OpenAI, la empresa de Sam Altman que desarrolló ChatGPT, y la firma Sur Energy, del empresario satelital argentino Emiliano Kargieman, anunciaron este viernes, un día después de la concreción del rescate de EE.UU. a la Argentina, que se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que, según ellos, situaría al país a la “vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”. Ambas empresas han firmado una carta de intención para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora. El clima frío y el suministro de energía son necesarios para mantener estos data centers. Su instalación en países vecinos como Chile han generado, de todos modos, impactos ambientales en términos de energía, agua y ruido molesto, tal como detalló una reciente investigación publicada por elDiarioAR.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina y liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por “fuentes seguras, eficientes y sostenibles”, según ambas empresas.

Estructurado en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud (nube) de primer nivel.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país”, declaró Kargieman. “Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el Estado. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración pública y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, “lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos”, según las compañías involucradas en el negocio.

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por Kargieman y su compatriota Matías Travizano, junto con el estadounidense Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center autodenominados sostenibles porque combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de la IA que dice que su misión es “garantizar que beneficie a toda la humanidad”. OpenAI ofrece modelos de IA de última generación, como ChatGPT y API empresariales, que “están transformando la forma en que las personas trabajan, aprenden e innovan en todos los sectores de la sociedad”, según relata la firma.

AR/CRM

En una audiencia ante el Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, puso a Paraguay en el centro de una estrategia energética global. Dijo que, ante la creciente demanda de electricidad que impondrán los centros de datos para mantener operando a la inteligencia artificial, será clave asociarse con países que tengan excedentes. Según Rubio, nuestro país dispone de una porción significativa de energía hidroeléctrica que ya no exporta tras el vencimiento de un acuerdo con Brasil —en referencia al Anexo C del Tratado de Itaipú, que está pendiente de revisión—.

«Por lo tanto, alguien inteligente irá a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial», afirmó el secretario de Estado.

Aunque la expresión inteligencia artificial parece evocar un universo abstracto, su funcionamiento depende de una infraestructura profundamente material: tierra, agua y mucha energía. Es esta misma dependencia la que conecta la visión de Rubio con Paraguay. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los centros de datos duplicarán su demanda eléctrica global hacia 2030, alcanzando 945 teravatios hora (TWh), un poco más que el consumo eléctrico de Japón. El crecimiento, dice, estará impulsado por la expansión de la IA.

La experiencia de Paraguay con la criptominería refleja ese mismo contraste entre lo intangible y lo material. Lo que llaman minar implica que miles de computadoras funcionen sin pausa para resolver operaciones matemáticas y obtener criptomonedas. La búsqueda de “oro digital” exige un consumo constante y desmesurado de electricidad; y de eso el país todavía dispone, gracias a sus excedentes hidroeléctricos.

Esos remanentes no son menores. Paraguay cede la energía que no utiliza a Argentina y Brasil, sus socios en las hidroeléctricas binacionales Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Les vende esa electricidad a precios preferenciales, por debajo del valor de mercado, lo que ha generado históricos cuestionamientos. Aun así, el aporte de esa venta es importante: después de la soja y la carne, la energía es la tercera exportación paraguaya.

Entre las binacionales, la central de Itaipú sobre el río Paraná destaca como una de las mayores productoras de energía renovable del mundo, cubriendo 9 % del consumo eléctrico brasileño y 86 % del paraguayo. Su magnitud también la convierte en un recurso estratégico para los criptomineros. Solo este año, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta que el sector demandará unos 950 megavatios, lo que redituará a la empresa estatal entre 200 y 250 millones de dólares. Para hacernos una idea, esa cantidad de energía sería suficiente para abastecer a unos dos millones de habitantes: un tercio de la población paraguaya.

Al consumo eléctrico intensivo y la baja generación de empleo, se suman conflictos en las comunidades. Encontramos que el ruido incesante de una criptominera estadounidense aturde a un barrio de Ayolas, mientras las autoridades locales miran hacia otro lado; tal como ocurrió con vecinos de Villarrica, cuya historia publicamos en nuestra edición de junio. Este reportaje forma parte de la investigación La mano invisible de las big tech, liderada por Agência Pública de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reunió a diecisiete medios de quince países, con el apoyo de la organización Reporteros sin Fronteras.

En medio del interés creciente por una energía que escasea a nivel global, la criptominería parece anticipar el escenario que nos depara con el boom de los centros de datos de gran escala en la región.

La disputa por los excedentes

Las criptomineras plantean que el Gobierno les venda el remanente hidroeléctrico de Itaipú. «Le estamos vendiendo a Brasil a un precio residual de unos doce dólares más IVA, y acá nosotros pagamos en promedio cincuenta dólares por megavatio hora. No tiene ningún sentido que eso siga», le dice a El Surti Bruno Vacotti, directivo de la Cámara Paraguaya de Fintech, el gremio que aglutina a la mayoría de las empresas de criptominería.

El Gobierno de Santiago Peña coincide en que hay que vender los excedentes a las criptomineras y crear condiciones favorables para que lleguen centros de datos, con la promesa de que esto servirá para desarrollar industrias que generen puestos de trabajo. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ha expresado a medios que la criptominería es una «manera inteligente de monetizar en el corto plazo» el remanente hidroeléctrico; al igual que el presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien ha afirmado este año que «tal vez no es la actividad que queríamos en Paraguay, pero sí es una buena oportunidad para nosotros».

Sin embargo, este plan no convence a todos.

«Necesitamos que la energía sea utilizada para el desarrollo y eso se logra a través de la generación de empleo», nos dice Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Históricamente, la cesión a los países socios en las hidroeléctricas ha obedecido, sobre todo, a la escasa industrialización local.

Brasil, principal socio comercial de Paraguay, no ha quedado fuera del tablero. El «acuerdo vencido» del que habló Rubio, que es el Anexo C del Tratado de Itaipú, todavía debe ser revisado. Este documento, que feneció en 2023, define las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la binacional. Las negociaciones están suspendidas desde el 1 de abril, tras conocerse que el Gobierno de Jair Bolsonaro había espiado a Paraguay, algo que continuó durante la administración de Lula da Silva.

La exviceministra de Minas y Energía del Gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese, aclara que la revisión del Anexo C no implica que se dejará de ceder energía a Brasil. Y ve con preocupación el interés estadounidense.

«Nosotros ya sufrimos el extractivismo de nuestra energía eléctrica cediendo a precios miserables a Brasil y Argentina. Ahora también tenemos la criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es un capítulo más en esa lógica extractiva que conocemos. No va a cambiar la realidad de Paraguay», dice.

Aunque el funcionario de Trump desinformó sobre el superávit eléctrico, el Gobierno aprovechó para atribuir la mención al intenso lobby de Peña, que busca atraer inversiones de alguna big tech. Hablan de convertir a Paraguay en el hub tecnológico de América Latina, una “Silicon Valley” regional —misma construcción que usa Nayib Bukele en El Salvador—, a fuerza de energía barata, población joven, bajos impuestos y macroeconomía estable.

«La declaración que hizo el secretario de Estado posiciona al país como un punto estratégico para implementar este tipo de inversiones», dijo a El Surti el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.

Pero la experiencia con las criptomineras levanta dudas sobre qué beneficios traerían los grandes centros de datos al país. 

Las promesas de una bonanza de millones de dólares

El balance energético del Viceministerio de Minas y Energías del año pasado es lapidario: dice que la criptominería «no tiene un aporte directo en la creación del PIB» de Paraguay. Señala que, solo en los últimos siete meses de 2023, esta actividad consumió 479,1 GWh —un cálculo que no incluye a las criptomineras ilegales—.

En 2022, la ANDE creó un grupo de consumo intensivo especial para las criptomineras y centros de datos con una tarifa en dólares. Estos usuarios pagan entre USD 44,34 y 59,76 el megavatio hora más IVA tras el reajuste del año pasado, un aumento que fue cuestionado por los empresarios. Hasta marzo, un total de 33 clientes tenían contratos con la estatal para 46 establecimientos de este tipo, según respondió la entidad a un pedido de información de El Surti.

El uso de los excedentes de energía para centros de datos permitiría financiar parte de las obras eléctricas necesarias y generar empleo calificado, concluye un estudio del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En un escenario optimista, los investigadores estimaron que la venta a estas instalaciones generaría 1 087 156 000 dólares para la ANDE, de 2024 a 2027, además del IVA para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como es optimista, prevé que el MEF siga percibiendo los ingresos por cesión de energía.

El doctor en Energía Victorio Oxilia Dávalos, profesor en la Facultad Politécnica de la UNA, considera viable esta propuesta, siempre que el beneficio para el país sea recíproco, algo que hoy no ocurre con la criptominería. «Necesitamos una política sobre la instalación de data centers, que apoye la generación de empleos calificados en el país y el abastecimiento de energía eléctrica a futuro. En este momento no tenemos la abundancia de energía que teníamos hace unos cinco años», dice.

Los centros de datos —bien sean los llamados de hiperescala, que se usan para procesar IA, o bien sea para cualquier otro uso que no sea criptominería— todavía tienen el beneficio de la duda en cuanto a lo que podrían aportar al país; pero aquí la disputa, además de energética, es de terminología.

En general, son instalaciones físicas que almacenan, gestionan y procesan grandes volúmenes de datos, además de alojar los servidores e infraestructuras de la red. El doctor Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, explica que tanto los centros de criptominería como de IA necesitan electricidad, conectividad y refrigeración. La principal diferencia está en los computadores que usan. Por ejemplo, los ASIC solo sirven para minar bitcoin, mientras que las máquinas de IA están diseñadas específicamente para esta función.

En su estudio sobre centros de datos, los mismos investigadores del GISE usaron una tarifa referencial de USD 44 por megavatio hora, que está basada en lo que pagan las criptomineras. Pero no todos están de acuerdo en equiparar a estas con los centros de datos.

«Esa historia de confundir las cosas, no. Una cosa son los data centers y otra la criptominería», responde el presidente del gremio industrial (UIP) cuando le consultamos sobre el uso de excedentes para «centros de datos o criptominería». Insiste en que esta última no genera empleo ni valor agregado.

Los criptomineros retrucan. Vacotti reconoce que no generan empleo, pero dice que sus proveedores de transformadores, cables y otros insumos provienen de empresas paraguayas que sí crean puestos de trabajo. Dice, además, que la criptominería proporciona ingresos para que crezca la infraestructura eléctrica del país. Según la ANDE, el sector pagó el año pasado unos 150 millones de dólares y este año calculan que llegarían a 250 millones.

«Si bien la industria electrointensiva no es intensiva en mano de obra, ¿cuánta mano de obra genera venderle la energía a Brasil? Es cero», dice Vacotti, quien también es jefe de Relaciones Públicas de Penguin Group y uno de los fundadores de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad).

Para grupos críticos a la criptominería, como Itaipú Causa Nacional, esta no compensa su alto consumo eléctrico con fuentes de trabajo. El año pasado, la organización presentó al Senado un informe que revela que solo veintidós criptomineras, de las casi cincuenta que en ese momento tenían contratos con la ANDE, registraron a 383 trabajadores en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese aspecto, la industria de los centros de datos no es tan diferente. Esta alianza periodística encontró que, a pesar de las promesas de miles de empleos directos e indirectos, una vez que se construyen las instalaciones, se crean solo decenas de puestos de trabajo porque se requiere muy poco personal para operarlas. Por ejemplo, un estudio para el gobierno alemán mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado; mientras que una empresa química grande en ese país usa 200 megavatios y crea 50 000 empleos directos.

El contraste entre el altísimo consumo de energía y los escasos beneficios laborales es otra arista a considerar para el establecimiento de estas compañías.

En Paraguay, por ahora los contratos de las criptomineras con la ANDE vencen el 31 de diciembre de 2027. Pero para Vacotti esto sería un despropósito. Sugiere que, aquellas que quieran extender sus contratos, puedan hacerlo con la condición de construir, por ejemplo, plantas fotovoltaicas (centrales que generan electricidad a partir de la luz solar) para la empresa estatal. Y que esta les descuente un monto de su factura de luz hasta cubrir parte de la inversión.

La extensión de los contratos tiene eco favorable en el Gobierno. Durante el Paraguay Blockchain Summit 2025 realizado en agosto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que la propuesta se evaluará. «No queremos que se vaya esta industria de Paraguay», aseguró en el evento de los criptomineros. Ahí también estuvo el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien habló, entre otras cosas, de establecer un régimen tributario especial para criptoactivos.

Hoy las criptomineras aprovechan la inversión pública instalando sus granjas cerca de las subestaciones e incluso, en algunos casos, comienzan a construirlas antes de que estas empiecen a operar.

Por ejemplo, cuando en mayo se inauguró la subestación de 500 kV en la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera, ya se estaban construyendo a pocos metros dos criptogranjas grandes. Una es de la empresa W3X S. A., y la otra de Cademot S. A., cuyo representante legal es Xinrou Zhu. Zhu también es representante de Muiden S. A., ubicada cerca de la estación del parque industrial de Hernandarias, Alto Paraná. Esta criptominera tiene garantizados 132 000 kilovatios de potencia, la mayor contratación de la ANDE. Junto a esta granja está la planta de Penguin Group, una compañía de origen suizo que tiene como copresidente a Alexander Heldt, exfuncionario de Google.

El investigador Guillermo Achucarro, doctorando en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que las electrointensivas, como las criptomineras, se instalan cerca de las subestaciones para minimizar la pérdida de energía al acortar la línea de transmisión. En segundo lugar, esto evita las caídas de tensión que se producen a medida que aumentan las distancias. Por último, reduce costos de infraestructura.

Los límites del paraíso de la energía barata

En Paraguay, los cortes de luz son frecuentes, especialmente en verano, y la situación podría agravarse cuando la demanda supere la capacidad de producción eléctrica. Solo el año pasado, el consumo aumentó 18 %, triplicando la previsión de crecimiento anual que se hacía una década atrás. Al respecto, un estudio de la Unión Industrial Paraguaya advierte que el país podría enfrentar una «crisis energética» entre 2030 y 2035, que incluso podría desencadenarse desde 2029, si no se diversifica la matriz energética —la electricidad hoy depende de las hidroeléctricas—. Esto, dice el gremio, derivaría en un estancamiento económico.

«Lo que está acelerando el fin de nuestros excedentes hidroeléctricos es la criptominería, tanto legal como ilegal. En el 2029 ya no vamos a tener excedentes», dice la exviceministra Canese. Existe un subregistro del consumo real de esta actividad, teniendo en cuenta que hay criptomineras ilegales, que son las que no pagan la tarifa en dólares a la ANDE.

El año pasado, las criptogranjas clandestinas causaron pérdidas para la empresa estatal de 2,34 millones de dólares al mes, debido a que no abonaban la tarifa especial definida para la actividad. En julio de 2024, la ANDE consiguió que los congresistas elevaran la pena por el robo de energía de tres a diez años de prisión. Al respecto, el asesor jurídico de la entidad, Nelson Medina, dijo a esta alianza periodística que, desde la vigencia de la Ley 7300, la sustracción perpetrada por criptomineras ilegales «se redujo drásticamente». Datos de la estatal muestran que, durante los cinco primeros meses de 2024 (antes de la ley), hubo dieciocho casos; mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron solo siete. Hasta junio de este año, había cinco imputados y un condenado.

