En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 35 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo, quien este martes se presentó en Comodoro Py pero se negó a declarar. Este martes también será el turno del exsegundo en el organismo, Daniel Garbellini. Las indagatorias se extenderán hasta el 26 de mayo.

Además de Spagnuolo y de Garbellini, también fue llamado a segunda indagatoria Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

También deberán pasar por los tribunales Andrés Horacio Arnaudo, Federico Maximiliano Santich, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

19 procesados

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas por el juez Sebastián Casanello (quien estuvo al frente de la causa hasta que dejó la subrogancia del Juzgado Federal 11 en febrero pasado y el sorteo cayó en manos de Ariel Lijo), consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras.

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, quien subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado que llevó la primera parte de la causa, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advirtió la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

MC

La causa por presuntos delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves un nuevo capítulo con la indagatoria del exdirector del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, señalado por la Justicia como uno de los operadores centrales del supuesto entramado de coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo. Al igual que el extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, Garbellini se presentó en Comodoro Py, escuchó la imputación y se negó a responder preguntas del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

Su comparecencia se produjo apenas un día después del turno de Spagnuolo, quien también rechazó declarar tras intentar relativizar los audios en los que alude a presuntos retornos ligados a la compra de medicamentos y a pagos ilegales como el ya conocido “3% para Karina”. Con este gesto, Garbellini se convirtió en el cuarto imputado que decide guardar silencio, una conducta que la fiscalía considera reveladora frente al cúmulo de pruebas reunidas.

Un funcionario clave para la maniobra, según la fiscalía

Garbellini -detalló Picardi en su acusación- habría sido colocado en la ANDIS por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, para operativizar el esquema de retornos. Desde junio de 2024 ejercía como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cargo desde el cual administraba el programa Incluir Salud, clave para la cobertura médica de personas con discapacidad sin obra social.

Su nombre aparece en los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo, quien menciona que “este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube”, y que “se llevan medio palo para arriba por mes de medicamentos”. Para los investigadores, esas frases ilustran el modo en que se habrían direccionado compulsas de precios, adjudicado contratos con sobreprecios y favorecido a un grupo de empresas del sector salud.

La trayectoria de Garbellini en la administración pública se remonta a la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Jorge Telerman y luego de Mauricio Macri. Más tarde trabajó en áreas sanitarias de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde reportaba al médico Pablo Atchabahian, hoy detenido con arresto domiciliario en Mendoza y señalado como uno de los articuladores de las operaciones dentro de la ANDIS.

Ambos compartieron tareas en el programa Incluir Salud durante la presidencia de Macri, un antecedente que la Justicia destaca como parte de los vasos comunicantes entre quienes hoy integran el núcleo investigado. Garbellini también habría trabajado en la obra social UPSRA durante la intervención ordenada por el macrismo.

El “Grupo Museo”, operadores externos y acceso privilegiado

Según la fiscalía, Garbellini integró junto a Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete un chat interno llamado “Grupo Museo”, desde el cual se coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos. Para Picardi, el exfuncionario permitió que personas ajenas a la estructura estatal accedieran a información sensible, intervinieran en decisiones y hasta operaran el sistema de compras SIIPFIS desde fuera del organismo.

Ese accionar, sostiene el expediente, se traducía en adjudicaciones dirigidas, sobreprecios y beneficios económicos indebidos. A ello se suma un presunto incremento patrimonial injustificado y gastos en uno de sus inmuebles que no se condicen con sus ingresos declarados. Aunque Garbellini entregó su teléfono celular, la fiscalía determinó que había eliminado conversaciones relevantes, lo que, para los investigadores, evidencia intención de ocultar información.

Una causa que crece: audios, dinero y registros fílmicos

La investigación se aceleró tras la difusión de los audios de Spagnuolo y se robusteció con una serie de hallazgos: una caja de seguridad con 82.000 dólares, 2.950 euros, una máquina de contar billetes, consumos con tarjeta por más de cuatro millones de pesos mensuales, y refacciones de alto costo no declaradas. También se sumaron registros fílmicos de ingresos y visitas entre imputados, incluido un video en el que Spagnuolo llega a la casa de Calvete con una mochila.

Una escucha de agosto de 2025, en la que se menciona el envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, es considerada por los investigadores un indicio directo de circulación de dinero dentro del esquema

La negativa de Garbellini a responder preguntas podría agravar su situación procesal, ya que su testimonio era esperado para esclarecer su responsabilidad directa en la operatoria investigada. Tras las indagatorias de esta semana, el juez Casanello deberá decidir si avanza con nuevas medidas, ampliaciones de imputación o eventuales pedidos de detención.

Mientras tanto, la causa ANDIS sigue escalando y dejando en evidencia un posible esquema de corrupción que, de confirmarse, habría perjudicado directamente a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema público.

CRM