El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

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La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

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La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

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El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

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Los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo continuaron este martes el paro iniciado el lunes contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y profundizaron el reclamo con la continuidad de la toma del edificio ubicado en Diagonal Norte 760. La medida fue impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y afectó el funcionamiento de juzgados y cámaras laborales.

El sindicato dispuso un cese de actividades durante toda la jornada del lunes 23 de febrero y anunció que retomó el paro este martes a partir de las 11, en el marco de la “gravísima” situación que, según denunció, atravesó el Fuero Nacional del Trabajo.

Defensa del fuero laboral

En un comunicado, la UEJN sostuvo: “Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado” .

La organización sindical también ratificó el rechazo “total” a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El eje del conflicto fue la defensa del fuero especializado que intervino en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Para los empleados judiciales, el traspaso a la órbita porteña implicó una modificación estructural del sistema y puso en riesgo la estabilidad institucional y laboral del sector.

Impacto sobre el trabajo cotidiano

El paro interrumpió la atención al público y el avance de expedientes en los tribunales laborales nacionales. La continuidad de la medida este martes mantuvo paralizadas las tareas desde las 11 y concentró la actividad gremial en el edificio tomado.

Los judiciales vincularon el conflicto con el contexto legislativo más amplio. Según expresaron, la situación del fuero se intensificó tras la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral promovido por el Gobierno.

La protesta se centró en cómo el traspaso y la reforma impactaron en quienes trabajan en el fuero laboral, tanto en términos de condiciones de trabajo como de funcionamiento institucional. El sindicato convocó a sostener la presencia en Diagonal Norte y mantuvo el estado de alerta.

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una revisión del traspaso ni sobre refuerzos presupuestarios para el sector. La UEJN ratificó la continuidad del plan de lucha.

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El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un acuerdo que establece el cierre del fuero laboral nacional con asiento en la Ciudad y el traspaso de sus competencias ordinarias a la Justicia porteña. La iniciativa quedó sujeta a la aprobación del Congreso y de la Legislatura porteña, y redefine el esquema judicial ante el que deberán litigar miles de trabajadores y trabajadoras.

Según detalló el sitio jurídico especializado Palabras del Derecho, el texto enviado al Parlamento dispuso una transferencia progresiva de la competencia material y funcional que hoy ejercen los juzgados nacionales del trabajo y determinadas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, limitada a los conflictos laborales ordinarios tramitados dentro del territorio porteño. La nómina de tribunales alcanzados quedó detallada en un anexo del convenio, que delimitó de manera expresa el alcance del traspaso.

El acuerdo excluyó de la transferencia un conjunto central de conflictos laborales, que permanecerán bajo competencia federal. En ese grupo se encuentran las causas en las que sea parte el Estado Nacional, cualquiera sea el poder u organismo involucrado; las acciones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales; los litigios en materia de seguridad social; y los casos en los que exista competencia federal por materia o por las partes. Esos expedientes pasarán a tramitar ante los juzgados en lo contencioso administrativo federal.

El acuerdo establece que los trabajadores deberán litigar en fueros distintos según el tipo de reclamo, incluso cuando el conflicto tenga un mismo origen laboral. Las demandas por despido, salarios o condiciones de trabajo ordinarias quedarán en la órbita del nuevo fuero laboral porteño, mientras que los reclamos sindicales, previsionales o contra el Estado nacional seguirán un circuito judicial separado, con reglas procesales diferentes.

El envío del convenio al Senado se produjo luego de que el Gobierno avanzara por vía administrativa en la organización del traspaso. A través del Decreto 95/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia y sus eventuales adendas, habilitándolo a coordinar el proceso con el Gobierno de la Ciudad. Una vez firmado, el convenio debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigencia.

Más allá de la coyuntura, el debate se inscribe en una discusión estructural que atraviesa al sistema judicial argentino desde hace más de tres décadas. Tal como explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en una nota publicada en elDiarioAR, la llamada Justicia Nacional es un resabio del esquema institucional previo a la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires aún no era autónoma y sus jueces dependían del Estado nacional. A diferencia de otros organismos, la Justicia Nacional nunca fue transferida, lo que dio lugar a una anomalía que persiste hasta hoy: en la Ciudad conviven una justicia local y una justicia nacional, mientras que en las provincias existe un único poder judicial.

Desde la reforma constitucional, existe un consenso amplio en torno a que la Justicia Nacional debe ser transferida a la Ciudad, que pasó a tener un estatus equiparable al de una provincia. Sin embargo, esa transferencia nunca se concretó plenamente, y el resultado fue un sistema híbrido, con competencias superpuestas y un reparto que no responde a un diseño integral. En ese marco, el reciente fallo “Levinas” de la Corte Suprema volvió a colocar el tema en el centro del debate institucional.

En ese fallo, dictado a fines de 2025, la Corte Suprema resolvió que las sentencias dictadas por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deben ser revisadas previamente por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de llegar al máximo tribunal, un criterio que equipara a la Ciudad con una provincia.

