Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

JJD

La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

Hacia adelante, el fallo determinó que “los bienes de SanCor son incautados por los síndicos y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta”. En ese sentido, anticipó que “se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación”.

Al mismo tiempo, estipuló que durante el descrito proceso de transición hacia la comercialización de la compañía, “los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos”.

Las explicaciones del juez en la resolución

Se declara en quiebra a SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con continuidad de la explotación y venta de la empresa en marcha.

¿Cómo se llegó hasta acá?

1.Febrero de 2025: SanCor se presentó voluntariamente en concurso preventivo (un proceso para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y evitar la quiebra).

2.Durante 2025: La situación fue empeorando. La empresa dejó de pagar sueldos (llegó a deber más de 5 meses de salarios), impuestos, proveedores y obras sociales. El juez tuvo que designar una coadministradora judicial (una contadora externa) porque SanCor no daba información y no cumplía sus obligaciones.

3.Marzo 2026: Se verificaron las deudas. El pasivo total reconocido es de miles de millones de pesos y más de USD 86 millones (de los cuales USD 51,8 millones son de un fondo de inversión y USD 34,4 millones de otro). Además, hay deudas con ARCA/AFIP, provincias, municipios y 1.063 trabajadores.

4.Abril 2026: El propio Consejo de Administración de SanCor reconoció formalmente que no puede pagar sus deudas ni hacer ninguna propuesta a sus acreedores. Por eso, pidió su propia quiebra, a lo que se hizo lugar.

¿Por qué no se intentó salvar la empresa con un “salvataje”?

La ley prevé un mecanismo (el llamado “cramdown” o art. 48 LCQ) por el cual un tercero puede tomar el control de una empresa en crisis y hacerse cargo de sus deudas. El juez analizó esto y concluyó que no aplica en este caso por dos razones principales:

•Forma jurídica: SanCor es una cooperativa, y la ley cooperativa no permite que un tercero externo se quede con las “cuotas sociales” como sí ocurre con una sociedad anónima.

•No hay empresa rescatable: La deuda supera ampliamente el valor de los activos, la actividad industrial es muy reducida, la cooperativa dejó de procesar leche propia en volúmenes significativos.

¿Qué significa la quiebra con “continuación de la explotación”?

La quiebra no implica el cierre inmediato. El juez ordenó que las plantas que están operando (principalmente mediante contratos de fazón, es decir, procesando leche de terceros) sigan funcionando transitoriamente, por dos razones:

1.Para proteger a los 914 trabajadores que aún están empleados.

2.Para vender la empresa (o sus plantas) en funcionamiento, lo que vale mucho más que vender maquinaria parada.

¿Qué pasa ahora?

•Los bienes de SanCor son incautados por los síndicos (los administradores del proceso de quiebra), y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta.

•Se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación.

•Los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos.

•Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de mayo de 2026 para hacerlo.

•Los trabajadores con sueldos adeudados tienen prioridad de cobro (son créditos “prontopagables”).

El estado de las deudas al momento de la quiebra (resumen)

Salarios adeudados (mayo 2025 – enero 2026): $12.788 millones

Deudas comerciales (materia prima, energía, etc.): $13.313 millones

Deuda impositiva y previsional postconcursal: $6.349 millones

Aportes a obras sociales y sindicatos: $3.380 millones

Deuda concursal en dólares: US$ 86 millones

La deuda crece a una tasa de aproximadamente: $3.000 millones por mes

Mensaje a la sociedad

“Nos toca transitar esta última etapa de un proceso que lleva varios años, pero que se agudizó en los últimos 10, y particularmente en el último proceso judicial, que lleva ya más de un año.

Tal como se analizó antes, el sustrato cooperativo de Sanco CUL hoy es prácticamente inexistente. Se puede afirmar que la última gestión se dedicó a operar activos industriales y comerciales con aspiraciones empresarias, quizás con expectativa de recuperar en algún momento a los socios cooperativos (los tambos), junto con el nivel de actividad necesaria para sostener y hacer crecer a Sancor CUL, pero ello no ocurrió.

