En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a la reunión del G7 en Italia. Era la segunda vez que se veían. Los abrazos, las reuniones privadas y las declaraciones de trabajo conjunto derivaron en una interpelación del Senado a la presidenta del Consejo de Ministros italiana.

En Argentina, el encuentro no llamó la atención, pero los acontecimientos que se desarrollaron a partir de este sí despertaron gran interés: diez días más tarde, Italia solicitó la detención con miras a la extradición de Leonardo Bertulazzi, un genovés exmiembro de la organización armada Brigadas Rojas que desde hacía 20 años vivía en Buenos Aires con estatus de refugiado. En agosto de ese mismo año, el Gobierno argentino anunció su detención tras retirarle el estatus de refugiado.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la extradición el pasado 1 de julio de 2025 y Bertulazzi, que estaba en arresto domiciliario, fue detenido minutos después en un nuevo operativo en su casa y enviado a prisión. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no ha aclarado la situación sobre el estatus de refugiado del detenido, lo que complica la operación de Milei y Meloni.

Bertulazzi había sido detenido en Italia en 1977 por un accidente con explosivos junto a otros compañeros de la organización. Después, en ausencia, lo acusaron por el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, basados en declaraciones de arrepentidos que no habían participado en el hecho. Pasó dos años detenido y luego fue liberado.

Salió del país en 1980, pasó una década en Centroamérica y luego otra en distintos países de Sudamérica. En 2001 ingresó en Argentina y en 2002 fue arrestado en Buenos Aires por una solicitud de extradición de Italia que, bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi, revivió la búsqueda de miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y 80.

No sabía que en su ausencia, un tribunal genovés lo había juzgado y condenado a 27 años de prisión por “asociación subversiva o ilícita, secuestro extorsivo y falsificación de documentos”. Si bien no se lo acusó de ningún delito de sangre, el argumento fue que el botín del secuestro de Costa se había utilizado para la logística del secuestro del primer ministro Aldo Moro en 1978, que terminó asesinado mientras Bertulazzi estaba preso.

La petición de extradición inicial fue inmediata, pero no pudo avanzar porque la justicia argentina consideró que no había podido ejercer su derecho a defenderse en el juicio que lo condenó y, en cambio, le reconoció el estatus de refugiado bajo el amparo de la Convención Internacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) —luego convertido en CONARE—.

Bertulazzi pasó los siguientes 20 años viviendo en el barrio porteño de San Telmo. Durante ese tiempo, estuvo muy cerca de conseguir la extinción de la pena, y de hecho lo logró, hasta que una nueva oleada de la derecha gobernante en Italia se valió de su encarcelamiento en Argentina para frustrar el intento.

“La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional. Vemos cómo levantan la bandera de la lucha antiterrorista y anticomunista para pasar por encima de las leyes internacionales y destruir el derecho al refugio en Argentina”, denuncia a este diario Rodolfo Yanzón, reconocido abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en su país (1976-1983) que ahora representa a Bertulazzi.

Presión política

La reciente detención de Bertulazzi se festejó a los dos lados del Atlántico: en Italia, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y en Argentina, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expresaron la satisfacción de sus gobiernos y alentaron la extradición inmediata. Mientras tanto, el presidente Milei avanzó en las modificaciones legales necesarias para concretar la expulsión de Bertulazzi.

En septiembre de 2024, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para incluir un representante del Ministerio de Seguridad en la dirección, algo inédito para ese organismo. En octubre, también por decreto, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, en particular los requisitos para otorgar el estatus de asilo. Con esto, el trámite de extradición que se había iniciado en junio a petición de Italia consiguió vía libre de parte de la misma jueza que en 2003 había fallado en contra de la extradición. La decisión llegó en julio de este año

Se trata de la jueza federal María Romilda Servini. “Con Néstor Kirchner como presidente, había rechazado la petición de extradición. Con Javier Milei, se desdijo de sus argumentos y la aceptó. En 2003, el argumento central para conceder el refugio fue la imposibilidad de defenderse en un juicio en ausencia. ”Un juicio basado en los testimonios obtenidos de dos arrepentidos bajo tortura, uno de los cuales luego se desdijo“, explica el abogado de Bertulazzi.