La crisis climática puede agravar las cosas. Paraguay depende de la electricidad de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas en el río Paraná, que redujeron su producción a causa de la sequía en 2024; además de Acaray, una central más pequeña. De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la sequía y las olas de calor son los eventos que más afectan al sector de energía: por un lado, en la generación, y, por el otro, en el aumento del consumo que sobrecarga la red eléctrica.

Si bien el Gobierno asegura que el país está listo para recibir a grandes centros de datos de IA, además de más criptomineras, hay quienes tienen sus reservas. El experto en Energía, Oxilia Dávalos, recuerda que los planes de generación, distribución y transmisión de energía están atrasados; acciones que son urgentes ante el riesgo de crisis energética.

Canese coincide. Las obras de generación son las que llevan más tiempo y hasta ahora no hay nada. Teme que la ANDE opte por centrales termoeléctricas a gas —como sugiere la UIP en un estudio—, que son las que se pueden construir en el corto plazo. Añade que, además del impacto ambiental, le va a costar más caro al consumidor, lo que se conoce como «sobrecosto térmico».

En su plan de generación 2024–2043, la ANDE prevé estas centrales térmicas que usan combustibles fósiles (gasoil, gas) «a pesar de que producen emisiones de gases de efecto invernadero». La empresa estatal dice que utilizarán esto «en el contexto de la transición energética» como un complemento de otras fuentes de energía, entre ellas la solar. El plan contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, además de pequeñas hidroeléctricas.

Por otro lado, la empresa estatal no descarta comprar electricidad del sector privado (así como hoy compra de Yacyretá e Itaipú) para cubrir la demanda, lo que podría amortiguar el déficit. Sobre el punto, Oxilia Dávalos también advierte que eso implicará electricidad más cara.

«Puede que el sector privado consiga financiamiento más rápido para centrales de generación. Pero esa electricidad se la va a vender a la ANDE a precios que le permitan recuperar el capital invertido. Son empresas, no tienen un fin social ni de caridad», dice.

Mientras, el Gobierno, fogoneado por las declaraciones de Rubio, insiste en que Paraguay tiene la capacidad para recibir a los centros de datos de hiperescala. Pero, por ahora, lo único concreto con una big tech es una capacitación para emprendedores que lidera Meta con apoyo oficial.

El ministro Villate pide mirar cómo se está moviendo la geopolítica respecto a la IA. «Haciendo un paralelismo con las mesas del petróleo para el establecimiento de precios, que Paraguay pueda estar sentado en una mesa estratégica a nivel global, va a marcar un hito», insiste.

El ministerio que encabeza planea construir un “Distrito digital”, que reunirá gobierno, sector privado y academia, como parte de la estrategia del hub tecnológico. Ahí también se alojará la sede de la universidad de Taiwán, principal productor de semiconductores, un insumo clave en el desarrollo de la IA. Paraguay es el único país sudamericano que reconoce a Taiwán, aunque hoy China es el origen número uno (36 %) de sus importaciones.

No se trata solo de energía abundante y barata. Luis Benítez, de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, dice que hay otros factores que limitan la instalación de infraestructura para IA en el país, como la conectividad, el personal especializado y el clima extremadamente caluroso, lo que obliga a soluciones de enfriamiento avanzadas que, a su vez, pueden implicar un consumo aún mayor de electricidad.

El vocero de los criptomineros, Bruno Vacotti, coincide en parte. Dice que al menos se tendría que triplicar el ancho de banda para que un centro de datos pueda procesar IA en el país. También hace falta un marco jurídico para este desarrollo. Además, explica que hoy la ANDE puede interrumpir el suministro a las criptomineras si necesita cubrir la demanda del sistema eléctrico.

«La energía en un data center de inteligencia artificial no puede ser interrumpida. La IA es mucho más hambrienta con respecto al uso energético», dice.

La presión de los grandes centros de datos también se da sobre otros recursos vitales, como el agua. En Chile, un tribunal ordenó a Google parar la construcción de un data center el año pasado, tras protestas de los pobladores. Denunciaron que la tecnológica usaría agua para enfriar sus servidores, lo que agravaría la sequía que atravesaban. La compañía tenía previsto usar 7,6 millones de litros de agua potable al día para su instalación. El mismo patrón se repite en otros países de la región. Esta alianza periodística halló que otras grandes tecnológicas, como Microsoft y TikTok, compiten por este recurso con comunidades de México y Brasil en zonas que padecen estrés hídrico y donde, incluso, se raciona el agua.

En Paraguay, por ahora, el problema es otro.

El ruido de un negocio intangible

Desde hace tres años, el comerciante Gastón Saint convive con el ruido de una criptominera en el barrio Cristo Rey de Ayolas, una ciudad a orillas del río Paraná, en la que se asienta parte de la hidroeléctrica que el país comparte con Argentina: Yacyretá.

La granja de bitcoin es de Delta Mining Paraguay S. A., subsidiaria de la estadounidense Delta Mining LLC que también opera en Brasil. Se define como una empresa de minería de bitcoin y colocaciones de centros de datos, que «utiliza exclusivamente energía verde». En 2024, pagó a la ANDE cerca de 2 300 000 dólares y su contrato es por 5500 kilovatios.

Saint, que trabaja en la venta de artículos de pesca, vive con su familia a unos seiscientos metros de la criptominera. Aunque en junio hace frío por el otoño, en su casa ponen el aire acondicionado en modo ventilador para amortiguar el zumbido. Solo así consiguen dormir.

«Es un sonido que se escucha adentro, no se puede ni hablar en la casa. Es como la turbina de un avión las veinticuatro horas del día».

El ruido, dice Saint, proviene de los ventiladores que usan en la criptogranja para que las máquinas no se sobrecalienten. Lo mismo ocurrió en Villarrica, donde el zumbido de una criptominera afectó a los pobladores, que durante casi seis meses tuvieron dificultades para dormir; una situación facilitada por la complicidad de autoridades locales, según una investigación de El Surti.

El 29 de agosto de 2024, Saint denunció el hecho en una nota dirigida al intendente Carlos Duarte. Pero más allá de un ida y vuelta de notificaciones, nada pasó. A través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, esta alianza periodística buscó hablar con Duarte, pero este no respondió y sus funcionarios tampoco.

El representante de Delta Mining en Paraguay es Anderson Castorino Montanaro. El empresario nos dijo que resolvieron el problema del ruido «inmediatamente» después de la denuncia.

«Lo que hace ruido es el ventilador de acuerdo con la posición. Entonces, se hizo una plataforma que cubrió el viento y la expansión del ruido. Hubo una queja de un vecino nomás e igual hicimos todo eso. Porque ahí estamos en zona industrial, está todo bajo los decibeles permitidos», dice. A pesar de lo que asegura que hizo la empresa, el ruido seguía hasta agosto de este año, si bien Saint refiere que la intensidad varía y que se escucha más cuando hace calor.

Ante la negativa de las autoridades municipales de responder sobre el caso, no es posible corroborar el dato de la zona industrial. Y Saint se cansó de reclamarles. Lo que más siente es que ya ni siquiera puede salir a tomar mate antes de ir a trabajar. La omnipresencia del ruido obliga al encierro y a dejar de compartir. Resignado, nos dice:

«Y sí, ya nos acostumbramos».

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Llegar y enchufar. Esa sería la traducción no literal de lo que el gobierno espera que puedan hacer las empresas de data centers cuando se instalen en el país. “Plug and play” son las palabras en inglés que usó la entonces ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en una entrevista con La Tercera. Para eso, el gobierno diseñó un plan. Incluirá guías de trámites y un mapa de inversiones en que se les dice a las empresas qué terrenos pueden comprar para que tengan acceso a la energía que requieren, buena calidad de fibra óptica y autorización para construir. Y, en paralelo y silenciosamente, se les abrió la posibilidad de construir sin necesidad de pasar por el molesto trámite de la evaluación ambiental, que además de ser burocrático, los exponía a tener que responder preguntas difíciles de la ciudadanía sobre cuánta energía o agua van a consumir o cuánta mano de obra local van a contratar.

La alfombra roja regulatoria con que se está recibiendo a los inversionistas tecnológicos se ha visto pocas veces en Chile. Es un proceso que se arrastra desde gobiernos anteriores, pero que se aceleró en la administración Boric, en línea con la competencia de los países de la región por cosechar los prometidos beneficios del auge de la inteligencia artificial. En esa carrera, el que ha llegado más lejos es Brasil, que agregó beneficios tributarios al menú de la oferta, según ha podido comprobar La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza de Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación.

En Chile, desde el año 2011 se han aprobado 23 data centers a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en la actualidad hay un proyecto en trámite. Algunas de las empresas dueñas son bastante desconocidas para la ciudadanía, como Ascenty, Equinix, Odata o Scala, pero también están presentes las principales “Big Tech”, como Amazon, Microsoft o Google, que son las que han generado más rechazo de los vecinos. En realidad, muchos de los data centers más anónimos también alojan a estas y otras empresas trasnacionales, como Huawei. Utilizan un sistema denominado “colocation”, en que una compañía instala sus servidores al interior de un data center que no es suyo En esta modalidad es el dueño del data center el que requiere las autorizaciones burocráticas y aparece públicamente, sin que se conozca quiénes operan desde sus instalaciones.

 Dos iniciativas de alta visibilidad pública y protagonismo gubernamental han sido anunciadas en los últimos meses, aunque se fraguaron durante varios años. En mayo, Amazon anunció que invertirá US$4.000 millones en una “región” de data centers y en junio Microsoft echó andar la suya, con tres data centers interconectados. Al primer evento asistió el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que al segundo fue nada menos que el presidente Gabriel Boric junto a Marcel y las ministras de Ciencia y Bienes Nacionales. “Muchas gracias, Microsoft por esta tremenda inversión”, dijo Boric en un discurso celebratorio.

Aún antes de que el actual gobierno desplegara sus esfuerzos para atraer a los data centers, las empresas tecnológicas ya veían con interés a Chile y a lo largo de la última década han venido poniendo sus fichas en el país. Para poder llevar a cabo sus planes de inversión necesitan infraestructura digital en el Cono Sur y, en comparación con sus vecinos, Chile parece más estable, tiene la matriz energética más “limpia” de la región y posee buena cobertura de fibra óptica.

Para potenciar esas características, el gobierno lanzó en diciembre de 2024 un Plan Nacional de Data Centers (PData), que tiene como primer objetivo “promover el crecimiento de la industria”, además de que esto se haga de manera descentralizada y sustentable, y que fortalezca las capacidades de investigación en el país, por ejemplo, entrenando modelos propios con IA. Pocos días antes de que se anunciara el plan había nacido la Asociación Chilena de Data Centers (Chile Data Centers), creada por las empresas de la industria para tener un interlocutor común ante el gobierno.

La relación entre ambas partes se ve alineada en los actos públicos que comparten y en la sintonía de sus discursos. Por eso se sintió un contraste en la presentación sobre los data centers del principal asesor de la entonces ministra Etcheverry, Sebastián Díaz Howard-Allmand, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, al que asistió por videollamada en junio pasado. Ahí describió de manera bastante descarnada el impacto de los data centers en Chile. En un ambiente en que los otros expositores tenían una mirada crítica a la industria, Díaz contó que cuando empezaron a recibir información de las empresas para poder armar el PData, de pronto se encendió una alarma:

—Y la alarma es que de ninguna forma la Región Metropolitana puede aguantar un crecimiento como este teniendo el nivel de consumo energético que tienen. Y no solo el nivel de consumo energético, sino que el impacto que estas infraestructuras tienen en el territorio. Estas son infraestructuras que no se comunican con el entorno en lo absoluto. Son cárceles, son bunkers de cemento con cables y fierros y nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Hasta un cierto punto tiene sentido porque muchas de estas infraestructuras conservan datos que son muy críticos, pero al mismo tiempo demuestran un desafío enorme.

Ese desafío, continuó, es que “no solo están consumiendo mucha energía y mucha agua, sino que tampoco hablan con el entorno, no hablan con las comunidades y no se siente que existe un beneficio real a la hora de instalar estas infraestructuras aquí. Pero esa es la realidad que tiene Chile. Y esa misma realidad es la que nos justifica a nosotros como gobierno para poder generar un plan”. Esa lógica explica que una de las prioridades del plan del gobierno sea pavimentar el camino para que los data centers se instalen en regiones. Según dijo Díaz, se están preparando “visores territoriales” que permitan georreferenciar la forma en que debiera crecer la industria. Fuera de Santiago, el itinerario del gobierno es Antofagasta, Valparaíso y Magallanes. Luego, el gobierno añadiría Atacama.

Tras el lanzamiento en diciembre de los lineamientos del plan, comenzaron a correr plazos para la ejecución de los distintos anuncios. Se creó un comité “multiactor” —gobierno, empresas y sociedad civil—, en cuya primera reunión, que se llevó a cabo en mayo, se comunicaron los avances el plan. Por ejemplo, respecto a la elaboración de una “herramienta digital para el crecimiento orgánico” se identificaron 71 variables territoriales y en el corto plazo el trabajo de concentrará en la Región de Antofagasta, donde también se espera construir un “campus de IA” operado por una empresa pública.

Tania Rodríguez, dirigente del Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), fue la única representante de la sociedad civil que asistió a esa la primera (y hasta ahora única) reunión del comité multiactor del PData, junto a funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas, donde se dieron detalles del proyecto de Antofagasta. Su impresión fue que “todos los ministerios estaban trabajando para ellos” (es decir, para las empresas) y que ya les tenían preparados los terrenos donde instalar los data centers, mientras a las empresas lo que les preocupaba era que no les fueran a subir los precios. “Fue absolutamente decepcionante y doloroso el saber que el Estado está trabajando para el empresariado”, se lamenta Rodríguez.

Desde entonces el gobierno ha adelantado a algunos actores el mapa o visor que fomentará la instalación de un hub tecnológico en la región de Antofagasta, donde los nuevos centros de datos se “enchufen” a fuentes de energía solar en terrenos con permisos preaprobados. En la reunión del comité multiactor se informó que se iniciará un estudio de prefactibilidad para la instalación de este “campus” de IA en Antofagasta, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa pública Desarrollo País, la misma que creó una sociedad con Google para construir el cable submarino de Humboldt que unirá Sudamérica con Oceanía.

El 9 de septiembre pasado el Ministerio de Ciencia firmó un acuerdo con Desarrollo País para el proyecto de Antofagasta en el marco de un acto en que se lanzó una “Guía de Inversión para data centers en Chile”. Dicho evento fue cerrado a la prensa —desde el Ministerio se informó que no estaban permitidos los periodistas— y tampoco se adelantó a la guía al Comité Multiactor, que se se reúne desde mayo. Tania Rodríguez dice que su organización ni siquiera fue invitada al evento y según una persona que sí recibió la invitación, los asistentes parecían ser todos ligados al mundo empresarial.

