La querella y la fiscalía en el caso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente que fue asesinado en 1984 y cuyos huesos fueron hallados más de 40 años después en una casa de Coghlan, apelaron el sobreseimiento de Cristian Graf, el ex compañero de escuela que estaba acusado del delito de encubrimiento.

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, apeló a último momento el sobreseimiento de Graf, el cual fue dictaminado por el Juez Alejandro Litvack. La misma resolución la realizó la querella, integrada por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima.

Por el lado del representante del Ministerio Público Fiscal, López Perrando explicó que “el delito de encubrimiento es un delito autónomo” que debe analizarse “de forma separada”.

“Entiendo que si bien resulta claro que el homicidio de Diego Fernández habría ocurrido hace más de 40 años, con todo lo que ello implica […] no es menos cierto que al no contarse con una imputación formal dirigida hacia un presunto autor, no resulta prudente considerar que la acción prescribió, ya que -por ejemplo- la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción. De tal modo la falta de autor impide la declaración de prescripción que necesariamente debe formularse en concreto”, señaló el fiscal.

López Perrando recordó que el hallazgo de los restos óseos se produjo el 20 de mayo de 2025 cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748, lindera a la vivienda del acusado.

“En primer lugar, nadie de esa casa llamó a la Policía. El hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era, más bien, el efecto de la mala fortuna”, remarcó.

A su vez, expuso que “el nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín, explican el conocimiento previo de la fosa por parte de Graf y su intención de que permaneciera oculta”.

Luego, en su escrito, afirmó que, una vez encontrados los restos el 20 de mayo, “su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora”.

El fiscal hizo hincapié en que, en este caso, el encubrimiento se dio en una acción continuada que, a lo sumo, recién cesó con el hallazgo de los restos el 20 de mayo y que, por ello, no se encuentra prescripto.

Por el lado de la querella, manifestaron que se encuentran “frente a una persona que no recuerda nada. No recuerda la desaparición de mí hermano, no recuerda a sus compañeros de colegio, no recuerda el nombre del abogado que lo asesoró ni bien inició el presente caso; sin siquiera -pareciera-hacer un esfuerzo para recordar”.

“No sólo estos restos permitieron probar que mi hermano había recibido una herida corto punzante, sino que también vimos cómo los especialistas del Equipo de Antropología Forense nos explicaron que Diego había sufrido muchos cortes de manera que se podía concluir que se pretendió desmembrarlo, como así también describieron cómo es que se lo había ocultado todo este tiempo”, señalaron.

En su escrito, expresaron el enojo por 41 años que no hubo novedades en la causa: “En nuestro caso, a lo largo de estos más de 40 años, los órganos del Estado no han profundizado, ni indagado mínimamente el contexto en el cual se produjo, primero la desaparición de Diego -que incluso le costó la vida a su padre -y ahora la confinación de su muerte violenta, con el enterramiento del cadáver en el jardín de uno de sus compañeros de escuela”.

“No sabemos nada de la familia Graf, de sus antecedentes y del modo de vida de sus integrantes al momento de los hechos. Por ahora lo único que tenemos es una especie de amnesia del principal imputado, que no recuerda siquiera la desaparición de Diego, en cambio rememorada ampliamente por todos sus compañeros de grado”, sumaron.

“Esta situación debe ser revertida y debe avanzarse en el esclarecimiento de la verdad de todo lo acontecido, pues en caso contrario quedará en evidencia la responsabilidad del Estado argentino en una flagrante violación de los derechos humanos de la familia Fernández Lima”, concluyeron.

Todos los argumentos de la apelación

En primer término, López Perrando explicó que “el delito de encubrimiento es un delito autónomo” que debe analizarse “de forma separada”.

“Entiendo que si bien resulta claro que el homicidio de Diego Fernández habría ocurrido hace más de 40 años, con todo lo que ello implica […] no es menos cierto que al no contarse con una imputación formal dirigida hacia un presunto autor, no resulta prudente considerar que la acción prescribió, ya que -por ejemplo- la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción. De tal modo la falta de autor impide la declaración de prescripción que necesariamente debe formularse en concreto”, señaló el fiscal.

En el mismo sentido, citó jurisprudencia de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que, en un fallo de 1990, señaló: “A los fines del delito de encubrimiento, si bien no es necesario que se individualice al autor o a la víctima del delito anterior […], es forzoso, en cambio, que el delito encubierto haya sido acreditado en su existencia objetiva, lo cual puede hacerse inclusive dentro del mismo proceso contra el encubridor”.

Con ese argumento, López Perrando afirmó en su apelación que “el homicidio de Diego Fernández y su posterior enterramiento en el inmueble de la Av. Congreso 3742, de esta ciudad, se encuentra por demás acreditado”.

