La larga agonía de Garbarino llegó a su final. La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía y evitar su liquidación definitiva. La decisión marca el cierre de uno de los casos empresariales más emblemáticos del sector de las ventas minoristas de la Argentinsa en los últimos años y se produce en medio de un deterioro generalizado y acentuado del consumo, la industria y el empleo desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.

La resolución fue firmada por el juez comercial Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. La empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de salvataje que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la compañía.

El único interesado que se había inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Sin inversores y sin acuerdo con los acreedores, el tribunal dispuso la apertura del proceso de quiebra.

A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar y liquidar activos para intentar satisfacer las deudas acumuladas. La Justicia también ordenó mantener la inhibición general de bienes y avanzar en la localización de activos que puedan formar parte del patrimonio de la empresa.

El fallo incluye además la inhabilitación de los directivos para ejercer el comercio durante el plazo que establece la legislación concursal y una prohibición de salida del país para los principales responsables de la compañía hasta que se complete el informe general de la sindicatura.

De gigante del retail a empresa residual

La quiebra pone fin a la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar, con más de 300 sucursales en todo el país y una red de negocios asociados que incluía marcas como Compumundo.

En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores, lo que la convirtió en una de las compañías más influyentes del sector.

Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo y transformaciones en el comercio minorista fue deteriorando su estructura.

El proceso se aceleró en los últimos años. La empresa había sido vendida en 2020 al empresario Carlos Rosales, que prometió un plan de rescate para recomponer la situación financiera. Pero ese intento nunca logró revertir el deterioro.

Cuando el expediente llegó a su tramo final en la Justicia, la compañía ya había reducido su operación a una escala casi simbólica: apenas tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad.

La quiebra llega después de más de cuatro años de proceso judicial y deja una pregunta abierta sobre el destino final de los activos que aún puedan existir —marcas, participaciones societarias o bienes remanentes— en una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo en la Argentina.

Un sector golpeado por la caída del consumo y las importaciones

El cierre definitivo de Garbarino no es un hecho fortuito ni único dentro del sector de electrodomésticos y artículos para el hogar, sino la consecuencia de un contexto y de una política económica.

En los últimos meses, distintas empresas vinculadas al comercio y la producción de estos bienes comenzaron a mostrar señales de crisis. Fabricantes y cadenas comerciales vienen atravesando recortes de personal, cierres de plantas o cambios en su modelo productivo en medio de una fuerte caída del consumo interno y una apertura de importaciones que afecta a la producción local.

En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída de ventas y a la competencia creciente de productos importados.

La ola de ajustes también alcanzó a la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto, donde se produjeron despidos en los últimos meses, y a la metalúrgica Cramaco, que dejó de fabricar generadores y alternadores después de despedir a la mayor parte de su personal.

Incluso en el comercio minorista aparecieron señales de alerta. La cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el aumento del endeudamiento.

El panorama se repite en otros segmentos industriales. La autopartista Corven recortó alrededor de 150 puestos de trabajo, mientras que sindicatos del sector advierten que varias empresas comenzaron a reemplazar procesos de fabricación local por la importación de productos terminados o de piezas semielaboradas.

Empresas en reestructuración y concursos de acreedores

Las dificultades también alcanzaron a otras compañías del mismo universo productivo. La empresa Goldmund, responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y ordenar su situación financiera.

La firma comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una etapa de reorganización destinada a sostener la continuidad de la operación. El proceso judicial busca renegociar deudas y evitar un escenario de insolvencia que podría comprometer su funcionamiento.

El concurso se produce en un contexto en el que distintas empresas enfrentan dificultades similares, con balances deteriorados por la caída de la demanda y por cambios en la estructura del mercado.

La crisis del sector también se refleja en conflictos laborales abiertos. En distintos puntos del país trabajadores se movilizan para defender puestos de trabajo ante cierres o suspensiones de actividades.

El telón de fondo: caída industrial y destrucción de empleo

La quiebra de Garbarino se inscribe en un escenario económico más amplio marcado por el deterioro de la actividad industrial y el empleo.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al que tuvo acceso trabajAR, estimó que desde noviembre de 2023 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día.

El mismo estudio señaló que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que la participación de la industria dentro de la economía se redujo del 16,5% del producto en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel se ubica en valores comparables a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso histórico que refleja la magnitud del proceso de desindustrialización.

Los investigadores también registraron una caída en el uso de la capacidad instalada de las fábricas y un aumento de las importaciones de bienes industriales que desplazaron producción local.

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La fábrica textil Hazan Silvia cerró esta semana su planta en Lanús y despidió a la totalidad de su personal, en medio de una crisis que golpea de lleno al sector. La decisión dejó en la calle a 50 trabajadores y trabajadoras, mientras el gremio denuncia maniobras empresariales para evitar el pago completo de las indemnizaciones y apunta contra el modelo económico del Gobierno: “No podemos competir con China”, resumió el dirigente Guillermo Aguilar, de la Asociación Obrera Textil (AOT).