El mayor detalle entregado hasta ahora sobre el proyecto de Antofagasta fue dado a conocer a fines de junio por el suplemento “Chile Tecnológico” de El Mercurio, donde se le definió como un parque de data centers. La gerente de Infraestructura Digital de Desarrollo País, Natalia López, dijo que se habían identificado terrenos públicos, los que serán urbanizados para que se puedan instalar los data centers, ya sea arrendando o comprando los sitios. “Cada empresa interesada construirá su centro de datos; nosotros daremos las facilidades de inversión, justo en un momento en que Chile necesita esa inversión (…). El beneficio es tener un lugar que cuente con certezas de que todos los permisos se obtendrán, además de contar con energía barata y las menores barreras posibles”, agregó el gerente general de la empresa pública, Patricio Rey.

El proyecto genera duda entre los activistas, pues no se conocen los impactos ambientales de instalar data centers en el desierto, especialmente si se requerirá de desalar agua para enfriarlos.

Fast track

Desde el primer momento, la principal demanda de la nueva asociación gremial de data centers ha sido disminuir o facilitar los trámites que se deben llevar a cabo para instalar un data center en Chile. Y entre esos trámites el más largo y complejo es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). ¿Qué tan largo? Un análisis de esta alianza de los 16 proyectos aprobados desde 2020 da cuenta de que en promedio un proyecto tarda 8,7 meses en recibir su resolución de calificación ambiental (RCA), pero varía entre 5 y 17 meses.

El compromiso original del gobierno en el PData era estandarizar los criterios de la evaluación ambiental para dar más “certeza” a las empresas. El punto llama la atención, porque hasta ahora no hay proyectos que hayan sido rechazados durante la evaluación ambiental. Sí hay varios que se han desistido durante la tramitación y uno, el de Google en Cerrillos, que fue revocado parcialmente en 2024 por un tribunal ambiental luego de haber recibido una calificación favorable.

En mayo, cuando tuvo lugar la primera reunión multiactor del PData, el Ejecutivo mostró el estado de avance de una “guía con criterios técnicos” para la evaluación ambiental y el 5 de junio Sebastián Díaz, el principal asesor de la entonces ministra de Ciencia sobre data centers, desmintió en su presentación en el Colegio de Arquitectos de Madrid que el gobierno pretendiera desregular a la industria.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente, cuando una reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó varias modificaciones al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que en la práctica permitirá que los data centers se construyan sin ser evaluados ambientalmente. Aunque internacionalmente los data centers despiertan críticas por su alto consumo energético y de agua, en Chile se los evalúa ambientalmente porque almacenan combustible para sus generadores de emergencia. El cambio reglamentario aumenta de 80 toneladas a 1.000 toneladas de combustible el umbral para exigirles evaluación ambiental, poniéndolo sobre el volumen que utiliza la gran mayoría de la industria de los data centers.

De 17 proyectos evaluados desde 2020, sólo dos incluían volúmenes superiores de diésel. Uno, menos de un 10% superior, y el otro porque incluía tres data centers que se implementarían en dos fases. En el futuro se ajustarán al nuevo umbral o avanzarán por fase y no serán evaluados ambientalmente, adelanta Cristián Rivera, de Giza Ingeniería, la consultora que ha preparado más declaraciones de impacto ambiental para grandes data centers, incluyendo el de más alto almacenamiento de combustible.

Pese a la relevancia del cambio, las palabras “data center” no se mencionaron en la reunión del Consejo de Ministros. Tampoco se incluyeron en el comunicado de prensa en que se informó de la reforma. No fue hasta el 16 de junio, cuando LaBot lo reveló en su newsletter, que se hizo pública la modificación que beneficiaría a los data centers (vea aquí ese boletín). La nota incluía la explicación del Ministerio de Medio Ambiente, donde se informó que la decisión se tomó considerando las implicancias para los data centers y que el tema se había conversado con sus pares de Ciencia. Dijeron que, si bien sabían que sería razonable evaluar a los centros de datos que consumieran agua, eso hubiera significado un cambio legal.

La modificación reglamentaria facilita el camino a las empresas y las libera de cualquier cuestionamiento ambiental (en el proceso se evalúa el proyecto en su conjunto, no sólo el almacenamiento de combustible). También pone un manto de opacidad sobre la instalación de data centers, pues en los procesos normales de evaluación de impacto ambiental, el SEIA incluye una página web de acceso público donde se puede conocer el proyecto y hacerle seguimiento. Además, permite a la ciudadanía organizada participar en ciertas circunstancias. De hecho, en el encuentro en España en que participó Díaz, tanto el activista de Quilicura Rodrigo Vallejos como el periodista de El País Pablo Jiménez habían destacado el proceso de evaluación ambiental chileno por la transparencia de su plataforma. No sabían que probablemente llegaba a su fin para los data centers.

Como era esperable, el cambio causó preocupación y enojo entre los actores de la sociedad civil que participan de las conversaciones con el gobierno. Al pedir explicaciones, desde el gobierno les dijeron que la ministra de Ciencia estaba contra el cambio justamente porque liberaba a los data centers de evaluación ambiental y no había asistido al consejo donde se aprobó. De ser así, no se sabe por qué no acudió a votar en contra —Ciencia fue el único ministerio sin representantes en el consejo— ni ha dicho públicamente nada sobre el cambio. Etcheverry, quien fue ministra hasta el 22 de julio pasado, declinó una solicitud de entrevista para este reportaje. También lo hizo su sucesor, Aldo Valle.

“Nosotros somos activistas que nos movemos por la información dura que está ahí (en la plataforma del SEIA). Estamos viendo y tenemos acceso a la información para poder reclamar. Entonces, sin esto nunca hubiéramos sabido que hay data centers en Quilicura”, recalca el activista Rodrigo Vallejos.

Junto a otros dirigentes, se está asesorando con abogados para iniciar acciones legales una vez que la modificación al reglamento se publique en el Diario Oficial —al momento de cerrar esta nota el gobierno aún no lo enviaba a Contraloría para toma de razón—, pues cree que vulnera los acuerdos de Escazú que firmó este mismo gobierno y que exigen acceso a la información ambiental. “Este es un presidente que, en su programa, prometía un gobierno ecologista, y ahora se entrega totalmente a un discurso de permisología”, cuestiona Vallejos, en referencia a las demandas del empresariado por reducir los permisos.

Desde la academia, la arquitecta Linda Schilling, quien estudia el rol de la participación ciudadana en los conflictos ambientales como parte de su tesis doctoral, reafirma el retroceso que significa el cambio regulatorio. “El sistema de evaluación de impacto ambiental es el mejor archivo de cambios territoriales que existe en Chile”, dice Schilling, quien fue una de las curadoras del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, que está construido en gran parte a partir de los datos del SEIA.

“Mi equipo considera que los data centers deben ser evaluados ambientalmente porque son edificios con huellas tremendas. Claro, están en parques industriales, pero nos cuesta creer desde la arquitectura que no haya un impacto ambiental para edificios de esa magnitud. Si bien puede que no tengan un gran impacto en el consumo hídrico, sí pueden contribuir a fenómenos como islas de calor y eso puede afectar cualquier tipo de ecologías que estén en el sector”, dice la experta. Para la bienal hicieron maquetas de todos los data centers autorizados hasta ahora y pudieron ver cómo la magnitud de los edificios ha ido aumentando en los últimos años.

Incluso el country manager de Amazon Web Services (AWS), Felipe Ramírez, considera que es importante que estos proyectos sean evaluados ambientalmente: “cuando tú haces inversiones de este tipo, que tienen un consumo de energía relevante, que en algunos casos incluso hay un consumo de agua importante, nosotros creemos que debiesen pasar al menos por una revisión que permita garantizar que en el lugar donde estos (data centers) vayan a operar, si es que generan algún tipo de impacto, ese impacto esté controlado o se compense con algo. Podemos discutir si la cantidad de permisos, si la rigurosidad de los permisos hoy día está bien o está mal, eso es más discutible, pero yo creo que una inversión de esta característica sí tiene que pasar por algún proceso”.

Los verdaderos impactos

El agua suele ser la principal preocupación cuando se habla de construcción de data centers. En todo el mundo se han hecho investigaciones sobre el gran consumo que está generando el auge de la inteligencia artificial y se cuestiona la opacidad de las empresas para dar a conocer cuánto utilizan en su operación. Hasta incluir “por favor” cuando se le pide información a ChatGPT consumiría agua, en palabras del gerente de la empresa que lo produce, Sam Altman.

La explicación para el alto consumo de agua es que los data centers son edificios llenos de racks con servidores que funcionan permanentemente, lo que genera calor. Para bajar la temperatura se requiere tener sistemas de enfriamiento de manera constante. El agua es por lejos la alternativa más costo-eficiente para enfriar los data centers, pero también la que genera un impacto más inmediato en el medio ambiente.

Sin embargo, la situación del agua en Chile puede ser menos apocalíptica de lo que parece. No siempre fue así. Cuando Google instaló su primer data center en Quilicura en 2013 —que no pasó inicialmente por una evaluación ambiental, aunque sí debió evaluar su ampliación— despertó una gran oposición de los vecinos porque extrae agua de las napas y hay un humedal en la zona.

Luego, en 2019, comenzó con los trámites para construir un segundo data center en Cerrillos, donde nuevamente se encontró con un fuerte rechazo porque contemplaba la extracción de agua subterránea de la zona. Pese a la oposición de los vecinos y del municipio, el proyecto de Google fue aprobado ambientalmente en 2020. Los opositores recurrieron entonces a la justicia ambiental.

Fue por esa causa que nació Mosacat, el Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio. Luego de infructuosas gestiones con Google en Chile, lograron iniciar negociaciones directas con la empresa en Estados Unidos, hasta llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de enfriamiento por uno que no utilizara agua. La dirigente de Mosacat Tania Rodríguez recuerda que “fueron un par de años que tuvimos conversaciones y ahí ellos detuvieron el proyecto y ese compromiso fue escrito, fue enviado al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”. Éste organismo estimó que no era necesario hacer cambios al proyecto para modificar el sistema de enfriamiento (ver expediente). De todos modos, 13 de los demandantes y la municipalidad retiraron su acción legal, salvo una vecina que insistió en tribunales.

Para sorpresa de muchos, en septiembre de 2024 el juicio que había llevado a cabo esa vecina terminó en un fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que consideró que al no incluirse el cambio de sistema de enfriamiento en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el proyecto no se hacía cargo de su impacto en el cambio climático, por lo que revocó parcialmente el permiso. Ante este escenario, Google retiró el proyecto y presentaría uno nuevo, sin consumo de agua.

La pelea de los vecinos de Cerrillos contra el gigante tecnológico estadounidense fue una de David contra Goliat que le valió a Tania Rodríguez ser considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial el año pasado, una lista que lidera justamente el CEO de Google, Sundar Pichai (ver nota).

En Quilicura, en cambio, Google construyó mucho antes y no ofreció un cambio de tecnología que no usara agua, sino que ideó un sistema de compensaciones voluntarias, como la implementación de un “bosque urbano”. Se trata de un terreno ubicado justo al frente del cementerio de Quilicura y que seis años después de su inauguración permanece con obras a medio construir y cerrado al público. Se ha transformado en un ícono de la falta de consideración de las empresas de tecnología por las comunidades a las que impactan. Aunque Google sólo se había comprometido a mantener el recinto por cinco años, su nombre sigue ahí, en el “bosque” abandonado.

De esta forma, Google ha encabezado dos proyectos que han enfrentado rechazo de las comunidades y que fueron diseñados con un consumo de grandes cantidades de agua. Además, el suyo fue el primer gran data center en construirse en Quilicura, una comuna considerada de “sacrificio” por la alta saturación de industrias y el impacto ambiental que generan. De a poco se transformó en la comuna con más data centers en Chile, pues a Google le siguieron Ascenty (tres proyectos), Cirion y Microsoft, que se levantan entre bodegas industriales y calles llenas de hoyos por los camiones de carga que circulan sin cesar.

En la memoria colectiva, las peleas de los vecinos de Quilicura y Cerrillos contra Google quedan fijadas como una lucha ambiental ante el gran consumo de agua de los data centers. Para la industria, en cambio, el caso de Google parece ser uno de una empresa que no se adecuó a tiempo a la realidad en que se encontraba.

“Siempre supimos que (Google en Cerrillos) estaba presentando ese proyecto con un sistema de refrigeración por agua y que no iba a ser aprobado porque en Chile no existen grandes data centers que tengan sistemas de refrigeración por agua. Todos los sistemas son refrigeración por aire, porque no hay agua suficiente, la sequía es algo que nos está golpeando en Santiago hace 10 años por lo menos”, dice Carlos Leiva, cuya empresa CLK presta servicios de ingeniería en la construcción y mantención de data centers.

De hecho, ninguna de las declaraciones de impacto ambiental que ingresaron después de la de Google usa agua como sistema de enfriamiento. Aunque las tecnologías propuestas por cada empresa no son idénticas, en general se trata de “chillers”, unas máquinas parecidas a aires acondicionados gigantes. Hay algunas compañías que declaran simplemente no usar agua, sólo refrigerantes que se vuelven gaseosos. Otras admiten usar cantidades limitadas de agua potable, que recircula dentro de un circuito cerrado y sólo debe ser recargada en contadas ocasiones.

También hay sistemas de refrigeración como los que usan Amazon y Microsoft, que pese a declarar el uso de tecnología de bajo consumo de agua, admiten que en los días de más calor requerirán sumar enfriadores que usan la evaporación de agua para complementar. En el caso de Microsoft, el cálculo es que este sistema de respaldo operará el 7% del año (600 horas), que es el tiempo que se prevé que la temperatura exceda los 29,4°C. Amazon, en cambio, cree que el sistema a vapor deberá activarse sólo el 3% del año y, para que quede claro que es poca agua, dice que utilizará entre 788 m3 y 5.554 m3 al año, equivalente al consumo anual de 2 y 16 casas chilenas, respectivamente.

El plan de Amazon es, para el 2030, devolver al medio ambiente más agua de lo que consume o ser water positive, como se dice en inglés. En Chile tienen un contrato con una empresa que ayuda a los agricultores del río Maipo a hacer más eficientes sus sistemas de riego. “Esa es la forma de compensar. De hecho, si miras el consumo que vamos a tener de agua en Chile y todo ese ahorro que se genera, vamos a ser súper water positive”, augura el country manager de Amazon.

Para el arquitecto Nicolás Díaz Bejarano, investigador del núcleo Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR) y cocurador del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, las declaraciones de impacto ambiental de las empresas utilizan un “juego retórico” que mantiene la opacidad sobre el verdadero consumo de agua: “En el informe te dicen que es un sistema cerrado de agua que va a tener un primer llenado y va a ir recirculando. Y en algunos momentos van a rellenar esta recirculación. Ya, pero dígame cuánto consume”.

A nivel internacional se usa el término Water Usage Effectiveness (WUE) o efectividad del uso del agua, pero no existe un índice público que permita comparar la eficiencia de los distintos proyectos. Más allá de las dudas y vaguedades sobre estos nuevos sistemas de enfriamiento, la decisión de no ocupar agua aumenta los costos de operación porque utiliza enormes cantidades de energía para funcionar y que se suma al gran consumo que de por sí tienen los servidores, lo que genera un nuevo flanco.

Mega consumo

Los data centers suelen utilizar como métrica principal su consumo eléctrico (megavatios). Esta forma de medir el tamaño de los data centers da cuenta de la centralidad de la energía en su funcionamiento.