Las causas del deterioro tan progresivo y prolongado aún no han sido analizadas desde la perspectiva judicial, a los meros efectos del proceso. Sin embargo, son conocidas las voces -muchas autorizadas- que pueden dar cuenta de la historia que desembocó en este final.

En lo que toca a este órgano judicial, en adelante, la prioridad será la que impone la Ley 24.522: satisfacer en la mayor medida posible el interés de los acreedores. A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos.

Pero lo que quisiera resaltar -por si a alguien se le escapa- es que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca. Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja. Sin embargo, a la inversa, si las plantas se quedaran sin el personal, sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad.

Finalmente, quiero subrayar el compromiso de este órgano judicial en prestar un servicio de justicia que esté a la altura de semejante desafío, con la mayor eficacia y eficiencia que permitan superar esta etapa, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia (cfr. Préambulo de la Constitución de la Provincia de Santa Fe), para el mayor bien de las personas y de la economía regional“.

Detalles textuales de la resolución

Declarar la quiebra de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (CUIT 30-50267350-2), cooperativa de grado primario con domicilio social en la ciudad de Sunchales, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, en los términos de los arts. 46, 63 y 77 inc. 1 de la Ley 24.522, declarando expresamente la inaplicabilidad del procedimiento previsto por el art. 48 LCQ por los fundamentos expuestos en los considerandos.

Declarar, conforme a los arts. 64 y 253 inc. 7 de la ley 24.522, que la Sindicatura integrada por los CPN Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en la quiebra aquí decretada. Hacerle saber que se deberá urgir el cumplimiento de lo aquí dispuesto -tareas asignadas en forma particular y responsabilidades de orden general-, y, en su caso, controlar se cumpla con la inmediatez que exige el proceso. Hacer saber que el Juzgado previsionará el control del cumplimiento de los deberes de la Sindicatura, a quien se conmina a cumplimentar sus cargas en forma ágil y tempestiva, bajo expreso apercibimiento de remoción.

Continuación de la explotación

1.DISPONER la continuación de la explotación respecto de aquellos establecimientos de la fallida, conforme las pautas aquí establecidas, en particular aquellos que mantengan actividad productiva en virtud de contratos en curso de ejecución; hasta tanto las mismas sean enajenadas conforme el procedimiento que oportunamente resulte aprobado, en los términos del art. 189 y ss. de la Ley 24.522.

2.Respecto de los restantes establecimientos, ORDÉNASE la adopción de medidas de mantenimiento, conservación y resguardo, a fin de preservar la integridad de los activos y evitar su deterioro o pérdida de valor económico.

3.La determinación concreta de los establecimientos alcanzados por cada uno de los regímenes precedentemente indicados será efectuada en base al informe que deberán presentar en forma conjunta el Síndico C.P.N. Ignacio Pacheco y la coadministradora, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días contados desde la notificación de la presente, el cual deberá contener una evaluación técnica fundada sobre la situación operativa de cada unidad productiva, su grado de actividad, viabilidad y conveniencia de continuidad.

4.Una vez efectivizada la enajenación, cesarán automáticamente la actividad continuada y todos los vínculos y contratos —de fazón, colaboración industrial, suministro, servicios y otros— salvo asunción expresa por el adquirente. Los nuevos compromisos que durante la continuación se contraigan frente a terceros deberán consignar expresamente este límite temporal, bajo pena de inoponibilidad frente a la masa.

5.DISPONER que los sueldos, jornales y demás retribuciones que se devenguen durante la continuación son gastos del concurso con la preferencia del artículo 240 de la LCQ (art. 198, primer párrafo, LCQ).

Régimen laboral durante la continuación (arts. 196, 197 y 198, LCQ)

1.DISPONER que, en el marco de la continuación de la explotación de la empresa fallida, y a los fines de lo dispuesto por el art. 196 de la Ley 24.522, la suspensión de los contratos de trabajo allí prevista no resultará aplicable respecto del personal que sea afectado a la continuidad operativa de la empresa, en los términos de los arts. 189 y concordantes del citado cuerpo legal.

