Luego de que el Gobierno de EE.UU. designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el Departamento de Justicia estadounidense dio un giro en el plano judicial al rebajar esa figura a un “sistema de clientelismo” y eliminar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder de ese grupo narcotraficante.

El Departamento de Estado confirmó el 24 de noviembre de 2025 la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas tras haberlo catalogado en julio como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La medida dio al Gobierno del presidente Donald Trump herramientas adicionales —sanciones financieras, persecución penal ampliada y cooperación internacional reforzada— para aumentar la presión contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Un grupo disputado

Aunque funcionarios estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de una red integrada por militares venezolanos —cuyo nombre alude a los soles que identifican el rango de los generales—, las investigaciones se formalizaron en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

En ese momento, el Departamento de Justicia señaló a Maduro y a altos cargos del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, como líderes de ese grupo narcotraficante, y ofreció recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Venezuela siempre negó de forma categórica la existencia del Cartel de los Soles y acusó a EE.UU. de fabricar un expediente para desestabilizar al país y derrocar al chavismo.

Para el centro de estudios InSight Crime, el Cartel de los Soles “no es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos”.

“Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos”, añade.

Colombia también rechaza que se trate de una organización real. Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, ese cartel “no existe” y el tráfico regional de cocaína responde a redes criminales transnacionales con centros de operación fuera de Latinoamérica.

En contraste, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, en línea con la Administración Trump, han reconocido al grupo como organización terrorista.

Desde agosto, EE.UU. mantiene más de 4.000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, en el marco de su lucha contra el tráfico de drogas que ha llamado 'Lanza del Sur'.

El Pentágono asegura que, en el marco de esa campaña iniciada en septiembre, ha destruido más de 30 embarcaciones y causado la muerte de más de un centenar de personas, a las que vinculó con el narcotráfico, en operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.

Trump ha defendido públicamente el despliegue como parte de una ofensiva para “descabezar” el Cartel de los Soles, al que también acusa de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos.

Un giro clave en la acusación

Sin embargo, en la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, desaparecieron la mayoría de las alusiones al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada.

A diferencia de la acusación de 2020 —en la que el término aparecía decenas de veces—, el documento actualizado solo lo menciona en dos ocasiones y ya no presenta a Maduro como su líder.

La Fiscalía mantiene los cargos por tráfico de drogas, pero ahora habla de un “sistema de clientelismo” en el que “poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios criminales”, y señala que esas ganancias van a funcionarios corruptos que “operan en un sistema dirigido desde la cima, conocido como el Cartel de los Soles”.

Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante la Justicia estadounidense este lunes. El mandatario venezolano se declaró no culpable y afirmó ser “un prisionero de guerra”.

Argentina declaró en agosto al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal

El Gobierno argentino dispuso en agosto pasado la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

“Del lado correcto de la vida”, había destacado entonces el presidente Javier Milei al referirse al anuncio desde sus redes sociales.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, había expresado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde sus redes sociales.

Por su parte, quien era ministro de Defensa, Luis Petri, había señalado que Argentina “dio un paso histórico al declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Con el presidente Milei protegemos a los argentinos y cerramos filas contra el crimen organizado que amenaza la región”, añadió en agosto desde sus redes sociales.

La acción se dio en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, adoptada en coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según el informó en aquel momento el Poder Ejecutivo, la decisión se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

El objetivo era “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado”, de acuerdo al texto difundido desde los canales oficiales.

También se proponía reforzar “la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales” y “reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

La inscripción en el RePET habilitó “la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Con información de agencias.

En plena conversación de Acción de Gracias con mandos del Ejército, el presidente de EE.UU. aprovechó para elevar la presión militar sobre Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro. Después de 21 ataques con 83 asesinatos extrajudiciales en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, Donald Trump anunció: “En las últimas semanas, estuvimos trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Ya no llegan tantos por mar. Envían su veneno a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a ocuparnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho. Se detuvo alrededor del 85% por mar. Y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, y eso comenzará muy pronto. Les advertimos. Dejen de enviar veneno a nuestro país”.

Hace unas semanas el Senado de EEUU votó una resolución –War Powers Resolution, WPR– que buscaba frenar un ataque a Venezuela por la vía de exigir una autorización del Congreso para ir a la guerra. Aquella votación tumbó la resolución 49-51, pero con la reapertura de la Cámara de Representantes tras el cierre del Gobierno, se registró una nueva resolución para ser votada a mediados de diciembre. En este caso, no se menciona explícitamente un ataque a Venezuela, sino a los cárteles, lo que puede resultar un error táctico en tanto que los republicanos están expresando muchos menos problemas con los asesinatos extrajudiciales de supuestos “narcoterroristas” que con la idea de meterse en una operación para derrocar a Maduro.

En relación con las presuntas narcolanchas, varios senadores demócratas están pidiendo que se publique el supuesto informe del Departamento de Justicia que supuestamente concede amparo legal a los ataques en el Caribe y el Pacífico.