Según explicaron Sebastián Guidi y Marcos Aldazabal en elDiarioAR, la decisión no transfirió formalmente la Justicia Nacional, pero fortaleció el rol del tribunal superior local y empujó de hecho el proceso de traspaso, al modificar la cadena de revisión judicial vigente desde antes de la autonomía porteña.

El convenio ahora enviado al Senado buscó ordenar parcialmente ese escenario, al menos en materia laboral. No será una absorción inmediata sino un proceso escalonado destinado a garantizar la continuidad del servicio de justicia. Las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del acuerdo continuarán su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo hasta su finalización, mientras que los nuevos procesos que se inicien una vez operativa la transferencia deberán radicarse en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

Uno de los ejes del acuerdo fue el régimen transitorio para magistrados, funcionarios y empleados judiciales. El texto garantizó la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad en el empleo y la preservación de los derechos previsionales y de carrera, y estableció que el Estado Nacional deberá transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el funcionamiento del fuero laboral porteño. La Ciudad, en tanto, asumió el compromiso de dictar las normas organizativas para su puesta en marcha.

En materia de control judicial, el convenio mantuvo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos previstos por la Constitución. A su vez, dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá la función revisora sobre las causas del nuevo fuero laboral local, conforme al esquema de competencias establecido en la normativa porteña.

Desde el punto de vista de quienes trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo implica una reorganización del acceso a la justicia laboral, al establecer que los reclamos ordinarios y aquellos vinculados a derechos sindicales, previsionales o al Estado Nacional seguirán vías judiciales diferentes, aun cuando deriven de una misma relación de trabajo. El convenio no incluyó definiciones sobre criterios de unificación procesal ni mecanismos específicos para evitar la dispersión de litigios, una cuestión que quedará abierta en la implementación.

La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo quedó supeditada a la aprobación del acuerdo por el Congreso, a su ratificación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al dictado de los actos administrativos necesarios para su implementación. Hasta tanto se cumplan esas instancias, el régimen vigente continuará aplicándose sin modificaciones, según estableció el propio texto remitido al Senado.

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En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley de autoría de diputados de izquierda que abrazan la idea de reducir la jornada laboral. Pero esas iniciativas funcionan también como una excusa política para apuntar contra uno de los escándalos laborales más visibles del momento: los incumplimientos de los fallos judiciales que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos por Georgalos. En su narrativa, la izquierda plantea que la negativa patronal no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más general de precarización bajo el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los proyectos parlamentarios del Frente de Izquierda no solo proponen una jornada más corta; también se apoyan en denuncias de atropellos contra trabajadores en conflicto, con Georgalos como emblema. En particular, uno de los proyectos es presentado por Christian Castillo (PTS-FIT Unidad), quien ha utilizado cada paso del trámite como altavoz para denunciar el conflicto de la firma de golosinas.

Aunque los textos legislativos tienen fundamentos propios —argumentan que la jornada de ocho horas es obsoleta, que la automatización y el teletrabajo requieren una nueva regulación, que reducir tiempo de trabajo puede prevenir desempleo— Castillo y el bloque del FIT lo vinculan explícitamente al caso Georgalos. En sus intervenciones públicas y parlamentarias ha señalado que la persistencia de despidos y el desconocimiento de los fallos judiciales revelan “el plan del ajuste patronal respaldado por el Estado”.

En redes sociales, Castillo afirmó: “Con los trabajadores de Georgalos que reclaman que la empresa cumpla los fallos de reinstalación por despidos ilegales. Todo nuestro apoyo”. En un acto frente a la planta de la empresa en Victoria, el 3 de octubre de 2025, estuvieron presentes diputados del FIT Unidad, quienes exigieron que la empresa cumpla con los mandatos judiciales que ordenan la reincorporación de al menos cuatro trabajadores.

Qué es Georgalos y cómo estalló el conflicto

Georgalos es una empresa histórica de la industria alimenticia argentina, conocida por producir golosinas y snacks. En junio de 2025, la planta ubicada en Victoria (San Fernando, Buenos Aires) despidió a cinco trabajadores con más de 20 años de antigüedad, acusándolos de “sabotaje” durante medidas de fuerza gremiales. Los trabajadores afirman que la empresa redujo dotaciones por máquina y aumentó ritmos de producción, lo que provocó fallas y pérdida de premios salariales.

El conflicto derivó en medidas de fuerza impulsadas por el STIA, que fueron respondidas con despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero Georgalos no la acató. Luego llegaron los fallos judiciales: tres jueces laborales ordenaron la reinstalación de trabajadores y fijaron multas por incumplimiento. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso a planta, incluso después de recibir notificaciones formales.

Al menos tres de los despedidos cuentan con fueros gremiales por haber sido candidatos en las elecciones internas del gremio de la alimentación. El caso de Alejandro Martínez, con fallo favorable, es paradigmático: fue derivado a un control médico sin sentido, usado por la empresa como excusa para dilatar su ingreso.

Despidos bajo Milei: ajuste, recesión y desprotección laboral

El conflicto de Georgalos no es una excepción. En 2025, bajo el Gobierno de Javier Milei, los despidos se multiplicaron en el sector privado, mientras el Estado recortó plantillas, suspendió obras y eliminó programas sociales. El ajuste se aplicó con foco en “bajar la inflación”, pero sin recuperación económica, con salarios reales pulverizados y consumo en caída.