2.A tal efecto, INTÍMASE al Síndico C.P.N. Ignacio Pacheco para que, dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado la presente, informe a este Tribunal —con carácter fundado y circunstanciado— la nómina del personal estrictamente necesario para la continuidad de la explotación y/o para realizar las tareas de mantenimiento y conservación para aquéllos establecimientos que a la fecha de la presente sentencia no se encuentren en estado de explotación; debiendo indicar funciones, categoría laboral y efectiva prestación de tareas, de conformidad con lo previsto por el art. 189, tercer párrafo, de la ley concursal.

3.Asimismo, ESTABLÉCESE que aquellos trabajadores que no resulten incluidos en dicha nómina —ya sea por encontrarse sin prestación efectiva de tareas, en situación de “jornada libre”, licencia o cualquier otra circunstancia que implique la ausencia de actividad laboral efectiva— quedarán alcanzados por la suspensión legal de sus contratos de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días corridos, conforme lo dispone el art. 196, primer párrafo, de la citada ley. Vencido dicho plazo la relación laboral quedará extinguida.

Otras medidas de la resolución

La inhibición general de bienes de la cooperativa deudora -no sujeta a caducidad automática- y la anotación de la indisponibilidad de los bienes registrables de aquella, las que se ordenan y que no deberán ser levantadas sin la autorización expresa del Juez de la quiebra.

La entrega a los Síndicos de los bienes de pertenencia de la fallida, que se ordena a la misma y a terceros. Intimar a la deudora en la persona de su presidente, para que: a) entregue a Sindicatura, dentro de las veinticuatro horas de notificado, la documentación relacionada con la contabilidad de la sociedad, incluyendo sus libros de comercio; b) cumpla con los requisitos del artículo 86 en el plazo de ley. Dicha documentación, deberá ser puesta a disposición del Síndico CPN Pacheco de inmediato.

Ordenar la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo el apercibimiento de ser ineficaces.

Relevar los canales de comunicación de la concursada e interceptar la correspondencia y comunicaciones, correos electrónicos, chat de whats app de líneas móviles de titularidad de la concursada, redes sociales y todo tipo de comunicación utilizada por la fallida, que será entregada al Síndico a los efectos del artículo 114 de la Ley 24.522.

Incautación de equipos y dispositivos electrónicos de comunicación y/o procesamiento de información, de propiedad o bajo tutela o posesión de la concursada, o que posean líneas de telefonía o comunicación electrónica de titularidad de la concursada.

Disponer la prohibición para ausentarse del país, ahora en las condiciones del art. 103 Ley Concursos y Quiebras a los integrantes del órgano de administración de la cooperativa concursada, a saber: Oscar Juan Sapino (Presidente - DNI n° 13.548.820), Oscar Roberto Mandrille (Vicepresidente - DNI n° 16.925.266), José Pablo Gastaldi (Secretario - DNI n° 24.706.601), Héctor René Coraglio (Tesorero - DNI n° 12.452.114), Sergio Domingo Sala (Vocal titular - DNI n° 17.418.549), Andrés Germán Lauxmann (Vocal titular – DNI n° 25.566.931) y José Luis Juan (Síndico titular - DNI n° 13.936.943); haciendo saber a dichos organismos que la medida ordenada no se encuentra sujeta a término alguno de caducidad automática y que sólo podrá ser cancelada por orden judicial. A sus efectos, se librarán de inmediato los oficios pertinentes a las autoridades de control de fronteras que corresponda.

Disponer el recálculo de los créditos verificados y/o admitidos durante el proceso preventivo; haciendo saber que los mismos no tendrán necesidad de insinuarse nuevamente. Para aquéllos acreedores de fecha posterior a la presentación concursal, ábrase un período de verificación tempestiva en los términos del art. 200 de la ley 24.522 que se extenderá hasta el día 29 de mayo de 2026; salvo lo dispuesto para los acreedores laborales pronto pagables. A dicho efecto, deberán fijar horarios y domicilios de atención, como así también un domicilio electrónico para la recepción de insinuaciones no presenciales, produciéndose el reglamento correspondiente, que será publicado en el micrositio oficial del Poder Judicial.

DECRETAR la inhabilitación de los administradores de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA.