Existen muchas dudas jurídicas sobre ello, en tanto que la base legal de ese informe, según publica este martes The Guardian es que se trata de un mecanismo de defensa regional ante la amenaza de los cárteles a países aliados como México, y que la violencia está financiada con los cargamentos de droga. Un argumento que difiere del de la Casa Blanca, en tanto que no es el que usa Trump en sus comparecencias públicas, cuando habla siempre de que los ataques buscan evitar la entrada en EE.UU. de cargamentos de drogas “que podrían llegar a matar a 25.000 estadounidenses”.

Y la Administración Trump sigue sin ofrecer una sola prueba de lo que dice en ninguno de los 21 ataques cometidos desde el 2 de septiembre.

“Pocas decisiones son más trascendentales para una democracia que el uso de la fuerza letal. Por ello, creemos que la desclasificación y publicación de este documento es fundamental para reforzar la transparencia en el uso de fuerza mortal por parte de nuestras Fuerzas Armadas, y necesaria para garantizar que el Congreso y el pueblo estadounidense estén plenamente informados sobre la justificación legal que respalda estos ataques”, escriben los senadores demócratas en la carta enviada a la Fiscal General, Pam Bondi, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando la desclasificación y publicación del dictamen escrito por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, se publicó en las últimas horas que quizá Trump esté dispuesto a entablar una conversación con Maduro, cuenta Axios. Una noticia que llega en paralelo a la designación de Maduro como terrorista en tanto que integrante del supuesto cártel de los Soles, una organización fantasma que utiliza Washington para estrechar el cerco sobre los gobernantes venezolanos. Y que también coincide con el hecho de que el general Dan Caine, el estratega militar detrás de la operación de Trump en el cerco a Venezuela, se desplazó a Trinidad y Tobago y a Puerto Rico, donde están estacionados hasta 10.000 soldados, marineros y pilotos en bases militares reacondicionadas después de dos décadas abandonadas.

Al mismo tiempo, el contexto en el que se desenvuelve la Administración Trump es el de que el 70% de la ciudadanía estadounidense se opone a una intervención militar en Venezuela, según una encuesta de la cadena CBS.

“Podría hablar con él, estamos discutiendo eso con los diferentes equipos”, dijo Donald Trump este martes, “quizás hablemos con Venezuela. Si podemos hacer las cosas por la vía fácil, perfecto. Y si tenemos que hacerlas por la difícil, también está bien. No les voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente ya deberían saberlo. Causaron muchos problemas y enviaron a millones de personas a nuestro país”.

En este contexto, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este miércoles que autorizó al Gobierno de Estados Unidos a operar dentro de zonas restringidas del país caribeño en su supuesta lucha contra las presuntas narcolanchas.

Así, Estados Unidos podrá repostar aviones y transportar equipos y personal técnico en zonas restringidas dentro de la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, dijo Abinader, quien hizo el anuncio acompañado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El país que declaró “la guerra contra las drogas” —Richard Nixon, en los años 70— y emprendió con el cambio de siglo una “guerra contra el terrorismo” —George W. Bush, desde 2001— está inmerso ahora en una nueva contienda donde el enemigo es difuso y mutable, en función de las circunstancias: se trata de la guerra contra el “narcoterrorismo”, síntesis de los dos conceptos anteriores, en la que el enemigo principal es hoy, según repite el mandatario estadounidense, Donald Trump, el líder venezolano, Nicolás Maduro. Es él quien está al mando del llamado “Cártel de los Soles”, organización criminal que la gran potencia se apresta a erradicar, a pesar de las dificultades que existen para definir su contorno y jerarquía, e incluso su existencia como tal.

¿Qué es el Cártel de los Soles?

Las primeras referencias al Cartel de los Soles se remontan a los años 90, relacionadas con la connivencia entre elementos militares venezolanos y el negocio del narcotráfico, cuyas redes empezaban a extenderse desde la limítrofe Colombia. Según recuerda un informe de la fundación estadounidense InsightCrime, que sigue la evolución del crimen organizado en América Latina, el nombre hacía referencia al sol de las charreteras de los oficiales de brigada del ejército del país caribeño. El cártel era inicialmente “del sol”, pero pasaron a ser “soles”, en plural, cuando se empezó a señalar la implicación de oficiales de mayor rango, que llevaba dos astros en el uniforme, en lugar de uno.

Es una denominación que se impuso desde fuera para una red criminal compuesta por miembros del ejército venezolano. “Nadie sabe si existe o no existe. Estas redes funcionan así, muy descentralizadas, precisamente por su seguridad. No es una organización compacta. Son grupos que tienen sus relaciones. No hay un solo grupo”, dice Anna Ayuso, investigadora sénior para América Latina del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB) desde 2002. Para Trump y su Gobierno, el Cártel de los Soles es una organización perfectamente jerarquizada con Maduro a la cabeza.

¿Está implicado el Gobierno venezolano?

Ayuso pone en solfa las acusaciones estadounidenses. “Una cosa es que haya generales y un sector del ejército implicados en relaciones con el narcotráfico y otra cosa es que ellos lideren ese cártel. Lo que hacen es negocios: ellos [los militares] proporcionan recursos, hacen la vista gorda, muestran connivencia. [Pero] de que sean ellos los que organicen esa actividad de narcotráfico no hay evidencias. Y mucho menos que sea directamente el Gobierno”, indica.