Para López Perrando, del análisis integral de los elementos reunidos surge que “el delito encubierto es el homicidio de Diego Fernández, ocurrido hace más de cuatro décadas, y si bien de momento no resulta posible atribuir autoría determinada, sí es posible sostener con razonable grado de probabilidad que el hecho tuvo lugar en el interior de la finca donde fuera encontrado el cuerpo”.

“Existe una afirmación insoslayable y es que Diego Fernández fue asesinado tras ser atacado con un elemento cortopunzante, luego se lo intentó desmembrar para ocultar el cadáver y finalmente fue ocultado a partir de su enterramiento en los fondos de la vivienda habitada desde aquel entonces y hasta el presente por N.C.G.”, agregó el fiscal.

Las conductas atribuidas al imputado

El fiscal recordó que el hallazgo de los restos óseos se produjo el 20 de mayo pasado cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748, lindera a la vivienda del acusado. Destacó un informe clave del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, tras la excavación, determinó que “el enterramiento original se encuentra completamente ubicado dentro del predio contiguo”, es decir, en el jardín de la casa del imputado, en avenida Congreso 3742.

“En primer lugar, nadie de esa casa llamó a la Policía. El hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era, más bien, el efecto de la mala fortuna”, señaló el fiscal.

Luego, recordó que la investigación acreditó que los restos pertenecían a Diego Fernández, quien había sido compañero de colegio del imputado N.C.G. en la escuela ENET N°36, y que ambos cursaron juntos el segundo año del secundario en 1983. La fiscalía calificó como “inverosímil” la versión del acusado en su declaración indagatoria, donde afirmó no recordar a Fernández, desaparecido en 1984, ni a otros compañeros de clase.

López Perrando repasó una serie de testimonios de empleados de la obra que declararon que antes del hallazgo de los restos, el acusado les pidió especial cuidado con un árbol que estaba próximo al sitio donde luego aparecieron los huesos.

“El nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín, explican el conocimiento previo de la fosa por parte de G. y su intención de que permaneciera oculta”, indicó el fiscal.

El representante del MPF luego afirmó que, una vez encontrados los restos el 20 de mayo, “su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora”.

La apelación detalla que, ante el hallazgo de los restos, N.C.G. intentó persuadir a los presentes de que esos huesos podían resultar antiguos y dio tres posibles explicaciones: que en el lugar había funcionado antiguamente una iglesia y podría ser una tumba, que también se había situado un establo y, por último, que cuando se construyó la pileta en el jardín, se había pedido un camión de tierra que pudo eventualmente haber traído y depositado los huesos.

“Las manifestaciones de N.C.G. resultan no solo absolutamente inverosímiles, sino que denotan un claro conocimiento previo de la existencia de esos restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención y generar hipótesis falsas”, sostuvo el fiscal.

Agregó que “su conducta encuadra exactamente en la figura del encubridor: no solo pretende obstaculizar el acceso a la verdad, sino que promueve, de manera directa, la impunidad de los autores y partícipes del homicidio”.

Respecto al argumento del juez sobre que las manifestaciones de N.C.G. a los obreros no eran idóneas para desviar la investigación, pues la policía ya estaba allí, López Perrando señaló que discrepaba “radicalmente” al entender que la pesquisa “recién se había iniciado” y que las expresiones del sospechoso estaban “indudablemente destinadas a justificar la presencia en el lugar de esos restos óseos”.

El fiscal también hizo hincapié en que, en este caso, el encubrimiento se dio en una acción continuada que, a lo sumo, recién cesó con el hallazgo de los restos el 20 de mayo y que, por ello, no se encuentra prescripto.

“Entiendo que el enterramiento de la víctima dentro del predio de Av. Congreso 3742 y el mantenimiento de la fosa bajo cobertura vegetal, sumados a las conductas de vigilancia e indicaciones para impedir intervenciones sobre el sector, constituyen una confirmación de ese ocultamiento prolongado”, explicó.

“A Diego Fernández lo volvimos a matar”

En el tramo final del recurso, el fiscal López Perrando se permitió realizar una reflexión sobre el impacto en la familia de la víctima sobre el devenir de la investigación y el sobreseimiento dictado a favor del acusado. “Ellos se enteraron de la aparición de su familiar hace menos de seis meses, aun cuando lo buscaron por más de 41 años. Debe resultarles inconcebible comprender que la ley beneficia con una desvinculación permanente, a las personas que lo mataron, enterraron y ocultaron en su casa”.

