Entrevistado el jueves por la noche en la radio española Cadena SER, Axel Kicillof describió un cuadro ruinoso de la Argentina de Milei y apeló a palabras de la actriz Dolores Fonzi para alertar sobre los riesgos de un avance de la ultraderecha ibérica (Vox o PP de Isabel Díaz Ayuso): “Vengo del futuro”.

El periodista preguntó: “Ante esto que sucede en Argentina, la izquierda, ¿qué puede ofrecer para volver a ser competitiva?”. La escena se repitió en la entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, reproducida en esta edición. “¿Qué hicieron mal los gobiernos de izquierda en Argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?”, consultó.

Para el gobernador bonaerense, el abordaje en términos ideológicos clásicos le suena más familiar que a cualquier dirigente peronista de primer orden, desde su vida universitaria —cuando era de izquierda no peronista— hasta su reelección como gobernador, en 2023, cuando apeló al eslogan “derecha versus derechos”.

En el diálogo con la radio, Kicillof comenzó a responder, pero enseguida se vio en la necesidad de aclarar. “Bueno, es una discusión. Lo que hace el peronismo, el campo popular —nosotros llamamos izquierda a partidos más pequeños, de origen trotskista— es una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco del desorden mundial que tenemos, presentar una alternativa que dé respuestas y una perspectiva”.

La aclaración del gobernador no es una mera cuestión taxonómica ante la ubicuidad histórica del peronismo. Representa, más bien, un desafío sobre una existencia política —para resumir, “el kirchnerismo”— en disputa, y ello constituye un problema en una era que demanda identificaciones claras. Hoy, en el despacho de La Plata, hablan con cierta naturalidad de un proyecto “peronista de izquierda”, aunque ponen el freno de mano para no herir susceptibilidades, no sólo entre los adversarios internos y gobernadores con los que tarde o temprano habrá que negociar, sino también entre algunos kicillofistas, como Andrés “Cuervo” Larroque, poco apegado a esas definiciones.

De Javier Milei se pueden decir muchas cosas, pero su vocación y arrojo por definir un perfil inequívoco está fuera de duda desde el primer minuto que piso un estudio de televisión, hace ya una década. Quiso ser ultra y lo sostuvo mucho más allá de lo que algún asesor de marketing le hubiera aconsejado.

Con el peronismo nacional pasa lo opuesto desde hace una década: no se sabe qué es. Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante. ¿Cuál de los Sergio Massa conocidos estaría hoy en Casa Rosada si hubiera obtenido el mínimo margen que le faltó para ganar en la primera vuelta de 2023? Hubo un peronismo ganador, el de 2019, con los Fernández al mando, pero tampoco se sabe qué intentó hacer.

Del Daniel Scioli presidenciable de 2015, nadie puede aventurar si hubiera gobernado muy distinto de Mauricio Macri. El candidato era ambiguo y terminó siendo un farsante

Devaneos y escondidas

Fuera de las fronteras argentinas, los devaneos sobre el lugar ideológico del peronismo se resuelven con simplicidad, por razones de tiempo y espacio. Para la prensa internacional, Kicillof y Cristina son “peronistas de izquierda”; Menem y Pichetto, “peronistas de derecha”, y Massa, pragmático. Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Elly Schlein en Italia, Pedro Sánchez en España, Yamandú Orsi en Uruguay, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, el SPD en Alemania, el laborismo británico y un largo etcétera se afirman en “la izquierda”, la “centroizquierda”, o “el progresismo”. Tienen recorridos disímiles y posiciones incluso opuestas ante determinados temas; hay moderados y radicales; liberales y populistas; varios tienen competencia por izquierda, aunque a todos los une la identificación de un rival o enemigo: la derecha y sus versiones extremas.

Todos los nombrados estuvieron presentes en la cumbe anti ultraderecha de Barcelona, convocada por Sánchez, que terminó ayer por la tarde. Kicillof mantuvo encuentros con buena parte de ellos, y más de uno le dio un trato de postulante presidencial. “No soy candidato”, aclaró el gobernador ante la confusión generalizada. No le creyeron.

La aversión a la identidad de “izquierda” encuentra ecos diversos en el peronismo. Por empezar, es el estandarte del máximo “peronista de Perón” y a la vez uno de los peronistas con menos votos y, sugestivamente, más minutos de streaming, Guillermo Moreno. Hasta hace poco, Miguel Ángel Pichetto —cuando combatía a bolivianos, paraguayos, mapuches e iraníes, votaba las leyes que proponía Milei y reclamaba a Macri que no cediera protagonismo— vetaba a Kicillof por “comunista”. Es el mismo lugar en el que lo ubican las profusas pantallas de la ultraderecha.

