La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciará este viernes a las 12 la expulsión anticipada de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal y el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo por parte de la intervención designada por el Ministerio de Salud.

Lo hará en una conferencia de prensa convocada para a las 12 en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881, para exigir la reincorporación “los niños y niñas que fueron expulsados anticipadamente del Jardín Maternal” de la institución, denominado “Quiero Mimos”.

Según informó el gremio mediante un comunicado, la convocatoria se realiza frente a lo que califican como “una situación grave que afecta directamente a trabajadoras del hospital”, tras “la decisión de la gestión del Garrahan de no contratar docentes”, lo que derivó en “la expulsión anticipada de niños y niñas de la sala de 2 años del Jardín Maternal”, que quedaron fuera del dispositivo de cuidado desde el pasado 30 de diciembre y hasta finales de febrero próximo.

Desde la APyT señalaron que “el Jardín Maternal no es un beneficio, sino un derecho conquistado”, y advirtieron que la expulsión anticipada de los niños y niñas “vulnera la Ley de Contrato de Trabajo”, que en su artículo 179 establece que “los establecimientos con más de 100 trabajadores deben contar con salas maternales y guarderías”.

En el Hospital Garrahan, dependiente en un 80 por ciento del Gobierno nacional y en un 20 por ciento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajan cerca de 5 mil personas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera tajante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional tras el fracaso del Consejo del Salario. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial, fija un incremento mensual escalonado que comienza con $328.400 en noviembre y alcanza los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica una suba interanual del 17%.

El nuevo esquema fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo mediante un laudo, luego de que no se lograra consenso entre las partes. En la reunión convocada la semana pasada, los representantes del sector empresarial ofrecieron una mejora de apenas $4.000 sobre los $322.200 vigentes desde agosto. El Gobierno propuso un aumento mayor, de $12.000, pero la CGT consideró insuficiente el ajuste y no avaló la propuesta.

“Este laudo consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional. La CGT propuso una recomposición del 71,6% entre diciembre y abril, a través de tramos del 11,4% mensual, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Según el texto difundido, ese esquema tenía como horizonte equiparar el SMVM con la Canasta Básica Total (CBT), que en la actualidad asciende a $1.176.852, según los datos oficiales del Indec. Ese monto representa el umbral por debajo del cual un hogar de cuatro personas cae en la pobreza.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores”, afirmó la CGT. Para la central, el salario mínimo “debe volver a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país” y funcionar como mecanismo de contención frente a la pérdida de ingresos provocada por la inflación.

El nuevo esquema también redefine el cálculo de la Prestación por Desempleo, que ahora será del 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente. Además, actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

La medida impacta sobre los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, el sector público nacional y organismos estatales empleadores. Aunque se trata de una referencia para salarios muy bajos, su valor es clave para establecer otras asignaciones como programas sociales o pisos de negociación colectiva en ramas no organizadas.

La CGT ratificó que seguirá reclamando una recomposición que acompañe la evolución de precios y garantice un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, el salario mínimo permanece muy por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.

JJD