Los data centers con grandes capacidades de procesamiento como los que se han construido en los últimos años para trabajar con inteligencia artificial, llamados de hiperescala, en general consumen entre 20 MW y 40 MW, el equivalente al consumo de todo un pueblo.

En el ya mencionado foro en España, Sebastián Díaz dijo que actualmente la capacidad instalada de grandes data centers en la Región Metropolitana y Valparaíso es de 300 MW y que se espera que ese número se quintuplique en los próximos años, es decir, que llegue hasta los 1.500 MW. El problema es que el consumo eléctrico tiene limitaciones físicas, tanto de generación como de transmisión y distribución de energía. El funcionario dijo que el gobierno quería evitar la experiencia de ciudades como Amsterdam o Dublín, que vieron saturados sus sistemas eléctricos por la instalación de data centers sin la planificación adecuada.

Ante la enorme necesidad de energía, en otros países las propias grandes empresas tecnológicas han comenzado a invertir en generación para poder cubrir su demanda. El caso más llamativo es el de Google, que llegó a invertir en energía nuclear.

En Chile hace ya varios meses que se comenta que empresas de data centers invertirán en generación, incluso instalando paneles solares junto a sus plantas, sin que hasta ahora se haya concretado algún anuncio en particular. Sobre este tema, Felipe Ramírez, el country manager de AWS, no niega que esa empresa esté preparando o vaya a invertir en el futuro enproyectos energéticos: “Puede ser. No es algo que descarte y no es algo que tampoco te pueda decir que no lo estemos haciendo hoy día. Nosotros, como AWS, no manejamos todo el detalle, toda la información de eso. Eso se maneja de forma centralizada”.

Encontrar terrenos con buen acceso a energía y fibra óptica, que además permitan la instalación de empresas catalogadas como industria molesta (una calificación que el gremio pide eliminar) es lo que explica que se hayan ubicado en lugares como Quilicura, Colina o Pudahuel.

Esta demanda ha hecho surgir un área especializada del corretaje de propiedades, que se dedica a buscar terrenos factibles para las empresas extranjeras que quieren instalar data centers en Chile. Colliers y GPS Property han creado unidades especializadas, publican reportes sobre el sector e incluso se unieron al gremio Chile Data Centers.

“El terreno es un 5% del total de inversión, entonces no les importa el valor, lo compran caro, por decirlo de una forma, y tienen requerimientos de terreno cada vez más grandes. Un data center tiene que tener acceso a mucha energía porque al final es una maquinita que tiene que correr siempre para que nosotros podamos usar los datos y, además, eso tiene que estar conectado a la red de fibra óptica, pero no cualquier fibra óptica, sino una que puede transportar grandes cantidades de datos”, explica Rebecca Emmons, quien al momento de esta entrevista era subgerenta de data centers en Colliers.

Emmons dice que, por ejemplo en Quilicura, que fue la locación favorita de la industria hasta ahora, ya no hay capacidad para conectar más data centers con la infraestructura existente, por lo que cada vez se mira hacia más al norte de la ciudad en busca de nuevos sitios que les permitan instalarse.

Los requerimientos de los data centers son distintos a los de otras industrias. En la eléctrica Enel aún recuerdan cuando a fines de la década pasada se acercó una empresa de nombre Luna que llegó con mucho secretismo y requerimientos muy específicos: pedían una calidad especial y proyectaban un consumo de 40 MW, equivalente a un pueblo pequeño. Luego se enteraron de que era Google, que en este rubro en Chile opera con la sociedad Data Luna, que no quería que se supiera que estaban haciendo un data center.

Para poder operar estas instalaciones requieren tener la máxima seguridad de suministro y por lo tanto se conectan con una línea dedicada —exclusiva — hasta una subestación, que permite convertir la electricidad de alta tensión a la media tensión con la que operan. Por estas razones, en general son las empresas de data centers las que financian la infraestructura eléctrica que utilizan.

En algunos países, la expansión de los data centers ha generado un aumento de precios en las cuentas de luz para los ciudadanos comunes. En Chile, como gran parte de la infraestructura nueva la pagan los data centers, eso no se influye en el cálculo de tarifa, aunque si la distribuidora debe invertir en una subestación que luego sirve a otros clientes, entonces sí podría afectar los precios. En cualquier caso, los expertos consultados creen que un eventual impacto en el precio de la energía sería marginal.

Otro impacto no deseado del alto consumo de esta industria en otros países ha sido que para suplir la demanda de energía se ha recurrido a combustibles fósiles para la generación eléctrica, revirtiendo la tendencia a utilizar cada vez más energía renovable que no contamine o impacte en el calentamiento global. En Chile hay una fuerte presión para que esto no suceda y no sólo desde el gobierno, sino que las empresas utilizan el factor “sustentable” como una importante carta de márketing. Por su consumo, son clientes libres, es decir, que tienen contratos directos con las generadoras y no pagan la tarifa regulada. Eso les permite comprarles, por ejemplo, a una central solar y decir que se abastecen de energía limpia, aunque lo cierto es que una vez que la energía entra al sistema interconectado ya no es posible saber de dónde se está consumiendo. La empresa contratada podría incluso no estar inyectando energía al sistema en ese minuto.

Actualmente cerca del 40% de la matriz energética chilena es renovable, una cifra alta a nivel mundial, y el plan del gobierno es que crezca significativamente. El problema en este momento es que existe un superávit de energía en el Norte Grande, específicamente en la región de Antofagasta, con dos limitaciones técnicas que por ahora impiden aprovecharla: capacidad de almacenamiento y de transmisión hacia los centros de consumo.

El gobierno está trabajando en facilitar que los nuevos data centers se construyan en el norte, donde está la energía solar. Sin embargo, no han dado más detalles, ni información específica sobre cómo piensan lograrlo, por lo que abundan las preguntas. Primero está el tema del plazo, ¿para cuándo es realista pensarlo? Porque los data centers necesitan flujos estables de energía 24/7, con garantías de suministro, y aún no parece haber baterías que den esa certeza para las plantas solares. Tampoco existe la infraestructura de fibra óptica adecuada para transmitir los datos hacia el sur.

Luego está el tema de la temperatura. ¿Dónde específicamente esperan instalarlos? ¿Se calentarán más en el desierto que en Santiago? Si es así, será necesario usar agua, que no hay en esa zona, y por lo tanto recurrir a desaladoras, que usan aún más energía. Un círculo vicioso.

Las promesas

El entusiasmo del gobierno ante los recientes anuncios de inversiones de data centers de Microsoft y Amazon se explica por los grandes montos de inversión anunciados. Mientras la primera proyecta US$3.300 en tres años, la segunda prevé invertir US$4.000 en 15 años.

Cómo esas inversiones impactan en el país tiene mucho que ver con la cantidad y el tipo de empleo que generen, pero es una industria poco intensiva en mano de obra. En la primera etapa, durante la construcción, el empleo es mayor. Pero aun así, hay que tomar en cuenta que, en palabras del representante de AWS en Chile, es un tipo de obra que “no tiene mucha ciencia”. Las constructoras locales deben seguir especificaciones técnicas de AWS y luego la instalación de los equipos es la que requiere de cierta especialización, pero como es algo que se hace una vez, hay personal que viaja por el mundo haciendo ese trabajo: “vienen, hacen la instalación y se van a instalar otra en Nueva Zelanda”, resume Ramírez.

Carlos Leiva, de CLK, dice que las empresas como la suya, que hacen proyectos de ingeniería para data centers, no han podido aprovechar el boom de los mega proyectos para inteligencia artificial. “Traen a sus propios expertos y vienen con un modelo ya hecho, no encargan proyectos de arquitectura, han desarrollado ingeniería espectacular en alguna parte del planeta y tienen 20 o 30 modelos que se adaptan a distintos requerimientos”, dice Leiva. Acá necesitan a un ingeniero y un arquitecto que firmen los documentos legales y que ajusten los modelos a las variables sísmicas, pero el grueso del proceso viene de fuera.

Una vez construidos, durante la operación, las necesidades de trabajadores son aún menores. Claudio Rivera, experto en declaraciones de impacto ambiental para data centers, cuenta que en los procesos de participación ciudadana se nota que la gente cree que estas empresas tienen un impacto laboral como el de las grandes mineras, cuando lo cierto es que generan una mínima cantidad de empleos. De acuerdo a lo que informan las propias empresas en las declaraciones, terminada la construcción en general contratan entre 25 y 50 personas, con un máximo de 100 empleados en contados casos.

En el marco de PData, el instituto profesional Inacap (un centro de estudios no universitario) inauguró un “data center” didáctico para capacitar personal para la nueva infraestructura. El tema se tocó en la primera reunión multiactor de PData, en la que se anunció la preparación de cinco perfiles laborales para data centers: operador/a de infraestructura crítica, especialista en redes y comunicaciones, soporte TI y hardware, consultor/a de diseño y comisionamiento, y analista de sostenibilidad y eficiencia.

Según Tania Rodríguez, la única asistente de la sociedad civil, se habló de extender las capacitaciones a otros centros de formación técnica. Ella, que ha visto las cifras de mano de obra que requerirán los data centers, cuestionó la idea. “Dije que me parece una irresponsabilidad de parte del Estado; van a salir un montón de chiquillos, porque van a cambiar las mallas curriculares, y no van a tener trabajo porque esto (los data centers) no da puestos de empleo.”, cuenta Rodríguez.

Sin embargo, cuando se habla del impacto de los data centers se mencionan enormes cifras de empleo que incluyen el uso de la tecnología de la nube, pero no se detalla cómo se generarán. Quizás el caso más llamativo es el de Microsoft, que al lanzar su región de data centers hizo una gran campaña comunicacional que subrayaba los miles de empleos que crearía y su propaganda fue simplemente repetida por las autoridades de gobierno.

En su discurso en ese evento, el presidente Boric mencionó los supuestos 17 mil empleos directos que se crearían en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además de 80 mil en el ecosistema de data centers. Los datos figuran también en un comunicado del gobierno que entre los “beneficios de contar con el data center de Microsoft en Chile”, menciona “más de 17 mil nuevos empleos calificados”.

LaBot pidió a Microsaroft el estudio en el cual se basan esos datos, que fue realizado por la consultora IDC por encargo de la empresa. El informe de una página detalla que los 17.278 empleos serán generados por “Microsoft, su ecosistema y los departamentos de TI de las empresas clientes”, mientras que otros 81.041 provendrán de puestos directos creados por Microsoft, sus socios y clientes. No dan más detalles, pero sí un desglose de las cifras por sector:El documento entregado por Microsoft (ver aquí) no explica cómo se llega a esas cifras y la empresa no respondió los requerimientos de mayores detalles y rechazó una solicitud de entrevista.

En general estos anuncios se basan en cálculos sobre el uso de la “nube”, pero no especifican cómo se hacen ni qué pasaría si los data centers estuvieran en Mendoza o en Tacna y Chile accediera de la misma manera a los servicios de la empresa 

Reflexión crítica en Venecia

Curiosamente, entre los académicos que en los últimos años han estudiado y cuestionado el auge de los data centers en Chile destacan arquitectos y diseñadores. Eso explica que este año el pabellón de Chile en la bienal de arquitectura de Venecia tuviera como tema principal la construcción de data centers, con la paradoja de que, mientras a través del Ministerio de Ciencia el gobierno impulsaba un plan para facilitar su instalación en el país, el Ministerio de las Culturas financiaba un pabellón que cuestionaba las políticas del Estado en esta materia.

Haciendo caso omiso al tecno-optimismo que irradiaba el tema general de la bienal, “Inteligencia natural. Artificial, Colectiva”, el pabellón chileno lleva el nombre “Inteligencias Reflexivas” y pone el foco en la falta de consideración sobre las comunidades, a partir de las evaluaciones de impacto ambiental de 25 proyectos de data centers.

A través una larga mesa, que en realidad es una pantalla que transmitía un video, se ven avanzar los distintos proyectos e incluso el Plan Nacional de Data Centers del Gobierno. “La premisa de este proyecto es clara y contundente: si se pretende construir un futuro tecnológico justo, equitativo y sostenible, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar las estructuras y procesos de toma de decisiones que lo hacen posible”, escribieron los curadores en una columna en el diario El País.

La mesa digital es una metáfora que no cuestiona la necesidad de construir data centers, sino la forma en que se hace: “Para imaginar otro futuro, debemos entonces recuperar la mesa, no sólo como metáfora y símbolo, sino como una exigencia de deliberación, participación, responsabilidad y justicia. Donde la realidad de la inteligencia artificial, cargada de minerales, agua y energía, sea confrontada y no ocultada”. Pero mientras esta reflexión tenía lugar en Venecia, en Santiago el gobierno se movía en sentido contrario: eliminando las instancias de participación y deliberación sobre estos proyectos de infraestructura digital, así como la información pública que permitió montar la muestra.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Sandra García abre el grifo de su casa, pero no sale agua. Ella, de 38 años, trabaja en una fábrica y vive con su marido y su hijo en Viborillas, Colón, en el estado mexicanos de Querétaro. Esta situación se ha vuelto habitual para ella y para muchos habitantes de su pueblo y del vecino, El Marqués, una región duramente golpeada por la escasez de agua. El gobierno local se ha visto obligado a racionar el suministro y algunas familias solo tienen acceso al agua cada tres días.

La región sufre estrés hídrico al menos desde 2008, y en abril de este año, Conagua —la autoridad local encargada de los recursos hídricos— declaró que 17 de los 18 municipios del estado no habían recibido suficiente lluvia. García debe ir una vez por semana a donde su casera, quien ocasionalmente tiene agua corriente. Allí llena los baldes y los carga de regreso a su casa.

Aunque muchos residentes de Colón relacionan la falta de lluvias con los grifos secos, pocos saben que enfrentan a un nuevo competidor industrial por sus ya escasos recursos hídricos. El estado de Querétaro es uno de los polos latinoamericanos donde más rápidamente se está expandiendo la industria de los centros de datos. Según la Asociación Mexicana de Centros de Datos, en el estado hay 14 instalaciones. La Secretaría de Desarrollo local menciona 19 permisos en una solicitud de acceso a la información. La mayoría de estos centros están en Colón o en El Marqués, los cercanos a la capital regional, que también se llama Querétaro.

Muchos usuarios se imaginan que sus servicios de almacenamiento en la nube funcionan en algún espacio etéreo. Pero no es así. Google Drive, OneDrive, Amazon Web Services (AWS) y otros dependen de una infraestructura física mucho más terrenal: un edificio lleno de computadoras, conocido como centro de datos, con servidores que almacenan la información personal, transportan las imágenes y textos que se ven al acceder a una página web o contienen los datos financieros de la cuenta bancaria y permiten la rápida conexión a internet.

Los centros de datos existen desde hace décadas, pero solo recientemente han empezado a ser motivo de preocupación. Desde la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa, se han empezado a construir —o planear— centros de datos nuevos, más complejos y costosos, conocidos como “centros de datos de hiperescala”, en todo el mundo. Aunque América Latina no es la principal región receptora de inversión en este rubro, ha captado el interés de grandes empresas del sector, ya que muchos países de la región cuentan con vastos recursos naturales, energía barata y gobiernos dispuestos a reducir impuestos para no quedarse por fuera de la “nueva era digital” de la IA.