En el cristinismo —reconciliado con Moreno y Pichetto— arriesgan un argumento asombroso, alguna vez hecho público por su líder. “Izquierda y derecha son conceptos eurocéntricos”, impropios de América Latina. La idea barre con la historia del continente y la del propio peronismo, un siglo de enseñanza en la universidad pública y el lenguaje político de varios países de la región. A su vez, somete al cristinismo a tropezarse con sus contradicciones.

El Partido Justicialista (PJ) acaba de enviar una delegación de una docena de personas al encuentro organizado por la “Movilización Progresista Global” (MPG), cuyo objetivo fue “ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”. Nada de esa terminología parece seducir demasiado a quienes rodean a la expresidenta.

Entre foto y foto, y panel y panel, la delegación del PJ no se cruzó con la bonaerense en los pabellones del predio ferial FIRA, en L’Hospitalet de Llobregat, afueras de Barcelona. Habrá sido todo un desafío evitar un pantallazo ocasional que encontrara a rostros de ambas facciones en el mismo encuadre.

Kicillof estuvo acompañado por su mano derecha y ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la ministra de Comunicación, Jésica Rey, y la parlamentaria del Mercosur Cecilia Nicolini. La Provincia afrontó el costo de los cuatro pasajes. La organización MPG cursó tres invitaciones al PJ. En una muestra de gran ecumenismo, fueron asignadas por Cristina a las camporistas Soledad Magno, Lucía Cámpora y Valentina Morán.

El senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien supo cultivar una red de relaciones internacionales y es el “progre” más nítido del cristinismo, fue intitulado como presidente de la delegación del PJ. Pagó sus pasajes y estadía de su bolsillo, y regresó con dos fotos con alto valor simbólico para su sector. Lula y Sheinbaum posaron con un cartel “Cristina Libre”. Además de alertar sobre los “peligros” de Milei, la denuncia de la “proscripción” de la exmandataria era un objetivo de principal para la comitiva oficial peronista, indican cerca de De Pedro.

La representación punteada por Cristina incluyó a los diputados Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lorena Pokoik y Roxana Monzón, el intendente de Merlo y secretario de RRII del PJ, Gustavo Menéndez (pareja de Monzón), la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza. Jorge Taiana —cercano a Kicillof— fue anotado inicialmente en el listado del PJ, pero declinó. Sí apareció por los pasillos del FIRA de Barcelona el abogado de Cristina Gregorio Dalbón. Abordó a Sheinbaum al paso y se llevó como premio un video en reclamo de la libertad de su representada.  

La concurrida delegación del PJ para una conferencia que no resulta del todo amigable para la narrativa cristinista estuvo motivada en la voluntad de impugnar a Kicillof. Máximo Kirchner denuncia un juego individualista y victimista del gobernador, por lo tanto, no obediente del liderazgo de Cristina, y un escamoteo del reclamo por la libertad de la exmandataria.

Sobre la no obediencia, no hay mucho por agregar. “Sería totalmente absurdo presentarnos con la consigna ‘Cristina Libre’ como eje central en un encuentro de este tipo. Corresponde denunciar el autoritarismo y los abusos judiciales contra Cristina, pero una convocatoria para organizar una resistencia internacional ante la ultraderecha no es el ámbito para que ésa sea la bandera central del gobernador”, dice una voz próxima a Kicillof.

Aunque ambas comitivas manifiestan haber dado testimonio de una variante de la ultraderecha en su caracter más extremo —como perfilan a Milei—, en el eje Patria-Cámpora interpretan que el objetivo de Kicillof consistió en poner un peldaño en su candidatura presidencial, y no mucho más.

Distancia

El gobernador se apresta a encarar una precampaña presidencial con dos premisas. “Viene advirtiendo a nuestros dirigentes del peligro de creer que Argentina necesita las mismas políticas de Milei, pero con buenos modos. Hay que terminar con políticas que crean pobreza, matan a la industria, desfinancian a las universidades y generan deuda externa; no es sólo una cuestión de insultos, que por supuesto están mal”, cita la fuente bonaerense.

El segundo pilar permite avizorar la magnitud de la brecha que se abrirá con el kirchnerismo ortodoxo en los próximos meses. Va a dejar claras posiciones contrarias a las de Milei, pero también marcará diferencias con los doce años de Néstor y Cristina, anticipan. Así planteado, en el mundo de Cristina, que sólo se habilita un recuerdo idílico de aquellos años, será concebido en términos de traición. Kicillof es consciente “de las respuestas que dejamos de dar”, sobre todo —pero no sólo— desde 2019, argumentan en su entorno.

Un abordaje analítico, menos comprometido con la interna partidaria, sostiene que los trazos ideológicos no deben formar parte de una propuesta peronista “porque no les interesan a los votantes”. Son —sostiene la mirada pragmática de los asesores— “ajenos” a las preocupaciones de los hogares, a los que se supone más atraídos por temas vinculados a su salario, la calidad de su trabajo, la escuela de los pibes, el precio de la boleta de gas y el transporte público.

