La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

JJD