Para aprovechar esta oportunidad, la industria de los centros de datos —que incluye también sectores bien establecidos como el inmobiliario, el de la construcción, el de la energía y los proveedores de componentes y materiales— ha invertido en fortalecer sus vínculos con autoridades nacionales, influyendo muchas veces en las regulaciones que luego los beneficiarán. Y con los proyectos avanzando rápidamente, varios países latinoamericanos enfrentan ya muchos de los desafíos ambientales, de gobernanza y energéticos que suelen traer estos centros de datos.

Las empresas del sector argumentan que la IA es el futuro de la economía y que sería un error quedarse atrás, ya que sus nuevas instalaciones traerán empleos y prosperidad a la región. También afirman que las nuevas tecnologías de construcción irán reduciendo el impacto en el consumo de agua y energía de cada centro de datos. Algunas incluso prometen que solo utilizarán energías renovables para su funcionamiento.

Así que, mientras la promesa de un auge económico ligado a la IA aún no se ha materializado, muchos gobiernos latinoamericanos, confiando en los argumentos optimistas de la industria, han promulgado políticas para promover la construcción de nuevos centros de datos, en algunos casos acompañadas de incentivos fiscales o desregulación.

Durante nueve meses, una alianza de 17 redacciones de 15 países ha realizado pedidos de información pública, entrevistado diversas fuentes del gobierno y del sector y ha reporteado con la gente que vive donde se construyen los centros de datos, para contrastar estas promesas de progreso con la realidad sobre el terreno en Brasil, Chile, El Salvador, México y Paraguay. Este trabajo hace parte de la investigación La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Esta investigación revela que, aunque la industria de los centros de datos promete cientos de miles de empleos directos e indirectos generados por las nuevas instalaciones, los estudios muestran que en, el mediano plazo, una vez pasa la construcción, se crean solo decenas de puestos de trabajo. Se necesita muy poco personal para operarlas, y los beneficios para las economías locales no están a la vista.

No es el único problema. Los centros de datos nuevos y más avanzados consumen más electricidad para funcionar. Aunque algunas empresas sostienen que usarán energía renovable, esas afirmaciones son difíciles de verificar y los nuevos generadores eléctricos construidos para responder a la demanda de este auge constructivo han recurrido, en su mayoría, a combustibles fósiles.

También encontramos que las corporaciones multinacionales que dominan el mercado de centros de datos son conglomerados de estructuras y propietarios complejos, lo que dificulta su regulación y les permite ser más opacos respecto a su impacto ambiental y al uso de recursos. En muchos países latinoamericanos, como documentó esta investigación, organizaciones locales han tenido que luchar por mantener el acceso a recursos como el agua y la energía, y no perciben que estas empresas les estén beneficiando; sirven a personas que están en otros lugares, almacenando y procesando datos ajenos.

El mundo digital interconectado en el que vivimos necesita centros de datos. La pregunta es si los necesita al ritmo y bajo las condiciones que imponen las gigantes tecnológicas (llamadas Big Tech en inglés), el sector inmobiliario digital y otros actores de este nuevo auge. ¿Es posible que los países latinoamericanos construyan centros de datos en sus propios términos, priorizando el medioambiente y las necesidades de las comunidades que viven alrededor de estas instalaciones? Esta es la pregunta que motivó esta investigación.

Que no se recaliente

Uno de los principales retos de diseño para los proveedores de centros de datos es la refrigeración. De ahí surge la necesidad de agua. Los servidores están compuestos por tableros con unidades de procesamiento que proporcionan la potencia de cálculo. Estos servidores funcionan constantemente y deben mantenerse dentro de un rango de temperatura estable, lo que suele requerir sistemas de refrigeración que consumen mucha agua. Las unidades centrales de procesamiento (CPU) eran el componente clave de los centros de datos que prestaban servicios en la nube hasta hace poco, cuando se descubrió que las unidades de procesamiento general (GPU) eran mucho más eficaces para satisfacer las demandas informáticas generadas por la IA.

De ahí que aunque, antes del reciente auge de la inteligencia artificial generativa —un tipo de IA que puede generar contenido nuevo a partir de instrucciones, como ChatGPT—.los centros de datos siempre necesitaron sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento, La nueva generación de centros de datos de IA funciona a temperaturas mucho más altas y, por lo tanto, requiere mucha más agua. 

Los centros de datos más nuevos intentan minimizar el consumo de agua de distintas formas. Algunos crean un “sistema de circuito cerrado” en el que, en teoría, no se evapora agua, por lo tanto no se requiere acceso continuo a este recurso. Pero Sharlene Leurig, socia gerente de Fluid Advisors, una consultora especializada en agua, dijo a Bloomberg que “el agua suele ser la última consideración a la hora de decidir la ubicación de los centros de datos, porque es barata en comparación con el costo del suelo y la electricidad”.

Así, algunos desarrolladores de centros de datos e incluso gobiernos no se preocupan demasiado por si ponen en riesgo el acceso al agua en las regiones donde planean construir. Su prioridad, más bien, es encontrar acceso barato a los recursos.

En Querétaro, México, el equipo de televisión N+, aliado de esta investigación, descubrió que tanto el gobierno estatal como el federal lanzaron una estrategia para atraer centros de datos, a pesar de los informes de la autoridad ambiental local, Conagua (la dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente encargada de regular el uso del agua), que recomendaban no otorgar nuevos permisos de uso de agua. La ciudad vivió su peor sequía del siglo en 2024, cuando el 14,8% de la población no tuvo acceso constante al agua potable y los trabajadores agrícolas locales tuvieron dificultades para conseguir agua para regar sus cultivos.

Mientras tanto, las empresas de centros de datos también invierten en cambiar la narrativa: N+ reveló que Microsoft y ONU-Hábitat elaboraron un informe solicitando una inversión de 82 millones de pesos mexicanos para impulsar la economía local en Querétaro. El informe, tras visitar ocho comunidades, identificó la sequía como uno de los principales desafíos. Sin embargo, no recomendó inversiones para solucionar dicha sequía. En su lugar, propuso invertir en infraestructura para la región, como pavimentar calles o construir un techo para una plaza pública. Aun así, el informe afirmaba que “los centros de datos representan una oportunidad para la transformación socioeconómica del estado de Querétaro y, más específicamente, de los municipios de El Marqués y Colón”.

A pesar del respaldo internacional y los recursos de Microsoft, la empresa no ha realizado inversiones en infraestructura para mitigar la sequía ni enfrentar otros problemas socioeconómicos en el estado, como pudo verificar esta investigación al visitar siete de los ocho municipios mencionados en el informe y hablar con las autoridades locales. Sin embargo, Microsoft sí construyó una “región de centro de datos” en Querétaro, que comenzó a operar a principios de 2024.

Esta alianza periodística preguntó a Microsoft sobre el propósito de este informe y si sus centros de datos podrían empeorar el acceso al agua en la región. Microsoft respondió enlazando a una ficha de datos.

Esta alianza también contactó a Amazon, compañía que anunció este año que lanzará una región de centros de datos en Querétaro, para preguntarle sobre el uso de agua de sus centros de datos en este estado. La compañía respondió que en esta región de centros de datos usarán un diseño que no usará agua para el enfriamiento. Agregaron que con esto se acercarán a su compromiso de tener una huella hídrica positiva para 2030.

En 2018, en Chile, Google anunció, en una conferencia de prensa con el entonces presidente Sebastián Piñera y algunos de sus ministros, una inversión de 140 millones de dólares para expandir la instalación que había construido en 2015, a pesar de la escasez de agua en la zona. Y en 2019, el gigante tecnológico dijo que planeaba construir un segundo centro de datos en el distrito santiaguino de Cerrillos, con un costo de 200 millones de dólares. Ante esto, ciudadanos protestaron y autoridades locales se quejaron, ya que este nuevo centro usaría grandes cantidades de agua para sus sistemas de enfriamiento. (Ver historia completa de LaBot, aliado de esta investigación aquí)

La batalla por los centros de datos en Chile ha dado lugar a una creciente conciencia sobre los posibles daños y, a su vez, a un cuestionamiento sobre a quién beneficia realmente esta infraestructura. Algunos activistas consideran que los centros de datos benefician solo a personas que consumen los datos desde otros lugares. “Esto es solo [almacenamiento de] datos y la explotación de nuestros recursos naturales. Solo eso. Es una nueva forma de extractivismo digital, nos están usando desde el Norte Global”, dijo Tania Rodríguez, líder del Movimiento Socioambiental y Comunal por el Agua y el Territorio (Mosacat) a esta colaboración periodística.

Tras esta oposición, una decisión judicial revocó la licencia para construir este segundo centro de datos y Google se comprometió a elaborar un nuevo plan para un centro que utilizara refrigeración sin agua.

Sin embargo, un informe de LaBot, muestra que el gobierno chileno aprobó administrativamente un cambio regulatorio que permitirá construir centros de datos sin pasar por un proceso de evaluación ambiental. Hasta ahora, dicho proceso permitía supervisar la protección de los recursos naturales y que los residentes locales plantearan preguntas sobre los posibles impactos en sus vidas. La nueva norma relaja las exigencias y, si hubiera estado vigente en las últimas décadas, solo dos de una veintena de proyectos habrían sido evaluados ambientalmente. Esta decisión administrativa no se hizo pública. Solo después de que LaBot cuestionara esta medida, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció el cambio y declaró que poder evaluar el consumo de agua de los centros de datos requeriría de una nueva ley aprobada por el Congreso.

La mitad de todos los centros de datos en Brasil (ya sea en etapa de planificación, construcción u operación) están en el estado de São Paulo, principalmente en la región de Campinas, según datos obtenidos por Núcleo Jornalismo, aliado de esta investigación, a través de Data Center Map, una plataforma que mapea la ubicación de estos centros en el mundo. Esta cifra incluye tanto los centros de datos a hiperescala como instalaciones más antiguas. En los últimos años, esta región ha enfrentado numerosas crisis hídricas. La más grave ocurrió entre 2014 y 2015, cuando muchos municipios del estado —incluyendo Campinas y la ciudad de São Paulo— implementaron un racionamiento de agua.

La industria de los centros de datos ha identificado otras ciudades brasileñas como lugares de interés, aunque hayan enfrentado recientemente escasez de agua. Nueve de las 14 ciudades que ya tienen, o tendrán, nuevos centros de datos —según una solicitud de información enviada por Agência Pública, otro aliado de esta investigación— fueron clasificadas por el Water Risk Atlas como de riesgo medio-alto en términos de agua, y otras tres como de “riesgo alto”. Entre estas últimas se encuentran Campo Redondo, en el estado de Rio Grande do Norte; Igaporã, en Bahía; y Caucaia, en Ceará —todas en el noreste de Brasil. TikTok está construyendo un centro de datos en esta última localidad, aunque, según un informe publicado por The Intercept Brasil, es muy probable que dicha obra agrave la sequía que enfrenta la zona.

Esta alianza periodística contactó a Luis Tosse, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Centros de Datos (ABDC), y le preguntó sobre las críticas relacionadas con el elevado consumo de agua de estos centros en el país. Tosse afirmó que “tenemos agua disponible” y que, por lo tanto, esto no debería considerarse un problema en Brasil. Andrei Gutierrez, presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (Abes), agregó: “es lo mismo que decir: ‘oye, no vamos a construir una carretera porque la carretera impermeabiliza el suelo’. ¿Me entiendes? Yo creo que todo es una cuestión de planificación”.

Que siempre esté encendido

Con el crecimiento exponencial de los centros de datos, incluso si cada uno de ellos, individualmente, utiliza menos agua, se necesitará más energía para que un número cada vez mayor de edificios siga funcionando. Y a medida que crece la demanda de electricidad, también se intensifica la presión para construir capacidad de generación utilizando combustibles fósiles. Esto podría retrasar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático y agravar los efectos de este, poniendo en aún mayor riesgo a las zonas con estrés hídrico.

Una mayor capacidad de generación energética es fundamental para el negocio de la inteligencia artificial, ya que la potencia de procesamiento necesaria para resolver sus consultas es mucho mayor y, por lo tanto, consume más energía que otras operaciones digitales. Aunque el consumo energético de la IA es difícil de calcular (pues cada petición que se le hace a esta tecnología depende de varios procesos previos cuyos costos son difíciles de individualizar), la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calculó que una búsqueda tradicional en Google consume 0,3 vatios-hora. En cambio, una consulta a ChatGPT, en promedio, consume 2,9 vatios-hora.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó un informe en el que calculó que los centros de datos consumieron alrededor del 1,5% de toda la electricidad del mundo en 2024. Esto equivale a 415 teravatios-hora. Pero en ese mismo informe —que otros expertos consideran conservador—, la IEA proyectó que esta cifra se duplicará para 2030.

Algunos países destinan una mayor proporción de su suministro total de energía a alimentar centros de datos. El caso más extremo es Irlanda, donde el 21% de su electricidad (producida mayoritariamente mediante la quema de combustibles fósiles) en 2024 se destinó a centros de datos. Esta cifra llevó a las autoridades locales a restringir nuevos centros de datos en los alrededores de la capital, Dublín, por temor a apagones programados. Las empresas del sector han tenido que responder a estos problemas. Meta, una de las principales operadoras de centros de datos del mundo, tiene cinco instalaciones en Irlanda (Data Center Map registra un total de 133 centros de datos en el país). Pero también tiene oficinas allí, desde donde informó que había establecido una alianza con Brookfield Renewable Energy Partners mediante un “acuerdo de suministro a largo plazo de energía eólica 100% renovable para el centro de datos de Clonee y las oficinas de Meta en Irlanda”.

En cualquier caso, es difícil evaluar con exactitud cuánta energía consume este sector, ya que las empresas pueden alegar que esta información es un secreto industrial. Datos de Cushman & Wakefield, una firma inmobiliaria, muestran que en 2023, Estados Unidos y China fueron los países que más electricidad utilizaron para alimentar sus centros de datos, medida en capacidad de megavatios. Estos mismos datos mostraron que tres ciudades latinoamericanas están entre las 50 que más electricidad destinan a sus centros de datos en el mundo, aunque con una capacidad sustancialmente menor que las ciudades de los dos países líderes.

Querétaro aparece en la lista con una capacidad de 150 MW, São Paulo con 122 MW y Santiago con 61 MW. Sin embargo, estas cifras cambian muy rápido y resulta difícil dar datos precisos y actualizados. Por ejemplo, un informe de JLL, una inmobiliaria cercana al negocio de los centros de datos, afirma que São Paulo tenía en 2023 una capacidad de 670 MW en centros de datos ya operativos, con 382 MW adicionales en construcción y otros 388 MW planeados.

Agência Pública solicitó al Ministerio de Minas y Energía de Brasil una lista de todos los centros de datos que han pedido acceso a la red básica de energía del país —la preferida por los grandes proyectos—, junto con información sobre cuánta energía consumen. La respuesta incluyó solo 22 centros de datos. Trece de los 22 solicitantes pidieron confidencialidad, como se los permite la ley del país, sobre sus datos de consumo energético, por lo que dicha información no se entregó. Entre quienes pidieron mantener la reserva se encuentra TikTok, que pidió esa confidencialidad sobre la instalación que está construyendo en Caucaia. Los datos obtenidos por Núcleo a través de Data Center Map muestran que se estima que en Brasil hay alrededor de 170 centros de datos, un número que incluye instalaciones para IA así como otras más antiguas diseñadas únicamente para almacenamiento y procesamiento de datos.