ORDENAR a los prestadores de servicios públicos esenciales que se abstengan de interrumpir o modificar la prestación del servicio. Se restablecerá plenamente el servicio en caso de haberse modificado o interrumpido.

ORDENAR —con fundamento en lo dispuesto por los arts. 177, 179, 180, 181 y concordantes de la Ley 24.522— a la Sindicatura la INMEDIATA INCAUTACIÓN y toma de posesión de todos los bienes que integran el activo de la fallida, cualquiera fuere su naturaleza, estado o ubicación, debiendo adoptar a tal efecto todas las medidas conducentes para su individualización, aseguramiento, custodia y conservación, incluyendo un relevamiento fotográfico (fotos y videos, con registro geolocalizado de fechas y horas) integral. Con habilitación de días y horas.

En dicho marco, deberá la Sindicatura adoptar de manera inmediata todas aquellas medidas necesarias tendientes a evitar la pérdida, deterioro o desvalorización de bienes perecederos o de rápida obsolescencia/caducidad que pudieren encontrarse almacenados en depósitos, cámaras o instalaciones de las distintas plantas industriales, tales como productos elaborados, materias primas o insumos sujetos a vencimiento o degradación.

A tales fines -y en el marco de las actividades de continuación a cargo del Síndico CPN Pacheco-, la sindicatura queda facultada para proceder a su conservación, rotación, comercialización urgente o cualquier otro mecanismo idóneo que permita preservar su valor económico, debiendo en todos los casos actuar con criterio de razonabilidad y urgencia, y dar cuenta circunstanciada a este Tribunal de las medidas adoptadas, en resguardo del interés del concurso y de la integridad del activo falencial.

Respecto de los terceros, INTÍMASE a todos aquéllos que detenten bienes, documentación o efectos pertenecientes a la fallida, a proceder a su entrega dentro del primer día hábil siguiente a la notificación o publicación de la presente (lo que ocurra primero), bajo apercibimiento de ley. La Sindicatura deberá rendir cuenta circunstanciada de lo actuado en las horas hábiles del día inmediato siguiente a la realización de las diligencias, sin plazo de gracia.

A los fines precedentemente enunciados, la Sindicatura, conforme la asignación particular de tareas que más abajo se indica, deberá proceder a la confección del inventario de los bienes de la fallida en los términos previstos por el art. 177, inc. 2), de la Ley 24.522, el cual debe revestir carácter completo, detallado y circunstanciado (identificando descripción, afectación productiva o administrativa y ubicación de los bienes), abarcando la totalidad de los activos que integran el patrimonio desapoderado; por ser una herramienta esencial para la transparencia del proceso falencial, la preservación del activo y la tutela del interés colectivo de los acreedores.

En aquellos establecimientos que no continúen en actividad, disponer su cierre operativo, designando personal mínimo de custodia, responsables directos, depositarios judiciales y adoptando todas las medidas necesarias para impedir el ingreso de terceros no autorizados, incluyendo sistemas de seguridad, fajas de seguridad para control, y, en general, control de accesos y cualquier otra medida conservatoria.

En los establecimientos en los que se disponga la continuidad de la explotación, individualizar los sectores operativos y no operativos, determinando las líneas de producción que permanecerán en funcionamiento, aquellas que quedarán inactivas y las medidas de seguridad y control que deberán implementarse, designando asimismo los responsables directos y depositarios correspondientes.

Adoptar en todos los casos las medidas necesarias para preservar la integridad física y económica de los bienes, evitando su sustracción, deterioro o pérdida de valor, con especial atención a bienes perecederos, insumos críticos y activos de alta sensibilidad operativa.

Perseguir y denunciar penalmente -en su caso- la ausencia o modificación sustancial del estado de bienes incluidos en los inventarios producidos previamente a la declaración de quiebra.

Facúltase a la sindicatura a requerir, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública, la asistencia de cerrajeros, la designación de depositarios y demás colaboradores que resulten indispensables para el efectivo cumplimiento de la presente medida.

.DISPONER la enajenación de las plantas industriales de la quebrada, organizadas para ser ofertados en forma conjunta o individual.