“Resulta incomprensible que el hallazgo sea explicado por su compañero y habitante de esa casa, relatando una ajenidad inexplicable […] ¿Es que no hay nadie allí que se apiade y diga la verdad, por dolorosa y cruel que sea, para que la familia Fernández tenga al menos la tranquilidad espiritual de saber la razón por la cual una vida tan joven fue truncada?”, se preguntó el fiscal.

Por último, López Perrando afirmó: “Pienso, como corolario, que a Diego Fernández lo volvimos a matar”, y tras afirmar que varios actores hicieron correctamente su trabajo -los obreros, la policía, los vecinos, los peritos, etc.-, señaló que “le llegó el turno a la justicia para que haga lo suyo”.

“Lo único que sucedió fue simplificar la imputación sin atender a muchos de los considerandos que aquí enumero para resolverla sin más. Hay una verdad pudriéndose en el alma de los participantes de este homicidio y estamos a la puerta de escucharla de boca de quienes la saben. Clausurar esta investigación no puede ser la respuesta a este suceso”, concluyó.

El fiscal solicitó finalmente que se revoque el sobreseimiento y se continúe con la investigación. “Contamos con elementos suficientes para continuar con el proceso”, dijo y sugirió que ante la complejidad del caso, se debería “avanzar al estadio del juicio oral”.

Con información de NA y Fiscales.gob.ar.

IG

Cristian Graf, el hombre que estaba acusado de encubrimiento por el crimen de Diego Fernández Lima en 1984 en una casa de Coghlan, fue sobreseído de la causa por el juez Alejandro Litvack tras su indagatoria, confirmaron fuentes del caso.

En la resolución, el juez explicó que cuando Graf arribó a su domicilio -lindante con la obra-, “la investigación ya estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión, y hasta incluso estaba interviniendo la policía científica en la recopilación de los huesos”.

“Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”, sumó.

En este sentido, remarcó que “no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas”.

“Esta defensa trabajó muchísimo para lograr está resolución la cual esperábamos y recibimos con satisfacción”, expresó el abogado Martín Díaz.

Días atrás, el defensor había anticipado con entusiasmo que su defendido iba a quedar sobreseído al calificar de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho y suprimido las evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”.

En este sentido, informaron que la querella y el fiscal Martín López Perrando tienen tres días para apelar la resolución del juez, aunque estiman que este último no lo hará debido a que “ya que no intervino, ni apareció más”.

“Junto con la disposición vamos a solicitar que se haga la declaración que este proceso no afectó ni al buen nombre ni al honor que gozaba el señor Graf”, sumaron.

El adolescente, de 16 años, desapareció en julio de 1984 y en mayo de este recién, más de 40 años después, sus huesos fueron hallados en el patio de la vivienda donde vive Graf, ex compañero de colegio de la víctima.

Javier Fernández Lima, el hermano del damnificado, expresó su “dolor” por el fallo: “Siento tristeza, mucha tristeza, impotencia, bronca e indignación”.

El hombre confirmó que recurrirá la decisión de Litvack junto a López Perrando -titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61-: “Obvio que vamos a apelar”.

Además, sostuvo que su madre “no lo puede creer como todo el mundo” porque “le asesinaron al hijo y nadie hace nada”.

Graf, por su parte, manifestó que “ahora” está “tranquilo” ya que el magistrado “se dio cuenta” de que “no es culpable”, pero reconoció su “enojo” por “las acusaciones truchas”: “Inventaron cosas”.

“El resto fue todo inventado”, insistió el dueño de la vivienda donde aparecieron los huesos de Fernández Lima, quien jugaba al fútbol en Excursionistas y asistía a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.

Con información de la agencia NA

“Pido justicia. Mató a mi hijo. ¿Por qué lo mató? ¿Qué pasó? Estoy con pena, llorando, recordando”. La madre de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años asesinado en 1984 y cuyo cuerpo fue descubierto meses atrás en una casa de Coghlan, rompió el silencio este viernes, el mismo día en que su excompañero del colegio Cristian Graf declara en la justicia.

Irma Lima, apodada “Pochi” por su familia, apuntó directamente contra Cristian y su padre ya fallecido. Graf está imputado por encubrimiento agravado ya que en su casa se encontraron los restos óseos de Diego Fernández 41 años después de desaparecido. 

“Este hombre no tiene porqué estar suelto”, señaló Irma en diálogo con radio Mitre, donde contó cómo fueron los años de búsqueda de su hijo, al punto que en su casa aún conserva la habitación donde dormía Diego Fernández. “Fue desesperante, acá del balcón esperando que volviera. Ahora lo tengo muerto. No lo tengo más”, concluyó.

Irma y Juan Benigno Fernández, su marido, denunciaron en su momento la desaparición de su hijo en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”. La familia inició una búsqueda por su cuenta, repartiendo panfletos y acudiendo a los medios. 