Aunque prácticas secretistas de la industria y datos públicos incompletos impiden obtener una imagen precisa, los expertos coinciden en que los centros de datos crecen en todo el mundo rápidamente y la presión ejercida por algunas de las empresas más ricas del mundo para que los gobiernos amplíen la producción de electricidad es intensa.

En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México anunció que aumentaría en un 50% la capacidad de la red eléctrica de Querétaro, citando la construcción de centros de datos en la región como una de las principales razones para hacerlo. Adicionalmente, la Comisión anunció una nueva planta de energía, El Sauz II, que utiliza gas para generar electricidad, lo cual añade más emisiones de combustibles fósiles al medio ambiente. En una comunicación que envió Ascenty a esta alianza periodística, la compañía asegura que decir que “la instalación de nuevos centros de datos de Querétaro, incluidos aquellos construidos por Ascenty, haya motivado la construcción de una nueva central eléctrica de combustibles fósiles es infundada”.

En entrevista con N+, Arturo Bravo, director general de Ascenty México (una de las compañías que tienen centros de datos en Querétaro), dijo que su compañía costea parte las obras de refuerzo necesarias para cubrir la demanda de electricidad de sus centros de datos, que está en constante diálogo con la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y que sus solicitudes de demanda de electricidad siempre están acompañadas de estudios.

Digital Realty, que tiene el 49% de las acciones de Ascenty, en una respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico por esta alianza periodística dijo que “la capacidad total en Querétaro es de 8 MW, menos del 0,01% de la capacidad total de la red reportada de México (unos 89 GW en 2023)”.

Aunque algunos nuevos centros de datos prometen usar energías renovables —como el caso de DataTrust en El Salvador, que asegura utilizar energía fotovoltaica, una afirmación imposible de verificar—, la quema de combustibles fósiles ha aumentado debido a la construcción y operación de estos centros.

En Estados Unidos, el rápido desarrollo de centros de datos está impulsando un aumento de la demanda eléctrica que el gobierno de Donald Trump planea satisfacer mediante una mayor quema de combustibles fósiles. Publicado en julio, el “Plan de Acción de la IA” y una orden ejecutiva sobre la “Aceleración del Permiso Federal para Infraestructura de Centros de Datos” buscan eliminar obstáculos regulatorios, incluidas protecciones ambientales.

En su informe ambiental del año pasado, Google admitió que sus emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 48% desde 2019, principalmente debido al “aumento en el consumo de energía de centros de datos y a las emisiones de la cadena de suministro”. En el mismo informe, Google reconoció que “a medida que integramos más la IA en nuestros productos, reducir las emisiones será un reto debido al aumento de la demanda energética por la mayor intensidad del cómputo de IA y las emisiones asociadas a nuestras inversiones previstas en infraestructura tecnológica”, y que su meta de cero emisiones netas para 2030 ahora es “extremadamente ambiciosa”.

Y eso es solo lo que informa Google por cuenta propia. Una investigación de The Guardian publicada el año pasado descubrió que las emisiones de los centros de datos que son propiedad o están bajo la operación de cuatro de las principales empresas tecnológicas del mundo (Google, Microsoft, Meta y Apple) podrían ser un 662% más altas de lo que informan oficialmente.

Sin embargo, al ser consultados, los representantes de asociaciones de centros de datos niegan que la industria esté buscando construir más fuentes de energía fósil. Gutierrez, de Abes, en Brasil, dijo: “no veo a nadie construyendo centros de datos con la intención de fomentar el uso de termoeléctricas, energía a carbón, energía a diésel, que es más cara”. Aunque la matriz eléctrica brasileña es más limpia que la de la mayoría de los países —el 86% de su electricidad proviene de fuentes renovables y el 64% de plantas hidroeléctricas—, el cambio climático ha afectado el régimen de lluvias, por lo que la producción energética mediante termoeléctricas ha aumentado en los últimos años.

En sus respuestas, Digital Realty también dijo que su compañía “ha validado los Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, de acuerdo a la ciencia climática”. Y que Digital Realty “se ha comprometido a que sus operaciones europeas sean neutrales climáticamente para 2030, sgún el Pacto por un Centro de Datos Climáticamente Neutral. En 2024, la compañía emparejó el 75% de su huella energética global con electricidad limpia, incluyendo 185 centros de datos emparejados con 100% energías limpias. Digital Realty ha llevado a cabo más de 1,5 GW en contratos de renovables para apoyar nuestros esfuerzos de decarbonización”.

La cantidad de energía que consumen los centros de datos también ha reactivado el debate sobre la energía nuclear. En Brasil, el ministro de Minas y Energía, Alessandro Silveira, argumentó que, para satisfacer la demanda de los nuevos proyectos, la energía nuclear sería la única alternativa viable y que eso implicaría costosas inversiones por parte del gobierno. En el estado estadounidense de Pensilvania, la planta de energía nuclear de Three Mile Island —escenario del peor accidente nuclear comercial en la historia del país— será reabierta para alimentar los centros de datos de Microsoft.

Y en Argentina, el presidente Javier Milei propuso un plan para aumentar la producción de energía nuclear del país para alimentar nuevos centros de datos, entre otras cosas. La energía nuclear se considera limpia porque no emite gases de carbono, pero es peligrosa en caso de accidentes, sus costos son mucho más altos que otras fuentes de energía, no tiene soluciones para deshacerse del desperdicio nuclear, lo que la hace muy polémica entre especialistas y activistas medioambientales.

Los países que tienen energía limpia en exceso, como Paraguay, también están siendo cortejados por la industria en este nuevo contexto, según informó El Surti, otro aliado de esta investigación. En mayo, el secretario de estado estadounidense Marco Rubio propuso utilizar el excedente energético de Paraguay para alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Paraguay es copropietario, junto con Brasil, de la represa hidroeléctrica de Itaipú y por ahora produce más energía de la que puede consumir, por lo que vende sus excedentes a Brasil y Argentina a precios por debajo del mercado.

La disputa por la energía paraguaya se da en un contexto en el que los habitantes locales han comenzado a cuestionar la expansión de centros de datos dedicados a la criptominería —es decir, aquellos utilizados para “minar” o producir criptomonedas como Bitcoin— en el país. Estas instalaciones generan contaminación sonora grave que afecta a las comunidades vecinas. “Ya hemos sufrido el extractivismo de nuestra electricidad, cediéndola a Brasil y Argentina a precios miserables. Ahora tenemos también criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es solo otro capítulo de esta lógica extractivista que ya conocemos. No cambiará la realidad en Paraguay”, dijo Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía durante el gobierno de Fernando Lugo, a El Surti.

El actual ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, por el contrario, considera que el interés de Estados Unidos “nos posiciona de una manera sin precedentes”. Villate declaró a El Surti que el gobierno ha estado trabajando para cerrar acuerdos con empresas de centros de datos.

Que quede en secreto

Los impactos de los centros de datos sobre la disponibilidad de agua y electricidad, así como sobre el cambio climático, son difíciles de calcular, porque la mayoría de los datos no están disponibles. Expertos y activistas señalan que es muy difícil verificar de manera independiente las promesas que hace la industria de los centros de datos sobre limitar su impacto ambiental, debido a lo extendida que está la práctica de ocultar o distorsionar sus informes internos, alegando secreto industrial.

El sector es, sin duda, consciente de sus impactos. Por ejemplo, documentos internos obtenidos a través de la herramienta de acceso público EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) —pertenecientes a una de las principales compañías de centros de datos del mundo, Digital Realty Trust— revelan que un grupo de accionistas había solicitado al Consejo de Administración, antes de su asamblea anual, que “elaborara una política integral que articule el respeto y el compromiso de nuestra empresa con el derecho humano al agua”, la cual “debería alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos e incluir estrategias para minimizar el uso actual y futuro del agua”.

El consejo rechazó la solicitud, argumentando que tres de cada cuatro centros de datos en su portafolio no utilizan agua para refrigeración y Digital Realty, en su respuesta a esta alianza periodística, precisó que “la inmensa mayoría de nuestros accionistas (el 90%) rechazó esta propuesta en la Asamblea General de 2025” y que “el 42% del uso de agua de Digital Realty alrededor del mundo viene de recursos hídricos reciclados, minimizando así el impacto sobre los recursos de agua dulce locales”.

No obstante, el mismo documento disponible en EDGAR muestra que algunas de sus instalaciones aún utilizan recursos locales y podrían afectar a comunidades.

“El secreto es una de las herramientas principales que usa el lobby de los centros de datos”, dijo a esta investigación Max Schultze, director del grupo de expertos europeo Leitmotiv. “He pasado años tratando de desglosar los registros financieros de la industria de los centros de datos”, explicó. “Pero ellos no detallan en qué países pagan impuestos. Ni siquiera desglosan los ingresos por país... Todavía no hemos visto que un proveedor de la nube publique el consumo real de energía o agua, o algo similar, de manera que haya sido verificado por un tercero o que podamos verificarlo de forma independiente”.

La organización de Schultze fue una de las que presionó con éxito al gobierno alemán para promulgar una ley que obliga a los centros de datos a reportar su consumo de agua y energía. Sin embargo, “la mitad de los centros de datos en Alemania simplemente se negó a reportarlo”, señaló. “A todos les están imponiendo una multa de 100 000 euros por no informar, pero no les importan 100 000 euros”.

Tech Policy Press, otro socio de esta investigación, preguntó a varios defensores del medio ambiente y de los derechos del consumidor cuánta información podían obtener sobre los proyectos de centros de datos en Estados Unidos. La mayoría respondió que puede ser muy difícil obtener detalles, especialmente antes de que los proyectos sean aprobados.

Esta asimetría se ve exacerbada por el uso generalizado de acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) firmados entre las compañías de centros de datos y los gobiernos locales. “Es muy difícil, con los acuerdos de confidencialidad, saber qué va a haber en la instalación antes de que se apruebe”, dijo Julie Bolthouse, directora de uso del suelo en el Piedmont Environmental Council, a Tech Policy Press. “No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones generarán, ni cuánta electricidad necesitarán o qué tipo de servicio requerirán”, explicó. “Así que básicamente, recopilamos la información después del hecho”. Los funcionarios locales, que podrían tener acceso a más información con anticipación, a menudo tienen el incentivo de apoyar los proyectos de centros de datos que, sobre el papel, “siempre aparecen como ganadores”, agregó Bolthouse.

Jenna Ruddock, directora de incidencia en Free Press –una organización sin ánimo de lucro estadounidense que ha estado realizando un seguimiento de los esfuerzos para aprobar leyes en materia de transparencia –sostiene que es crucial que las comunidades tengan acceso a más información. “En varias jurisdicciones hemos visto intentos de aprobar leyes significativas de transparencia. Muchas empresas publican datos de manera agregada, lo que dificulta que las comunidades comprendan cuál será el impacto específico. Es importante aprobar esas leyes para que haya más información disponible desde el principio del proceso, antes de que se otorguen los permisos y comience el desarrollo, cuando ya es demasiado tarde para que las comunidades puedan opinar.”

Esta opacidad también permite que la industria de los centros de datos haga promesas sobre la creación de empleo y sobre el retorno de inversión sin ofrecer pruebas ni estar sujeta a supervisión. O, como lo expresó Schultze: los comunicados de prensa de la industria “sirven para convencer a los políticos de que necesitamos digitalizar cada país del mundo y que la única manera de hacerlo es con su infraestructura. Pero nada de eso es verdad.”

Schultze añade: “hicimos un estudio para el gobierno alemán que mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado. En comparación, BASF, una gran empresa química en Alemania, utiliza 200 megavatios y crea 50.000 empleos directos. Lo que la mayoría de los proveedores de la nube afirman es que van a crear millones de empleos indirectos. Ninguna otra industria se sale con la suya con eso”.

Heleniza Campos, experta en planificación urbana y profesora de urbanismo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), en Brasil, ha estado siguiendo la construcción de un centro de datos de hiperescala en Eldorado do Sul —un municipio donde el 90% del territorio se inundó en 2024— y estudiando otros proyectos similares. Ella señala que se están proponiendo nuevos centros de datos en ciudades sin recursos públicos, que “aceptarán cualquier cosa, solo por el dinero”, y subraya la necesidad de transparencia.

“¿Cuál es el costo? ¿Y quién lo va a asumir? ¿Cuáles son los beneficios y los retornos para la sociedad que vive allí? Eso todavía no lo sabemos. (…) Necesitamos entender ese costo y encontrar la manera de gestionarlo sin perjudicar los lugares donde se va a construir [el centro de datos]”, explicó a Agência Pública. “Alguien tiene que regular esto, no aflojar las reglas hasta el punto de poner en riesgo a toda la sociedad”.

Que nunca te falten aliados

Muchos países de América Latina tienen algo que las empresas de centros de datos desean: electricidad barata, regulaciones laxas y una disposición gubernamental a aceptar la promesa de que la carrera por la inteligencia artificial traerá un gran retorno de inversión y generará empleo. Esta investigación encontró que la relación entre las empresas tecnológicas y los gobiernos es compleja e incluso opaca. En algunos casos, gobiernos que buscan con afán la inversión extranjera, quieren atraer a las empresas de centros de datos. En otros, son las empresas que se esfuerzan por convencer a gobiernos y parlamentarios de que les permitan construir más instalaciones.

Chile es un ejemplo de ello. Su gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, ha sido uno de los más entusiastas de la región en atraer a estas empresas y ha puesto en marcha un Plan Nacional de Centros de Datos llamado PDATA. Pero ese apetito viene de años atrás. A pesar de estar en extremos opuestos del espectro político, los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también intentaron fortalecer sus vínculos con las grandes tecnológicas y convertir a Chile en un hub digital.

La propuesta de Chile es sencilla: el país es estable política y económicamente, está comprometido con la inversión en tecnología y facilita las inversiones en el sector, en particular reduciendo la burocracia y flexibilizando el proceso de licenciamiento ambiental. PDATA, lanzado en diciembre pasado, incluye la clarificación normativa para las empresas de centros de datos.

Este paso demuestra tanto el interés del gobierno por atraer a estas compañías como el alto nivel de organización de la industria. Mientras se discutía PDATA, nació una alianza de empresas de centros de datos. Esta alianza, llamada Asociación Chilena de Data Centers, incluye a los principales actores del sector, como Ascenty, EdgeConnex, Equinix, Google, OData, Scala, Nexstream, el medio especializado Data Center Dynamics (DCD) y empresas inmobiliarias. La asociación ha estado manifestándose en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno para regular la inteligencia artificial, argumentando que limita la innovación y contradice el Plan Nacional de Centros de Datos.

Amazon no forma parte de esta alianza, pero lobistas de Amazon y de AWS, por ejemplo, se han reunido al menos 350 veces con funcionarios públicos, según el registro de lobby público de Chile. Según los mismos datos, Aisén Etcheverry, quien fue ministra de Ciencia y Tecnología hasta hace poco, se reunió con ejecutivos de Google, AWS, NVIDIA, Equinix y Meta.