Con información de agencias y del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

La histórica cooperativa láctea SanCor, fundada hace más de ocho décadas y símbolo de la producción tambera del centro del país, pidió su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela después de que los informes elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por los tribunales confirmaran que la empresa atravesaba una profunda crisis que incluye la cesación de pagos y una insolvencia patrimonial general.

Por su parte, otra industria del ramo, Lácteos Verónica, que lleva tiempo con un deterioro sin freno, consiguió de momento evitar la quiebra, aunque mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo, según la denuncia que hicieron los trabajadores a fines de 2025.

SanCor, en quiebra

La decisión de los directivos de SanCor, presentada ante el juez Marcelo Gelcich, marca el punto más crítico de un deterioro que lleva al menos una década y que la empresa ya considera irreversible.

La firma arrastra una deuda cercana a los US$120 millones, entre obligaciones en dólares y más de $40.000 millones en pasivos verificados. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la situación: la cooperativa no pudo recomponer su operación, perdió acceso al crédito y acumuló nuevas deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales.

Según surge de los elementos incorporados en la causa, el pedido de quiebra no modifica el cuadro de situación previamente acreditado, sino que representa el reconocimiento formal de una crisis que ya había sido verificada por los organismos intervinientes, de acuerdo a lo que publica este jueves Mundo Gremial.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión “pone fin a una postura que negaba la realidad”, en referencia a la conducción de la empresa, y remarcaron que incluso algunos directivos ya habían admitido en privado el estado crítico que ahora se oficializa.

Un derrumbe productivo que no encontró piso

El colapso de SanCor no es repentino: desde 2017 la cooperativa comenzó a achicar su estructura, desprendiéndose de plantas, marcas y personal. Su capacidad de procesamiento cayó de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, una reducción que la dejó fuera de la competencia frente a jugadores más capitalizados del sector.

En paralelo, la empresa atravesó conflictos laborales prolongados. El gremio lácteo Atilra denunció que la cooperativa adeuda ocho meses de salarios, aguinaldos y aportes retenidos que no fueron girados. En los últimos meses, la actividad se sostuvo parcialmente gracias a fondos del propio sindicato para garantizar prestaciones básicas.

Una crisis con historia política y económica

La trayectoria reciente de SanCor también estuvo atravesada por decisiones políticas y operaciones frustradas. En 2006, un acuerdo con Adecoagro fue frenado por el gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó en su lugar un financiamiento venezolano por US$80 millones. Años después, la cooperativa terminó vendiendo activos a esa misma compañía, hoy vinculada al ecosistema cripto de Tether.

La coadministradora no pudo revertir la crisis

La intervención judicial tampoco es nueva: en diciembre pasado, el juez Gelcich había designado a una coadministradora para supervisar la gestión, tras objeciones de la Sindicatura sobre el manejo interno. Ese movimiento ya anticipaba un desenlace complejo.

La resolución se apoyó en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):

Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.

Procesamientos por por apropiación indebida de recursos de la seguridad social

En febrero pasado, la fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanzó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

Qué puede pasar ahora

Aunque el pedido de quiebra aún debe formalizarse en el expediente, en el sector dan por hecho que la Justicia avanzará en esa dirección. Para los trabajadores, la incertidumbre es total: SanCor emplea a unas 850 personas y su continuidad dependerá de si el proceso permite una quiebra con continuidad, una figura que habilita mantener la actividad bajo otra estructura. Desde Atilra sostienen que la quiebra “no es un final”, sino la confirmación de un estado de insolvencia que ya estaba probado.

En paralelo, se espera la convocatoria a una asamblea de productores para ratificar la decisión y definir los pasos a seguir. La marca, todavía reconocida en el mercado, podría convertirse en un activo clave para eventuales inversores o esquemas cooperativos alternativos.

Un símbolo en caída

SanCor fue durante décadas un emblema de la lechería argentina y un actor central en la economía de Santa Fe y Córdoba. Su derrumbe sintetiza problemas estructurales del sector: volatilidad de precios, falta de financiamiento, costos crecientes y tensiones gremiales. Pero también expone errores de gestión, decisiones políticas fallidas y la incapacidad de adaptarse a un mercado cada vez más concentrado.