Para el Frente de Izquierda, lo que sucede en Georgalos es un espejo del modelo económico que ejecuta Milei: un mercado laboral sin regulaciones, con justicia laboral debilitada y empresas que desoyen fallos judiciales con impunidad. En palabras de Christian Castillo: “Los despidos van a aumentar por goteo si no hay resistencia organizada. La Justicia falló a favor de los trabajadores, pero la empresa los ignora. ¿Quién gobierna: la ley o los empresarios?”

Los proyectos legislativos para reducir la jornada laboral funcionan en este caso como plataforma de denuncia. La izquierda usa el Congreso como caja de resonancia, frente a un Poder Legislativo que no discute estas iniciativas y frente a un Poder Ejecutivo que no fiscaliza ni hace cumplir las leyes laborales.

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Una trabajadora del call center Citytech obtuvo un fallo favorable que ordena restituir su régimen de teletrabajo, tras haber sido intimada a regresar a la presencialidad sin acuerdo previo. La Justicia laboral de Tucumán consideró que esa imposición fue un uso abusivo del ius variandi y reconoció que el trabajo remoto formaba parte estable del contrato laboral.

La resolución, dictada en junio de 2024 por la Sala I de la Cámara de Apelación del Trabajo de Tucumán, atendió el pedido de Cynthia Castillo, quien desde 2022 se desempeñaba en forma remota gracias a un acuerdo firmado con la empresa bajo el plan “waha 24”. Ese acuerdo incluía reducción horaria, cobertura de gastos de conectividad y, fundamentalmente, no fijaba ningún plazo de finalización.

La empresa argumentó que el trabajo a distancia había sido una excepción durante la pandemia, y que, superada la emergencia, correspondía retomar la presencialidad. Pero la Justicia lo rechazó. “No es posible admitir que la modalidad del trabajo a distancia fue una medida excepcional, cuando más de un año después del levantamiento de las restricciones sanitarias, las partes formalizaron un acuerdo que no contenía plazos ni condiciones de finalización”, señala el fallo.

“La conducta de la empleadora configuró un ejercicio abusivo del ius variandi”, concluyó el tribunal. Según el análisis de la Cámara, el teletrabajo se había transformado en una “modalidad esencial del contrato”, y por lo tanto, su modificación requería acuerdo entre las partes. En ese marco, la decisión de Citytech de imponer unilateralmente el regreso fue considerada improcedente.

El fallo también puso el foco en el impacto concreto que la medida tenía sobre la vida cotidiana de la trabajadora. Castillo vive en Lules, localidad ubicada a más de una hora del centro de San Miguel de Tucumán, donde está ubicada la sede de la empresa. “El cambio en las condiciones de trabajo le significaría realizar cuatro viajes diarios en transporte público”, se advierte en la sentencia.

A eso se suma la dimensión de cuidados: Castillo es madre de una niña de nueve años y responsable del cuidado de su madre enferma. Para la Justicia, estos elementos deben ser considerados al evaluar la razonabilidad de un cambio de condiciones laborales: “El esquema remoto le permite compatibilizar las tareas laborales con sus obligaciones familiares, cuya afectación representaría una regresividad en sus derechos adquiridos”, expresaron los jueces.

La Cámara otorgó un plazo de diez días hábiles para que la empresa restituya el régimen de teletrabajo “en los mismos términos que regían al momento de la notificación de regreso presencial”. La sentencia aún puede ser apelada, pero sienta un precedente importante sobre los límites del poder empresarial frente a derechos ya adquiridos por los trabajadores y trabajadoras, en especial aquellos que garantizan la conciliación entre vida laboral y familiar.

Expertos en derecho laboral consultados por trabajAR señalaron que el fallo de la Justicia tucumana refleja un principio clave del derecho del trabajo: la estabilidad de las condiciones laborales cuando estas se sostienen en el tiempo y generan una expectativa legítima. “El empleador no puede modificar unilateralmente condiciones que se convirtieron en habituales, especialmente si afectan derechos vinculados a la vida familiar, como ocurre con el teletrabajo en casos de cuidado”, afirmaron.

Además, destacaron que la resolución reafirma la vigencia del principio de progresividad, establecido en normas internacionales suscriptas por Argentina. “Retroceder en condiciones que permiten una mejor conciliación entre el trabajo y la vida personal, sin justificación ni acuerdo, puede configurar una violación de esos principios”, explicaron.

En ese sentido, recordaron que la Ley 27.555 de Teletrabajo, vigente desde 2021, establece el derecho a la reversibilidad cuando el cambio de modalidad afecta situaciones de cuidado, y obliga a los empleadores a respetar los derechos adquiridos por acuerdos previos. Asimismo, el Convenio 156 de la OIT, ratificado por la Argentina, sostiene que los trabajadores con responsabilidades familiares deben recibir una protección efectiva contra la discriminación y condiciones que dificulten su inserción laboral.

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