¿Qué alega EEUU?

Pese al carácter difuso de la organización, EEUU lleva meses cargando las tintas contra el Gobierno venezolano, y, en especial, contra Nicolás Maduro. El pasado verano elevó a 50 millones de dólares la recompensa por proporcionar información que lleve a su detención, y este lunes lo declaró formalmente “terrorista”. Con la denominación de “organización terrorista extranjera” (FTO, según sus siglas en inglés), la gran potencia se dota de mayores poderes para combatirla: puede vetar la entrada o forzar la expulsión de sus miembros del país, impedir que reciban asistencia de nadie que resida en EEUU y evitar que tengan tratos con instituciones financieras del país.

“Señala [a Maduro] como narcotraficante y a partir de ahí le puede imponer una serie de sanciones y estrechar el círculo sobre él. Le afecta a él como persona y a cualquiera con quien tenga negocios, que también puede ser objeto de sanciones. Ahora cualquier actividad financiera puede ser considerada como ayuda al narco. Ese es el salto cualitativo, porque ya estaba sancionado”, detalla Ayuso.

¿Cómo ha respondido Venezuela?

El Ejecutivo venezolano viene negando sistemáticamente las acusaciones sobre sus vínculos con el narcotráfico. El ministro de Interior y Justicia y hombre fuerte del Gobierno, Diosdado Cabello, las tachó el pasado verano de “invento”. Con un portaviones merodeando por sus costas y los misiles estadounidenses hundiendo lanchas de supuestos narcos en el Caribe, Maduro trata en los últimos meses de aplacar el ardor guerrero estadounidense. Avisando de que armará a la población si EEUU se decide a invadir, aviniéndose a negociar “cara a cara” con Donald Trump, o incluso encomendándose a Jesucristo y John Lennon.

La campaña de ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe va dirigida contra otra organización declarada terrorista por Trump, el Tren de Aragua. En este caso, EEUU no alega que Maduro sea el líder, pero sí que controla su actividad. El presidente estadounidense se sirvió de la supuesta presencia de esta banda en su país para azuzar la campaña contra la inmigración irregular.

El frente judicial

Aunque la participación directa de la jerarquía venezolana en el narcotráfico no esté probada, el país ha registrado numerosos casos de corrupción ligada al negocio ilegal. Uno de los casos más sonados fue el del exgeneral chavista Clíver Alcalá, que se entregó en 2020 a la Justicia de EEUU y fue condenado a 21 años de cárcel, tras haberse ofrecido a colaborar.

Otro de los argumentos que sustenta la acusación estadounidense es el testimonio de Hugo Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar venezolana, que rompió con Maduro en 2017. Carvajal se declaró culpable en junio de tráfico de drogas y narcoterrorismo en Estados Unidos, donde está detenido, tras un periplo judicial, donde había sido arrestado en 2019. Pendiente de extradición, huyó de la Justicia hasta su segundo arresto dos años después, momento en el cual se ofreció a colaborar para evitar ser enviado a EEUU. A la Audiencia Nacional le dijo que tenía pruebas de la financiación ilegal de Podemos. Nunca aparecieron.

Terrorismo como cajón de sastre

Trump recurre al comodín del terrorismo con asiduidad desde su regreso al poder. Si Maduro es desde este lunes un líder narcoterrorista, la semana pasada se sumaron a la lista de señalados por este motivo colectivos antifascistas europeos, después de haber sido también señalados los de raíz estadounidense. Al mismo tiempo, el mandatario estrecha relaciones con personas con antecedentes mucho más explícitos, como el presidente de Siria, Ahmed Al-Shara, antiguo miembro de Al Qaeda. “Me cae bien, ha tenido un pasado difícil”, justificó.

Todavía no es terrorista según la clasificación de Trump el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quién EEUU sí ha sancionado por tener supuestos vínculos con el narco. El mandatario se ha revuelto contra las acusaciones publicando sus gastos.

Las incertidumbres sobre la naturaleza y jerarquía del Cártel de los Soles lo convierten en un instrumento dúctil de la política exterior trumpista. La investigadora del CIDOB lo resume con una paradoja: “Lo que define a estos grupos es que no se sabe mucho de ellos”.

El Gobierno dispuso este martes la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como “Cártel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

“Del lado correcto de la vida”, destacó el presidente Javier Milei al referirse al anuncio desde sus redes sociales.

Se trata de la organización vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro, acorralado en términos políticos por el gobierno norteamericano, desde la cual se lanzó una ofensiva en los últimos días que es respaldada por varios países de la región.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, señaló que Argentina “dio un paso histórico al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Con el presidente Milei protegemos a los argentinos y cerramos filas contra el crimen organizado que amenaza la región”, añadió desde sus redes sociales.

La acción se dio en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, adoptada en coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según el informó el Poder Ejecutivo, la decisión se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Con esta medida, la Argentina “fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado”, dice el texto difundido desde los canales oficiales.

También se propone reforzar “la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales” y “reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

La inscripción en el RePET “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Con información de la agencia NA