La quiebra no cierra la historia, pero sí marca un punto de inflexión. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si SanCor puede reconfigurarse o si su nombre quedará como un recuerdo de lo que alguna vez fue uno de los gigantes lácteos del país.

Lácteos Verónica sorteó la quiebra, pero sigue en crisis

Lácteos Verónica logró evitar la quiebra en la Justicia mediante el pago de una deuda superior a los $23 millones, pero la empresa continúa sin reactivar la producción en ninguna de sus tres plantas y la crisis afecta a sus más de 700 empleados que llevan meses sin cobrar, según denuncian desde fines de 2025.

Más de 700 empleados de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi padecen atrasos salariales que se arrastran desde fines de 2025. Según relatan, en muchos casos no perciben ingresos desde febrero, lo que los obligó a recurrir a trabajos informales, endeudarse o depender de la asistencia de familiares para cubrir gastos básicos, de acuerdo a la información recabada por Infogremiales.

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundizó en marzo pasado con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de agencias, Mundo Gremial e Infogremiales.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., dueña de la marca LA Suipachense, tras meses de inactividad, salarios impagos, deudas millonarias y una gestión que terminó por vaciar lo que alguna vez fue un orgullo productivo de la cuenca lechera.

La Suipachense ya estaba paralizada desde principios de septiembre por el retraso del pago de salarios y el despido de nueve de los 143 empleados. La firma tenía el 3% del mercado nacional de leche. La semana pasada, la Justicia ya había decretado la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea ubicada en la localidad de Lincoln, que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, y que era de los mismos dueños que La Suipachense.

Con el fallo del juez Leandro Julio Enriquez, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, dueño de Conosur SA, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de dicha firma con asiento en al ciudad bonaerense de Suipacha. Además, en su resolución, el magistrado hizo saber “a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la fallida” para garantizar la disponibilidad del directivo mientras se investigan posibles irregularidades en la gestión. El juzgado informó que la Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra y le solicitó adoptar “las medidas necesarias para la provisión de los servicios esenciales y garantizar la seguridad de la planta”.

La resolución también ordena “que se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras, cerrar todas las cuentas corrientes de la empresa y embargar y transferir los saldos existentes”. Además, dispone su inhibición general de bienes, prohíbe “la realización de pagos a la firma fallida”, ordena la clausura del establecimiento y que se constate su estado para preservar los bienes y la información contable.

Suipacha, el pueblo bonaerense que votó a Milei y pierde su principal fábrica

La empresa, propiedad de unos hermanos venezolanos antichavistas que la compraron en 2012, Manuel y Carlos Fernández, del grupo Maralac, aduce tres problemas, de acuerdo a la nota de Alejandro Rebossio para elDiarioAR del 6 de septiembre pasado. Primero, los precios bajos de la leche, fruto del éxito de Milei en la reducción de la inflación. Segundo, el alto costo de producción, vía sobrevaluación del peso, algo que por ahora festejan los tamberos como el presidente de la Sociedad Rural de Suipacha, Marcelo Lizziero, porque pasaron de recibir US$0,25 por litro a 0,40, pero ahora están como sus colegas uruguayos y eso explica que entre leche de su país, Conaprole, más cara que La Suipachense y las marcas de supermercados, pero más barata que La Serenísima, Las Tres Niñas, Milkaut, Tregar o Verónica –otra láctea en crisis, como Sancor–.

Por último, las altas tasas de interés, con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener el peso, afectan a todas las empresas, incluida la láctea del pueblo. No es casualidad que en ese contexto La Suipachense haya emitido 300 cheques rechazados por $3.000 millones. Además deben cientos de millones de pesos a los empleados y alrededor de $100 millones tanto a la cooperativa de luz y gas Coesa como a la estación de servicio, que le dejó de vender combustible.