En Brasil, los grupos industriales también han influido en nuevas regulaciones. El año pasado, la discusión de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial fue postergada varias veces debido al lobby del sector. Una de las razones, según fuentes consultadas por Agência Pública e ICL Notícias, aliados de esta investigación, fue que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) se unió al esfuerzo para fomentar la creación de un hub de centros de datos. Este hub “generaría empleo y un ecosistema fértil para la industria brasileña”, afirmó la abogada de la CNI, Christina Aires, en una reunión privada.

En respuesta a esta alianza periodística, la CNI reforzó que “ha estado dialogando con parlamentarios y sectores de la economía impactados” sobre el proyecto que busca regular la IA, pero afirmó que el artículo que trata sobre los centros de datos “no forma parte de las propuestas de la CNI para el proyecto”, ya que el tema “requiere una política estructurada”.

La Confederación también defendió los centros de datos como “una parte esencial de la infraestructura digital”, necesaria “para que Brasil sea competitivo en el mercado mundial de producción de datos a gran escala”.

La CNI afirmó, además, que la “creación [de centros de datos] promete amplios efectos en la empleabilidad y en la educación” y citó como referencia un informe de 2023 realizado a pedido de la Data Center Coalition (DCC), asociación empresarial de centros de datos en Estados Unidos.

La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado en diciembre pasado incentivaba la creación de centros de datos “más sostenibles para sistemas de IA”. El día de la aprobación, había 16 lobistas de las grandes tecnológicas en el plenario del Senado, según Carla Egydio, lobista de medios pequeños. Un reportero de Agência Pública escuchó al relator del proyecto, Eduardo Gomes, expresar en voz alta su malestar por la presión del sector: “De cada 10 pedidos [de la industria], se atienden nueve. (…) Al día siguiente llenan los periódicos [quejándose] de lo que quedó por fuera”.

Consultado por esta alianza, el equipo de prensa del senador Eduardo Gomes dijo que “la actividad parlamentaria se compone de un sinnúmero de reuniones, debates e intensas negociaciones. Y son normales las presiones y contrapresiones de todos los actores involucrados”.

El proyecto de ley se discute ahora en la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la diputada Luísa Canziani, según una fuente interna, y cuyo padre cerró un acuerdo opaco con Google cuando era secretario del Estado de Paraná.

El 27 de junio de 2024, el Consejo Digital, un grupo de lobby que representa a Amazon, Google y Meta, organizó un brunch en Brasilia al que fueron invitados representantes de senadores y partidos de todas las corrientes políticas. “Los participantes analizaron conjuntamente el texto, destacando los avances logrados y posibles modificaciones por concluir”, explicaron.

No solo las empresas buscan a las autoridades; las autoridades también buscan a las empresas. En abril de este año, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, viajó a Silicon Valley para presentar una nueva versión de la Política Nacional de Centros de Datos a representantes de las grandes tecnológicas. Dijo que planea conceder exenciones fiscales a las inversiones y exportaciones del sector de centros de datos. Núcleo informó que, al ser consultado por la sociedad civil para compartir el texto, el gobierno se negó.

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también busca atraer centros de datos y aprobó una reforma legal para ampliar el tipo de actividades que pueden realizar las empresas en las zonas francas exentas de impuestos. Además, el gobierno salvadoreño aprobó nuevas leyes, como la Ley de Fomento a la Innovación, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y la Ley General de Modernización Digital del Estado, que buscan convertir al país en un centro tecnológico. Estas leyes ofrecen beneficios fiscales a los centros de datos, como parte de su estrategia para atraer inversión extranjera.

La inversión directa en El Salvador ha disminuido en los últimos años. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Hasbún, dijo que se debe a la inseguridad jurídica provocada por un estado de excepción aparentemente permanente decretado por el gobierno. Sin embargo, algunas empresas sí han llegado. En 2021, Ronald Jiménez, entonces CEO de Codisa —la empresa costarricense que operaba el centro de datos DataTrust en El Salvador hasta que fue comprado por IFX Networks—, dijo en una entrevista que su empresa había llegado al país porque “El Salvador es un imán para la atracción de inversiones”.

En Estados Unidos, la industria también ha recurrido a una asociación para influir en las autoridades, según Tech Policy Press. Fundada en 2019, la Data Center Coalition (DCC) es una asociación empresarial que se autodefine como “la voz de la industria de los centros de datos”. Sus miembros incluyen a Amazon, Google, Microsoft y Meta, así como a operadores de centros de datos y proveedores de servicios de infraestructura relacionados, entre ellos Stack Infrastructure, Digital Realty, Coreweave y Oracle.

En los últimos meses, el presidente de la DCC, Josh Levi, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en una audiencia sobre la economía de la IA y el consumo energético de los centros de datos, escribió una columna de opinión en un periódico de Ohio proclamando los beneficios económicos de los centros de datos para ese estado, y participó en una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Calvert, Maryland, donde habló, entre otros temas, del potencial de ingresos fiscales locales provenientes de los centros de datos. En Mississippi, Levi dijo a un periódico local que invertir en centros de datos no tiene casi ningún aspecto negativo. “Desde mi punto de vista, no hay desventajas”, declaró al Clarion Ledger de Jackson.

En el estado de Virginia, la DCC formó un grupo llamado Virginia Connects para “educar e involucrar a los virginianos sobre los beneficios que los centros de datos aportan al estado y a sus comunidades locales”. La organización parece haber liderado una campaña de astroturfing (simulación de apoyo ciudadano) a favor de la industria. El año pasado, en medio de la presentación de varios proyectos de ley que podrían haber afectado negativamente a los centros de datos en el estado, Virginia Connects envió “mensajes de texto y volantes promocionando los beneficios de la industria”, según el Prince William Times.

El grupo produjo videos que difundió a través de cuentas en redes sociales como X, Facebook y YouTube. “Los centros de datos de Virginia están ahí para ti”, promete una voz en uno de los videos. “Los centros de datos de Virginia son esenciales para nuestra seguridad nacional y competitividad económica”, dice otro, acompañado de imágenes de aviones de combate, el Kremlin, el líder chino Xi Jinping y el Pentágono. Según el Ads Transparency Center de Google, los videos en YouTube fueron promovidos por una agencia de asuntos públicos con sede en Richmond y, aunque la cuenta de Virginia Connects tiene menos de 200 suscriptores, algunos de los videos han alcanzado millones de visualizaciones.

Que el dinero permanezca en pocas manos

La industria de los centros de datos se ha estado consolidando, con unas pocas grandes empresas comprando participaciones en compañías más pequeñas para ofrecer portafolios más amplios de centros de datos dedicados (es decir, utilizados por un solo cliente) o de colocación (donde múltiples clientes alquilan “espacio”). Pero no solo están adquiriendo empresas tecnológicas menores.

La industria de los centros de datos también funciona, con frecuencia, como un negocio inmobiliario. Alquilan o compran edificios para alojar su gran número de servidores. Por eso, los dos actores más grandes en América Latina son Digital Realty Trust y DigitalBridge, que juntas poseen u operan cientos de centros de datos en la región.

Digital Realty Trust, una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, afirma ser la compañía más grande del mundo en este sector, gestionando 308 centros de datos. En sus últimos estados financieros, de 2024, informan que tienen un portafolio de 36 centros de datos en América Latina: 28 en Brasil, tres en México, tres en Chile y dos en Colombia. Estas cifras incluyen tanto centros operativos como los que están en proyecto.

En ese mismo informe financiero, reportan 3936 empleados en el mundo, pero ninguno en América Latina, y unos ingresos operativos totales de 5.554 millones de dólares, un crecimiento leve frente a 2023, pero de más del 18% desde 2022. Es una empresa que cotiza en bolsa, y sus ganancias netas disponibles para los accionistas comunes, tras gastos operativos, intereses, impuestos y otros costos, fueron de 561 millones de dólares, una disminución frente a los 908 millones que ganaron en 2023, pero cerca al doble su utilidad neta de 2022.

Digital Realty Trust ilustra, en parte, por qué las empresas de centros de datos también funcionan como inversionistas inmobiliarios. En su informe financiero de 2023, la compañía explica que ha optado por ser “tratada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (‘REIT’, por sus siglas en inglés) para fines fiscales federales”, lo que le otorga ciertos beneficios. A diciembre de 2024, Digital Realty Trust poseía unos 5 millones de metros de espacio para alquilar a centros de datos. De ellos, “827.000 metros cuadrados en desarrollo activo y otros 437.000 metros cuadrados para desarrollo futuro”. La empresa también informa que no es propietaria de todos los edificios de su portafolio, sino que alquila muchos de ellos.

En 2018, Digital Realty anunció en su sitio web que había completado la adquisición de una parte de Ascenty, una empresa de centro de datos brasileña, fundada en 2010, que opera estos espacios en Brasil y en otras partes de América Latina. La filial brasileña de Digital Realty, Stellar Participações Ltda, compró junto con Brookfield Infrastructure (una filial de Brookfield Asset Management) un 49% cada uno de las acciones de Ascenty por 1.800 millones de dólares. Chris Torto, el fundador y CEO de Ascenty se quedó con el 2%. Es a través de Ascenty que Digital Realty opera la mayoría de los centros de datos en América Latina, según reporta en sus propios estads financieros.

Esta asociación con Brookfield es indicativa del tipo de dinero que financia la expansión de los centros de datos: en gran medida, proviene de fondos de pensiones. Brookfield, con sede en Canadá, es una de las mayores gestoras de inversiones alternativas del mundo. Según el Center for International Corporate Tax Accountability and Research, “Brookfield gestiona más de 800 000 millones de dólares en activos, gran parte de los cuales provienen de ingresos diferidos de trabajadores a través de fondos de pensiones públicos globales”. En muchos casos, esto significa que el riesgo está ampliamente distribuido. Si la industria de los centros de datos resulta ser una burbuja económica y estalla, los trabajadores de todo el mundo asumirían las pérdidas.

El otro gran actor en el mercado latinoamericano de centros de datos, DigitalBridge, también funciona como una empresa inmobiliaria, en la que muchos jubilados han invertido sus fondos. DigitalBridge es el nombre actual de una empresa anteriormente conocida como Colony Capital. En 2020, una filial de Colony Capital, Digital Colony, compró UOL Diveo y creó Scala Data Centers S.A. en Brasil. Según su sitio web, Scala cuenta con 18 centros de datos en América Latina: 13 en Brasil, tres en Chile, uno en Colombia y uno en México.

Tanto DigitalBridge, que comenzó como una empresa de infraestructura tecnológica, como Colony Capital, que originalmente era una firma inmobiliaria, fueron fundadas por Thomas Barrack (un magnate del sector inmobiliario, amigo cercano de Donald Trump y su actual embajador en Turquía). En 2019, Colony Capital compró DigitalBridge. Barrack fue arrestado en 2021 por cargos federales de lobby ilegal en favor de los Emiratos Árabes Unidos ante Trump, y para ese año Colony Capital ya se había renombrado como DigitalBridge. Al igual que Digital Realty Trust, DigitalBridge es también un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT).

Que no se detenga

Otro actor clave en la expansión de los centros de datos son las compañías eléctricas. El auge de la IA está revirtiendo años de descenso en el consumo energético en Estados Unidos, China y otros países, y las grandes empresas energéticas ven oportunidad de volver a crecer.

Y dado que la cantidad de energía requerida por los centros de datos aumenta mundialmente, que las empresas que suministran esa electricidad tengan participación en estos centros podría representar un conflicto de interés. Las eléctricas podrían beneficiarse de la construcción de nuevas plantas para satisfacer la demanda generada por los mismos centros de datos que posean.

El centro de datos DataTrust en El Salvador, por ejemplo, es propiedad de la empresa IFX Networks, que también tiene centros de datos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. IFX Networks es propiedad de otra empresa, Ufinet, que a su vez fue comprada por el Grupo Enel, pero posteriormente vendida en una operación en la que Enel retuvo una participación del 19,5%. Enel es una multinacional italiana que provee electricidad en muchas ciudades de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá.

Brookfield, que como se mencionó es dueña del 49% of Ascenty —y, por lo tanto, en la mayoría de los centros de datos de América Latina—, también es propietaria de ISAGEN, una antigua empresa eléctrica pública de Colombia, que compró en 2016. ISAGEN opera seis plantas hidroeléctricas en Colombia, un país cuya matriz energética depende en gran parte de la hidroelectricidad. Además, ISAGEN gestiona otras 21 centrales eléctricas en el país.

La actitud global actual hacia los centros de datos es de optimismo generalizado, y lo mismo ocurre en América Latina: empresas y gobiernos parecen querer ser los que construyan más y más rápido. Muestran oídos sordos a las denuncias de habitantes que se quedan sin agua, las preocupaciones de comunidades sufriendo racionamiento de agua o de energía y los riesgos de que las pensiones de trabajadores se estén apostando a la bonanza jalonada por esta fiebre de última moda. O las contrarrestan con promesas, sin cifras precisas, de riqueza y progreso.

Aún está por verse si el auge de la inteligencia artificial se materializará en beneficios concretos para los países que están entregándoles a las empresas de centros de datos una parte de sus preciados recursos. Ya se verá si la prometida bonanza llega o si será otra burbuja económica que nos deje con edificios llenos de servidores sin uso y que más que empleo, produzcan contaminación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

Ocupó un cargo gerencial en Amazon Web Services (AWS) y al mes siguiente fue contratada por el gobierno en un puesto en que debía gestionar temas en los que la industria tecnológica tenía intereses. Terminó participando de una decisión que involucraba a AWS y de la que debió haberse abstenido, según estableció en 2023 la Contraloría —la entidad encargada de fiscalizar los actos del Estado en Chile. Al momento de esa resolución, Aisén Etcheverry ya era la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) del gobierno de Gabriel Boric y se aprestaba a liderar un plan para facilitar las inversiones tecnológicas en centros de datos.

Etcheverry es un ejemplo claro de puerta giratoria del poder, un fenómeno que tiene lugar cuando una persona salta de una empresa privada a un puesto del sector público capaz de impactar los intereses de esa compañía (o viceversa). Si como autoridad esa persona toma una decisión que afecta a la empresa en la que trabajó en los dos años anteriores, se produce un conflicto de interés castigado por la ley chilena, que no es particularmente exigente en esta materia.

El de la exministra es solo uno de los casos de puerta giratoria identificados por el proyecto La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación en 13 países.

Etcheverry fue cuestionada por la Contraloría por este conflicto de interés, lo que no frustró su carrera en ascenso en el Estado, muchas veces manejando asuntos que competen directamente a los intereses de las tecnológicas. La ahora exministra negó a esta alianza que hubiera estado expuesta a algún conflicto de interés respecto a su paso por AWS.

El caso de Etcheverry es de manual. Su carrera comenzó ligada a las empresas tecnológicas. De acuerdo con su Linkedin, inició su actividad profesional como analista de negocios de Oracle, donde estuvo tres años, y luego entró al Estado en 2009. A partir de entonces, su estelar carrera en el sector público solo tuvo una pausa de poco más de seis meses. En ellos trabajó como gerenta de Políticas Públicas para América Latina en AWS, la filial de la tecnológica del gigante estadounidense Amazon dedicada a la infraestructura de computación en la nube.