“¿Por qué hoy Servini se desdice? Es inexplicable en términos jurídicos. Esto sólo se puede leer como presión política”, opina Yanzón, que juzga igual la confirmación del fallo de Servini por parte de la Corte Suprema de Justicia: “A los cuatro días de recibir el expediente, casi como para dejar en evidencia que no se tomaron el trabajo de leerlo, resolvieron dar vía libre a la extradición. Es todo una barbaridad”.

El abogado agrega que, de todas formas, “todo el proceso de extradición avanzó de modo irregular, porque tanto la ley de extradición como la de refugio dicen que si el pedido es sobre una persona que tiene estatus de refugiada no debe tener trámite. Y acá la justicia le dio trámite ilegalmente”.

El Gobierno argentino había llevado el caso al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y poder extraditarlo inmediatamente. “La jugada no salió del todo bien, porque si bien resolvieron a favor de la extradición, no resolvieron la cuestión de fondo: Bertulazzi tiene refugio y para quitárselo es necesario llevar el caso a la justicia. Entonces, la lectura que queda es que la Corte falló para avalar el pacto Milei-Meloni”, explica el defensor del ex Brigadas Rojas.

El temor era que con esta decisión, el Gobierno argentino subiera a Bertulazzi a un avión y lo entregara. “Si eso no ocurrió, no fue porque no quisieran Milei y Bullrich, sino porque ACNUR presentó una nota en cancillería en la que advirtió que estaba mirando el caso y su preocupación por la situación de Bertulazzi, que cuenta con refugio bajo amparo de la Convención Internacional”.

Por eso y por lo resuelto por la Corte Suprema, para concretar la extradición es necesario que un juzgado defina el estatus de Bertulazzi. Ese proceso podría llevar años, explican fuentes judiciales. Por eso, organismos y referentes de Derechos Humanos solicitaron que Bertulazzi volviera a la prisión domiciliaria, que tuvo desde septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 —cuando otra vez fue detenido con un gran operativo en su casa—. Esta semana, a petición de la Cámara de Casación Penal argentina, Bertulazzi está de nuevo en prisión domiciliaria.

En sus argumentos, el titular de Casación, Alejandro Slokar, sostuvo que encarcelarlo fue arbitrario, ya que “la protección de refugiado que le fue otorgada en 2004 sigue vigente”. Además, el juez había advertido que Servini “no valoró de manera adecuada la totalidad de la evidencia médica” y remarcó la posibilidad de que Bertulazzi pudiera sufrir otro ACV (accidente cerebrovascular) en prisión: el genovés pasó ocho semanas en una celda de la Policía Federal Argentina durmiendo en un colchón en el suelo, junto a otros cuatro detenidos, sin luz natural, con un baño sin agua dentro y sin lugar para caminar.

El lunes 25 de agosto Servini dio a conocer el fallo en el que acepta los argumentos de Casación y devuelve a Bertulazzi al arresto domiciliario.

Pacto entre ultraderechas

Para los organismos de derechos humanos, tanto la condena dictada en Italia —en un juicio en ausencia— como el dispositivo policial desplegado en Argentina constituyen graves violaciones del derecho internacional. “Bertulazzi no está acusado de ningún delito de sangre y goza del estatus de refugiado a pesar de los intentos arbitrarios del Poder Ejecutivo por desmantelar los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que garantiza la protección a quienes son perseguidos por razones políticas”, denuncian en una carta varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos argentinos y de otros 12 países de América Latina y Europa.

“La convención de Ginebra sancionó el principio del 'non refoulemen' o no devolución. Esto no es letra chica, es el muro que protege vidas frente a la diplomacia de conveniencias. Si lo derribamos, no solo traicionamos a Leonardo: quebramos la confianza en todo el sistema de protección internacional. El caso Bertulazzi no es un expediente más; es una prueba viva de si nuestra palabra vale algo o si termina, empapada y rota, como papel mojado”, señala la misiva.

“Desde nuestra convicción de defender el derecho al refugio e impedir un Estado de Derecho en el que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política, expresamos nuestro más enérgico repudio a esta decisión y exigimos su inmediata revisión”, dice a elDiario.es Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos más reconocidos de Argentina. El CELS participó en la solicitud de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció hace unas semanas que “los derechos de los refugiados en Argentina están en riesgo”.

“El caso Bertulazzi es trascendente para la agenda de los organismos de Derechos Humanos”, remarca Morales, que describe como “totalmente agresiva” la posición del Estado Argentino en la audiencia. “La CIDH se mostró preocupada, pero no va a intervenir mientras esto no pase a una extradición ilegal”.