“Las empresas que realmente tratan de hacer las cosas prolijas están yendo muy bien, pero esta empresa está manejada por gente que no tiene absolutamente nada de idea de industria láctea, cada vez produce menos”, atacaba hace dos meses el secretario general de la seccional Chivilcoy de la confrontativa Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), Cristian Fenoglio, tras una reunión de mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense con la empresa, que había propuesto reactivar la planta con la mitad del personal. El gremio rechazó la propuesta y pidió la reincorporación de los nueve acusados por la patronal de tomar las oficinas en plena protesta y hasta de “secuestrar” a los gerentes.

Huele a choripán. Los obreros mantienen un tinglado de protesta al lado de la planta, en las afuera del pueblo, y ahí instalaron una parrilla. Uno de ellos comenta que ahí la gran mayoría son peronistas, pero algunos votaron por Milei. ¿Están arrepentidos? “Los estamos convenciendo”, responden sus compañeros.

“Pero lo que tenga que ver con la parte de importación viene a pelearte también el mercado interno”, admite Fenoglio. Sin embargo, descarta que la importación de leche uruguaya sea la razón de la crisis de La Suipachense. No es lo mismo lo que sucede acá que en industrias como la de la moda.

A Suipacha se llega desde la ciudad de Buenos Aires tras 129 kilómetros de camino, incluida la ruta 5, donde quedó a medio hacer la autopista. Al costado del peligroso camino de un carril de ida y otro de vuelta, lleno de camiones, está alisado el terreno para ampliarlo y algunas máquinas paradas. Se trata de otra de las obras públicas que Milei detuvo apenas comenzó su gobierno. Habrá que confiar en su proyecto de concesiones privadas, con peajes que cuadripliquen los actuales, para esperar a que se reactive el sueño de transitar por una ruta con menos accidentes.

A los costados, campos con vacas, algunas con destino de faena, otras para la lechería. Este mes se siembra maíz; el próximo, soja. La producción agropecuaria inyecta dinero al pueblo, acá no se vive del Estado, pero el empleo viene de fábricas de leche y quesos, el comercio y la municipalidad. Al llegar se entra por la calle Padre Brady, asfaltada como todas las del centro del pueblo, pero a los costados hay otras de tierra y barro, según llueva. Casas bajas de un solo piso, muchas pick ups, plateados camiones cisterna de transporte de leche. Un viejo Volkswagen Polo rojo con megáfono da la vuelta a la plaza principal, la Balcarce, donde están el municipio y la iglesia, llama a votar por Fuerza Patria.

El intendente, Juan Luis Mancini, es un camporista que fue seminarista. Sin plata, pocas obras pudo hacer en estos dos años, según algunos vecinos. Sin embargo, ahora la provincia puso en marcha la remodelación de la plaza Belgrano. Ahí, como en otros rincones de Suipacha, había carteles de Fuerza Patria, otros con el lema “Kirchnerismo nunca más” de La Libertad Avanza y los de Potencia, de Ricardo López Murphy, donde se enrolaron los radicales suipachenses, que se ilusionaban con vencer al menos en la elección municipal.

En las manzanas alrededor de la Balcarce están los comercios clásicos de las pequeñas ciudades del interior, como la heladería Grido y la casa de electrodomésticos Márquez. Una talabartería, tradición de campo, y un local de tatoo, como para dar actualidad. Sonidos de pájaros y bicicletas. En uno de los dos restaurantes que funcionan en días de semana, el del Club de Comercio, jubilados juegan cartas al fondo. Ahí ya se sentía que los empleados de La Suipachense no van a comer más ni piden más viandas. Los sábados y domingos abren otros comedores para turistas que vienen a pasar el día.

“Para Suipacha, el cierre de La Suipachense lamentablemente va a ser un impacto muy duro porque en un pueblo donde hay 7.000 personas activas con sueldos relativamente bajos que 140 sueldos no se paguen, y son sueldos importantes, los más altos del pueblo, va a repercutir en toda la cadena económica del pueblo”, advertía en septiembre el gerente general de la cooperativa Coesa y productor agropecuario, José Luis Kelly. “Todas las personas que tienen cuotas en comercio... Los proveedores como nosotros vamos a sufrir el problema del no cobro de factura”, lamenta Kelly, que espera un “renacimiento, a la medida que tiene que ser, de esta fábrica”.