Durante su investigación, la Contraloría recopiló una serie de antecedentes y documentos relativos al proceso y a la carrera de Etcheverry, los que fueron obtenidos por LaBot tras solicitar una copia del expediente a través de la Ley de Transparencia por tratarse de información pública. Dicho expediente incluye la denuncia original contra Etcheverry, su defensa, contratos, decretos y convocatorias, entre otros documentos que permiten reconstruir paso a paso los hechos que llevaron al conflicto de interés cuestionado por el organismo.

Según el contrato de trabajo que firmó Etcheverry con AWS, entre sus labores se contaba “facilitar reuniones de alto nivel entre los ejecutivos de AWS y actores clave, incluidos el estado y los responsables políticos locales y ejecutivos, asociaciones de la industria, y socios de alianza para promover y defender las políticas de la compañía sobre políticas públicas” (ver contrato).

En una respuesta por escrito a esta alianza, la ex ejecutiva de AWS detalló las labores que en la práctica realizó en sus cinco meses en la trasnacional: “Mi función tuvo que ver con promover regulaciones que permitieran o facilitaran el uso de la nube en Chile, particularmente en el sector público. Ello venía asociado particularmente a la instalación del data center de AWS en el país. El gran volumen de datos que genera la astronomía es un tema de interés para toda la industria tecnológica, AWS no era la excepción, sin embargo mis funciones tenían que ver con las reglamentaciones y posibilidades que ofrecía el país en general, no sobre este punto en particular”. 

Un mes después de salir de AWS, en junio de 2018, fue fichada como asesora del entonces ministro de Economía, José Ramón Valente. Un certificado emitido por esa cartera señala que su rol era “asesorar al ministro en materias económicas vinculadas a economía digital, ciencia y otras relacionadas a la cuarta revolución industrial” (ver documento). 

Etcheverry entró a hacer parte de una división del Ministerio de Economía llamada “Economía del futuro” que “busca facilitar la disponibilidad de datos para fines del desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía”, de acuerdo a un documento oficial del ministerio. “Fui parte de un equipo integrado por seis profesionales que desarrolló, entre otros, y dando continuidad a un proceso iniciado en 2016, los pasos que llevaron a la creación del Data Observatory”, explicó por escrito Etcheverry.

El proyecto Data Observatory buscaba crear una fundación privada, financiada con fondos públicos y privados, que coordinara esfuerzos entre la industria tecnológica, la academia y el gobierno para desarrollar tecnologías a partir del procesamiento de datos astronómicos. 

Chile es el país que tiene el mayor número de observatorios de todo el planeta gracias a la geografía privilegiada del desierto de Atacama, a más de 3.000 metros de altitud y con un clima con muy pocas nubes y mucha visibilidad. Esos observatorios producen “datasets hipermasivos, complejos, que hay que lidiar con ellos”, explicó en septiembre de 2018 Demián Arancibia, un ingeniero que por entonces era el director ejecutivo de la iniciativa de astrofísica de Corfo, una promotora de fomento del gobierno chileno. 

Arancibia fue colega de Etcheverry en dos lugares: en Corfo y en la División de Economía del Futuro, según consta en el Linkedin de Arancibia y en documentos oficiales. 

En esa presentación, que buscaba mostrarle a la comunidad académica de Chile la política gubernamental que luego derivaría en la mencionada fundación, Arancibia explicó que la cantidad de datos que se generan en esos observatorios es comparable a la que producen las grandes industrias tecnológicas, y que eso abría posibilidades de cooperación entre los astrónomos y las Big Tech: “Esto nos ha permitido conversar con la industria. Tenemos una manera de explicar cómo se hacen las cosas en astronomía que les hace sentido a ellos”. 

AWS entra en escena por la misma época, pues el gobierno chileno intentaba entonces quedarse con una millonaria inversión de esa tecnológica para construir su centro regional de centros de datos, en el que Argentina también estaba interesada. Versiones de prensa en Chile y Estados Unidos, aparecidas en agosto y septiembre de 2018, afirmaban que entre gobierno y empresa “se discutió la posibilidad de que Amazon Web Services alojara ‘astrodatos’”, y que si eso se daba, influiría positivamente en la decisión que la empresa estaba tomando sobre qué país que alojaría su mayor inversión en América Latina. Efectivamente, AWS se involucró entre septiembre y noviembre de ese año en varios proyectos de datos con observatorios astronómicos y universidades, según un informe oficial del Ministerio de Economía.

Según Arancibia dijo a esta alianza, AWS no fue la única empresa tecnológica con la que se tuvo contacto en el desarrollo del proyecto, pues la iniciativa fue expuesta públicamente en “30 o 40 ocasiones” y recibió aportes de distintos actores de la academia y de la industria. “El diseño fue liderado por mi equipo, la síntesis de los aportes que hacían fue realizada desde el Estado, de forma independiente y sin ceder a la captura de ni uno de los actores con que trabajamos”, aseguró.

En diciembre de 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que dio origen a la Fundación Data Observatory. Para elegir a sus socios fundadores, el gobierno inició una convocatoria que comenzó en enero y terminó el 15 de marzo de ese año. Etcheverry hizo parte del comité que tomaría esa decisión, y el 10 de marzo de 2019, cinco días antes del cierre de la convocatoria pública, Etcheverry le contaba al diario El Mercurio de tres pruebas de concepto, en las que participaron AWS y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que buscaban “mostrar que la idea funciona”. En la misma nota se afirma que la tecnológica estaba apoyando la idea del Ministerio de Economía de crear la fundación. En los documentos oficiales del proyecto conseguidos por LaBot no se mencionan esas pruebas de concepto.

En abril de 2019, el gobierno anunció los resultados de la convocatoria: AWS y la UAI eran los únicos proponentes habilitados luego de que una propuesta de Deloitte fue declarada inadmisible por la comisión evaluadora, por lo que esas dos instituciones serían los “socios fundadores” del Data Observatory.

Sobre esa primera decisión, Etcheverry dijo a esta alianza que “la incorporación de AWS en el Data Observatory fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”. 

Las bases señalaban que el aporte económico en dinero representaría el 40% del puntaje de la evaluación, mismo porcentaje que tendría el aporte en capacidades. El otro 20% correspondía a alineamiento estratégico. Los documentos de adjudicación muestran que la UAI ofreció $1.740 millones (US$2,6 millones de la época) en dinero y una suma equivalente ren capacidades, mientras que AWS ofertó $8.457 millones (US$12,7 millones) en capacidades —es decir, en créditos de uso de servicios computacionales, como procesamiento o almacenamiento— y sólo $672 en dinero. Es decir, al no haber otras ofertas, su propuesta fue exitosa pese a ofrecer apenas un dólar en efectivo.

Para AWS, ese proyecto probablemente no iba a representar lucro, pero sí una ventaja comercial: “Para nosotros era interesante que nos vieran relacionados con algo como eso, en que se manejaban grandes volúmenes de datos”, explicó a esta alianza periodística el country manager de la empresa en Chile, Felipe Ramírez. “Al final, lo que nosotros buscamos que genere es que empresas privadas digan: ‘si ellos son capaces de manejar esos volúmenes de datos con esa cantidad de usuarios que se conectan, me imagino que en mi banco o retailer no deberían tener problemas’”, añadió. Ramírez no estaba en ese puesto en el momento de la adjudicación.

Un mes después del anuncio, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que en esa época reunía a las llamadas universidades tradicionales, se quejó de que el proceso “estuvo dirigido” a “evitar que las instituciones llamadas a participar lo pudieran hacer”, y señaló que el Gobierno “se apresuró en entregar este valioso recurso a una empresa extranjera”, refiriéndose a los datos de los observatorios.

Argumentando que los socios se eligieron “sin que se haya acreditado la existencia de un proceso de propuesta pública” —y señalando además que no había garantías de la correcta utilización de los datos o de que no se fueran a comercializar— la Contraloría determinó, en septiembre de 2020, que el decreto no se ajustaba a derecho y que un proceso de este tipo requería una convocatoria pública (ver dictamen de la Contraloría). La solución del gobierno fue mantener a UAI y AWS como socios fundadores y abrir una nueva convocatoria para sumar nuevos aportantes.

En esa convocatoria, realizada a mediados de 2021, sólo participó el Observatorio Virtual Chileno de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuya propuesta fue rechazada por una nueva comisión (en la que no participó Etcheverry). Con ese resultado, la UAI y AWS quedaron como los únicos aportantes privados del Data Observatory.

En ascenso

En medio del episodio, Etcheverry fue ascendiendo en sus cargos públicos, y tuvo a su favor la rara cualidad de ganarse la confianza de gobiernos de distintos colores políticos. En agosto de 2019 fue nombrada directora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), y cuando esa organización se convirtió en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) fue también su primera directora. Todo esto sucedió durante la administración Piñera, pero se mantuvo en cargos relevantes durante el gobierno de Boric. Primero como jefa de la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), luego como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia,Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y, desde marzo de 2023, como ministra de CTCI.

Demián Arancibia, el ingeniero colega de Etcheverry en los tiempos de Corfo y la División de Economía del Futuro —donde también integró la comisión evaluadora del Data Observatory—, hizo el camino opuesto. En mayo de 2022 comenzó a trabajar como asesor sénior de AWS para temas de transformación digital en las áreas de gobierno, educación y salud, entre otros. En paralelo, desde que Boric llegó a la presidencia comenzó a ejercer como director de la Polla Chilena de Beneficencia, una empresa pública que maneja juegos de azar. En junio pasado fue nombrado gerente general de la compañía estatal tras dejar AWS poco tiempo antes, de acuerdo con su Linkedin.

“Mi rol como consultor de AWS no guardó relación alguna con el Data Observatory, y no participé de nada relacionado con él en mi tiempo como empleado de esa compañía”, dijo Arancibia a esta alianza.

El tema del Data Observatory persiguió por un buen tiempo a Aisén Etcheverry. En 2023, ya como ministra de Ciencias, Etcheverry se inhabilitó de participar en el directorio de la Fundación Data Observatory, como lo señalaban los estatutos para los titulares de esa cartera. El argumento fue que ella misma había firmado un convenio de transferencia con Data Observatory cuando era directora de la ANID, en 2021 (ver resolución de inhabilidad).

Cuando el tema parecía cerrado para Etcheverry, la Contraloría recibió una denuncia y, en agosto de 2023, la reprendió por su conflicto de interés al haber hecho parte del comité evaluador en la primera convocatoria del Data Observatory, “a pesar de que solo meses antes (hasta junio de 2018), se desempeñaba como empleada y funcionaria de nivel gerencial en AWS, uno de los participantes en esta propuesta”. Para la autoridad, la funcionaria tenía el deber de abstenerse de conformar ese comité.

Pese al cuestionamiento a Etcheverry, la Contraloría no inició un proceso sancionatorio porque ya no se desempeñaba en el Ministerio de Economía, aunque al momento del dictamen era ministra de Ciencias (ver dictamen de Contraloría).

En sus descargos ante el ente de control, Etcheverry dijo que AWS fue el único proponente que cumplió los requisitos, por lo que no ejerció “potestad alguna que implicara un acto decisional”; y que en su período como ejecutiva de la multinacional no participó en ninguna labor relacionada con ese proyecto (vea acá todos sus descargos ante la Contraloría).

El dictamen no la inhibió de potenciar su relación con las empresas tecnológicas —incluyendo a AWS — durante su posterior gestión como ministra. Se ha reunido con sus ejecutivos Ha diseñado planes para que esa industria invierta en Chile y celebrado cuando lo han hecho. Apenas un mes después de la decisión de la Contraloría, aprovechó un viaje a Estados Unidos para reunirse con ejecutivos de la Big Tech: Reuben Smith-Vaughan, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Amazon.com —con quien coincidió en esa compañía en 2018, él en la oficina en Washington y ella en la de Santiago— ; y con Marc-Etienne Ouimette, entonces director de Políticas Globales para IA de AWS.

“Las grandes compañías tecnológicas están presentes en Chile con infraestructura e inversión, data centers y conectividad. En estas reuniones quisimos explorar sobre cómo avanzar hacia desarrollo tecnológico e inteligencia artificial”, dijo Etcheverry en esa ocasión, según recogió la prensa. La exministra explicó a esta alianza que las reuniones con los ejecutivos de AWS se dieron en el “contexto de una gira donde también me reuní con representantes de Meta y Google. Estas reuniones son de público conocimiento” (ver aquí su agenda de reuniones con empresas tecnológicas en el extranjero solicitada por Transparencia, porque no son publicadas por tener lugar en otro país).

Meses después, el gobierno anunciaría la creación de un Plan Nacional de Data Centers para fomentar y facilitar la instalación de estas infraestructuras en Chile, que se concretaría en diciembre de 2024. En mayo de 2025, AWS anunció una inversión en centros de datos de US$ 4.000 millones en el país: el proyecto en el que dijeron haber estado trabajando desde hace años. 

En esa ocasión Etcheverry no se contuvo de celebrar, según recogió la prensa: “La expansión de la infraestructura de AWS en Chile es un claro ejemplo del compromiso del país con la tecnología avanzada y la innovación, y con el trabajo que hemos realizado para crear un entorno donde las empresas tecnológicas puedan prosperar”.

Aunque se le consultó por el rol de AWS en la construcción de la política de centros de datos que lideró cuando fue ministra de ciencias, Etcheverry no incluyó esa explicación en su respuesta.

Esta alianza periodística preguntó a AWS si el cuestionamiento de Contraloría había generado algún tipo de alarma al interior de la compañía, por qué sus ejecutivos accedieron a estas reuniones después del dictamen, y qué incidencia tuvo esa multinacional en la construcción de la política de data centers, coordinada por su exempleada. La empresa no respondió directamente a las preguntas y, en una declaración general, dijo: “Amazon interactúa con tomadores de decisiones de política pública y reguladores en una gran variedad de temas que afectan nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros empleados”.

Etcheverry llegó a ser ministra de dos carteras: no solo de Ciencias, sino que también ejerció como ministra secretaria general de Gobierno subrogante. Es decir, era la vocera del Ejecutivo, lo que da cuenta de la confianza que tiene el presidente Boric en ella. Asumió ese segundo ministerio en diciembre de 2024, cuando la ministra titular Camila Vallejo inició su licencia pre y post natal, y lo dejó el 9 de julio pasado, cuando Vallejo volvió a sus funciones. Alcanzó a estar sólo un par de semanas de lleno en la cartera de Ciencias, cuando sorpresivamente renunció.

Pero Etcheverry no se fue a su casa, sino que asumió como jefa de Planificación Estratégica de la Presidencia. Aunque el nuevo cargo puede parecer de rango menor a un ministerio, las versiones que han trascendido a la prensa desde el gobierno dicen que es una señal más de confianza de Boric. Un reportaje de La Tercera habla del “poder en ascenso de Etcheverry” y otro revela que el presidente le encargó que en los siete meses que le quedaban de su mandato, coordinara el cierre de su periodo y se preocupara de construir un legado. Una tarea difícil par aun gobierno cuyo apoyo popular se mantuvo siempre bajo. 

Consulte el expediente completo del caso de Etcheverry en la Contraloría en el siguiente link.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

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