La Libertad Avanza puso quinta y piso el acelerador en el Senado para convertir en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno el viernes próximo, así pueden ofrendársela a Javier Milei, justo dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que encabezará en carácter de presidente de la Nación y podrá jactarse del avance de su agenda gubernamental.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10:00 de este viernes, horas después de la aprobación del texto en Diputados, a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen incorporando la modificación que introdujo la Cámara baja sobre el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El dictamen ya fue firmado.

El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el viernes próximo, 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias. La intención es tener ya sancionadas de manera definitiva tanto a la reforma laboral como al Régimen Penal Juvenil en esa misma jornada.

El Senado había aprobado la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Sin embargo, como la Cámara de Diputados eliminó el artículo 44 —que reducía al 50% el salario durante licencias por enfermedad o accidentes ajenos al ámbito laboral—, el texto volvió a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

Qué cambios introduce la reforma

El proyecto que impulsa el Gobierno establece modificaciones estructurales en el régimen laboral vigente. Entre los puntos centrales figuran cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, así como limitaciones al derecho de huelga en los servicios públicos.

La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un esquema de banco de horas que habilita compensaciones de jornada sin pago de horas extras.

Estos aspectos generaron rechazo de sectores sindicales y opositores, que advirtieron que el nuevo esquema modifica el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores. Las críticas apuntaron especialmente a la reducción de costos asociados a despidos y a la posibilidad de reorganizar la jornada laboral bajo el sistema de banco de horas.

El debate volvió a colocar en el centro la discusión sobre estabilidad, salario e instrumentos de defensa colectiva de quienes trabajan. La limitación del derecho de huelga en determinados servicios fue uno de los puntos más controvertidos, al igual que la reforma del régimen indemnizatorio.

Para que la reforma quede sancionada, el Senado deberá pronunciarse sobre la versión modificada por Diputados. Si acepta la eliminación del artículo 44, la ley quedará aprobada en forma definitiva. Si insiste con el texto original, se abrirá un nuevo escenario parlamentario.

JJD, con información de NA

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

“La reforma laboral va a discutirse el 10 de febrero, no a libro cerrado”, anticipó Patricia Bullrich en su doble rol como vocera del Gobierno en el Congreso y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Con dictamen favorable desde diciembre y en plena tregua estival, el oficialismo prepara las condiciones para retomar el debate legislativo a partir de la segunda semana de enero y el objetivo de llevar el proyecto al recinto durante las sesiones extraordinarias, es decir antes de marzo.

El plan del Gobierno es aprobar en febrero una de sus reformas más ambiciosas: una modificación integral de la ley laboral con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y reducir los costos laborales. En los hechos, el proyecto avanza sobre derechos colectivos, elimina garantías vigentes y modifica de forma regresiva el régimen de contratación, indemnización y condiciones laborales.

El texto fue presentado como parte del paquete de reformas estructurales y tiene apoyo de varias cámaras empresarias. La CGT, en cambio, respondió con una movilización masiva en diciembre y prepara nuevos actos para febrero. Los sindicatos alertan que la propuesta oficial “rompe el equilibrio entre partes” y busca debilitar a las organizaciones gremiales al recortar financiamiento y limitar su rol en paritarias.

Uno de los puntos más conflictivos es la eliminación de las cuotas solidarias, el mecanismo por el cual los gremios reciben aportes de trabajadores no afiliados cuando existe un convenio colectivo firmado. El proyecto establece que los aportes solo podrán realizarse con consentimiento individual expreso, y los empleadores actuarán como agentes de retención únicamente para cuotas de afiliación voluntaria.

“Es un ataque directo a la sustentabilidad de los sindicatos”, advirtieron desde la conducción cegetista, que además ve con preocupación el intento de priorizar convenios por empresa por sobre convenios por rama de actividad. Esto atomiza la negociación colectiva, reduce el poder de los trabajadores y fortalece a las patronales en una relación estructuralmente desigual.

La reforma también propone eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, la prórroga automática de sus efectos una vez vencido el plazo hasta que se firme uno nuevo. Este punto, considerado clave para preservar condiciones laborales frente a contextos de crisis, es presentado por el oficialismo como parte de una estrategia para “desburocratizar” el sistema de relaciones laborales.

En materia de despidos, el proyecto busca bajar el costo de las indemnizaciones, excluyendo ítems como aguinaldo, vacaciones u otros adicionales del cálculo compensatorio. Como alternativa, plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que operaría como seguro ante la pérdida del empleo, a cambio de reducciones en las contribuciones patronales.

Además, la iniciativa incluye la implementación de un sistema de banco de horas, que permitiría a las empresas modificar los horarios laborales sin compensación previa. Para los gremios, esto habilita una disponibilidad permanente del trabajador sin garantía de previsibilidad, lo que impacta directamente en la vida cotidiana.

Otros puntos polémicos son el fraccionamiento de las vacaciones, la reducción de plazos de preaviso y la eliminación de la responsabilidad solidaria de empresas contratantes frente a tercerizadas, lo que abre la puerta a nuevas formas de precarización.

El Gobierno confía en su capacidad de negociación para conseguir los votos necesarios en el Senado, pero aún debe enfrentar la oposición sindical y social. La CGT anticipó que no se quedará de brazos cruzados y varias centrales provinciales ya preparan jornadas de protesta para febrero.

JJD

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.

Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.

1. Jornada laboral: más horas, menos extras

Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas

El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.

La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.

3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad

Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.

Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.

Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.

4. Vacaciones: más fragmentadas

El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.

5. Salarios: productividad por encima de paritarias

Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.

Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.

Posiciones enfrentadas

El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.

La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.

El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.

La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.

Lo que viene

El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.

La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.

JJD