El padre de Diego murió en 1986 sin saber qué había pasado con su hijo hasta que este año una casualidad dio con su cuerpo: el 20 de mayo pasado, un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad de la avenida Congreso 3748 descubrió los restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70. El caso tomó trascendencia porque al lado de los Graf vivió el músico Gustavo Cerati.

Hoy Graf se presentaba a indagatoria ordenada por el juez Alberto Litvack a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. El hombre, de 58 años, está acusado de haber realizado maniobras para encubrir el crimen ocurrido hace casi cuatro décadas.

Graf fue compañero de colegio de Diego Fernández y el joven fue visto cerca de la casa en Coghlan por última vez antes de su desaparición el 26 de julio de 1984.

La defensa del acusado sostuvo que “Graf se va a presentar y va a responder libremente todo lo que le pregunté el fiscal como así también el juez”. En la previa a la audiencia, los abogados defensores de Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, presentaron un escrito para que el juez rechace la medida cautelar solicitada por la familia de Fernández Lima, que busca impedir cualquier modificación en la casa para preservar pruebas clave.

El fiscal sostiene que la presencia del cuerpo enterrado en una casa habitada de forma continua “resultaría suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

MC

Cristian Graf, el excompañero de Diego Fernández Lima cuyos restos óseos aparecieron en un chalet del barrio porteño de Coghlan luego de 41 años, prestará declaración indagatoria el próximo 17 de octubre por el delito de encubrimiento.

El juez Alberto Litvack aceptó el pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, para que el sospechoso de 58 años comparezca en la Justicia.

De acuerdo a la información del sitio fiscales.gob.ar, Graf será indagado por presunto encubrimiento y supuesta supresión de evidencia, ilícitos que contemplan penas de uno a seis años de prisión y un mes a cuatro años, respectivamente.

López Perrando consideró que luego del hallazgo el implicado “realizó maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, como, por ejemplo, el comportamiento evasivo frente a testigos y autoridades, y la actitud pasiva ante el descubrimiento de los huesos.

Para el funcionario judicial, el hombre “comenzó a interesarse” en el caso cuando se confirmó la identidad de la víctima, quien en 1983 fue su compañero durante el segundo año de de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown”.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó que “la sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua e ininterrumpida por una misma familia, resultaría suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

A pesar de que la causa está prescripta, el fiscal insiste en darle respuesta a los familiares del adolescente después de décadas de incertidumbre.

Diego Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus huesos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati (fallecido el 4 de septiembre de 2014) entre 2001 y 2003.

Con información de la afencia NA

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, rompió el silencio este jueves, varias semanas después de haberse identificado el cuerpo del joven que hallado en su casa en el barrio porteño de Coghlan y que había desaparecido en los años 80.

El hombre aseguró que no tenía relación con la víctima, pese a que compartieron el colegio secundario: “Nunca tuve contacto con Diego ni con su familia. No éramos amigos y no recuerdo la última vez que lo vi. No sé cómo llegó el cuerpo ahí. Tengo la conciencia limpia y mi familia también”.

Sobre el lugar donde aparecieron los restos, Graf mostró ante las cámaras del canal TN la medianera que comparte con una casa vecina: “El cuerpo aparece abajo de la ligustrina, cuando estaba haciendo la medianera. La pileta del lugar está hace 20 años. La pared era todo ligustrina con alambre y las plantas que están ahora son nuevas”.

Graf negó vínculos con la víctima y rechazó las acusaciones: “Me acusaron de tirar tierra en el terreno, pero eso no es cierto. Me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, es raro”.

También descartó la participación de su padre, además de la posibilidad de haber tenido una moto, ya que era una de las pruebas que lo unía a Diego. “Nunca tuve carnet de conducir motos, no me gustan. No recuerdo la desaparición de Diego”, dijo el principal sospecho. Ayer el juez de la causa, Alejandro Litvack, rechazó llamarlo a indagatoria, pese al pedido del fiscal Martín López Perrando por los supuestos delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia al sostener que el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”, que data de 1984.

Graf intentó expresa su angustia por la situación este jueves: “Siento impotencia, me gustaría tener una respuesta para la familia Fernández, pero no la tengo”. “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el acecho mediático. Nos sentimos señalados por los vecinos y por todos en general”, agregó el hombre.

En tanto, su esposa, Analía, salió en su defensa y manifestó: “La persona que lo conoce sabe que es bueno. Lo voy a bancar siempre, mi hijo es fuerte y cree en el padre. Ni mi suegro ni mi esposo son capaces de matar ni una mosca”. Finalmente, los abogados de Graf manifestaron que confían “en la Justicia”.

MC