En la puerta de una pañalera céntrica está pegado un cartel de solidaridad con los trabajadores de La Suipachense. En la misma cuadra la láctea tiene local propio con otro papel colgado: “Cerrado hasta nuevo aviso”. Enfrente, sentado junto a Kelly en la oficina Coesa, el presidente de la Rural local no prevé un impacto en los tamberos de la zona, que hace años dejaron de proveer a La Suipachense, que arrastra problemas de pago de larga data. “El que se quema con leche...”, bromea Lizziero. La firma se abastece de productores de otros partidos, como 9 de Julio. Por eso, los ganaderos suipachenses anda bien, según el dirigente.

“Con la carne y la leche estamos mucho mejor que en los últimos 20 años”, apunta Lizziero al kirchnerismo, “pero todavía está complicada la producción de cereales porque los márgenes son muy chicos, pese a la baja de retenciones, hay esperanza de que bajen más”. En cuanto al ingreso de leche uruguaya, el ruralista lo atribuye a “cierto atraso cambiario”, pero considera que no es ese problema sino otros que se arrastran de hace años lo que explica la crisis varias industrias lácteas.

La Suipachense nació como cooperativa de tamberos hace 78 años. En los 90, en la oleada de inversiones extranjeras, la chilena Santa Carolina la compró. Más tarde llegarían los venezolanos Fernández, que armaron una láctea llamada ARSA, con conflictos también en sus otras plantas, una en Monte Cristo (Córdoba) y otra en Arenaza (provincia de Buenos Aires).

Frente a la fábrica, en un taller de reparación y soldadura de camiones cisterna de leche miran con preocupación a su vecina. “Esto influye en el transporte: si no hay movimiento de leche, me pega. Tenemos que trabajar con el transporte de afuera, no el de esta empresa”, comentaba el mecánico Alejandro Aguilera.

“En Suipacha, el comercio está muy variado, como en todos lados, algunos mal y otros mejor, pero lo de la Suipachense nos va golpear mal”, advierte el presidente del Centro Económico del pueblo, Pablo Braghi. “Las pymes están peleándola, quizás la inflación nos tapaba problemas que teníamos y hoy en día debemos cuidarnos de cualquier gasto”, agrega.

En uno de esos comercios de Suipacha, una empleada reconoce que las ventas andan flojas. Que ha perdido la esperanza en la Argentina. Que sueña con que sus hijos emigren. Votó a Milei en 2023. Preveía votar a LLA en las legislativas porque consideraba que hay que darle más tiempo al presidente. Otro vecino lo calificaba como “lo menos malo”. ¿Acaso ya no queda nada bueno?

Pero más allá de las elecciones, a los suipachenses les inquietaba el futuro de su principal empresa. En un pueblo tan chico no hay Uber que vaya a generarle unos mangos a los eventuales desempleados. Su vida tranquila puede alterarse si se aquieta aún más. Ahora, con la quiebra consumada, habrá que ver cómo se reinventa.

La Justicia también decretó la quiebra de la láctea que hacía productos de SanCor

La Justicia decretó la semana pasada la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor.

El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, fue quien dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones.

Ubicada en el partido bonaerense de Lincoln, la planta empleaba a 180 personas, mientras otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicado en Córdoba.

Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.

El cierre se da luego de que el concurso preventivo abierto haya fracasado, en abril del 2024, ya que no apareció ningún nombre dispuesto a quedarse con la firma y sostener la producción.

El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio y contó con la participación de fondos como BAF Capital. Ahora, estaba siendo gestionada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejaban La Suipachense.

Al momento de presentarse el concurso, ARSA cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.

Sin embargo, desde el sector sostienen que la situación de la empresa se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años. En esa línea, el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el que denunció incumplimientos.

Los mismo empleados señalaron, además, que cobraban sueldos atrasados e irregulares, y que en los últimos meses se abonó un cuarto del mismo y en efectivo, a pesar de que se hacían jornadas completas.

ARSA elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, entre las que se encontraban las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs, entre las más destacadas.

Con información de agencias y Bichos de campo.