El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, sin que nadie lo pudiese sospechar ni prever al comenzar el día. Ahora asume de forma interina la jefatura del Estado el jefe del legislativo, el derechista José Jerí, que se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

A seis meses de las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, a primera hora del jueves, ningún partido había manifestado su intención de sacar a Boluarte del poder tras casi tres años en el cargo. Sin embargo, en pocas horas, se encontró con cuatro mociones, conocidas en el país como “vacancia por incapacidad moral permanente”, que salieron adelante gracias a los 122 votos de los partidos conservadores que hasta este jueves apoyaban a la ya expresidenta. En ellas, se declaró su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Con el abrupto final de Boluarte, Perú escribió en pocas horas un nuevo capítulo de su larga convulsión política que vive el país desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar. Analizamos las razones detrás de esta destitución, sus escándalos y qué va a pasar a partir de ahora.

Presidenta a merced de la derecha

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022. Sucedía en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022) después del fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el izquierdista gobernante para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso tras salir a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su administración. Se convertía así, además, en la primera mujer presidenta del país.

Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha. De esta forma logró que, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, intentase completar el mandato hasta el 28 de julio de 2026.

Desde entonces hasta este mismo jueves, Boluarte había logrado salvar seis mociones previas para ser destituida gracias al apoyo de la derecha que controlan el legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato.

Su enorme impopularidad

A medida que se acercaban las elecciones de 2026, la enorme impopularidad de Boluarte comenzó a ser un lastre para los partidos que la respaldaban. Así, poco a poco comenzaron a criticarla por su gestión y a volverse momentáneamente oposición para luego volver su posición inicial de respaldo.

El motivo detrás de este progresivo alejamiento son las bajas tasas de aceptación con las que contaba Boluarte. En concreto, apenas llegaba al 3% de aceptación dentro de la población peruana. Los más de 50 muertos en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo esfumaron toda popularidad que pudiese tener una política que, hasta las elecciones de 2021, había basado su carrera política en haber sido candidata a alcaldesa de su municipio.

Aunque lo cierto es que el Congreso apenas supera el 5%, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.

Hasta once investigaciones abiertas contra ella

A los más de 50 muertos por las protestas, Boluarte se enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción. El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

Entre ellas estaban casos como el Rolexgate por supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros suntuosos regalos a cambio de favores. También la estaban investigando por no haber informado de su temporal incapacidad al someterse a una serie de cirugías estéticas y falsificar su firma durante el tiempo que estaba convaleciente. Y el Ministerio Público también la puso en el foco por favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

A pesar de estas investigaciones abiertas, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional llegó a sacar una polémica sentencia que limita las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.

La gota que colmó el vaso: la crisis de inseguridad

La gota que parece que colmo el vaso y que motivó a activar el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital Lima lideradas por la denominada Generación Z. El ataque con armas de fuego a un popular grupo de cumbia, que dejó heridos a cuatro de sus miembros, encendió las redes sociales y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el aumento de la criminalidad. 

A esto hay que sumarle el masivo paro en el sector de los autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la capital ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.

¿Y ahora qué?

A pesar de todo este bagaje, todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y fuerzas de derecha como el fujimorismo continuaría hasta las elecciones de 2026. Sin embargo, los partidos que la sostenían en la Presidencia prescinden ahora de ella para tratar de buscar algo de popularidad. La mayoría de los líderes de estos partidos tiene aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular.

Por ahora, el abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) asumirá el cargo hasta las próximas elecciones tras un paso por el Parlamento relativamente discreto pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses. El hasta ahora jefe del legislativo y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

¿Qué pasará con Boluarte?

Más allá de la duda de quién asumirá el cargo a partir de 2026, el gran interrogante también es que pasará con Boluarte. La presidenta se negó a asistir al hemiciclo este jueves y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución.

Posteriormente, se despidió del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución. La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado. Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de la transmisión.

Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Más de cuatro horas después de abandonar el palacio presidencial se desconoce su paradero, pues aparentemente no llegó a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo.

Durante la tarde del jueves se rumoreó que podía haber tanteado la posibilidad de un asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte no tenía intención de pedir asilo ni de fugarse del país, pese al riesgo de ser detenida ante las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Fiscalía.

Con información de EFE

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se ha presentado ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú termina así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumió la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuvo en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señala que se declara la “permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República” peruana. Detalla que este jueves se han presentado cuatro mociones de orden del día que han propuesto la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia, así como “en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido” en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que el presidente del Congreso José Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, remarcó. De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, había anunciado en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso. “Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, aseguraba.

Portugal acusa, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado “a esta garantía” y consumar “su violación”. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluye.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

El proceso contra Boluarte

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso es irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se han acumulado de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se ha quedado sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte. 

Con información de EFE