Cualquier 'postureo', sea progre o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado

La mirada tiene algún parentesco con el “antiwokismo”, no necesariamente por la voluntad de restaurar definitivamente el machismo, llenar de petróleo los glaciares, gritar libremente contra los bolivianos y combatir las transexuales, si no para evitar distraer la atención de los asuntos centrales, que serían los del ingreso.

Hay un sustrato de realidad en que nadie ganaría una elección meramente por decirse de “izquierda” o de “derecha”, menos si se lo hace bajo la forma de la impostura. Más bien, cualquier “postureo”, sea progresista o neoliberal, genera irritación en cuanto es detectado. Una “feminista” que milite por la “e” inclusiva y, al mismo tiempo, maltrate a su secretaria y fomente medidas que redundan en rebajas salariales y mayor informalidad en las empleadas del hogar, o, por derecha, un honestista que dispare contra los políticos como una “casta de ladrones” y manotee todo lo que tiene a mano para acumular propiedades y millas en avión privado lo pagará caro.

Algo de eso se ha visto, pero esa aversión no dice mucho sobre la inconveniencia de asumir un discurso con componentes ideológicos, que siempre están, aunque no se los explicite. La hipocresía y la corrupción son mal vistas, bajo cualquier ideología.

El corto alcance de los realpolitikers a ultranza es que no conciben la elaboración de un texto político que aborde el gran relato de “vivir mejor” —porque el trabajo no está en peligro y el sueldo alcanza— y que ello conforme un todo con los “pequeños relatos”, como evitar la contaminación del río, que millones de personas puedan asumir su sexualidad sin ser oprimidos, las mujeres no padezcan violencia machista, se denuncie el genocidio en Gaza aunque ocurra a 12.000 kilómetros y el Nunca Más siga confrontando al terrorismo de Estado. No existe ningún motivo para disimular luchas que —bien leídas— van de la mano de la “recomposición del ingreso de los hogares”.

Como primer paso, ello significa plantarse ante la reacción conservadora, sin inhibiciones ante zócalos de la tele, editoriales, pronunciamientos de ONG y bullying en redes sociales. Y luego, la huida de una identidad de “izquierda” parece más una exageración del análisis y una sumisión ante el estigma que se configura desde aparatos de derecha, que una demanda real de los trabajadores precarizados, quienes podrán no conducir su vida con un libro de Noam Chomsky en la mano, pero tampoco saldrán corriendo si alguien promete fomentar la igualdad a través de un impuesto a la riqueza o combatir el gatillo fácil contra adolescentes. La propuesta exige, claro está, pericia para explicarla y llevarla a cabo, y capacidad de resistir las represalias.

A sus 80 años, alguien que tiene algo para decir al respecto es Lula, y lo dijo ayer en su presentación en Barcelona.

“Estoy ante cinco mil personas que se identifican como progresistas. Siempre, la política se dividió en dos campos: de un lado, los que piensan que los individuos se sobreponen a la colectividad; y los otros, los que creen que el bienestar de cada uno depende de la garantía de una vida digna y decente para todos.

Esa división ya tuvo muchos nombres: derecha, izquierda, conservador y progresista, pero el extremismo impone un nuevo desafío. El campo progresista logró avanzar en la agenda de los derechos. La situación de los trabajadores, de las mujeres, de las personas negras y de muchas minorías es mejor hoy que lo que fue en el pasado. No es una coincidencia que la reacción de los jueces reaccionarios viniera de forma tan violenta, con la misoginia, el racismo y el discurso de odio. Pero el progresismo no logró superar el pensamiento económico dominante. El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre, desigualdad e inseguridad. Provocó crisis tras crisis. Aún así, nosotros sucumbimos a la ortodoxia; hemos sido los gerentes de las miserias del neoliberalismo. Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con discursos de izquierda y creen en la austeridad. Desistimos de políticas públicas en nombre de la gobernabilidad, nos transformamos en el sistema; por eso no nos sorprende ahora que el otro lado se presente como el 'antisistema'.

El primer mandamiento para los progresistas tiene que ser la coherencia. No podemos elegirnos con un programa e implementar otro. No podemos traicionar la confianza del pueblo, aunque buena parte de la población no se vea como progresista. Ella quiere lo que nosotros proponemos: quiere comer bien, vivir bien, con escuelas de calidad, con hospitales de calidad; una política climática seria y responsable; una política de medio ambiente sana; un mundo libre y saludable; un trabajo digno, con jornada laboral equilibrada y también con un salario que permita una vida cómoda.