El cierre fue resistido con una protesta frente al establecimiento, con apoyo de la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA y las 62 Organizaciones Peronistas. A partir de esa acción, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, que momentáneamente suspendió la medida, a la espera de una nueva audiencia esta semana.

Una historia de abandono y desindustrialización

Hazan Silvia es una empresa con más de 25 años en la actividad. Según el gremio, había recibido asistencia del Estado para sostenerse, a través del programa PREBA, exenciones de cargas sociales y créditos del Banco Provincia. Sin embargo, el dueño decidió cerrar sin agotar esas instancias. “Ganó plata durante años y ahora deja a todos los trabajadores en la calle”, reprochó Aguilar.

El delegado también alertó que la empresa ofrece arreglos por debajo de lo que marca la ley, apostando a que los empleados acepten “migajas” ante la imposibilidad de sostener un juicio prolongado. “Lo hacen para quebrar la resistencia individual”, denunció.

Un modelo económico que expulsa

El caso de Lanús no es un hecho aislado, sino parte de una ola de despidos industriales que afecta a diversas ramas y regiones. Desde que asumió Javier Milei, se destruyeron 276.000 empleos registrados y cierran 30 empresas por día, según datos del CEPA.

Solo en las últimas semanas:

En el sector textil, ya cerraron otras dos fábricas en el sur del conurbano, incluyendo una de frazadas con 20 trabajadores y otra de telas en Burzaco, con 40 despidos.

“La apertura de importaciones está destruyendo lo poco que queda de industria nacional”, advirtió Aguilar. “Esperamos que el Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción”, reclamó.

La trama común: apertura, caída de ventas y sustitución por importados

Las patronales justifican los cierres en la “falta de competitividad”, el “bajo consumo” y el “dólar planchado”, pero los sindicatos ven una política deliberada de desindustrialización. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. El resultado es desempleo masivo”, explicó Diego Olave, dirigente de la UOM en Venado Tuerto.

El modelo de apertura comercial sin protección profundiza un deterioro que ya venía desde 2023, pero que se aceleró tras las elecciones y el cambio de gobierno. “En Pilar, Lanús, Sastre o Venado Tuerto, no son casos sueltos: es un patrón”, concluyó Olave.

Mientras se debate en el Congreso una reforma laboral que busca debilitar convenios y abaratar despidos, en las fábricas el ajuste ya está en marcha.

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El anuncio llegó sin previo aviso. El miércoles, Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores, a poco más de tres años de su inauguración. La firma alegó una fuerte caída de ventas y la creciente competencia de productos importados como motivos principales. “Nos acaban de desvincular a toda la empresa”, denunció un operario. La planta, que producía lavarropas para exportar, ahora está vacía.

El caso Whirlpool no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia que se intensificó tras las elecciones intermedias. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la asunción de Milei se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados y se cierran 30 empresas por día.

En el sur de Santa Fe, la fábrica de ollas Essen despidió a más de 30 personas en su planta de Venado Tuerto, incluyendo personal con años de antigüedad. Aunque la empresa atribuyó la medida a la baja del consumo, delegados de la UOM denunciaron la incorporación de piezas semielaboradas importadas que reemplazan etapas de fabricación local. El gremio afirma que las desvinculaciones ya superan las 90 en los últimos meses, sumando bajas paulatinas.

Frávega, otra de las firmas afectadas por la crisis, cerró su local en Temperley sin avisar a su personal, replicando lo que ya había hecho en Pergamino. Según fuentes del sector, la cadena iniciará una ola de despidos y más cierres, presionada por la caída en las ventas y un incipiente endeudamiento.

En la localidad santafesina de Sastre, la metalúrgica Cramaco (ex DBT) despidió al 90% de su personal y dejó de fabricar generadores y alternadores. Ahora solo importará productos terminados. “Nos echaron a todos a la calle”, dijo el delegado gremial Jorge Herrador, con más de 25 años en la planta.

También en Venado Tuerto, la autopartista Corven recortó 150 puestos entre sus plantas de amortiguadores y motos, según denunció la UOM. “Los empresarios viajan a China y se preparan para ensamblar en lugar de producir. Va a generar muchísimo desempleo”, advirtió el dirigente Diego Olave.

La explicación que une a estos casos es doble: bajo consumo interno y apertura de importaciones, en un contexto de liberalización comercial promovido por el Gobierno. Las empresas justifican los despidos en la pérdida de competitividad, mientras que el sindicalismo habla directamente de desindustrialización planificada.

“Desde el Ejecutivo se está desmontando el tejido productivo. En Pilar, Venado Tuerto, el conurbano, no es un fenómeno aislado. Es el modelo de país que se está ejecutando”, concluyó Olave.

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