sin confianza, el sistema de salud colapsa”, advirtió.

Continuó en el uso de la palabra la ex diputada del PRO y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos (organismo creado por una ley del 2018), María Luján Rey, quien fue invitada a la reunión por Lospennato. 

“El contacto que tenemos con las víctimas es el de asesorar, acompañar, impulsar aquellas inquietudes o proyectos que nos acerquen y derivar al Ejecutivo que es el que tiene que dar respuesta”, explicó la madre de un joven fallecido en la tragedia de Once del 2012.

En tanto, Rey señaló que “hoy el fentanilo tiene víctimas diseminadas por todo el país. a diferencia de lo que nos pasó a nosotros que nos ocurrió en un solo momento y un solo lugar”.

“Cada familia está atravesando un momento de duelo diferente. No podemos esperar que todos estén en el mismo momento, con las mismas fuerzas y con las mismas ganas”, analizó.

Y agregó: “Cada familia decide que es lo que quiere hacer con lo que le ha sucedido .Es respetable y no se pueden emitir juicios de valor”.

A su vez, Rey apuntó sobre la responsabilidad del Estado en dar una respuesta integral inmediata sin esperar a que surja espontáneamente de la víctima.

“Hay gente que ni siquiera sabe que necesita ayuda. No hay que estar esperando que la víctima logre sobreponerse y vaya y pida un psicólogo o psiquiatra. Muchísimas veces creen no necesitar nada. Pero muchas veces los problemas aparecen mucho tiempo después. Lo hemos visto en Cromañon, en Once, los suicidios, las depresiones, las enfermedades que devienen”, manifestó. 

Y sostuvo que “todo ello es prevenible con una atención integral inmediata. Esa se la debe proveer el Estado”. 

“Muchas veces requiere de muy poco esfuerzo y simplemente de voluntad política”, añadió, y agregó que más allá del número 149 y del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima “cada provincia tiene sus organismos de asistencia a la víctima como para poder dar respuesta de manera más inmediata”. 

“Se que algunos están recibiendo algún tipo de asistencia en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto tiene que ser de manera sistemática, no porque conocen a alguien o porque de casualidad llegan”, enfatizó.

Por su parte, Lospennato afirmó que en el caso del fentanilo “no hay dudas de que hubieron acciones u omisiones que corresponden a este período de Gobierno en su facultad de control pero tampoco hay dudas de que ese laboratorio no es la primera vez que incumple”.

“La investigación no puede detenerse en la responsabilidad de cuatro funcionarios. Si nos interesa la verdad tenemos que investigar todo y no con un parche en el ojo”, enfatizó.

“Por eso nosotros estamos poniendo que el periodo de investigación también incluya sobre como se habilitó este laboratorio porque yo me permito creer que esto no empezó en diciembre de 2023 y que es muy probable que hubiera connivencia antes con estas personas”, cerró.

Con información de agencias.

IG

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por el fentanilo adulterado en la Argentina. En el comunicado difundido, señala que la última información que se tiene es que varios lotes del opioide del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A., de Ariel García Furfaro, están contaminados y, por lo tanto, deben retirarse del mercado.

Se trata de la alerta 4/2025 en la que se detalla la existencia de informes relativos a un brote mortal de infecciones bacterianas en la Argentina vinculado a un lote de FENTANILO HLB inyectable (lote 31202) contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos.

“Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”, describieron las autoridades de la OMS

De este modo, recomiendan encarecidamente extremar la precaución: “No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”.

En el escrito indicaron que estos productos contaminados “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables”.

Ante este escenario y para proteger a los pacientes, expresaron que es fundamental detectar y retirar de la circulación estos productos de calidad subestándar.

“La OMS aconseja redoblar la vigilancia y la diligencia en las cadenas de suministro de aquellos países y regiones que puedan verse afectados por estos productos de calidad subestándar. También se aconseja aumentar la vigilancia del mercado informal o no regulado”, destacaron.

A su vez, instan a las autoridades de salud, los organismos nacionales de reglamentación y los cuerpos de seguridad a que, si estos productos se detectan en su país, lo notifiquen inmediatamente a la OMS.

Por último, recomiendan a las personas que estén en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen.

Si usted o alguien a quien conozca los ha utilizado o los pudiera haber utilizado, o si ha sufrido algún evento adverso o algún efecto secundario inesperado tras su uso, consulte de inmediato a un profesional de la salud cualificado o póngase en contacto con un centro de toxicología.

Con información de la agencia NA

El Gobierno determinó limitar preventivamente las funciones a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, por su actuación en el caso del laboratorio fabricante del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas, según se indicó en la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial.

En la misma, se especifica que el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió “limitar, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de la doctora Gabriela Carmen Mantecón Fumado en el cargo de Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos unidad dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, Categoría Profesional Superior, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud la que fuera dispuesta mediante la Decisión Administrativa 250 del 30 de marzo de 2023”.

Fuentes del Gobierno indicaron que la decisión se tomó tras la reciente filtración revelada por un medio de comunicación de un documento al que el INAME no le habría dado el trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado.

En tanto, se supo que el sumario administrativo interno en el organismo —cuyas actuaciones son secretas— y la investigación judicial, continúan por vías paralelas, mientras que el sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME.

Con información de NA.

IG