La extrema derecha supo aprovechar el malestar de esas poblaciones, aprovechó la frustración de las personas inventando mentiras: hablando de las mujeres, de los negros, de la población LGBTQ+, de los inmigrantes. Es decir, utiliza a las personas que más necesidades tienen para servir al discurso de odio. Nuestro rol es apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que 'cualquiera puede hacerlo'. Alimentan falacias de la meritocracia, pero patean la escalera para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan menos impuestos —o nada—, explotan a los trabajadores, destruyen la naturaleza y usan el algoritmo. Entonces, la desigualdad no es un hecho, es una elección política. Y nosotros, ¿qué debemos elegir? La igualdad".

slacunza@eldiarioar.com

SL

Corrección: En la veresión original, fue incluido Jorge Taiana como uno de los asistentes al encuentro de Barcelona. Se trató de un error.

En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley de autoría de diputados de izquierda que abrazan la idea de reducir la jornada laboral. Pero esas iniciativas funcionan también como una excusa política para apuntar contra uno de los escándalos laborales más visibles del momento: los incumplimientos de los fallos judiciales que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos por Georgalos. En su narrativa, la izquierda plantea que la negativa patronal no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más general de precarización bajo el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los proyectos parlamentarios del Frente de Izquierda no solo proponen una jornada más corta; también se apoyan en denuncias de atropellos contra trabajadores en conflicto, con Georgalos como emblema. En particular, uno de los proyectos es presentado por Christian Castillo (PTS-FIT Unidad), quien ha utilizado cada paso del trámite como altavoz para denunciar el conflicto de la firma de golosinas.

Aunque los textos legislativos tienen fundamentos propios —argumentan que la jornada de ocho horas es obsoleta, que la automatización y el teletrabajo requieren una nueva regulación, que reducir tiempo de trabajo puede prevenir desempleo— Castillo y el bloque del FIT lo vinculan explícitamente al caso Georgalos. En sus intervenciones públicas y parlamentarias ha señalado que la persistencia de despidos y el desconocimiento de los fallos judiciales revelan “el plan del ajuste patronal respaldado por el Estado”.

En redes sociales, Castillo afirmó: “Con los trabajadores de Georgalos que reclaman que la empresa cumpla los fallos de reinstalación por despidos ilegales. Todo nuestro apoyo”. En un acto frente a la planta de la empresa en Victoria, el 3 de octubre de 2025, estuvieron presentes diputados del FIT Unidad, quienes exigieron que la empresa cumpla con los mandatos judiciales que ordenan la reincorporación de al menos cuatro trabajadores.

Qué es Georgalos y cómo estalló el conflicto

Georgalos es una empresa histórica de la industria alimenticia argentina, conocida por producir golosinas y snacks. En junio de 2025, la planta ubicada en Victoria (San Fernando, Buenos Aires) despidió a cinco trabajadores con más de 20 años de antigüedad, acusándolos de “sabotaje” durante medidas de fuerza gremiales. Los trabajadores afirman que la empresa redujo dotaciones por máquina y aumentó ritmos de producción, lo que provocó fallas y pérdida de premios salariales.

El conflicto derivó en medidas de fuerza impulsadas por el STIA, que fueron respondidas con despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero Georgalos no la acató. Luego llegaron los fallos judiciales: tres jueces laborales ordenaron la reinstalación de trabajadores y fijaron multas por incumplimiento. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso a planta, incluso después de recibir notificaciones formales.

Al menos tres de los despedidos cuentan con fueros gremiales por haber sido candidatos en las elecciones internas del gremio de la alimentación. El caso de Alejandro Martínez, con fallo favorable, es paradigmático: fue derivado a un control médico sin sentido, usado por la empresa como excusa para dilatar su ingreso.

Despidos bajo Milei: ajuste, recesión y desprotección laboral

El conflicto de Georgalos no es una excepción. En 2025, bajo el Gobierno de Javier Milei, los despidos se multiplicaron en el sector privado, mientras el Estado recortó plantillas, suspendió obras y eliminó programas sociales. El ajuste se aplicó con foco en “bajar la inflación”, pero sin recuperación económica, con salarios reales pulverizados y consumo en caída.

Para el Frente de Izquierda, lo que sucede en Georgalos es un espejo del modelo económico que ejecuta Milei: un mercado laboral sin regulaciones, con justicia laboral debilitada y empresas que desoyen fallos judiciales con impunidad. En palabras de Christian Castillo: “Los despidos van a aumentar por goteo si no hay resistencia organizada. La Justicia falló a favor de los trabajadores, pero la empresa los ignora. ¿Quién gobierna: la ley o los empresarios?”

Los proyectos legislativos para reducir la jornada laboral funcionan en este caso como plataforma de denuncia. La izquierda usa el Congreso como caja de resonancia, frente a un Poder Legislativo que no discute estas iniciativas y frente a un Poder Ejecutivo que no fiscaliza ni hace cumplir las leyes laborales.

JJD